22:23 | Miercoles 30 de Abril de 2013 | Entre Ríos
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Entre Ríos - 27-04-2025 / 20:04
PANORAMA POLÍTICO PROVINCIAL
Peronistas entrerrianos presionan por una interna, pero ¿quién la paga?
En un plenario de la conducción provincial del PJ que reunió en Paraná, el sábado 26 de abril, a toda su primera línea de dirigentes (en forma presencial y virtual), se planteó un cronograma tentativo, a terminar de consensuar en los próximos días, que propone como fecha de la elección interna al domingo 29 de junio.
Los plazos inexorables del cronograma electoral para los comicios legislativos del 26 de octubre fijan dos fechas determinantes: el 7 de agosto, día en que vence el término para la presentación de alianzas, y el 17 de agosto, cuando se deben presentar las listas de candidatos para la puja en la que estarán en juego la mitad de las bancas que Entre Ríos tiene en Diputados de la Nación y los integrantes del Senado.
En el peronismo hay nuevamente tensión por la estrategia que decidirá el PJ provincial para encarar el proceso electoral. Y este año, con las PASO suspendidas, todo se complejiza aún más. Sin esa posibilidad de dirimir la interna bajo el paraguas nacional de las primarias abiertas, la pelota quedó en la cancha de los partidos políticos. Y en el PJ de Entre Ríos hay unos cuantos anotados que pretenden encabezar la propuesta electoral para llegar a las Cámaras Alta y Baja.
El ex gobernador Gustavo Bordet, podría buscar la postulación de su mandato legislativo en un contexto muy complejo para el PJ y frente a un escenario que se encamina a atomizarse y que podría ponerlo en riesgo. Guillermo Michel de Gualeguaychú, es otro de los anotados. También Héctor Maya, con respaldo de José Allende de UPCN; el presidente del PJ de Paraná, Jorge "Kinoto" Vázquez Arrieta; y el intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, quien sería el topo del gobernador Rogelio Frigerio para complicar y enmarañar las cosas dentro del PJ, y así deslegitimar su participación en la elección general.
El Peronismo Amplio Renovador además presentará candidatos ya que, en un comunicado, exigió al Consejo Provincial del PJ la inmediata convocatoria a elecciones internas para la selección de candidatos a legisladores nacionales. En el nuevo espacio interno del peronismo entrerriano, se agrupan referentes K, como la diputada Blanca Osuna, el ex diputado Julio Solanas, excandidatos a intendente de Paraná Gustavo Guzmán, y de Gualeguaychú Martín Roberto Piaggio.
Los plazos que fija la Carta Orgánica del PJ son un límite infranqueable: la interna debería estar convocada en abril para realizarse antes de julio, 30 días antes de la inscripción de candidatos ante la Cámara Nacional Electoral, prevista para el 17 de agosto.
El proceso electoral interno de PJ conlleva la realización de una serie de etapas e instancias que se deben cumplir: cierre de padrón, el cual cambia de ser una interna cerrada o abierta; publicación del padrón definitivo y sus correspondientes plazos para supresiones o agregados; presentación de listas; periodo para impugnaciones de las listas; resolución de las eventuales impugnaciones por parte de la junta electoral y sus mecanismos procesales; oficialización de listas; presentación de facsímil; oficialización de boletas; presentación boletas impresas; elecciones; escrutinio y resolución final al igual que resolución de presentaciones e impugnaciones al proceso electoral; proclamación de candidatos e inscripción en la justicia electoral. Muchas de estas instancias pueden requerir de la intervención de la Junta Electoral para la resolución de planteos.
Esa interna, de realizarse, debería ser abierta, es decir para todo el padrón de electores de la provincia. Al margen del impulso para realizarla que tienen los disidentes internos a la conducción partidaria que encabeza José Cáceres, hay una pregunta clave que comenzaron a hacerse varios compañeros, y tiene que ver con los costos de realización.
El primer inconveniente que tiene el peronismo es que está afuera del Gobierno provincial, por lo tanto el financiamiento de la elección es un tema excluyente. Impresión de boletas, estructura para el día del acto electoral y la seguridad; además de la campaña; aparecen como ítems sensibles al momento de elaborar un presupuesto. Hoy es difícil calcular cuánto costaría hacer semejante movida en toda la provincia.
Se trata de un gasto multimillonario, en cualquiera de las variantes de elecciones que se imaginen: cerradas a los afiliados; a padrón abierto; o con un padrón especial que incluya afiliados al PJ y no afiliados a otros partidos. ¿Quiénes están dispuestos a poner esa plata?, compartieron la inquietud un puñado de dirigentes peronistas preocupados por el proceso interno que se viene.
En el peronismo hay nuevamente tensión por la estrategia que decidirá el PJ provincial para encarar el proceso electoral. Y este año, con las PASO suspendidas, todo se complejiza aún más. Sin esa posibilidad de dirimir la interna bajo el paraguas nacional de las primarias abiertas, la pelota quedó en la cancha de los partidos políticos. Y en el PJ de Entre Ríos hay unos cuantos anotados que pretenden encabezar la propuesta electoral para llegar a las Cámaras Alta y Baja.
El ex gobernador Gustavo Bordet, podría buscar la postulación de su mandato legislativo en un contexto muy complejo para el PJ y frente a un escenario que se encamina a atomizarse y que podría ponerlo en riesgo. Guillermo Michel de Gualeguaychú, es otro de los anotados. También Héctor Maya, con respaldo de José Allende de UPCN; el presidente del PJ de Paraná, Jorge "Kinoto" Vázquez Arrieta; y el intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, quien sería el topo del gobernador Rogelio Frigerio para complicar y enmarañar las cosas dentro del PJ, y así deslegitimar su participación en la elección general.
El Peronismo Amplio Renovador además presentará candidatos ya que, en un comunicado, exigió al Consejo Provincial del PJ la inmediata convocatoria a elecciones internas para la selección de candidatos a legisladores nacionales. En el nuevo espacio interno del peronismo entrerriano, se agrupan referentes K, como la diputada Blanca Osuna, el ex diputado Julio Solanas, excandidatos a intendente de Paraná Gustavo Guzmán, y de Gualeguaychú Martín Roberto Piaggio.
Los plazos que fija la Carta Orgánica del PJ son un límite infranqueable: la interna debería estar convocada en abril para realizarse antes de julio, 30 días antes de la inscripción de candidatos ante la Cámara Nacional Electoral, prevista para el 17 de agosto.
El proceso electoral interno de PJ conlleva la realización de una serie de etapas e instancias que se deben cumplir: cierre de padrón, el cual cambia de ser una interna cerrada o abierta; publicación del padrón definitivo y sus correspondientes plazos para supresiones o agregados; presentación de listas; periodo para impugnaciones de las listas; resolución de las eventuales impugnaciones por parte de la junta electoral y sus mecanismos procesales; oficialización de listas; presentación de facsímil; oficialización de boletas; presentación boletas impresas; elecciones; escrutinio y resolución final al igual que resolución de presentaciones e impugnaciones al proceso electoral; proclamación de candidatos e inscripción en la justicia electoral. Muchas de estas instancias pueden requerir de la intervención de la Junta Electoral para la resolución de planteos.
Esa interna, de realizarse, debería ser abierta, es decir para todo el padrón de electores de la provincia. Al margen del impulso para realizarla que tienen los disidentes internos a la conducción partidaria que encabeza José Cáceres, hay una pregunta clave que comenzaron a hacerse varios compañeros, y tiene que ver con los costos de realización.
El primer inconveniente que tiene el peronismo es que está afuera del Gobierno provincial, por lo tanto el financiamiento de la elección es un tema excluyente. Impresión de boletas, estructura para el día del acto electoral y la seguridad; además de la campaña; aparecen como ítems sensibles al momento de elaborar un presupuesto. Hoy es difícil calcular cuánto costaría hacer semejante movida en toda la provincia.
Se trata de un gasto multimillonario, en cualquiera de las variantes de elecciones que se imaginen: cerradas a los afiliados; a padrón abierto; o con un padrón especial que incluya afiliados al PJ y no afiliados a otros partidos. ¿Quiénes están dispuestos a poner esa plata?, compartieron la inquietud un puñado de dirigentes peronistas preocupados por el proceso interno que se viene.
En un plenario de la conducción provincial del PJ que reunió en Paraná, el sábado 26 de abril, a toda su primera línea de dirigentes (en forma presencial y virtual), se planteó un cronograma tentativo, a terminar de consensuar en los próximos días, que propone como fecha de la elección interna al domingo 29 de junio.
La interna será abierta. Pero como no es simultánea a la de otros partidos y a los fines de evitar interferencias externas (especialmente en los pueblos chicos), se hará en base a un padrón especial, confeccionado con los afiliados al PJ y los independientes, es decir, los no afiliados a otras fuerzas políticas.
A pesar de las presiones de Allende y Maya para dilatar la fecha de las elecciones internas, se consideró necesario lanzar el cronograma cuanto antes, para poder contar con tiempo suficiente para realizar todo el proceso. Dilatarlo más puede quitar el margen de tiempo necesario para afrontar sucesivas presentaciones, problemas logísticos, judicialización del proceso y distintos avatares como el costo económico y de organización. Son riesgos no recomendables de asumir.
El conclave del PJ descartó realizar internas cerradas, es decir solo con la participación de afiliados al PJ, porque la carta orgánica del partido impide explícitamente su realización para los cargos de legisladores nacionales. En el artículo 40, capítulo A, el inciso b lleva por título "Candidatos a Legisladores Nacionales" y dice: "La elección de los candidatos se realizará a través de internas abiertas".
Asimismo, se decidió que no sea el Correo Argentino quien garantice la elección primaria porque el costo hubiera sido de más de 300 millones de pesos, contando la digitalización. Por eso, se propuso un sistema interno organizado por el propio PJ que reduciría mucho los costos logísticos. Tendrá participación de todos los organismos internos del PJ.
Es decir, el Consejo Provincial y las departamentales, pero también las Unidades Básicas. Y entre cada estamento llevar un sistema cruzado de control. Este sistema tiene un costo estimado en unos 20 millones de pesos. Al mismo tiempo se acordó en que cada lista que se proponga deberá aportar a los gastos de la elección. Serán internas con poca plata y mucha militancia.
Claro que los problemas del peronismo son menos delicados que los del oficialismo. El frigerismo, en cambio, tiene el peso de una gestión que no arranca y que se van complicando a medida que el brutal ajuste neoliberal de Javier Milei se profundiza y la reactivación económica no llega: la recaudación baja -tanto la nacional como la provincial-, los costos de funcionamiento aumentan, los conflictos gremiales con los estatales y docentes se profundizarán, las conducciones gremiales empiezan a verse superadas y la inseguridad no da tregua.
La Corte Suprema de la Nación se desentiende del reclamo provincial al Anses para que al menos libere un flujo mínimo de fondos para la Caja de Jubilaciones. Las obras publicas provinciales dependen de nuevo endeudamiento, que es lo único que Milei le podría facilitar hasta el momento a la Casa Gris. Gobernar también tiene esos problemas.
La Opinión Popular
El nuevo régimen cambiario hace oscilar al dólar
Sostiene Rafael Cortes, columnista de Misiones Online, que el nuevo régimen cambiario hace oscilar al dólar, por ahora más cerca del piso que del techo de la banda. El Gobierno de Javier Milei pretende llevarlo a los mil pesos para apagar la inflación y acumular reservas, pero la industria argentina pierde competitividad. El balance cambiario registró en marzo el décimo rojo consecutivo.
El esquema cambiario de flotación administrada con un cepo mucho más flexible para las personas (no así para las empresas) llevó al dólar a un juego de oscilación en una franja que va desde los 1.100 hasta los 1.250 pesos. El oficial inició la semana en 1.115 y la cerró en 1.194 con una tendencia alcista durante todas las jornadas, pero que se mantuvo a raya, lejos del techo.
Después de dos semanas de vigencia del nuevo sistema, con ocho días hábiles, el tipo de cambio parece acomodarse en la mitad inferior de la amplia franja de flotación que dispuso el Gobierno libertario. Lejos del límite de 1.400 que habilita al Banco Central a vender dólares para frenar una eventual corrida, pero no lo suficientemente abajo para que la entidad monetaria pueda comprar divisa para alimentar sus reservas, algo que sería recomendable no solamente para cumplir con la meta comprometida con el FMI sino también para bajar el riesgo crediticio del país.
Frente a este escenario, la discusión en el mundillo económico gira en torno a dos ejes: la sostenibilidad y la conveniencia de este tipo de cambio.
Respecto al primero de los asuntos, desde el Gobierno entienden que el dólar actual no solo es sostenible, sino que debería bajar más. El presidente Milei jura que con los dólares prestados que entraron del FMI y de otras fuentes, sumado a lo que se espera de la exportación de granos y de otros créditos, el tipo de cambio de cobertura de la base amplia monetaria será de 900 pesos. Es decir que, de acuerdo con los cálculos del libertario, se podrían cambiar todos los pesos por dólares a razón de 900 pesos por unidad.
Si bien el Gobierno no intervino de la manera más tradicional para contener al dólar, es decir con compras del Central, sí generó incentivos que van en esa orientación. El propio presidente salió a desmentir las especulaciones que había en torno a un posible sostenimiento de la baja de retenciones al agro. Explícitamente afirmó que las retenciones volverán a aumentar en julio, con el objetivo de acelerar la liquidación de exportaciones.
Además, instrumentó una política de endurecimiento monetario. El Central se abstuvo de intervenir en el mercado de pases lo que llevó a un incremento en las tasas de interés que dejó la mesa servida para que los especuladores financieros jueguen al carry trade.
Por si quedaba alguna duda, el exjefe de asesores de Alberto devenido en entusiasta libertario, Antonio Aracre, apareció en horario central de la TV Pública con un curso práctico para que el ahorrista poco sofisticado aprenda a hacer carry trade, "vendés dólares, hacés un plazo fijo en pesos, y después volvés a comprar billetes", resumió.
Dólares prestados, exportaciones del campo y una política contractiva que incentive la especulación en pesos son los argumentos a favor de un tipo de cambio que se estabilice en valores cercanos a los mil pesos. Pero hay analistas que observan que mientras el dólar se acerque más al piso de banda de flotación, es decir mientras más éxito tenga el plan del Gobierno, mayores serán los incentivos contrarios a esa política.
Con un sistema que está diseñado para que el dólar no baje a más de mil pesos, una acción razonable si la cotización se acercara lo suficiente a esa marca sería comprar dólares, porque el piso de la banda marca el precio más bajo al que se los podría adquirir. El mismo razonamiento vale para los exportadores. ¿Por qué liquidar cuando el dólar está en su cotización más baja dentro de la franja establecida por el Gobierno?
Mientras que los importadores verían una oportunidad para adelantar compras, lo que presionaría sobre la demanda de divisa.
Cuando se analiza a mediano plazo, la objeción más válida para la pretendida estabilidad cambiaria surge del análisis del flujo de los dólares.
El Balance Cambiario del BCRA indica que en marzo la cuenta corriente marcó el décimo mes consecutivo de déficit, que esta vez fue de 1.674 millones de dólares. El comercio de bienes (exportaciones versus importaciones) marcó un saldo negativo de 456 millones de dólares y el balance del turismo dejó un rojo de 2.750 millones de dólares.
Es esperable que la balanza comercial mejore de abril a julio, porque opera la temporada alta de liquidación de exportaciones del campo, pero el turismo seguirá absorbiendo dólares y las importaciones también.
El persistente rojo de cuenta corriente es uno de los argumentos más transitados por quienes cuestionan la política cambiaria del actual gobierno, que a su vez los califica groseramente de econochantas, o de madriles que invariablemente opinan en defensa de intereses mezquinos contrarios al bienestar general.
A grandes rasgos, lo que plantean quienes dudan de la posibilidad de sostener por mucho tiempo al dólar en los niveles actuales, es que con el tipo de cambio actual el país pierde divisas de manera sistemática y que hasta ahora eso fue contrarrestado con ingresos extraordinarios, como el blanqueo o el crédito del FMI.
Nada que no hayan hecho otros gobiernos en años electorales y que invariablemente termina con una corrida cuando se agotan las posibilidades de toma de crédito o de generar otra vía de ingreso extraordinaria.
La diferencia es que ahora aparece en el horizonte la posibilidad de que se dupliquen los ingresos por exportaciones a partir de la minería y Vaca Muerta. Pero todavía no está claro qué tan largo será el camino hasta llegar a ese punto y si los dólares prestados que acumuló el Gobierno serán suficientes para construir un puente hasta llegar ahí.
¿Conviene mantenerlo ahí?
Además de la sostenibilidad del dólar cerca del piso de la banda, también se discute la conveniencia de mantenerlo ahí. La teoría clásica sugiere que la cotización del dólar debe ser un reflejo de la productividad de su economía.
Cuando el dólar se ubica por debajo de la productividad interna, los exportadores pierden competitividad y resulta más negocio importar que producir para el mercado interno.
Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) vienen sosteniendo desde el año pasado que el atraso cambiario está generando problemas a la industria en general y piden que el gobierno les "nivele la cancha" respecto a la competencia extranjera.
Afirman que para competir con un dólar cerca de los mil pesos, necesitan operar con menor presión impositiva y costos más bajos, especialmente en materia laboral. Desde la UIA ya hablan de un "industricidio" en curso en todo el país y advierten por el impacto que tendría este proceso en el empleo y en la actividad económica.
Por otro lado, darle a los industriales la devaluación que piden para recuperar competitividad significaría asumir un nuevo salto inflacionario que tendría un efecto social devastador.
El escenario es complejo y para cada argumento parece haber siempre un contrargumento igualmente válido. Encontrar el equilibrio exacto para estabilizar sin congelar la actividad o para reactivar sin despertar a la inflación es uno de los desafíos enormes que enfrenta el Gobierno anarco capitalista y la política cambiaria juega un papel fundamental.
La siniestra motosierra de Milei llega a Entre Ríos
Lluvia de telegramas de despido en Entre Ríos, la ahora ex concesionaria Caminos del Río Uruguay, despide a trabajadores y además busca abonar solo la mitad de las indemnizaciones, esta situación se da en parte por las políticas del gobierno centralista encabezado por el libertario Javier "el Loco" Milei.
La empresa Caminos del Río Uruguay SA (CRUSA), envió telegramas de despido a su personal, notificando la finalización de los contratos laborales con fecha efectiva 22 de abril de 2025. ¿Y el gobernador Rogelio Frigerio que hace?
La firma además pretende abonar solo el 50 por ciento de las indemnizaciones, lo que derivó en la lógica reacción de los ex trabajadores, sin trabajo y como si fuera poco con la mitad del dinero que les corresponde al ser desafectados, como era de esperarse son muchos lo que judicializarían sus casos.
La versión de la empresa, señala que la desvinculación del personal tiene que ver con el fin del contrato de concesión del Corredor Vial 18, que gestionaban hasta hace días atrás. Hoy las rutas nacionales que corren por el territorio entrerriano, dependen exclusivamente a Vialidad Nacional.
Lo cierto es que los ex trabajadores manifestaron que las deficiencias en el mantenimiento del Corredor 18 (que abarca las rutas 12 y 14, así como el puente Rosario-Victoria) fueron las causales en la resolución anticipada de finalizar el contrato.
La Dirección Nacional de Vialidad estimó una deuda de alrededor de 60 mil millones de pesos en sanciones aplicadas a la ex concesionaria, por diversos incumplimientos acumulados durante los años de concesión. Las penalidades se vinculan a fallas en obras, mantenimiento y otros compromisos asumidos por la concesionaria, entre otras.
Por su parte desde el gremio que nuclea a los trabajadores se adelantó que se iniciarán acciones legales. Habida cuenta que muchos trabajadores tienen más de 20 años de antigüedad.
Por estos días se espera que se den curso a las demandas individuales por el arbitrario despido, sumado a la posibilidad de futuros reclamos colectivos.
El argumento que utilizó en la confección de los telegramas de despido se debe a la "falta de trabajo no imputable al empleador", en el marco del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que implica pagar únicamente el 50 por ciento de la indemnización por antigüedad.
Como si esta dura situación que deben soportar por cuestiones ajenas los trabajadores, también comenzaron a llegar telegramas de despido a 117 obreros que apoyaron a trabajadores de Caminos Río Uruguay, en las protestas que realizaron días atrás el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA).
Desde la Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines, se consideró que se trata de despidos sin causa, ya que mientras los trabajadores aguardaban una audiencia en la Secretaría de Trabajo, llegaban los telegramas de despido de los trabajadores.
Indicaron también que la medida de fuerza que llevaron a cabo los empleados fue multicausal. Por paritarias, por condiciones de seguridad, por los trabajadores que no eran incluidos dentro de los pliegos.
En el mundo al revés de Milei, (que echaron a una empresa privada para ubicar a una empresa del Estado) como suele ocurrir, los únicos verdaderamente perjudicados son los trabajadores y sus familias, que hoy se encuentran a la deriva y a la espera de las migajas que decidan pagarles.
Mientras tanto, en las rutas entrerrianas los accidentes viales fatales se incrementan día a día, debido a la falta de inversión en infraestructura dispuesta por el Gobierno nacional. No solo despedidos con trabajadores y sus familias a la deriva, sino también muertes, es el resultado de las políticas de desfinanciamiento del gobierno libertario y centralista, que desde el minuto operan en contra del pueblo y a favor de las grandes corporaciones nacionales e internacionales a quienes poco o nada les preocupa la estabilidad de los trabajadores.
La Opinión Popular
La interna será abierta. Pero como no es simultánea a la de otros partidos y a los fines de evitar interferencias externas (especialmente en los pueblos chicos), se hará en base a un padrón especial, confeccionado con los afiliados al PJ y los independientes, es decir, los no afiliados a otras fuerzas políticas.
A pesar de las presiones de Allende y Maya para dilatar la fecha de las elecciones internas, se consideró necesario lanzar el cronograma cuanto antes, para poder contar con tiempo suficiente para realizar todo el proceso. Dilatarlo más puede quitar el margen de tiempo necesario para afrontar sucesivas presentaciones, problemas logísticos, judicialización del proceso y distintos avatares como el costo económico y de organización. Son riesgos no recomendables de asumir.
El conclave del PJ descartó realizar internas cerradas, es decir solo con la participación de afiliados al PJ, porque la carta orgánica del partido impide explícitamente su realización para los cargos de legisladores nacionales. En el artículo 40, capítulo A, el inciso b lleva por título "Candidatos a Legisladores Nacionales" y dice: "La elección de los candidatos se realizará a través de internas abiertas".
Asimismo, se decidió que no sea el Correo Argentino quien garantice la elección primaria porque el costo hubiera sido de más de 300 millones de pesos, contando la digitalización. Por eso, se propuso un sistema interno organizado por el propio PJ que reduciría mucho los costos logísticos. Tendrá participación de todos los organismos internos del PJ.
Es decir, el Consejo Provincial y las departamentales, pero también las Unidades Básicas. Y entre cada estamento llevar un sistema cruzado de control. Este sistema tiene un costo estimado en unos 20 millones de pesos. Al mismo tiempo se acordó en que cada lista que se proponga deberá aportar a los gastos de la elección. Serán internas con poca plata y mucha militancia.
Claro que los problemas del peronismo son menos delicados que los del oficialismo. El frigerismo, en cambio, tiene el peso de una gestión que no arranca y que se van complicando a medida que el brutal ajuste neoliberal de Javier Milei se profundiza y la reactivación económica no llega: la recaudación baja -tanto la nacional como la provincial-, los costos de funcionamiento aumentan, los conflictos gremiales con los estatales y docentes se profundizarán, las conducciones gremiales empiezan a verse superadas y la inseguridad no da tregua.
La Corte Suprema de la Nación se desentiende del reclamo provincial al Anses para que al menos libere un flujo mínimo de fondos para la Caja de Jubilaciones. Las obras publicas provinciales dependen de nuevo endeudamiento, que es lo único que Milei le podría facilitar hasta el momento a la Casa Gris. Gobernar también tiene esos problemas.
La Opinión Popular
El nuevo régimen cambiario hace oscilar al dólar
Sostiene Rafael Cortes, columnista de Misiones Online, que el nuevo régimen cambiario hace oscilar al dólar, por ahora más cerca del piso que del techo de la banda. El Gobierno de Javier Milei pretende llevarlo a los mil pesos para apagar la inflación y acumular reservas, pero la industria argentina pierde competitividad. El balance cambiario registró en marzo el décimo rojo consecutivo.
El esquema cambiario de flotación administrada con un cepo mucho más flexible para las personas (no así para las empresas) llevó al dólar a un juego de oscilación en una franja que va desde los 1.100 hasta los 1.250 pesos. El oficial inició la semana en 1.115 y la cerró en 1.194 con una tendencia alcista durante todas las jornadas, pero que se mantuvo a raya, lejos del techo.
Después de dos semanas de vigencia del nuevo sistema, con ocho días hábiles, el tipo de cambio parece acomodarse en la mitad inferior de la amplia franja de flotación que dispuso el Gobierno libertario. Lejos del límite de 1.400 que habilita al Banco Central a vender dólares para frenar una eventual corrida, pero no lo suficientemente abajo para que la entidad monetaria pueda comprar divisa para alimentar sus reservas, algo que sería recomendable no solamente para cumplir con la meta comprometida con el FMI sino también para bajar el riesgo crediticio del país.
Frente a este escenario, la discusión en el mundillo económico gira en torno a dos ejes: la sostenibilidad y la conveniencia de este tipo de cambio.
Respecto al primero de los asuntos, desde el Gobierno entienden que el dólar actual no solo es sostenible, sino que debería bajar más. El presidente Milei jura que con los dólares prestados que entraron del FMI y de otras fuentes, sumado a lo que se espera de la exportación de granos y de otros créditos, el tipo de cambio de cobertura de la base amplia monetaria será de 900 pesos. Es decir que, de acuerdo con los cálculos del libertario, se podrían cambiar todos los pesos por dólares a razón de 900 pesos por unidad.
Si bien el Gobierno no intervino de la manera más tradicional para contener al dólar, es decir con compras del Central, sí generó incentivos que van en esa orientación. El propio presidente salió a desmentir las especulaciones que había en torno a un posible sostenimiento de la baja de retenciones al agro. Explícitamente afirmó que las retenciones volverán a aumentar en julio, con el objetivo de acelerar la liquidación de exportaciones.
Además, instrumentó una política de endurecimiento monetario. El Central se abstuvo de intervenir en el mercado de pases lo que llevó a un incremento en las tasas de interés que dejó la mesa servida para que los especuladores financieros jueguen al carry trade.
Por si quedaba alguna duda, el exjefe de asesores de Alberto devenido en entusiasta libertario, Antonio Aracre, apareció en horario central de la TV Pública con un curso práctico para que el ahorrista poco sofisticado aprenda a hacer carry trade, "vendés dólares, hacés un plazo fijo en pesos, y después volvés a comprar billetes", resumió.
Dólares prestados, exportaciones del campo y una política contractiva que incentive la especulación en pesos son los argumentos a favor de un tipo de cambio que se estabilice en valores cercanos a los mil pesos. Pero hay analistas que observan que mientras el dólar se acerque más al piso de banda de flotación, es decir mientras más éxito tenga el plan del Gobierno, mayores serán los incentivos contrarios a esa política.
Con un sistema que está diseñado para que el dólar no baje a más de mil pesos, una acción razonable si la cotización se acercara lo suficiente a esa marca sería comprar dólares, porque el piso de la banda marca el precio más bajo al que se los podría adquirir. El mismo razonamiento vale para los exportadores. ¿Por qué liquidar cuando el dólar está en su cotización más baja dentro de la franja establecida por el Gobierno?
Mientras que los importadores verían una oportunidad para adelantar compras, lo que presionaría sobre la demanda de divisa.
Cuando se analiza a mediano plazo, la objeción más válida para la pretendida estabilidad cambiaria surge del análisis del flujo de los dólares.
El Balance Cambiario del BCRA indica que en marzo la cuenta corriente marcó el décimo mes consecutivo de déficit, que esta vez fue de 1.674 millones de dólares. El comercio de bienes (exportaciones versus importaciones) marcó un saldo negativo de 456 millones de dólares y el balance del turismo dejó un rojo de 2.750 millones de dólares.
Es esperable que la balanza comercial mejore de abril a julio, porque opera la temporada alta de liquidación de exportaciones del campo, pero el turismo seguirá absorbiendo dólares y las importaciones también.
El persistente rojo de cuenta corriente es uno de los argumentos más transitados por quienes cuestionan la política cambiaria del actual gobierno, que a su vez los califica groseramente de econochantas, o de madriles que invariablemente opinan en defensa de intereses mezquinos contrarios al bienestar general.
A grandes rasgos, lo que plantean quienes dudan de la posibilidad de sostener por mucho tiempo al dólar en los niveles actuales, es que con el tipo de cambio actual el país pierde divisas de manera sistemática y que hasta ahora eso fue contrarrestado con ingresos extraordinarios, como el blanqueo o el crédito del FMI.
Nada que no hayan hecho otros gobiernos en años electorales y que invariablemente termina con una corrida cuando se agotan las posibilidades de toma de crédito o de generar otra vía de ingreso extraordinaria.
La diferencia es que ahora aparece en el horizonte la posibilidad de que se dupliquen los ingresos por exportaciones a partir de la minería y Vaca Muerta. Pero todavía no está claro qué tan largo será el camino hasta llegar a ese punto y si los dólares prestados que acumuló el Gobierno serán suficientes para construir un puente hasta llegar ahí.
¿Conviene mantenerlo ahí?
Además de la sostenibilidad del dólar cerca del piso de la banda, también se discute la conveniencia de mantenerlo ahí. La teoría clásica sugiere que la cotización del dólar debe ser un reflejo de la productividad de su economía.
Cuando el dólar se ubica por debajo de la productividad interna, los exportadores pierden competitividad y resulta más negocio importar que producir para el mercado interno.
Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) vienen sosteniendo desde el año pasado que el atraso cambiario está generando problemas a la industria en general y piden que el gobierno les "nivele la cancha" respecto a la competencia extranjera.
Afirman que para competir con un dólar cerca de los mil pesos, necesitan operar con menor presión impositiva y costos más bajos, especialmente en materia laboral. Desde la UIA ya hablan de un "industricidio" en curso en todo el país y advierten por el impacto que tendría este proceso en el empleo y en la actividad económica.
Por otro lado, darle a los industriales la devaluación que piden para recuperar competitividad significaría asumir un nuevo salto inflacionario que tendría un efecto social devastador.
El escenario es complejo y para cada argumento parece haber siempre un contrargumento igualmente válido. Encontrar el equilibrio exacto para estabilizar sin congelar la actividad o para reactivar sin despertar a la inflación es uno de los desafíos enormes que enfrenta el Gobierno anarco capitalista y la política cambiaria juega un papel fundamental.
La siniestra motosierra de Milei llega a Entre Ríos
Lluvia de telegramas de despido en Entre Ríos, la ahora ex concesionaria Caminos del Río Uruguay, despide a trabajadores y además busca abonar solo la mitad de las indemnizaciones, esta situación se da en parte por las políticas del gobierno centralista encabezado por el libertario Javier "el Loco" Milei.
La empresa Caminos del Río Uruguay SA (CRUSA), envió telegramas de despido a su personal, notificando la finalización de los contratos laborales con fecha efectiva 22 de abril de 2025. ¿Y el gobernador Rogelio Frigerio que hace?
La firma además pretende abonar solo el 50 por ciento de las indemnizaciones, lo que derivó en la lógica reacción de los ex trabajadores, sin trabajo y como si fuera poco con la mitad del dinero que les corresponde al ser desafectados, como era de esperarse son muchos lo que judicializarían sus casos.
La versión de la empresa, señala que la desvinculación del personal tiene que ver con el fin del contrato de concesión del Corredor Vial 18, que gestionaban hasta hace días atrás. Hoy las rutas nacionales que corren por el territorio entrerriano, dependen exclusivamente a Vialidad Nacional.
Lo cierto es que los ex trabajadores manifestaron que las deficiencias en el mantenimiento del Corredor 18 (que abarca las rutas 12 y 14, así como el puente Rosario-Victoria) fueron las causales en la resolución anticipada de finalizar el contrato.
La Dirección Nacional de Vialidad estimó una deuda de alrededor de 60 mil millones de pesos en sanciones aplicadas a la ex concesionaria, por diversos incumplimientos acumulados durante los años de concesión. Las penalidades se vinculan a fallas en obras, mantenimiento y otros compromisos asumidos por la concesionaria, entre otras.
Por su parte desde el gremio que nuclea a los trabajadores se adelantó que se iniciarán acciones legales. Habida cuenta que muchos trabajadores tienen más de 20 años de antigüedad.
Por estos días se espera que se den curso a las demandas individuales por el arbitrario despido, sumado a la posibilidad de futuros reclamos colectivos.
El argumento que utilizó en la confección de los telegramas de despido se debe a la "falta de trabajo no imputable al empleador", en el marco del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que implica pagar únicamente el 50 por ciento de la indemnización por antigüedad.
Como si esta dura situación que deben soportar por cuestiones ajenas los trabajadores, también comenzaron a llegar telegramas de despido a 117 obreros que apoyaron a trabajadores de Caminos Río Uruguay, en las protestas que realizaron días atrás el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA).
Desde la Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines, se consideró que se trata de despidos sin causa, ya que mientras los trabajadores aguardaban una audiencia en la Secretaría de Trabajo, llegaban los telegramas de despido de los trabajadores.
Indicaron también que la medida de fuerza que llevaron a cabo los empleados fue multicausal. Por paritarias, por condiciones de seguridad, por los trabajadores que no eran incluidos dentro de los pliegos.
En el mundo al revés de Milei, (que echaron a una empresa privada para ubicar a una empresa del Estado) como suele ocurrir, los únicos verdaderamente perjudicados son los trabajadores y sus familias, que hoy se encuentran a la deriva y a la espera de las migajas que decidan pagarles.
Mientras tanto, en las rutas entrerrianas los accidentes viales fatales se incrementan día a día, debido a la falta de inversión en infraestructura dispuesta por el Gobierno nacional. No solo despedidos con trabajadores y sus familias a la deriva, sino también muertes, es el resultado de las políticas de desfinanciamiento del gobierno libertario y centralista, que desde el minuto operan en contra del pueblo y a favor de las grandes corporaciones nacionales e internacionales a quienes poco o nada les preocupa la estabilidad de los trabajadores.
La Opinión Popular
30-04-2025 / 11:04
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