19:01 | Jueves 28 de Mayo de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Entre Ríos - 25-04-2025 / 17:04

EL PORTEÑO IGNORA A LA LEGISLATURA ENTRERRIANA

En lo que va de 2025, el gobierno de Frigerio no respondió ningún pedido de informes

En lo que va de 2025 el gobierno de Rogelio Frigerio no contestó ninguno de los pedidos de informes presentados en la Legislatura. El año pasado solo fue respondido un tercio de los 80 pedidos cursados. El incumplimiento del gabinete colisiona con la impronta de transparencia que pregona el gobernador Rogelio Frigerio. En la cámara baja espera tratamiento un proyecto de ley que contempla plazos y sanciones para regular esta herramienta prevista en la Constitución.

Históricamente, los pedidos de informes legislativos no son tomados en serio por los gobiernos de cualquier partido. Las respuestas no llegan y, si lo hacen, demoran demasiado y contienen información poco clara y hasta engañosa. La gestión de Frigerio no es la excepción.

En lo que va de 2025, se presentaron en la Cámara de Diputados 11 pedidos de informes: siete impulsados por el peronismo y los restantes cuatro por legisladores libertarios. Ninguno obtuvo respuesta por parte del Poder Ejecutivo.

Desde el bloque del PJ, Laura Stratta presentó en febrero el primer pedido del año. Fue sobre los presuntos sobresueldos del gabinete, en medio de la polémica que se generó al respecto. No hubo una respuesta formal, pese a que hubo aclaraciones desde el gobierno en las redes sociales.

Luego, cuando se viralizaron las fotos de los carpinchos teñidos de verde, Mariel Ávila preguntó por las acciones vinculadas al control de las cianobacterias en el lago Salto Grande. No respondieron la requisitoria desde la Secretaría de Ambiente, aunque sí hubo un comunicado de prensa sobre el tema.

A fin de mes Lorena Arrozogaray consultó acerca de la instalación de terminales de video lotería en las agencias de la provincia. No le contestaron desde el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas).

En marzo, cuando empezaron las clases, Ávila pidió informes para saber por qué no se habían iniciado en algunos cursos de escuelas de Concordia. Tampoco hubo respuesta desde el Consejo General de Educación (CGE).

Enrique Cresto consultó al Ministerio de Salud por el programa Sumar+, Yari Seyler preguntó a la misma cartera por las acciones en materia de salud mental y Silvia Moreno pidió informes para conocer las medidas adoptadas tras la detección de consumo y tráfico de fentanilo en la provincia. Ninguno obtuvo contestación.

Desde las bancas libertarias, Carlos Damasco preguntó por la implementación de la emergencia vial y desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) no acusaron recibo. Tampoco le respondieron desde la Secretaría de Ambiente sus consultas acerca de los proyectos en curso relacionados con las energías renovables y por el derrame de ácido sulfúrico en el río Uruguay. Y no tuvo respuesta Débora Todoni, que pidió información al Ministerio de Desarrollo Económico sobre el funcionamiento de la Dirección General de Comercio Interior.

El año pasado fueron 60 los pedidos de informes presentados en la cámara baja. Solamente 21 fueron respondidos.

Senado, con panorama similar

En el Senado el año pasado se presentaron 20 pedidos de informe y solo 8 tuvieron respuesta.

En lo que va de 2025, hubo dos. Uno de Claudia Silva (PJ-Paraná), que pidió datos sobre la auditoría implementada en el Iosper, y otro de Gladys Domínguez (PJ-Feliciano), que quiso conocer las acciones de prevención del dengue. Ninguno fue contestado.

Silva impulsó en noviembre pasado un proyecto de comunicación, que fue aprobado, insistiendo con sus presentaciones del año pasado. Así logró que le brindaran datos sobre el acuerdo entre la provincia y Cammesa, pero quedaron sin responder sus solicitudes acerca de la situación del Copnaf, las obras en la ruta Nº 32, la recuperación de la trama vial y otros.

Entre otros, también quedaron sin respuesta pedidos de Martín Oliva (PJ-Uruguay) sobre transporte gratuito de personas con discapacidad, de Víctor Sanzberro (PJ-Victoria) acerca de los impuestos Inmobiliario y Automotor, y de Patricia Díaz (PJ-La Paz) sobre una presunta mala praxis en el Hospital 9 de Julio de La Paz.

Un proyecto en debate

En la Legislatura entrerriana se vienen presentado proyectos para regular los pedidos de informes desde 1989. Actualmente, se debate en comisión una iniciativa que apunta a que dejen ser solamente un insumo de la oposición para hacer prensa o hablar en una sesión. Para que se los tome en serio.

El objetivo del proyecto, de autoría de la diputada peronista Andrea Zoff, es fortalecer la obligatoriedad y la claridad de la respuesta, ponerle plazos y lograr que este instrumento se consolide como una herramienta para la transparencia, tal como prevé la Constitución provincial.

En 1989 se presentó la primera iniciativa al respecto en la Cámara de Diputados. Sus autores fueron los radicales Raúl Martínez, Miguel Bourlot, Dardo Beltrame, Juan Ghiano y César Bruselario.

Desde entonces se han reiterado los proyectos en el mismo sentido, con mayor énfasis luego de la reforma de 2008 que les dio rango constitucional a los pedidos de informes en el artículo Nº 117 de la carta magna.

A otro proyecto anterior lo impulsaron miembros del actual Poder Ejecutivo cuando eran legisladores, entre ellos Esteban Vitor, Gustavo Cusinato Gracia Jaroslavsky, Julián Maneiro, Uriel Brupbacher, Manuel Troncoso, Ayelén Acosta y Jorge Satto.

El proyecto de Zoff tomó como base uno de 2012, elaborado por los entonces diputados Rosario Romero y Fabián Flores, también justicialistas.

En los fundamentos, la legisladora incluyó citas textuales del gobernador Rogelio Frigerio, cuya gestión ha hecho eje en el discurso y las acciones políticas en torno de la transparencia y el acceso a la información pública. También aludió al proyecto de ley de acceso a la información que impulsa el Poder Ejecutivo.

El proyecto apunta a regular el procedimiento de los pedidos de informes que alcanzan al Poder Ejecutivo, organismos centralizados y descentralizados, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado y a los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa del Poder Judicial, entre otros organismos del Estado.

Establece que una vez aprobados los pedidos de informes deben ser comunicados a los destinatarios en un plazo de cinco días hábiles y que deben ser contestados "en forma precisa, completa y documentada" en un plazo de quince días hábiles. También contempla la posibilidad de una prórroga excepcional de otros quince días.

El texto indica también que las respuestas a los pedidos deben ser publicadas en la página web de la respectiva cámara y el funcionario que no conteste en tiempo y forma podrá ser acusado de mal desempeño.

En los fundamentos, expone Zoff que a lo largo del tiempo se dio en la Legislatura la situación común a ambas cámaras de que los pedidos de informes, en general, no fueron respondidos en tiempo y forma. La iniciativa no llegó todavía al recinto de la cámara baja.

Fuente: Análisis Digital

24-05-2026 / 09:05

Reforma previsional de Frigerio: Michel denuncia que el costo del ajuste lo pagan los trabajadores

Un análisis técnico de Guillermo Michel desnuda la verdadera naturaleza del proyecto de Frigerio: una transferencia forzosa de ingresos desde el bolsillo de los trabajadores hacia las arcas de un Estado que abdica de su responsabilidad social. Michel advierte que no estamos ante una búsqueda de eficiencia, sino ante un "ajuste por goteo" que utiliza la duplicación del período de cálculo y la eliminación de la movilidad sectorial para licuar los haberes. Según el experto legislador, la reforma rompe el principio de sustitutividad, condenando a los futuros jubilados a percibir una tasa de reemplazo que no refleja su trayectoria laboral, mientras se legaliza el perjuicio previsional derivado del empleo no registrado.

Para Michel, el costo de este "equilibrio" fiscal es una regresión patrimonial sin precedentes que ensancha la brecha entre activos y pasivos. El análisis subraya que la delegación de facultades al Ejecutivo y la creación de aportes "solidarios" sobre jubilados no son medidas de emergencia, sino el andamiaje de un estatuto permanente de excepción. En términos de Michel, la gestión de Frigerio opta por el camino más corto y doloroso: castigar la biografía laboral del trabajador entrerriano -especialmente de las mujeres y regímenes especiales- para cumplir con metas de austeridad que ignoran la protección constitucional del salario diferido.

En forma lapidaria, Guillermo Michel concluyó: "Frigerio está construyendo el expediente político para ser recordado como el peor gobernador de Entre Ríos desde la vuelta de la democracia. Y con esta ley ratifica que también lo será para los trabajadores".

24-05-2026 / 09:05

Ajuste Previsional en Entre Ríos: El Proyecto de Frigerio avanza contra los derechos sociales

Bajo el rótulo tecnocrático de "Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional", el gobierno de Rogelio Frigerio ha enviado a la Legislatura un proyecto de ley que, tras el análisis minucioso de su articulado, se revela como un programa de ajuste estructural sin precedentes. No estamos ante una reforma técnica de sostenibilidad; estamos ante un desmantelamiento sistemático de la Ley N° 8732 y un retroceso histórico que vulnera el principio de no regresividad amparado por nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos.

El proyecto de Rogelio Frigerio es un asalto ataque a la seguridad social de los entrerrianos. Bajo el paraguas de la "sustentabilidad", el Ejecutivo pretende legalizar un ajuste estructural que confisca el salario de los trabajadores activos y licúa el haber de los jubilados, enmarcando los cambios en la Caja de Jubilaciones más al servicio del déficit cero que de los derechos sociales de los pasivos de la provincia. Se trata de una embestida que descarga el peso de una crisis que los trabajadores no generaron sobre sus propias espaldas, mediante un sistema de castigo que licúa ingresos y destruye la movilidad.

Esta ofensiva gubernamental no solo desmantela el 82% móvil y el enganche sectorial, sino que consagra una autocracia financiera donde los derechos constitucionales quedan supeditados a decretos del Ejecutivo. Al elevar la edad jubilatoria hasta umbrales biológicamente altísimos y ensañarse particularmente con las mujeres y los sectores más vulnerables, la gestión provincial firma una iniciativa que generará abierta polémica. Es, en esencia, un programa de ajuste que abdica del rol protector del Estado para arrojarse a una lógica de mercado contable que se no contempló los derechos constitucionales de los entrerrianos.

De la redacción de La Opinión Popular

18-05-2026 / 20:05

Frigerio y el costo de la "Era Milei": Por primera vez, el Gobernador tiene saldo negativo en las encuestas

El reciente desplome en los indicadores de imagen de Rogelio Frigerio es, fundamentalmente, la traducción en números del costo de su disciplinamiento político ante la Casa Rosada. La gestión entrerriana ha pasado de ser un proyecto con llegó con sello propio a convertirse en el laboratorio del ajuste de Javier Milei, y los ciudadanos han comenzado a pasar la factura.

El informe publicado por Sociedad Política revela una erosión acelerada del capital político que Frigerio supo construir. Lo que antes era un activo —su perfil moderado y técnico— hoy se diluye ante la percepción de una gestión paralizada por su adhesión al gobierno nacional. Hoy, el diferencial de imagen en las encuestas es deficitario. La desaprobación ya supera a la aprobación, rompiendo el "piso de cristal" que el gobernador mantuvo desde que llegó a la gobernación. "Por primera vez, la imagen de Frigerio tiene saldo negativo. El relevamiento marca un punto de inflexión en la consideración pública del mandatario entrerriano".

La encuesta ramarca una caída en los sectores medios. El segmento que fue la base de su victoria en 2023 es el que más rápido le ha soltado la mano, agobiado por el aumento de precios, tarifas y la licuación de los salarios de estatales provinciales.

La caída de Frigerio es la consecuencia natural de un gobernador que ha decidido —por convicción o por asfixia financiera— ser un alumno aplicado del ajuste libertario. Al alinearse de forma casi incondicional con los proyectos legislativos de la Nación y aceptar sin mayores resistencias el recorte de transferencias, Frigerio está mimetizando su suerte con la de Milei.

De la redacción de La Opinión Popular

17-05-2026 / 20:05

Los polémicos argumentos del gobierno de Frigerio sobre los cotos de caza

El gobierno de Rogelio Frigerio ha vuelto a cruzar una línea polémica en materia de preservación ambiental y ética pública. En una reciente entrevista que desató el rechazo de organizaciones socioambientales y de la ciudadanía entrerriana, el Ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, blindó la polémica habilitación de la temporada de caza menor en la provincia recurriendo a un argumento tan insólito como jurídicamente insostenible: “La Constitución lo permite, no lo podemos prohibir”.

El discurso de Bernaudo tiene un error técnico, pero también un polémico juicio ético y jurídico. Es un error dado que se pretende disfrazar de "derecho constitucional" lo que en realidad es una concesión a empresas que trabajan en buena parte con extranjeros.

Al invocar una supuesta protección legal para la matanza de fauna, el funcionario parece confundir la normativa entrerriana con la Segunda Enmienda estadounidense, importando una retórica libertaria que Milei utilizó en su campaña presidencial, la que prioriza el negocio extractivo por sobre el deber constitucional de preservar la biodiversidad y los derechos de los seres sintientes.

Es cuestionable que se intente justificar el "turismo de caza" bajo la exagerada promesa de generación de empleo que, en la práctica, suele estar matizado por la precarización laboral en enclaves cerrados para extranjeros. Mientras el Estado admite su incapacidad de control mediante fiscalizaciones aleatorias, Entre Ríos queda expuesta como un territorio donde la vida silvestre se remata al mejor postor, ignorando el avance global hacia la protección animal y consolidando un modelo económico que deja ganancias en pocas manos. Es un tema que merece una profunda discusión.

De la redacción de La Opinión Popular

17-05-2026 / 14:05

Adrián Fuertes: "En la vida hay límites y las sanciones en el PJ son necesarias"

En una reciente entrevista en el Programa Cuestión de Fondo, el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, dejó definiciones que sacudieron el tablero interno del Partido Justicialista de Entre Ríos. Con una mezcla de pragmatismo y firmeza discursiva, el dirigente no esquivó el bulto ante la polémica por las sanciones disciplinarias y apuntó directamente contra quienes, según su visión, utilizan al partido como una plataforma de "agresión permanente".

Al ser consultado sobre las sanciones que el Tribunal de Disciplina ha comenzado a aplicar, Fuertes fue tajante: "Sí, estoy de acuerdo. Por supuesto que estoy de acuerdo". Para el villaguayense, la libertad de participación no es un cheque en blanco para el ataque sistemático hacia la conducción o los pares. "En la vida hay límites. Si lo que hay es una permanente agresión a los dirigentes del peronismo, están las normativas de sanción", disparó Fuertes.

Uno de los puntos más álgidos de su alocución fue la mención al sector de Héctor María Maya. Fuertes denunció lo que considera una estrategia de "división" orquestada desde afuera. Acusó a este sector de no cumplir con la Carta Orgánica y, acto seguido, utilizar sellos de partidos vinculados al oficialismo provincial para competir contra el peronismo. La metáfora del zapallo: "Le dieron el sello como si le dieran un zapallo... tomá, usalo para dividir al peronismo", graficó con ironía. En un dardo al Socialismo, el intendente del PJ uestionó que una fuerza de la coalición gobernante actual "alquilara" su personería para intervenir en la interna peronista sin un proceso orgánico claro.