16:33 | Lunes 14 de Julio de 2013 | Entre Ríos

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“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona

Entre Ríos - 25-04-2025 / 17:04

EL PORTEÑO IGNORA A LA LEGISLATURA ENTRERRIANA

En lo que va de 2025, el gobierno de Frigerio no respondió ningún pedido de informes

En lo que va de 2025 el gobierno de Rogelio Frigerio no contestó ninguno de los pedidos de informes presentados en la Legislatura. El año pasado solo fue respondido un tercio de los 80 pedidos cursados. El incumplimiento del gabinete colisiona con la impronta de transparencia que pregona el gobernador Rogelio Frigerio. En la cámara baja espera tratamiento un proyecto de ley que contempla plazos y sanciones para regular esta herramienta prevista en la Constitución.

Históricamente, los pedidos de informes legislativos no son tomados en serio por los gobiernos de cualquier partido. Las respuestas no llegan y, si lo hacen, demoran demasiado y contienen información poco clara y hasta engañosa. La gestión de Frigerio no es la excepción.

En lo que va de 2025, se presentaron en la Cámara de Diputados 11 pedidos de informes: siete impulsados por el peronismo y los restantes cuatro por legisladores libertarios. Ninguno obtuvo respuesta por parte del Poder Ejecutivo.

Desde el bloque del PJ, Laura Stratta presentó en febrero el primer pedido del año. Fue sobre los presuntos sobresueldos del gabinete, en medio de la polémica que se generó al respecto. No hubo una respuesta formal, pese a que hubo aclaraciones desde el gobierno en las redes sociales.

Luego, cuando se viralizaron las fotos de los carpinchos teñidos de verde, Mariel Ávila preguntó por las acciones vinculadas al control de las cianobacterias en el lago Salto Grande. No respondieron la requisitoria desde la Secretaría de Ambiente, aunque sí hubo un comunicado de prensa sobre el tema.

A fin de mes Lorena Arrozogaray consultó acerca de la instalación de terminales de video lotería en las agencias de la provincia. No le contestaron desde el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas).

En marzo, cuando empezaron las clases, Ávila pidió informes para saber por qué no se habían iniciado en algunos cursos de escuelas de Concordia. Tampoco hubo respuesta desde el Consejo General de Educación (CGE).

Enrique Cresto consultó al Ministerio de Salud por el programa Sumar+, Yari Seyler preguntó a la misma cartera por las acciones en materia de salud mental y Silvia Moreno pidió informes para conocer las medidas adoptadas tras la detección de consumo y tráfico de fentanilo en la provincia. Ninguno obtuvo contestación.

Desde las bancas libertarias, Carlos Damasco preguntó por la implementación de la emergencia vial y desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) no acusaron recibo. Tampoco le respondieron desde la Secretaría de Ambiente sus consultas acerca de los proyectos en curso relacionados con las energías renovables y por el derrame de ácido sulfúrico en el río Uruguay. Y no tuvo respuesta Débora Todoni, que pidió información al Ministerio de Desarrollo Económico sobre el funcionamiento de la Dirección General de Comercio Interior.

El año pasado fueron 60 los pedidos de informes presentados en la cámara baja. Solamente 21 fueron respondidos.

Senado, con panorama similar

En el Senado el año pasado se presentaron 20 pedidos de informe y solo 8 tuvieron respuesta.

En lo que va de 2025, hubo dos. Uno de Claudia Silva (PJ-Paraná), que pidió datos sobre la auditoría implementada en el Iosper, y otro de Gladys Domínguez (PJ-Feliciano), que quiso conocer las acciones de prevención del dengue. Ninguno fue contestado.

Silva impulsó en noviembre pasado un proyecto de comunicación, que fue aprobado, insistiendo con sus presentaciones del año pasado. Así logró que le brindaran datos sobre el acuerdo entre la provincia y Cammesa, pero quedaron sin responder sus solicitudes acerca de la situación del Copnaf, las obras en la ruta Nº 32, la recuperación de la trama vial y otros.

Entre otros, también quedaron sin respuesta pedidos de Martín Oliva (PJ-Uruguay) sobre transporte gratuito de personas con discapacidad, de Víctor Sanzberro (PJ-Victoria) acerca de los impuestos Inmobiliario y Automotor, y de Patricia Díaz (PJ-La Paz) sobre una presunta mala praxis en el Hospital 9 de Julio de La Paz.

Un proyecto en debate

En la Legislatura entrerriana se vienen presentado proyectos para regular los pedidos de informes desde 1989. Actualmente, se debate en comisión una iniciativa que apunta a que dejen ser solamente un insumo de la oposición para hacer prensa o hablar en una sesión. Para que se los tome en serio.

El objetivo del proyecto, de autoría de la diputada peronista Andrea Zoff, es fortalecer la obligatoriedad y la claridad de la respuesta, ponerle plazos y lograr que este instrumento se consolide como una herramienta para la transparencia, tal como prevé la Constitución provincial.

En 1989 se presentó la primera iniciativa al respecto en la Cámara de Diputados. Sus autores fueron los radicales Raúl Martínez, Miguel Bourlot, Dardo Beltrame, Juan Ghiano y César Bruselario.

Desde entonces se han reiterado los proyectos en el mismo sentido, con mayor énfasis luego de la reforma de 2008 que les dio rango constitucional a los pedidos de informes en el artículo Nº 117 de la carta magna.

A otro proyecto anterior lo impulsaron miembros del actual Poder Ejecutivo cuando eran legisladores, entre ellos Esteban Vitor, Gustavo Cusinato Gracia Jaroslavsky, Julián Maneiro, Uriel Brupbacher, Manuel Troncoso, Ayelén Acosta y Jorge Satto.

El proyecto de Zoff tomó como base uno de 2012, elaborado por los entonces diputados Rosario Romero y Fabián Flores, también justicialistas.

En los fundamentos, la legisladora incluyó citas textuales del gobernador Rogelio Frigerio, cuya gestión ha hecho eje en el discurso y las acciones políticas en torno de la transparencia y el acceso a la información pública. También aludió al proyecto de ley de acceso a la información que impulsa el Poder Ejecutivo.

El proyecto apunta a regular el procedimiento de los pedidos de informes que alcanzan al Poder Ejecutivo, organismos centralizados y descentralizados, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado y a los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa del Poder Judicial, entre otros organismos del Estado.

Establece que una vez aprobados los pedidos de informes deben ser comunicados a los destinatarios en un plazo de cinco días hábiles y que deben ser contestados "en forma precisa, completa y documentada" en un plazo de quince días hábiles. También contempla la posibilidad de una prórroga excepcional de otros quince días.

El texto indica también que las respuestas a los pedidos deben ser publicadas en la página web de la respectiva cámara y el funcionario que no conteste en tiempo y forma podrá ser acusado de mal desempeño.

En los fundamentos, expone Zoff que a lo largo del tiempo se dio en la Legislatura la situación común a ambas cámaras de que los pedidos de informes, en general, no fueron respondidos en tiempo y forma. La iniciativa no llegó todavía al recinto de la cámara baja.

Fuente: Análisis Digital

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Milei desfinancia el interior para sabotear las gestiones provinciales y quedarse con el voto de los descontentos

Hace un mes los gobernadores en conjunto empezaron a elevar su voz para reclamarle a Javier Milei por los recortes en las transferencias a las provincias, y también metieron presión presentando en el Senado proyectos para distribuir en forma automática los ATN (Adelantos del Tesoro Nacional) y modificar el reparto del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Antes habían pedido revisar la política de la "motosierra" a la obra pública en los distritos. ¿Es una sublevación de los gobernadores? ¿Qué factores inciden en ese cambio de postura, de querer marcarle la cancha a Milei? ¿Qué motiva al Ejecutivo nacional a enfrentarse a los gobernadores? ¿Qué se puede esperar a partir de ahora?

De cualquier manera, el temeroso gobernador Rogelio Frigerio no quiso quemar los puentes con Milei, por recelo y porque todavía acompaña el relato libertario del equilibrio fiscal. Una prueba de ello fue que los senadores que le responden, Alfredo de Ángeli (PRO) y Stela Olalla (UCR), se ausentaron en las votaciones de los proyectos sobre aumento a las jubilaciones, moratoria jubilatoria y emergencia en discapacidad. La senadora peronista Stefanía Cora votó a favor.

El porteño Gobernador ha hecho votar a sus legisladores todas las leyes de Milei, porque supone que, siendo su perrito faldero, Milei le iba a abrir el grifo del financiamiento del Estado nacional. Además, tiene miedo al proceso electoral de octubre, donde las encuestas lo ubican tercero, y por ello y a pesar del maltrato del gobierno nacional, sueña con ir junto con La Libertad Avanza en los comicios.

El libertario de los ricos respondió a esa acción conjunta de los mandatarios con indiferencia, advertencias, insultos y amenazas, dejando claro que le importa tres carajos lo que quieran o digan los gobernadores: su política de déficit cero -basada en recortes, ajustes, motosierra y saquear las transferencias a las provincias- se va a mantener. Implementa, en definitiva, lo que dijo que iba a hacer: destruir el Estado. El problema es que ello implica desarmar el andamiaje del sistema democrático, republicano, representativo y federal. También se está destruyendo la estructura de servicios, caminos, salud, enseñanza e infraestructura general del país.

Algunos vinculan este cierre del grifo de recursos para las provincias con la estrategia de La Libertad Avanza para imponerse en las elecciones de octubre. La lectura es que, a mayor enojo con los mandatarios distritales, más chances de que la marea libertaria se quede con el voto de los descontentos. La recesión económica, el que los sueldos no alcancen, el cierre de empresas, los despidos, los problemas para sostener la salud, la educación, la seguridad, los caminos en mal estado, el alto costo de las tarifas en el interior, genera un mal clima social en el interior federal.

Todo ello recae en cabeza de los gobernadores y terminará siendo su responsabilidad, si ellos no reaccionan. Ya está sucediendo que un sector de sus sociedades les echa la culpa por los problemas derivados de la política económica nacional. Otros, en cambio, avizoran simplemente el comienzo de complicaciones en el modelo económico neoliberal de Milei y Luis Caputo, que solo beneficia a los más ricos y que no puede sostenerse de otro modo que no sea secando las provincias de recursos públicos.

En paralelo, LLA les arma listas electorales propias desafiando al poder local. A la mayoría de las provincias, esta realidad les comienza a penetrar y avizoran la trampa que hace Milei de tener superávit fiscal generando problemas de gobernabilidad a los mandatarios distritales. En este momento, la reacción de los gobernadores, no todos, a través de sus brazos legislativos preocupa al Gobierno. Ya no es el peronismo, ahora son casi indivisos.

No es casualidad que 24 gobernadores de diferentes orientaciones políticas coincidan en decirle a Milei: "Tu superávit es con la nuestra, devolvenos nuestro dinero". Los Ejecutivos provinciales no están pensando en que el Gobierno nacional se caiga, están obligados a defenderse. Es el juego perverso que ha desarrollado Milei con la idea de que los recursos son propios y los problemas, de los otros. Es evidente que le faltan unos caramelos en el frasco.