12:41 | Lunes 29 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Entre Ríos - 25-04-2025 / 17:04

EL PORTEÑO IGNORA A LA LEGISLATURA ENTRERRIANA

En lo que va de 2025, el gobierno de Frigerio no respondió ningún pedido de informes

En lo que va de 2025 el gobierno de Rogelio Frigerio no contestó ninguno de los pedidos de informes presentados en la Legislatura. El año pasado solo fue respondido un tercio de los 80 pedidos cursados. El incumplimiento del gabinete colisiona con la impronta de transparencia que pregona el gobernador Rogelio Frigerio. En la cámara baja espera tratamiento un proyecto de ley que contempla plazos y sanciones para regular esta herramienta prevista en la Constitución.

Históricamente, los pedidos de informes legislativos no son tomados en serio por los gobiernos de cualquier partido. Las respuestas no llegan y, si lo hacen, demoran demasiado y contienen información poco clara y hasta engañosa. La gestión de Frigerio no es la excepción.

En lo que va de 2025, se presentaron en la Cámara de Diputados 11 pedidos de informes: siete impulsados por el peronismo y los restantes cuatro por legisladores libertarios. Ninguno obtuvo respuesta por parte del Poder Ejecutivo.

Desde el bloque del PJ, Laura Stratta presentó en febrero el primer pedido del año. Fue sobre los presuntos sobresueldos del gabinete, en medio de la polémica que se generó al respecto. No hubo una respuesta formal, pese a que hubo aclaraciones desde el gobierno en las redes sociales.

Luego, cuando se viralizaron las fotos de los carpinchos teñidos de verde, Mariel Ávila preguntó por las acciones vinculadas al control de las cianobacterias en el lago Salto Grande. No respondieron la requisitoria desde la Secretaría de Ambiente, aunque sí hubo un comunicado de prensa sobre el tema.

A fin de mes Lorena Arrozogaray consultó acerca de la instalación de terminales de video lotería en las agencias de la provincia. No le contestaron desde el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas).

En marzo, cuando empezaron las clases, Ávila pidió informes para saber por qué no se habían iniciado en algunos cursos de escuelas de Concordia. Tampoco hubo respuesta desde el Consejo General de Educación (CGE).

Enrique Cresto consultó al Ministerio de Salud por el programa Sumar+, Yari Seyler preguntó a la misma cartera por las acciones en materia de salud mental y Silvia Moreno pidió informes para conocer las medidas adoptadas tras la detección de consumo y tráfico de fentanilo en la provincia. Ninguno obtuvo contestación.

Desde las bancas libertarias, Carlos Damasco preguntó por la implementación de la emergencia vial y desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) no acusaron recibo. Tampoco le respondieron desde la Secretaría de Ambiente sus consultas acerca de los proyectos en curso relacionados con las energías renovables y por el derrame de ácido sulfúrico en el río Uruguay. Y no tuvo respuesta Débora Todoni, que pidió información al Ministerio de Desarrollo Económico sobre el funcionamiento de la Dirección General de Comercio Interior.

El año pasado fueron 60 los pedidos de informes presentados en la cámara baja. Solamente 21 fueron respondidos.

Senado, con panorama similar

En el Senado el año pasado se presentaron 20 pedidos de informe y solo 8 tuvieron respuesta.

En lo que va de 2025, hubo dos. Uno de Claudia Silva (PJ-Paraná), que pidió datos sobre la auditoría implementada en el Iosper, y otro de Gladys Domínguez (PJ-Feliciano), que quiso conocer las acciones de prevención del dengue. Ninguno fue contestado.

Silva impulsó en noviembre pasado un proyecto de comunicación, que fue aprobado, insistiendo con sus presentaciones del año pasado. Así logró que le brindaran datos sobre el acuerdo entre la provincia y Cammesa, pero quedaron sin responder sus solicitudes acerca de la situación del Copnaf, las obras en la ruta Nº 32, la recuperación de la trama vial y otros.

Entre otros, también quedaron sin respuesta pedidos de Martín Oliva (PJ-Uruguay) sobre transporte gratuito de personas con discapacidad, de Víctor Sanzberro (PJ-Victoria) acerca de los impuestos Inmobiliario y Automotor, y de Patricia Díaz (PJ-La Paz) sobre una presunta mala praxis en el Hospital 9 de Julio de La Paz.

Un proyecto en debate

En la Legislatura entrerriana se vienen presentado proyectos para regular los pedidos de informes desde 1989. Actualmente, se debate en comisión una iniciativa que apunta a que dejen ser solamente un insumo de la oposición para hacer prensa o hablar en una sesión. Para que se los tome en serio.

El objetivo del proyecto, de autoría de la diputada peronista Andrea Zoff, es fortalecer la obligatoriedad y la claridad de la respuesta, ponerle plazos y lograr que este instrumento se consolide como una herramienta para la transparencia, tal como prevé la Constitución provincial.

En 1989 se presentó la primera iniciativa al respecto en la Cámara de Diputados. Sus autores fueron los radicales Raúl Martínez, Miguel Bourlot, Dardo Beltrame, Juan Ghiano y César Bruselario.

Desde entonces se han reiterado los proyectos en el mismo sentido, con mayor énfasis luego de la reforma de 2008 que les dio rango constitucional a los pedidos de informes en el artículo Nº 117 de la carta magna.

A otro proyecto anterior lo impulsaron miembros del actual Poder Ejecutivo cuando eran legisladores, entre ellos Esteban Vitor, Gustavo Cusinato Gracia Jaroslavsky, Julián Maneiro, Uriel Brupbacher, Manuel Troncoso, Ayelén Acosta y Jorge Satto.

El proyecto de Zoff tomó como base uno de 2012, elaborado por los entonces diputados Rosario Romero y Fabián Flores, también justicialistas.

En los fundamentos, la legisladora incluyó citas textuales del gobernador Rogelio Frigerio, cuya gestión ha hecho eje en el discurso y las acciones políticas en torno de la transparencia y el acceso a la información pública. También aludió al proyecto de ley de acceso a la información que impulsa el Poder Ejecutivo.

El proyecto apunta a regular el procedimiento de los pedidos de informes que alcanzan al Poder Ejecutivo, organismos centralizados y descentralizados, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado y a los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa del Poder Judicial, entre otros organismos del Estado.

Establece que una vez aprobados los pedidos de informes deben ser comunicados a los destinatarios en un plazo de cinco días hábiles y que deben ser contestados "en forma precisa, completa y documentada" en un plazo de quince días hábiles. También contempla la posibilidad de una prórroga excepcional de otros quince días.

El texto indica también que las respuestas a los pedidos deben ser publicadas en la página web de la respectiva cámara y el funcionario que no conteste en tiempo y forma podrá ser acusado de mal desempeño.

En los fundamentos, expone Zoff que a lo largo del tiempo se dio en la Legislatura la situación común a ambas cámaras de que los pedidos de informes, en general, no fueron respondidos en tiempo y forma. La iniciativa no llegó todavía al recinto de la cámara baja.

Fuente: Análisis Digital

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Mientras Entre Ríos requiere de más recursos, Milei solo establece nuevos y brutales recortes

El Presupuesto Nacional 2026, sancionado por el Senado en diciembre de 2025, ha generado un fuerte debate sobre la transferencia del feroz ajuste fiscal libertario hacia las provincias. Aunque Javier Milei lo define como un "hito histórico" para consolidar el déficit cero, y el gobernador Rogelio Frigerio lo apoya totalmente, el texto aprobado contiene disposiciones que impactan negativamente en las arcas y responsabilidades provinciales. Los oficialistas Romina Almeida y Joaquín Benegas Lynch, votaron a favor del proyecto de Milei. Adán Bahl, representante de Más para Entre Ríos, votó en contra. El senador peronista por Entre Ríos afirmó que, con el Presupuesto 2026, se perdió la posibilidad de aprobar una Ley "que tienda al desarrollo federal y equilibrado de la Argentina", y advirtió: "Tiene inconsistencias, asigna facultades discrecionales y transfiere a las provincias un ajuste brutal". Nada para celebrar.

¿Cuáles son los puntos clave de cómo este presupuesto traslada el ajuste a las provincias? El principal es la eliminación de Pisos de Inversión (Artículo 30). Hasta la aprobación de este presupuesto, diversas leyes blindaban el presupuesto de sectores estratégicos, obligando a que la inversión subiera si la economía crecía. Con el Artículo 30, estos montos dejan de ser obligatorios y pasan a depender de la discrecionalidad de Milei y de la disponibilidad de recursos bajo la regla de déficit cero. Esto suspende los pisos mínimos de inversión que el Estado Nacional debía garantizar por ley en áreas sensibles. Esto obliga a las provincias a cubrir el bache financiero si desean mantener los estándares previos.

Bahl apuntó que el artículo 30, que sacó recursos del ámbito educativo "elimina una garantía que el Estado le asignó a la Educación. Justamente porque no puede ser la variable de ajuste para un Presupuesto. No fue de un partido, no son montos ideológicos, fue una construcción de más de 20 años para lograr un piso de financiamiento".

En Educación se eliminó la obligación de invertir el 6%$ del PBI, afectando el financiamiento de escuelas técnicas y programas de infraestructura escolar. En Ciencia y Tecnología, se suspenden las metas de incremento progresivo de recursos, dejando estos fondos sujetos a la discrecionalidad de Milei.

Durante las negociaciones, Milei ratificó, y Frigerio aceptó, que, ante la vigencia de ciertas leyes de gasto (como el financiamiento universitario que la oposición logró defender), el Ministerio de Economía deberá reasignar o recortar aproximadamente 7 billones de pesos (0,7%$ del PBI). Gran parte de este ahorro se obtendrá mediante el recorte de transferencias discrecionales (fondos no coparticipables) que la Nación enviaba históricamente a las provincias para obras públicas o asistencia financiera.

En la sesión en el Senado, Bahl explicó: "Nosotros que somos los senadores que representamos a las provincias tenemos que advertir que transfiere a las provincias un ajuste brutal". En ese marco, apuntó: "Cuando se habla del cálculo de recursos. Se incorpora un 5% de crecimiento del PBI, que está representado por el consumo, que explica el 70% de la demanda. Y todos vemos como el consumo está por el piso. El otro elemento es la inversión pública, en un presupuesto sin obras. El otro es la inversión privada, que está ausente en todo el país. El cuarto es el sector externo, que hoy está afectado por el tipo de cambio", indicó. Y agregó: "Estamos perdiendo la oportunidad de tener un presupuesto equilibrado". Y no dibujado.

Además, el Presupuesto 2026 mantiene la presión sobre las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias a la Nación, como Entre Ríos, limitando los giros de fondos para cubrir sus déficits. A lo que se agrega la Regla del "Déficit Cero". El presupuesto 2026 está diseñado bajo una premisa rígida: cualquier caída en la recaudación debe compensarse con una baja automática del gasto. Esto significa que si las proyecciones de crecimiento (estimado en 5%) no se cumplen, las provincias serán las primeras en ver recortados los fondos que aún dependen de la firma de Milei.