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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 24-04-2025 / 10:04
LE CIERRA LA PUERTA EN LA CARA: EL LOCO SE QUIERE CORTAR SOLO Y DEJAR AL GATO AFUERA DEL ARMADO ELECTORAL

La furia de Mauricio Macri por la fuga de dirigentes del PRO que fueron comprados por el Loco Milei

La furia de Mauricio Macri por la fuga de dirigentes del PRO que fueron comprados por el Loco Milei
Acorralado por el destrato que recibe desde del gobierno de Javier "el Loco" Milei, Mauricio "el Gato" Macri transparentó qué hay detrás de las "negociaciones" entre las fuerzas de derecha y ultraderecha para las próximas elecciones. "Los que tienen precio ya fueron comprados", describió el proceso por el que varios dirigentes tránsfugas del PRO pegaron el garrochazo a La Libertad Avanza. Hubo una furiosa reacción de los que ya dieron el salto.
Acorralado por el destrato que recibe desde del gobierno de Javier "el Loco" Milei, Mauricio "el Gato" Macri transparentó qué hay detrás de las "negociaciones" entre las fuerzas de derecha y ultraderecha para las próximas elecciones. "Los que tienen precio ya fueron comprados", describió el proceso por el que varios dirigentes tránsfugas del PRO pegaron el garrochazo a La Libertad Avanza. Hubo una furiosa reacción de los que ya dieron el salto.
 
Milei continúa mostrado dificultades en la construcción de su alternativa electoral en las provincias, evidenciando dificultades para consolidar alianzas y una tendencia a imponer candidaturas sin consenso. A pesar de la invitación de Macri para establecer una mesa de negociación que aborde cuestiones electorales y de gestión, Milei optó por designar unilateralmente a José Luis Espert como su candidato en la provincia de Buenos Aires, cerrando la puerta a posibles acuerdos con el PRO en esa jurisdicción.
 
Además, en provincias, el armado político avanza sin una estructura orgánica clara, manipuladas por Karina "el Jefe" Milei, una persona sin experiencia política y con agrupaciones como "Las Fuerzas del Cielo" operando de manera independiente y sin coordinación efectiva con la dirigencia nacional.
 
Detrás de las palabras duras de Macri hacia quienes lo abandonaron para irse con Milei está una negociación que viene complicada: desde LLA ya promocionaron dos fotos de Karina Milei en la Rosada con Cristian Ritondo y Diego Santilli, pero siguen diciendo sotto vocce que no habrá un acuerdo partidario con el PRO, sino que les quitarán dirigentes.
 
Estas acciones reflejan una estrategia política de LLA que prioriza decisiones unilaterales y una falta de apertura al diálogo, tanto con aliados potenciales como dentro de su propio espacio. La imposición de candidaturas y la ausencia de internas democráticas podrían debilitar la cohesión y efectividad del movimiento libertario que Milei busca consolidar.
 
La respuesta de los tránsfugas no se hizo esperar y llegó de la mano de Diego Valenzuela, un intendente que formaba parte de la conducción del PRO bonaerense que Macri logró desplazar cuando asumió la presidencia del partido (y que ahora tiene a la cabeza a Ritondo) y un dirigente que está referenciado desde el comienzo con Bullrich. Este año, anunció que dejaba oficialmente el PRO y se iba a LLA. "Si algo no tengo es precio. Nuestros valores con Patricia Bullrich son claros: apoyar el cambio que votaron los argentinos y no caer en especulaciones partidarias", le retrucó Valenzuela.
 
Y, en plan de pegar donde duele, Macri recordó que el último dato de inflación fue un 3,7 por ciento: "El tres y pico de inflación lo queremos anual y el PRO puede aportar equilibrio, profesionalismo y seguirá aportando donde la gente confíe en que gobernemos, como en Mar del Plata o Pinamar", remarcó Macri, quien consideró que en el acuerdo también tiene que estar "un sector del radicalismo".
 
No deja de ser una pregunta para quienes negocian: ¿Cómo se hace para acordar con alguien que, entre sus planes, tiene la extinción del PRO? Por ahora, no hay respuesta.
 
La Opinión Popular
 

 
RAZONES DE PESOS
 
Macri acusó de vendidos a los que saltaron a La Libertad Avanza
 
El expresidente volvió a poner condiciones para sellar un acuerdo en la provincia de Buenos Aires. La respuesta de Diego Valenzuela y unas negociaciones espinosas con los libertarios.
 
Maurcio Macri castigó como pocas veces antes a los dirigentes que abandonaron su partido para irse a La Libertad Avanza. "Los que tenían precio ya fueron comprados, los que quedamos tenemos valores", les roció veneno. Lo dijo tras un encuentro en Mar del Plata con su intendente, Guillermo Montenegro, que sonaba entre los que podían irse del PRO (no obstante, por más que se anunció una y otra vez no ha ocurrido hasta ahora).
 
La respuesta no se hizo esperar y vino de parte del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, el primero en irse del PRO: "Si algo no tengo es precio", retrucó. Macri volvió a poner como condición para un acuerdo bonaerense entre LLA-PRO que sea entre partidos y no sumando unos pocos dirigentes. Del otro lado, siguen diciendo que no consideran que el PRO se merezca un frente partidario porque ya está en las últimas.
 
La discusión por un frente electoral en territorio bonaerense sigue sumando picante. Macri fue a reunirse con Montenegro y otros dirigentes de la Quinta Sección Electoral para discutir un acuerdo con LLA. Al igual que en otro encuentro que tuvo la cúpula del PRO bonaerense el día anterior, la mayoría se mostraron a favor de la alianza.
 
No obstante, Macri puso condiciones: "Lo que tenemos por delante es un acuerdo institucional", remarcó. "Nosotros vamos a poner todo lo mejor que tenemos desde el PRO y ellos tienen que poner lo mejor que tienen dentro de La Libertad Avanza. Me da la sensación de que todos los que tenían precio, ya los compraron", lanzó sobre los que se fueron del PRO, de Patricia Bullrich en adelante.
 
"Lo que hay acá no es gente con precio, es gente con valores. Lo otro es un camino que nosotros no recomendamos, pero de golpe alguno de ellos cree que puede tener algún tipo de éxito. Yo no creo que sea el núcleo más importante de dirigentes valiosos que tiene este espacio", los fustigó Macri.
 
 
Negociación espinosa
 
Esto, obviamente, a Macri no le piacce. Y, en el encuentro con Montenegro, lo expresó: "El Presidente trabaja con su entorno y a ese entorno le delegó la posibilidad de negociar acuerdos y sumar fuerzas. Con ese entorno es que habla semanalmente Cristian (Ritondo). Veremos cuál es el resultado. Lo importante para todos los bonaerenses es que nosotros tenemos una vocación absoluta de sumar para terminar con las ideas populistas que tanto daño han hecho. En nuestro caso, cuenten con que vamos a hacer lo imposible para darles una propuesta que les genere más entusiasmo. Si hay vocación y generosidad de las partes, el tiempo existe", remarcó.
 
Dicho más sintético: si no hay acuerdo, no será culpa del PRO, sino de Karina Milei.
 
"Lo importante es que pongamos un proyecto de país por arriba de todos los intereses particulares, esa es la gran diferencia ¿Discutimos un proyecto de país o un proyecto de poder? Si discutís un proyecto de poder no hay tiempo que te alcance y no vas a llegar a un acuerdo", remarcó Macri, que viene diciendo que el entorno de Milei abandonó el proyecto de país que compartían y ahora solo tienen un proyecto de poder. El expresidente le apuntó a los flancos al Gobierno cuando dijo que hay que "tirar todos juntos del carro del progreso que hace falta para que no sigamos teniendo jubilados cobrando la mínima ni empleados que están bajo la línea de la pobreza".
 
Un día antes, Ritondo encabezó un encuentro con dirigentes de la cúpula del PRO bonaerense donde el macrismo trajo ese planteo: que a la discusión hay que sumar a la UCR que conduce Maximiliano Abad. Ritondo, de hecho, tenía varias conversaciones avanzadas con Abad hasta que empezó la chance de sumar a LLA. Ahí Abad suspendió un encuentro de intendentes del PRO y la UCR y las negociaciones fueron al freezer. En ese encuentro, Ritondo propuso hacer un encuentro con todos los concejales del partido. La idea es mostrar el poder territorial que tiene el PRO frente a lo que tiene LLA.
 
 
Seamos diferentes
  
A la negociación bonaerense le sigue sumando ruido la discusión de la campaña porteña. Para el caso, Silvia Lospennato sumó diferencias con La Libertad Avanza que, en la práctica, terminan siendo buenas razones para no acordar: "No somos lo mismo. Nosotros estamos comprometidos con la institucionalidad, el respeto por la libertad de expresión, no intoxicamos de noticias falsas en las redes sociales. No queremos políticas que se centren solo en la confrontación, nuestros modos son distintos", enumeró.
 
Lospennato volvió a cuestionar a Karina Milei por su proyecto de reemplazar al PRO: "Destruir al PRO, ¿es una buena idea para el futuro de los argentinos? Un espacio liberal, republicano, responsable. ¿No deberíamos trabajar para que el kirchnerismo no vuelva? Ahora, cada vez que el presidente nos necesite para combatir al kirchnerismo vamos a estar ahí, me hubiera encantado que en la Ciudad pase lo mismo".
 
Por Werner Pertot
 
Fuente: Página 12
 

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02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

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