19:32 | Miercoles 31 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

Por

“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 20-04-2025 / 06:04

A DOS MESES DE LA CRIPTOESTAFA $LIBRA HAY POCOS AVANCES JUDICIALES Y EMPIEZA A RONDAR LA IDEA DE IMPUNIDAD

Milei bloquea la investigación de la estafa en Argentina y apuesta a que Trump lo proteja en EE.UU.

Nadie sabe dónde está Hayden Mark Davis, el principal implicado en la estafa internacional junto a Javier “el Loco” Milei. Los denunciantes sostienen que no aparece a pedido del Gobierno libertario, que bloquea la investigación en Argentina y apuesta a que Donald Trump lo proteja en EE.UU. Aún no se recuperó nada de los 200 millones de dólares evaporados y crece la sospecha de que estaban destinados a financiar la campaña oficialista. Después de admitir que tiene 100 millones de dólares para devolver a la Argentina, Davis se llamó a silencio.

¿Dónde está el empresario Hayden Mark Davis? Se trata del principal implicado, junto con el presidente Javier "el Loco" Milei, en la estafa de la criptomoneda Libra, que causó pérdidas millonarias a cientos de inversores y ganancias que podrían superar los 200 millones de dólares a un puñado de billeteras virtuales. Cuando estalló el escándalo, Davis pedía a gritos ser considerado arrepentido. Pero ahora, en contraste con aquella locuacidad, presentó un abogado y bajó su perfil. No hay que descartar que desde la Casa Rosada le hayan sugerido algo así como "quedate en silencio, que esto lo arreglamos".

Milei no lo menciona ni habla del tema. A dos meses del tuit del Presidente sobre Libra, hay pocos avances judiciales y empieza a rondar la idea de impunidad. Pero son muchos los interrogantes que siguen abiertos, tanto en Argentina como en Estados Unidos, donde Donald Trump podría estar condicionando las investigaciones sobre criptomonedas. Mientras tanto, el dinero en de las billeteras virtuales se sigue moviendo.

La justicia argentina da vueltas con la burda idea de que Javier y Karina Milei podrían haber ingresado dinero a sus cuentas oficiales. ¿Y si se trataba de fondos en negro para la campaña electoral? Es otro asunto silenciado. En Estados Unidos tampoco se nota demasiada actividad y los fondos no parecen estar inmovilizados.

El rumor es que la protección de Donald Trump condiciona al FBI, al Departamento de Justicia y a la SEC (Securities and Exchange Comission), la bolsa de valores. Organismos como este último están en franco retroceso y cada vez se supervisan menos las operaciones cripto. Si Trump quiere proteger a su adulador serial, no necesita de grandes esfuerzos.

Hay cierta idea de que en Estados Unidos avanzan a buen paso las investigaciones sobre $LIBRA. No hay indicios de que sea así. Se presentó una demanda civil en Nueva York, en la que Milei aunque es nombrado, está excluido. Allí más de 200 damnificados por comprar el token, inspirados en su recomendación, quieren recuperar su dinero. También existen cuestiones penales en manos de organismos de investigación estadounidenses, pero hay acciones básicas como allanar y buscar a Davis que no parecen haberse realizado.

Quienes conocen el sistema penal de ese país no descartan que ciertos movimientos permanezcan en secreto. Un exfiscal neoyorquino haría una nueva denuncia, con aportes del abogado Gregorio Dalbón. Davis, que designó como abogado a Marcos Salt, está virtualmente confeso diciendo que quiere devolver 100 millones de dólares. Una evidencia de que no hay grandes avances es que siguen moviendo dinero de las billeteras. Expertos en cripto señalan que recién ahora se estaría avanzando en el congelamiento.

En la causa que tramita en Comodoro Py hay medidas en trámite, no es que no haya nada. Pero desde el comienzo todo se hizo con una parsimonia notable: el primer paso se dio recién una semana después del lanzamiento del token, con simples pedidos de informes y consultas básicas sobre cómo son las regulaciones para operaciones cripto.

Lo más reciente es que el fiscal Eduardo Taiano, a quien la jueza María Servini le delegó la investigación, pidió el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Milei, de su hermana Karina, y del resto de los imputados argentinos, que son los empresarios Mauricio Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy, y el exasesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales. La decisión es relevante por los personajes. Pero, ¿la suposición es que incorporaron dinero a sus cuentas oficiales? ¿Tan torpes podrían ser? No habría que desechar la hipótesis de que la masa de fondos estafados se iba a utilizar en negro para financiar la campaña electoral.

Hasta ahora Taiano señaló los delitos de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho. La teoría sobre posibles pagos de empresarios extranjeros para reunirse con Milei sería una de las líneas "patrimoniales". El fiscal pidió rastrear operaciones desde 2023 (lo que deja afuera parte del mandato de Milei como diputado) y la jueza abrió un "legajo de investigación patrimonial", pero todavía es un enigma qué contiene. Lo que no aparece aún es el posible financiamiento de la política, a pesar de que el tema surge nítido en un video que Terrones Godoy compartió en sus redes.

Cuando, poco antes de asumir la presidencia, Trump sacó su memecoin, Terrones Godoy festejó que era un anuncio de que en Estados Unidos "se va a poder hacer de todo en el mundo cripto". Era 21 de enero y agregaba, como si supiera lo que vendría en Argentina: "No va a ser el único presidente o el único político que tenga su token, porque lo que a Trump le permitió esto es tener todo el poder de fuego para financiar partidos políticos e influencia". "Con esto puede poner senadores, diputados, gobernadores". "Lo que se evita es la necesidad de robarle al Estado para hacer política, con esto no hace falta", decía con speech libertario.

El tiempo es tirano

Para la mayoría de quienes compraron $LIBRA, la pérdida de fondos fue en pocas horas. El token se conoció con el tuit de Milei, publicado en X a las 19.01 del 14 de febrero. Solo un grupo de billeteras con información privilegiada invirtieron antes a bajísimo costo y vendieron caro. El resto se confió en la figura presidencial, que compartía el contrato para adquirir el token, que aún no era público. Después de la medianoche, es historia conocida, Milei dijo que no estaba interiorizado, que era un proyecto privado.

Aunque las primeras denuncias se presentaron enseguida, los primeros allanamientos fueron el 6 de marzo: la División Antilavado de la Policía Federal fue a la casa de Novelli, a la empresa Tech Forum (que comparte con Terrones Godoy) y al domicilio de Morales. Les secuestraron celulares y otros dispositivos.

Cualquiera que se sepa investigado ya habría borrado lo que lo comprometa. En una camioneta Toyota SW4 de Novelli había llaves de cajas de seguridad. Había abierto dos en la sucursal Martínez del Banco Galicia el 4 de febrero, diez días antes del lanzamiento de $LIBRA, les dio un poder a su madre y su hermana, quienes entraron el 17 de febrero, primer día hábil post escándalo. Taiano pidió allanar las cajas el 17 de marzo: como era obvio, ya no encontró nada.

El 26 de marzo, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia le informó a Taiano que logró preservar todas las cuentas en redes y las publicaciones de los involucrados, videos de Davis, su hermano Gideon, y de empresarios cripto que hablaron de pagos a funcionarios del gobierno de Milei a cambio de tuits, reuniones o consultorías. Sugirió pedir información sobre la creación de cada cuenta, las tarjetas de crédito y números de teléfono asociados. La semana pasada Servini dispuso mandar exhortos a Estados Unidos dirigidos a Meta, XCorp (de Elon Musk, el amigo de Milei), Google, Linkedin, Amazon. Apunta a verificar interconexiones y pagos.

En la misma lista hay un punto de alta relevancia: el pedido de datos para determinar cómo y quién creó la web "Vivalalibertadproject" (que Milei compartió en su posteo con promesas de inversiones). ¿Quién compró el dominio a la empresa GoDaddy? ¿Con qué tarjeta? Las respuestas a los exhortos suelen tardar lo que manda la política. En este caso, todo hace pensar que va a regir la protección de Trump a Milei con dilación o falta de contestación.

Será importante saber quién le proporcionó a Milei el contrato para comprar $LIBRA que puso en su posteo. Habrá que ver si surge de algún dispositivo de Novelli, quien junto con Terrones creó la empresa Tech Forum para organizar el foro tecnológico de octubre de 2024 que habría permitido que Davis y el empresario Julian Peh, de Kip Protocol, consolidaran negocios con el Gobierno.

Novelli es muy cercano a Milei, quien daba clases en su academia para traders y promocionó tokens suyos denunciados por fraude, como $Vulc. El año pasado fue siete veces la Casa Rosada. Tres coincidió con Davis. Una fue posterior a un viaje donde también coincidieron en Paraguay, junto con Terrones Godoy y Morales. Todavía Taiano no identificó quién sacó y pagó esos pasajes.

Uno de los últimos despachos del fiscal dice algo revelador: la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) para el caso $LIBRA creada por el propio Gobierno está vivita y coleando, decidiendo -desde el Ministerio de Justicia- qué y cómo se le manda al fiscal. Es obvio que no investigan nada, menos a sí mismos. Más bien aportan a la dilación.

Ejemplo: Taiano había pedido las visitas a la secretaría general de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, y la UTI mandó un documento llamado "Listado ingresosUTI_protected- SECRETARIA GENERAL" pero que necesita un código de acceso. O sea, envió la lista encriptada, y así la fiscalía tiene que reclamar el código y pasan los días.

Idas y vueltas

Servini en un comienzo rechazó que haya querellas (ahorristas que decían haber perdido dinero al comparar $LIBRA). Entonces empezaron las apelaciones, y la Cámara Federal habilitó a tres damnificados -representados por Juan Grabois y su equipo-, que luego se incorporaron a la causa. En Casación intervendrá la Sala II (Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci) porque una de las defensas cuestiona que haya querella. En paralelo, había iniciado una investigación en espejo la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, que tuvo como querellante a Martín Romeo, un especialista en cripto que había perdido 2.000 dólares, quien colaboró con la identificación de un grupo de billeteras adonde se habrían derivado los fondos de la estafa.

Arroyo Salgado ordenó un informe pero no identificó a los dueños ni terminó de certificar una relación de las wallets con $LIBRA, aunque estarían vinculación entre ellas y, se sospecha, a Davis. El empresario más de una vez se jactó de comprar sus propios tokens y, en este caso, ya al día siguiente de la salida a la venta de la moneda impulsada por Milei, fue cuando dijo que se había quedado con 100 millones de dólares que está dispuesto a devolver, solo esperaba instrucciones. Fue un episodio que incluso reactivó la venta de esta moneda. Davis acusó a Milei de dejarlo en banda al borrar su tuit, pero después de tres apariciones públicas, no se supo más de él.

La jueza de San Isidro ordenó también congelar las billeteras identificadas e inmovilizar los criptoactivos, en miras a una futura reparación. Confeccionó un exhorto, pero el trámite habría quedado a mitad de camino. La Cámara de San Martín (con decisión unipersonal de Juan Pablo Salas) le sacó la causa. Ahora todo eso pasó al juzgado de Servini, que hará una revisión. A Romeo todavía no lo aceptó como querellante. También difirió por razones burocráticas una definición sobre el pedido de querellar por la sociedad civil del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), una ONG que plantea que solo el tuit de Milei promocionando un negocio privado permitiría imputarle "negociaciones incompatibles con la función pública".

Parece evidente que Javier y Karina Milei habrían participado de una estafa, que no se habría concretado sin el impulso del Presidente con el tuit cuyo mensaje era "compre, compre $LIBRA". El negociado se armó con visitantes de la Casa Rosada, marginales del mundo cripto, la familia Davis, que ya venía de cometer un desfalco, con el padre Tom pagando con el traje anaranjado de la prisión y denuncias varias de cobros por mantener una reunión con el presidente libertario. Toda la trama disfruta de un blindaje en Argentina y Estados Unidos. Al menos por ahora, la estafa y los estafadores están protegidos.

Por Raúl Kollmann, Irina Hauser

Fuente: Página 12

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".

28-12-2025 / 12:12

Al revés de lo que pretende Milei, las empresas remarcan para amortiguar caída de ventas y pérdidas millonarias

Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.

Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.

Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.

Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.

Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.

Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.

PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.

Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.

En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.

Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.

27-12-2025 / 09:12

Defendiendo lo indefendible: El apoyo a Milei fue contra los intereses de la mayoría que lo votó, aunque ellos se ilusionan con lo contrario

Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.

Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.

El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.

Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.

En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.

Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.

Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.

Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.

En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza.