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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 20-04-2025 / 06:04
A DOS MESES DE LA CRIPTOESTAFA $LIBRA HAY POCOS AVANCES JUDICIALES Y EMPIEZA A RONDAR LA IDEA DE IMPUNIDAD

Milei bloquea la investigación de la estafa en Argentina y apuesta a que Trump lo proteja en EE.UU.

Milei bloquea la investigación de la estafa en Argentina y apuesta a que Trump lo proteja en EE.UU.
Nadie sabe dónde está Hayden Mark Davis, el principal implicado en la estafa internacional junto a Javier “el Loco” Milei. Los denunciantes sostienen que no aparece a pedido del Gobierno libertario, que bloquea la investigación en Argentina y apuesta a que Donald Trump lo proteja en EE.UU. Aún no se recuperó nada de los 200 millones de dólares evaporados y crece la sospecha de que estaban destinados a financiar la campaña oficialista. Después de admitir que tiene 100 millones de dólares para devolver a la Argentina, Davis se llamó a silencio.
¿Dónde está el empresario Hayden Mark Davis? Se trata del principal implicado, junto con el presidente Javier "el Loco" Milei, en la estafa de la criptomoneda Libra, que causó pérdidas millonarias a cientos de inversores y ganancias que podrían superar los 200 millones de dólares a un puñado de billeteras virtuales. Cuando estalló el escándalo, Davis pedía a gritos ser considerado arrepentido. Pero ahora, en contraste con aquella locuacidad, presentó un abogado y bajó su perfil. No hay que descartar que desde la Casa Rosada le hayan sugerido algo así como "quedate en silencio, que esto lo arreglamos".
 
Milei no lo menciona ni habla del tema. A dos meses del tuit del Presidente sobre Libra, hay pocos avances judiciales y empieza a rondar la idea de impunidad. Pero son muchos los interrogantes que siguen abiertos, tanto en Argentina como en Estados Unidos, donde Donald Trump podría estar condicionando las investigaciones sobre criptomonedas. Mientras tanto, el dinero en de las billeteras virtuales se sigue moviendo.
 
La justicia argentina da vueltas con la burda idea de que Javier y Karina Milei podrían haber ingresado dinero a sus cuentas oficiales. ¿Y si se trataba de fondos en negro para la campaña electoral? Es otro asunto silenciado. En Estados Unidos tampoco se nota demasiada actividad y los fondos no parecen estar inmovilizados.
 
El rumor es que la protección de Donald Trump condiciona al FBI, al Departamento de Justicia y a la SEC (Securities and Exchange Comission), la bolsa de valores. Organismos como este último están en franco retroceso y cada vez se supervisan menos las operaciones cripto. Si Trump quiere proteger a su adulador serial, no necesita de grandes esfuerzos.
  
Hay cierta idea de que en Estados Unidos avanzan a buen paso las investigaciones sobre $LIBRA. No hay indicios de que sea así. Se presentó una demanda civil en Nueva York, en la que Milei aunque es nombrado, está excluido. Allí más de 200 damnificados por comprar el token, inspirados en su recomendación, quieren recuperar su dinero. También existen cuestiones penales en manos de organismos de investigación estadounidenses, pero hay acciones básicas como allanar y buscar a Davis que no parecen haberse realizado.
 
Quienes conocen el sistema penal de ese país no descartan que ciertos movimientos permanezcan en secreto. Un exfiscal neoyorquino haría una nueva denuncia, con aportes del abogado Gregorio Dalbón. Davis, que designó como abogado a Marcos Salt, está virtualmente confeso diciendo que quiere devolver 100 millones de dólares. Una evidencia de que no hay grandes avances es que siguen moviendo dinero de las billeteras. Expertos en cripto señalan que recién ahora se estaría avanzando en el congelamiento.
 
En la causa que tramita en Comodoro Py hay medidas en trámite, no es que no haya nada. Pero desde el comienzo todo se hizo con una parsimonia notable: el primer paso se dio recién una semana después del lanzamiento del token, con simples pedidos de informes y consultas básicas sobre cómo son las regulaciones para operaciones cripto.
 

 
Lo más reciente es que el fiscal Eduardo Taiano, a quien la jueza María Servini le delegó la investigación, pidió el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Milei, de su hermana Karina, y del resto de los imputados argentinos, que son los empresarios Mauricio Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy, y el exasesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales. La decisión es relevante por los personajes. Pero, ¿la suposición es que incorporaron dinero a sus cuentas oficiales? ¿Tan torpes podrían ser? No habría que desechar la hipótesis de que la masa de fondos estafados se iba a utilizar en negro para financiar la campaña electoral.
 
Hasta ahora Taiano señaló los delitos de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho. La teoría sobre posibles pagos de empresarios extranjeros para reunirse con Milei sería una de las líneas "patrimoniales". El fiscal pidió rastrear operaciones desde 2023 (lo que deja afuera parte del mandato de Milei como diputado) y la jueza abrió un "legajo de investigación patrimonial", pero todavía es un enigma qué contiene. Lo que no aparece aún es el posible financiamiento de la política, a pesar de que el tema surge nítido en un video que Terrones Godoy compartió en sus redes.
 
Cuando, poco antes de asumir la presidencia, Trump sacó su memecoin, Terrones Godoy festejó que era un anuncio de que en Estados Unidos "se va a poder hacer de todo en el mundo cripto". Era 21 de enero y agregaba, como si supiera lo que vendría en Argentina: "No va a ser el único presidente o el único político que tenga su token, porque lo que a Trump le permitió esto es tener todo el poder de fuego para financiar partidos políticos e influencia". "Con esto puede poner senadores, diputados, gobernadores". "Lo que se evita es la necesidad de robarle al Estado para hacer política, con esto no hace falta", decía con speech libertario.
 
 
El tiempo es tirano
  
Para la mayoría de quienes compraron $LIBRA, la pérdida de fondos fue en pocas horas. El token se conoció con el tuit de Milei, publicado en X a las 19.01 del 14 de febrero. Solo un grupo de billeteras con información privilegiada invirtieron antes a bajísimo costo y vendieron caro. El resto se confió en la figura presidencial, que compartía el contrato para adquirir el token, que aún no era público. Después de la medianoche, es historia conocida, Milei dijo que no estaba interiorizado, que era un proyecto privado.
 
Aunque las primeras denuncias se presentaron enseguida, los primeros allanamientos fueron el 6 de marzo: la División Antilavado de la Policía Federal fue a la casa de Novelli, a la empresa Tech Forum (que comparte con Terrones Godoy) y al domicilio de Morales. Les secuestraron celulares y otros dispositivos.
 
Cualquiera que se sepa investigado ya habría borrado lo que lo comprometa. En una camioneta Toyota SW4 de Novelli había llaves de cajas de seguridad. Había abierto dos en la sucursal Martínez del Banco Galicia el 4 de febrero, diez días antes del lanzamiento de $LIBRA, les dio un poder a su madre y su hermana, quienes entraron el 17 de febrero, primer día hábil post escándalo. Taiano pidió allanar las cajas el 17 de marzo: como era obvio, ya no encontró nada.
 
El 26 de marzo, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia le informó a Taiano que logró preservar todas las cuentas en redes y las publicaciones de los involucrados, videos de Davis, su hermano Gideon, y de empresarios cripto que hablaron de pagos a funcionarios del gobierno de Milei a cambio de tuits, reuniones o consultorías. Sugirió pedir información sobre la creación de cada cuenta, las tarjetas de crédito y números de teléfono asociados. La semana pasada Servini dispuso mandar exhortos a Estados Unidos dirigidos a Meta, XCorp (de Elon Musk, el amigo de Milei), Google, Linkedin, Amazon. Apunta a verificar interconexiones y pagos.
 
En la misma lista hay un punto de alta relevancia: el pedido de datos para determinar cómo y quién creó la web "Vivalalibertadproject" (que Milei compartió en su posteo con promesas de inversiones). ¿Quién compró el dominio a la empresa GoDaddy? ¿Con qué tarjeta? Las respuestas a los exhortos suelen tardar lo que manda la política. En este caso, todo hace pensar que va a regir la protección de Trump a Milei con dilación o falta de contestación.
 
Será importante saber quién le proporcionó a Milei el contrato para comprar $LIBRA que puso en su posteo. Habrá que ver si surge de algún dispositivo de Novelli, quien junto con Terrones creó la empresa Tech Forum para organizar el foro tecnológico de octubre de 2024 que habría permitido que Davis y el empresario Julian Peh, de Kip Protocol, consolidaran negocios con el Gobierno.
 
Novelli es muy cercano a Milei, quien daba clases en su academia para traders y promocionó tokens suyos denunciados por fraude, como $Vulc. El año pasado fue siete veces la Casa Rosada. Tres coincidió con Davis. Una fue posterior a un viaje donde también coincidieron en Paraguay, junto con Terrones Godoy y Morales. Todavía Taiano no identificó quién sacó y pagó esos pasajes.
 
Uno de los últimos despachos del fiscal dice algo revelador: la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) para el caso $LIBRA creada por el propio Gobierno está vivita y coleando, decidiendo -desde el Ministerio de Justicia- qué y cómo se le manda al fiscal. Es obvio que no investigan nada, menos a sí mismos. Más bien aportan a la dilación.
 
Ejemplo: Taiano había pedido las visitas a la secretaría general de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, y la UTI mandó un documento llamado "Listado ingresosUTI_protected- SECRETARIA GENERAL" pero que necesita un código de acceso. O sea, envió la lista encriptada, y así la fiscalía tiene que reclamar el código y pasan los días.
 
 
Idas y vueltas
  
Servini en un comienzo rechazó que haya querellas (ahorristas que decían haber perdido dinero al comparar $LIBRA). Entonces empezaron las apelaciones, y la Cámara Federal habilitó a tres damnificados -representados por Juan Grabois y su equipo-, que luego se incorporaron a la causa. En Casación intervendrá la Sala II (Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci) porque una de las defensas cuestiona que haya querella. En paralelo, había iniciado una investigación en espejo la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, que tuvo como querellante a Martín Romeo, un especialista en cripto que había perdido 2.000 dólares, quien colaboró con la identificación de un grupo de billeteras adonde se habrían derivado los fondos de la estafa.
 
Arroyo Salgado ordenó un informe pero no identificó a los dueños ni terminó de certificar una relación de las wallets con $LIBRA, aunque estarían vinculación entre ellas y, se sospecha, a Davis. El empresario más de una vez se jactó de comprar sus propios tokens y, en este caso, ya al día siguiente de la salida a la venta de la moneda impulsada por Milei, fue cuando dijo que se había quedado con 100 millones de dólares que está dispuesto a devolver, solo esperaba instrucciones. Fue un episodio que incluso reactivó la venta de esta moneda. Davis acusó a Milei de dejarlo en banda al borrar su tuit, pero después de tres apariciones públicas, no se supo más de él.
 
La jueza de San Isidro ordenó también congelar las billeteras identificadas e inmovilizar los criptoactivos, en miras a una futura reparación. Confeccionó un exhorto, pero el trámite habría quedado a mitad de camino. La Cámara de San Martín (con decisión unipersonal de Juan Pablo Salas) le sacó la causa. Ahora todo eso pasó al juzgado de Servini, que hará una revisión. A Romeo todavía no lo aceptó como querellante. También difirió por razones burocráticas una definición sobre el pedido de querellar por la sociedad civil del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), una ONG que plantea que solo el tuit de Milei promocionando un negocio privado permitiría imputarle "negociaciones incompatibles con la función pública".
 
Parece evidente que Javier y Karina Milei habrían participado de una estafa, que no se habría concretado sin el impulso del Presidente con el tuit cuyo mensaje era "compre, compre $LIBRA". El negociado se armó con visitantes de la Casa Rosada, marginales del mundo cripto, la familia Davis, que ya venía de cometer un desfalco, con el padre Tom pagando con el traje anaranjado de la prisión y denuncias varias de cobros por mantener una reunión con el presidente libertario. Toda la trama disfruta de un blindaje en Argentina y Estados Unidos. Al menos por ahora, la estafa y los estafadores están protegidos.
 
Por Raúl Kollmann, Irina Hauser
 
Fuente: Página 12
 

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18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
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