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Nacionales - 20-04-2025 / 06:04
A DOS MESES DE LA CRIPTOESTAFA $LIBRA HAY POCOS AVANCES JUDICIALES Y EMPIEZA A RONDAR LA IDEA DE IMPUNIDAD

Milei bloquea la investigación de la estafa en Argentina y apuesta a que Trump lo proteja en EE.UU.

Milei bloquea la investigación de la estafa en Argentina y apuesta a que Trump lo proteja en EE.UU.
Nadie sabe dónde está Hayden Mark Davis, el principal implicado en la estafa internacional junto a Javier “el Loco” Milei. Los denunciantes sostienen que no aparece a pedido del Gobierno libertario, que bloquea la investigación en Argentina y apuesta a que Donald Trump lo proteja en EE.UU. Aún no se recuperó nada de los 200 millones de dólares evaporados y crece la sospecha de que estaban destinados a financiar la campaña oficialista. Después de admitir que tiene 100 millones de dólares para devolver a la Argentina, Davis se llamó a silencio.
¿Dónde está el empresario Hayden Mark Davis? Se trata del principal implicado, junto con el presidente Javier "el Loco" Milei, en la estafa de la criptomoneda Libra, que causó pérdidas millonarias a cientos de inversores y ganancias que podrían superar los 200 millones de dólares a un puñado de billeteras virtuales. Cuando estalló el escándalo, Davis pedía a gritos ser considerado arrepentido. Pero ahora, en contraste con aquella locuacidad, presentó un abogado y bajó su perfil. No hay que descartar que desde la Casa Rosada le hayan sugerido algo así como "quedate en silencio, que esto lo arreglamos".
 
Milei no lo menciona ni habla del tema. A dos meses del tuit del Presidente sobre Libra, hay pocos avances judiciales y empieza a rondar la idea de impunidad. Pero son muchos los interrogantes que siguen abiertos, tanto en Argentina como en Estados Unidos, donde Donald Trump podría estar condicionando las investigaciones sobre criptomonedas. Mientras tanto, el dinero en de las billeteras virtuales se sigue moviendo.
 
La justicia argentina da vueltas con la burda idea de que Javier y Karina Milei podrían haber ingresado dinero a sus cuentas oficiales. ¿Y si se trataba de fondos en negro para la campaña electoral? Es otro asunto silenciado. En Estados Unidos tampoco se nota demasiada actividad y los fondos no parecen estar inmovilizados.
 
El rumor es que la protección de Donald Trump condiciona al FBI, al Departamento de Justicia y a la SEC (Securities and Exchange Comission), la bolsa de valores. Organismos como este último están en franco retroceso y cada vez se supervisan menos las operaciones cripto. Si Trump quiere proteger a su adulador serial, no necesita de grandes esfuerzos.
  
Hay cierta idea de que en Estados Unidos avanzan a buen paso las investigaciones sobre $LIBRA. No hay indicios de que sea así. Se presentó una demanda civil en Nueva York, en la que Milei aunque es nombrado, está excluido. Allí más de 200 damnificados por comprar el token, inspirados en su recomendación, quieren recuperar su dinero. También existen cuestiones penales en manos de organismos de investigación estadounidenses, pero hay acciones básicas como allanar y buscar a Davis que no parecen haberse realizado.
 
Quienes conocen el sistema penal de ese país no descartan que ciertos movimientos permanezcan en secreto. Un exfiscal neoyorquino haría una nueva denuncia, con aportes del abogado Gregorio Dalbón. Davis, que designó como abogado a Marcos Salt, está virtualmente confeso diciendo que quiere devolver 100 millones de dólares. Una evidencia de que no hay grandes avances es que siguen moviendo dinero de las billeteras. Expertos en cripto señalan que recién ahora se estaría avanzando en el congelamiento.
 
En la causa que tramita en Comodoro Py hay medidas en trámite, no es que no haya nada. Pero desde el comienzo todo se hizo con una parsimonia notable: el primer paso se dio recién una semana después del lanzamiento del token, con simples pedidos de informes y consultas básicas sobre cómo son las regulaciones para operaciones cripto.
 

 
Lo más reciente es que el fiscal Eduardo Taiano, a quien la jueza María Servini le delegó la investigación, pidió el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Milei, de su hermana Karina, y del resto de los imputados argentinos, que son los empresarios Mauricio Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy, y el exasesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales. La decisión es relevante por los personajes. Pero, ¿la suposición es que incorporaron dinero a sus cuentas oficiales? ¿Tan torpes podrían ser? No habría que desechar la hipótesis de que la masa de fondos estafados se iba a utilizar en negro para financiar la campaña electoral.
 
Hasta ahora Taiano señaló los delitos de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho. La teoría sobre posibles pagos de empresarios extranjeros para reunirse con Milei sería una de las líneas "patrimoniales". El fiscal pidió rastrear operaciones desde 2023 (lo que deja afuera parte del mandato de Milei como diputado) y la jueza abrió un "legajo de investigación patrimonial", pero todavía es un enigma qué contiene. Lo que no aparece aún es el posible financiamiento de la política, a pesar de que el tema surge nítido en un video que Terrones Godoy compartió en sus redes.
 
Cuando, poco antes de asumir la presidencia, Trump sacó su memecoin, Terrones Godoy festejó que era un anuncio de que en Estados Unidos "se va a poder hacer de todo en el mundo cripto". Era 21 de enero y agregaba, como si supiera lo que vendría en Argentina: "No va a ser el único presidente o el único político que tenga su token, porque lo que a Trump le permitió esto es tener todo el poder de fuego para financiar partidos políticos e influencia". "Con esto puede poner senadores, diputados, gobernadores". "Lo que se evita es la necesidad de robarle al Estado para hacer política, con esto no hace falta", decía con speech libertario.
 
 
El tiempo es tirano
  
Para la mayoría de quienes compraron $LIBRA, la pérdida de fondos fue en pocas horas. El token se conoció con el tuit de Milei, publicado en X a las 19.01 del 14 de febrero. Solo un grupo de billeteras con información privilegiada invirtieron antes a bajísimo costo y vendieron caro. El resto se confió en la figura presidencial, que compartía el contrato para adquirir el token, que aún no era público. Después de la medianoche, es historia conocida, Milei dijo que no estaba interiorizado, que era un proyecto privado.
 
Aunque las primeras denuncias se presentaron enseguida, los primeros allanamientos fueron el 6 de marzo: la División Antilavado de la Policía Federal fue a la casa de Novelli, a la empresa Tech Forum (que comparte con Terrones Godoy) y al domicilio de Morales. Les secuestraron celulares y otros dispositivos.
 
Cualquiera que se sepa investigado ya habría borrado lo que lo comprometa. En una camioneta Toyota SW4 de Novelli había llaves de cajas de seguridad. Había abierto dos en la sucursal Martínez del Banco Galicia el 4 de febrero, diez días antes del lanzamiento de $LIBRA, les dio un poder a su madre y su hermana, quienes entraron el 17 de febrero, primer día hábil post escándalo. Taiano pidió allanar las cajas el 17 de marzo: como era obvio, ya no encontró nada.
 
El 26 de marzo, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia le informó a Taiano que logró preservar todas las cuentas en redes y las publicaciones de los involucrados, videos de Davis, su hermano Gideon, y de empresarios cripto que hablaron de pagos a funcionarios del gobierno de Milei a cambio de tuits, reuniones o consultorías. Sugirió pedir información sobre la creación de cada cuenta, las tarjetas de crédito y números de teléfono asociados. La semana pasada Servini dispuso mandar exhortos a Estados Unidos dirigidos a Meta, XCorp (de Elon Musk, el amigo de Milei), Google, Linkedin, Amazon. Apunta a verificar interconexiones y pagos.
 
En la misma lista hay un punto de alta relevancia: el pedido de datos para determinar cómo y quién creó la web "Vivalalibertadproject" (que Milei compartió en su posteo con promesas de inversiones). ¿Quién compró el dominio a la empresa GoDaddy? ¿Con qué tarjeta? Las respuestas a los exhortos suelen tardar lo que manda la política. En este caso, todo hace pensar que va a regir la protección de Trump a Milei con dilación o falta de contestación.
 
Será importante saber quién le proporcionó a Milei el contrato para comprar $LIBRA que puso en su posteo. Habrá que ver si surge de algún dispositivo de Novelli, quien junto con Terrones creó la empresa Tech Forum para organizar el foro tecnológico de octubre de 2024 que habría permitido que Davis y el empresario Julian Peh, de Kip Protocol, consolidaran negocios con el Gobierno.
 
Novelli es muy cercano a Milei, quien daba clases en su academia para traders y promocionó tokens suyos denunciados por fraude, como $Vulc. El año pasado fue siete veces la Casa Rosada. Tres coincidió con Davis. Una fue posterior a un viaje donde también coincidieron en Paraguay, junto con Terrones Godoy y Morales. Todavía Taiano no identificó quién sacó y pagó esos pasajes.
 
Uno de los últimos despachos del fiscal dice algo revelador: la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) para el caso $LIBRA creada por el propio Gobierno está vivita y coleando, decidiendo -desde el Ministerio de Justicia- qué y cómo se le manda al fiscal. Es obvio que no investigan nada, menos a sí mismos. Más bien aportan a la dilación.
 
Ejemplo: Taiano había pedido las visitas a la secretaría general de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, y la UTI mandó un documento llamado "Listado ingresosUTI_protected- SECRETARIA GENERAL" pero que necesita un código de acceso. O sea, envió la lista encriptada, y así la fiscalía tiene que reclamar el código y pasan los días.
 
 
Idas y vueltas
  
Servini en un comienzo rechazó que haya querellas (ahorristas que decían haber perdido dinero al comparar $LIBRA). Entonces empezaron las apelaciones, y la Cámara Federal habilitó a tres damnificados -representados por Juan Grabois y su equipo-, que luego se incorporaron a la causa. En Casación intervendrá la Sala II (Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci) porque una de las defensas cuestiona que haya querella. En paralelo, había iniciado una investigación en espejo la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, que tuvo como querellante a Martín Romeo, un especialista en cripto que había perdido 2.000 dólares, quien colaboró con la identificación de un grupo de billeteras adonde se habrían derivado los fondos de la estafa.
 
Arroyo Salgado ordenó un informe pero no identificó a los dueños ni terminó de certificar una relación de las wallets con $LIBRA, aunque estarían vinculación entre ellas y, se sospecha, a Davis. El empresario más de una vez se jactó de comprar sus propios tokens y, en este caso, ya al día siguiente de la salida a la venta de la moneda impulsada por Milei, fue cuando dijo que se había quedado con 100 millones de dólares que está dispuesto a devolver, solo esperaba instrucciones. Fue un episodio que incluso reactivó la venta de esta moneda. Davis acusó a Milei de dejarlo en banda al borrar su tuit, pero después de tres apariciones públicas, no se supo más de él.
 
La jueza de San Isidro ordenó también congelar las billeteras identificadas e inmovilizar los criptoactivos, en miras a una futura reparación. Confeccionó un exhorto, pero el trámite habría quedado a mitad de camino. La Cámara de San Martín (con decisión unipersonal de Juan Pablo Salas) le sacó la causa. Ahora todo eso pasó al juzgado de Servini, que hará una revisión. A Romeo todavía no lo aceptó como querellante. También difirió por razones burocráticas una definición sobre el pedido de querellar por la sociedad civil del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), una ONG que plantea que solo el tuit de Milei promocionando un negocio privado permitiría imputarle "negociaciones incompatibles con la función pública".
 
Parece evidente que Javier y Karina Milei habrían participado de una estafa, que no se habría concretado sin el impulso del Presidente con el tuit cuyo mensaje era "compre, compre $LIBRA". El negociado se armó con visitantes de la Casa Rosada, marginales del mundo cripto, la familia Davis, que ya venía de cometer un desfalco, con el padre Tom pagando con el traje anaranjado de la prisión y denuncias varias de cobros por mantener una reunión con el presidente libertario. Toda la trama disfruta de un blindaje en Argentina y Estados Unidos. Al menos por ahora, la estafa y los estafadores están protegidos.
 
Por Raúl Kollmann, Irina Hauser
 
Fuente: Página 12
 

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21-02-2026 / 10:02
Mundo desequilibrado. Discuten el futuro de Palestina para convertirla en una Miami del Medio Oriente, pero no consultan a los palestinos. En Argentina, el gobierno de Javier "el Loco" Milei organiza el trabajo como una Disneylandia para empresarios, y no consulta a los trabajadores. A diferente escala, porque en el primer caso se oculta un genocidio. Pero los argentinos trajinan sus propias tragedias con el cierre brutal de empresas y miles de trabajadores lanzados a la calle.
 
El jueves, cuando en Buenos Aires Diputados aprobaba la reforma laboral, en el marco de un paro nacional muy masivo, en Washington el cipayo Milei, se deshacía en elogios al mandatario estadounidense Donald Trump, que se autoproclamó presidente vitalicio del Consejo de la Paz. Trump habló de sus proyectos inmobiliarios de pacificación en Gaza, sin hablar de desmilitarizarla primero, al mismo tiempo que amenazaba, pacíficamente, con bombardear a Irán.
 
En este Occidente en decadencia y tan desigual y desequilibrado suceden cosas insólitas. En medio de su relajado discurso, en el que insistió que "no me interesa el premio Nobel de la Paz, me importa salvar vidas, que quede claro", Trump detuvo su alocución para piropear al presidente paraguayo, Santiago Peña: "un joven hermoso y apuesto, pero a mí no me gustan los hombres jóvenes y apuestos, a mí me gustan las mujeres".
 
Al Consejo de la Paz se unieron 27 países, aunque a la reunión del jueves asistieron también representantes de la mayoría de los latinoamericanos y europeos, que prefirieron mantenerse en calidad de observadores.
 
El martes, cuando Milei abandonó el país, la empresa FATE anunció que cerraba las puertas de su fábrica de neumáticos y dejaba en la calle a 920 obreros. La mayoría de ellos tenía varias décadas de antigüedad en una empresa que se fundó hace 80 años y ha exportado neumáticos a Estados Unidos y Europa, pero no pudo resistir la apertura de las importaciones.
 
La destrucción de la Argentina productiva avanzó a velocidad de la luz con Milei. Primero fue la industria textil, después la de electrodomésticos, y ahora tocó el turno a industrias más consolidadas, como Techint de Paolo Rocca, o Fate de los Madanes.
 
Techint se trasnacionalizó, pero el sesgo progresista distinguió el crecimiento de Fate, con Aluar. El ministro de Economía de Perón, José Ber Gelbard fue socio de los Madanes en Aluar, cuando la empresa acogió a científicos que habían sido expulsados de Ciencias Exactas e Ingeniería por la dictadura de Onganía, como Manuel Sadovsky, Carlos Varsavsky y el ingeniero Humberto Ciancaglini.
 
En ese momento los titulares de la empresa eran Adolfo y Manuel Madanes, quien impulsó la participación de Gelbard y después las de Sadovsky y Varsavsky. Adolfo se resistía a las implicancias políticas que tenía el proyecto de su hermano. El actual dueño, Javier Madanes, es hijo de Adolfo y sobrino de Manuel.
 
Desde la gerencia de Investigación y Desarrollo impulsada por Sadovsky y Varsavsky se crearon mecanismos propios para la producción de aluminio, y se convocó a un grupo de ingenieros que décadas más tarde formaría parte del que fue el emprendimiento privado más estratégico de innovación tecnológica.
 

20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
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