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Nacionales - 20-04-2025 / 06:04
A DOS MESES DE LA CRIPTOESTAFA $LIBRA HAY POCOS AVANCES JUDICIALES Y EMPIEZA A RONDAR LA IDEA DE IMPUNIDAD

Milei bloquea la investigación de la estafa en Argentina y apuesta a que Trump lo proteja en EE.UU.

Milei bloquea la investigación de la estafa en Argentina y apuesta a que Trump lo proteja en EE.UU.
Nadie sabe dónde está Hayden Mark Davis, el principal implicado en la estafa internacional junto a Javier “el Loco” Milei. Los denunciantes sostienen que no aparece a pedido del Gobierno libertario, que bloquea la investigación en Argentina y apuesta a que Donald Trump lo proteja en EE.UU. Aún no se recuperó nada de los 200 millones de dólares evaporados y crece la sospecha de que estaban destinados a financiar la campaña oficialista. Después de admitir que tiene 100 millones de dólares para devolver a la Argentina, Davis se llamó a silencio.
¿Dónde está el empresario Hayden Mark Davis? Se trata del principal implicado, junto con el presidente Javier "el Loco" Milei, en la estafa de la criptomoneda Libra, que causó pérdidas millonarias a cientos de inversores y ganancias que podrían superar los 200 millones de dólares a un puñado de billeteras virtuales. Cuando estalló el escándalo, Davis pedía a gritos ser considerado arrepentido. Pero ahora, en contraste con aquella locuacidad, presentó un abogado y bajó su perfil. No hay que descartar que desde la Casa Rosada le hayan sugerido algo así como "quedate en silencio, que esto lo arreglamos".
 
Milei no lo menciona ni habla del tema. A dos meses del tuit del Presidente sobre Libra, hay pocos avances judiciales y empieza a rondar la idea de impunidad. Pero son muchos los interrogantes que siguen abiertos, tanto en Argentina como en Estados Unidos, donde Donald Trump podría estar condicionando las investigaciones sobre criptomonedas. Mientras tanto, el dinero en de las billeteras virtuales se sigue moviendo.
 
La justicia argentina da vueltas con la burda idea de que Javier y Karina Milei podrían haber ingresado dinero a sus cuentas oficiales. ¿Y si se trataba de fondos en negro para la campaña electoral? Es otro asunto silenciado. En Estados Unidos tampoco se nota demasiada actividad y los fondos no parecen estar inmovilizados.
 
El rumor es que la protección de Donald Trump condiciona al FBI, al Departamento de Justicia y a la SEC (Securities and Exchange Comission), la bolsa de valores. Organismos como este último están en franco retroceso y cada vez se supervisan menos las operaciones cripto. Si Trump quiere proteger a su adulador serial, no necesita de grandes esfuerzos.
  
Hay cierta idea de que en Estados Unidos avanzan a buen paso las investigaciones sobre $LIBRA. No hay indicios de que sea así. Se presentó una demanda civil en Nueva York, en la que Milei aunque es nombrado, está excluido. Allí más de 200 damnificados por comprar el token, inspirados en su recomendación, quieren recuperar su dinero. También existen cuestiones penales en manos de organismos de investigación estadounidenses, pero hay acciones básicas como allanar y buscar a Davis que no parecen haberse realizado.
 
Quienes conocen el sistema penal de ese país no descartan que ciertos movimientos permanezcan en secreto. Un exfiscal neoyorquino haría una nueva denuncia, con aportes del abogado Gregorio Dalbón. Davis, que designó como abogado a Marcos Salt, está virtualmente confeso diciendo que quiere devolver 100 millones de dólares. Una evidencia de que no hay grandes avances es que siguen moviendo dinero de las billeteras. Expertos en cripto señalan que recién ahora se estaría avanzando en el congelamiento.
 
En la causa que tramita en Comodoro Py hay medidas en trámite, no es que no haya nada. Pero desde el comienzo todo se hizo con una parsimonia notable: el primer paso se dio recién una semana después del lanzamiento del token, con simples pedidos de informes y consultas básicas sobre cómo son las regulaciones para operaciones cripto.
 

 
Lo más reciente es que el fiscal Eduardo Taiano, a quien la jueza María Servini le delegó la investigación, pidió el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Milei, de su hermana Karina, y del resto de los imputados argentinos, que son los empresarios Mauricio Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy, y el exasesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales. La decisión es relevante por los personajes. Pero, ¿la suposición es que incorporaron dinero a sus cuentas oficiales? ¿Tan torpes podrían ser? No habría que desechar la hipótesis de que la masa de fondos estafados se iba a utilizar en negro para financiar la campaña electoral.
 
Hasta ahora Taiano señaló los delitos de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho. La teoría sobre posibles pagos de empresarios extranjeros para reunirse con Milei sería una de las líneas "patrimoniales". El fiscal pidió rastrear operaciones desde 2023 (lo que deja afuera parte del mandato de Milei como diputado) y la jueza abrió un "legajo de investigación patrimonial", pero todavía es un enigma qué contiene. Lo que no aparece aún es el posible financiamiento de la política, a pesar de que el tema surge nítido en un video que Terrones Godoy compartió en sus redes.
 
Cuando, poco antes de asumir la presidencia, Trump sacó su memecoin, Terrones Godoy festejó que era un anuncio de que en Estados Unidos "se va a poder hacer de todo en el mundo cripto". Era 21 de enero y agregaba, como si supiera lo que vendría en Argentina: "No va a ser el único presidente o el único político que tenga su token, porque lo que a Trump le permitió esto es tener todo el poder de fuego para financiar partidos políticos e influencia". "Con esto puede poner senadores, diputados, gobernadores". "Lo que se evita es la necesidad de robarle al Estado para hacer política, con esto no hace falta", decía con speech libertario.
 
 
El tiempo es tirano
  
Para la mayoría de quienes compraron $LIBRA, la pérdida de fondos fue en pocas horas. El token se conoció con el tuit de Milei, publicado en X a las 19.01 del 14 de febrero. Solo un grupo de billeteras con información privilegiada invirtieron antes a bajísimo costo y vendieron caro. El resto se confió en la figura presidencial, que compartía el contrato para adquirir el token, que aún no era público. Después de la medianoche, es historia conocida, Milei dijo que no estaba interiorizado, que era un proyecto privado.
 
Aunque las primeras denuncias se presentaron enseguida, los primeros allanamientos fueron el 6 de marzo: la División Antilavado de la Policía Federal fue a la casa de Novelli, a la empresa Tech Forum (que comparte con Terrones Godoy) y al domicilio de Morales. Les secuestraron celulares y otros dispositivos.
 
Cualquiera que se sepa investigado ya habría borrado lo que lo comprometa. En una camioneta Toyota SW4 de Novelli había llaves de cajas de seguridad. Había abierto dos en la sucursal Martínez del Banco Galicia el 4 de febrero, diez días antes del lanzamiento de $LIBRA, les dio un poder a su madre y su hermana, quienes entraron el 17 de febrero, primer día hábil post escándalo. Taiano pidió allanar las cajas el 17 de marzo: como era obvio, ya no encontró nada.
 
El 26 de marzo, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia le informó a Taiano que logró preservar todas las cuentas en redes y las publicaciones de los involucrados, videos de Davis, su hermano Gideon, y de empresarios cripto que hablaron de pagos a funcionarios del gobierno de Milei a cambio de tuits, reuniones o consultorías. Sugirió pedir información sobre la creación de cada cuenta, las tarjetas de crédito y números de teléfono asociados. La semana pasada Servini dispuso mandar exhortos a Estados Unidos dirigidos a Meta, XCorp (de Elon Musk, el amigo de Milei), Google, Linkedin, Amazon. Apunta a verificar interconexiones y pagos.
 
En la misma lista hay un punto de alta relevancia: el pedido de datos para determinar cómo y quién creó la web "Vivalalibertadproject" (que Milei compartió en su posteo con promesas de inversiones). ¿Quién compró el dominio a la empresa GoDaddy? ¿Con qué tarjeta? Las respuestas a los exhortos suelen tardar lo que manda la política. En este caso, todo hace pensar que va a regir la protección de Trump a Milei con dilación o falta de contestación.
 
Será importante saber quién le proporcionó a Milei el contrato para comprar $LIBRA que puso en su posteo. Habrá que ver si surge de algún dispositivo de Novelli, quien junto con Terrones creó la empresa Tech Forum para organizar el foro tecnológico de octubre de 2024 que habría permitido que Davis y el empresario Julian Peh, de Kip Protocol, consolidaran negocios con el Gobierno.
 
Novelli es muy cercano a Milei, quien daba clases en su academia para traders y promocionó tokens suyos denunciados por fraude, como $Vulc. El año pasado fue siete veces la Casa Rosada. Tres coincidió con Davis. Una fue posterior a un viaje donde también coincidieron en Paraguay, junto con Terrones Godoy y Morales. Todavía Taiano no identificó quién sacó y pagó esos pasajes.
 
Uno de los últimos despachos del fiscal dice algo revelador: la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) para el caso $LIBRA creada por el propio Gobierno está vivita y coleando, decidiendo -desde el Ministerio de Justicia- qué y cómo se le manda al fiscal. Es obvio que no investigan nada, menos a sí mismos. Más bien aportan a la dilación.
 
Ejemplo: Taiano había pedido las visitas a la secretaría general de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, y la UTI mandó un documento llamado "Listado ingresosUTI_protected- SECRETARIA GENERAL" pero que necesita un código de acceso. O sea, envió la lista encriptada, y así la fiscalía tiene que reclamar el código y pasan los días.
 
 
Idas y vueltas
  
Servini en un comienzo rechazó que haya querellas (ahorristas que decían haber perdido dinero al comparar $LIBRA). Entonces empezaron las apelaciones, y la Cámara Federal habilitó a tres damnificados -representados por Juan Grabois y su equipo-, que luego se incorporaron a la causa. En Casación intervendrá la Sala II (Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci) porque una de las defensas cuestiona que haya querella. En paralelo, había iniciado una investigación en espejo la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, que tuvo como querellante a Martín Romeo, un especialista en cripto que había perdido 2.000 dólares, quien colaboró con la identificación de un grupo de billeteras adonde se habrían derivado los fondos de la estafa.
 
Arroyo Salgado ordenó un informe pero no identificó a los dueños ni terminó de certificar una relación de las wallets con $LIBRA, aunque estarían vinculación entre ellas y, se sospecha, a Davis. El empresario más de una vez se jactó de comprar sus propios tokens y, en este caso, ya al día siguiente de la salida a la venta de la moneda impulsada por Milei, fue cuando dijo que se había quedado con 100 millones de dólares que está dispuesto a devolver, solo esperaba instrucciones. Fue un episodio que incluso reactivó la venta de esta moneda. Davis acusó a Milei de dejarlo en banda al borrar su tuit, pero después de tres apariciones públicas, no se supo más de él.
 
La jueza de San Isidro ordenó también congelar las billeteras identificadas e inmovilizar los criptoactivos, en miras a una futura reparación. Confeccionó un exhorto, pero el trámite habría quedado a mitad de camino. La Cámara de San Martín (con decisión unipersonal de Juan Pablo Salas) le sacó la causa. Ahora todo eso pasó al juzgado de Servini, que hará una revisión. A Romeo todavía no lo aceptó como querellante. También difirió por razones burocráticas una definición sobre el pedido de querellar por la sociedad civil del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), una ONG que plantea que solo el tuit de Milei promocionando un negocio privado permitiría imputarle "negociaciones incompatibles con la función pública".
 
Parece evidente que Javier y Karina Milei habrían participado de una estafa, que no se habría concretado sin el impulso del Presidente con el tuit cuyo mensaje era "compre, compre $LIBRA". El negociado se armó con visitantes de la Casa Rosada, marginales del mundo cripto, la familia Davis, que ya venía de cometer un desfalco, con el padre Tom pagando con el traje anaranjado de la prisión y denuncias varias de cobros por mantener una reunión con el presidente libertario. Toda la trama disfruta de un blindaje en Argentina y Estados Unidos. Al menos por ahora, la estafa y los estafadores están protegidos.
 
Por Raúl Kollmann, Irina Hauser
 
Fuente: Página 12
 

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17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
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