05:50 | Martes 30 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 18-04-2025 / 08:04

PROHIBIDO NOMBRAR JUECES A DEDO: EL FALLO DE RAMOS PADILLA SOBRE LA DESIGNACIÓN DE LIJO Y GARCÍA-MANSILLA LO PUSO LOCO AL LIBERTARIO

La Justicia le bajó el pulgar a los jueces truchos: Milei no puede nombrarlos por decreto porque es inconstitucional

Un duro mensaje de la justicia a Javier "el Loco" Milei: está prohibido nombrar jueces a dedo. La Justicia le baja el martillo al decreto de Milei y tumban los nombramientos exprés en la Corte. En un fallo destinado a prevenir más avasallamientos del Poder Ejecutivo, el juez Alejo Ramos Padilla estableció que nombrar jueces por decreto es inconstitucional. Lo hizo en la causa por la designación "en comisión" de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema. Ni con decretazos ni con malabares legales. La Justicia puso freno a la jugada de Milei para meter a dedo a dos jueces en la Corte Suprema.

Un duro mensaje de la justicia a Javier "el Loco" Milei: está prohibido nombrar jueces a dedo. La Justicia le baja el martillo al decreto de Milei y tumban los nombramientos exprés en la Corte. En un fallo destinado a prevenir más avasallamientos del Poder Ejecutivo, el juez Alejo Ramos Padilla estableció que nombrar jueces por decreto es inconstitucional. Lo hizo en la causa por la designación "en comisión" de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema. Ni con decretazos ni con malabares legales. La Justicia puso freno a la jugada de Milei para meter a dedo a dos jueces en la Corte Suprema.

El juez federal Ramos Padilla declaró inconstitucional la designación en comisión de Lijo y García Mansilla, una maniobra desesperada de Milei luego de que el Senado le cerrara la puerta en la cara a ambos candidatos. La resolución de Ramos Padilla fue contundente: el artículo 99, inciso 19 de la Constitución no habilita el nombramiento en comisión de jueces del Poder Judicial, mucho menos de la Corte Suprema. En otras palabras, no se puede violar la división de poderes solo porque al Gobierno no le dan los votos en el Senado.

La decisión le advierte al Gobierno que hay una sola forma de nombrar jueces supremos --no dos, como ellos sostienen-- y es a propuesta del Poder Ejecutivo pero con el acuerdo de los dos tercios del total de los miembros del Senado. Es un modo de señalarle al Presidente que no debería repetir el mismo camino y aceptar el del debate y el consenso político. Es un mensaje de acá en adelante.

Como si fuera poco, Milei ya había tenido que aceptar la renuncia de García Mansilla, quien duró en el cargo menos que una historia de Instagram. Asumió, juró, se paseó por los actos oficiales, firmó 215 fallos y luego presentó su renuncia con una carta más larga que su gestión. Todo esto tras ser rechazado en el Senado.

Con esta decisión judicial, se cierra (al menos por ahora) una de las jugadas más polémicas de Milei, que no solo violó la Constitución sino también el sentido común. El juez de La Plata recordó que en los últimos 100 años ningún presidente democrático se animó a semejante despropósito. Ni siquiera los más autoritarios. Milei, por su parte, intentó justificar lo injustificable con una interpretación de la Constitución tan creativa como peligrosa.

Ahora la Corte vuelve a quedar con tres integrantes: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. Lijo, que nunca llegó a jurar, se atrincheró en su cargo original y hasta pidió licencia extraordinaria, que fue elegantemente rechazada por la Corte. Mientras tanto, el resto del país observa atónito cómo Milei intenta avanzar a fuerza de decretos y se estrella contra la realidad institucional.

Milei nombró jueces supremos en comisión con el argumento de que el Senado demoró demasiado el tratamiento de los pliegos y le adjudicó especulaciones políticas. Fue ostensible que quería poner jueces "propios" para que le facilitaran impunidad en hechos de corrupción. El "cualquiercosismo" libertario y la tentativa de colar jueces como si fueran pasantes de verano terminó con un fallo que le devuelve un poco de seriedad al sistema judicial.

La Opinión Popular

EL FALLO DEL JUEZ RAMOS PADILLA SOBRE LA DESIGNACIÓN DE LIJO Y GARCÍA-MANSILLA

Un mensaje de la justicia a Milei: nombrar jueces por decreto es inconstitucional

El juez demuestra la "inconstitucionalidad" del decreto 137/2025 por el que Milei designó jueces de la Corte en comisión. La Rosada puede apelar.

Aunque uno ya renunció y el otro nunca asumió y para ambos sus pliegos fueron rechazados por el Senado, el juez Alejo Ramos Padilla sentenció que la designación por decreto como jueces en comisión de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo es "inconstitucional e inconvencional". Lo hizo en el contexto de un amparo colectivo, impulsado por el CEPIS, Poder Ciudadano, ACIJ, CELS eINECIP y Fernando Cabaleiro, que pedía invalidar el decreto 137/2025 con el que Javier Milei dispuso esos nombramientos y en el que estaba pendiente un fallo sobre la cuestión de fondo.

Poner jueces por decreto, señala el fallo de Ramos Padilla, "es violatorio "de la forma republicana de gobierno, de la división de poderes, de la independencia del Poder Judicial y de la garantía del juez imparcial". A la vez deja a salvo, al dar por válidas, las decisiones que tomó García Mansilla en sus 40 días en la Corte: 214 sentencias y más de 30 resoluciones administrativas. Dice que es para evitar "perjuicios innecesarios a los destinatarios de dichas resoluciones y generar un panorama de incertidumbre e inseguridad jurídica".

El tribunal le había tomado juramento el 27 de febrero, en un acto secreto, y a partir de ahí participó en los acuerdos. Contra la postura del Gobierno la sentencia dice que la jura no validaba la designación por decreto. La propia Corte lo aclaró en la acordada que rechazó otorgarle licencia como juez federal a Lijo, lo primero que firmó García Mansilla en su breve paso por el tribunal. Fue un modo de sentar posición, lo que llamó la atención porque con las firmas de Horacio Rosatti y Carlos Ronsenkrantz, al ser un asunto de superintendencia, no era necesaria la suya.

¿Los jueces son empleados?

Milei nombró supremos en comisión con el argumento de que el Senado demoró demasiado el tratamiento de los pliegos y le adjudicó especulaciones políticas. Fue ostensible que quería poner jueces "propios" a como diera lugar. El argumento fue que cuando el artículo 99 inciso 19 de la Constitución dice que el Presidente puede "llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura", el concepto incluye a los magistrados.

Pero según Ramos Padilla el Gobierno ignora los pilares de la reforma constitucional de 1994 y dice que después de ella "sólo puede interpretarse válidamente el término empleos a embajadores, ministros plenipotenciarios y otros cargos dependientes exclusivamente del Poder Ejecutivo Nacional, cuyo nombramiento requiere acuerdo del Senado, excluyendo así a los integrantes de un poder independiente del Estado".

"Hay una diferencia sustancial entre esos empleos y los integrantes del Poder Judicial. Los primeros dependen del Poder Ejecutivo Nacional e integran la Administración Pública, mientras que los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación son la cabeza de otro poder del Estado, que debe mantener independencia del Poder Ejecutivo Nacional para que no se subvierta la división de poderes y el régimen republicano de gobierno", dice el fallo. Plantea que se afectaría no sólo la división de poderes en general sino la que separa al Poder Judicial del Ejecutivo.

Y advierte algo señalado por numerosos constitucionalistas: "Este atajo inconstitucional permitiría designar a una misma persona en comisión como miembro de la Corte Suprema cada vez que el Senado entre en receso", "a total discrecionalidad". Esto es más grave, agrega, teniendo en cuenta que el Ejecutivo no tiene plazo para mandar nuevos pliegos al Senado y éste no puede designar por sí mismo sino que hace falta la voluntad de ambos poderes.

La clave de lectura que marca de la reforma constitucional de 1994 es que "buscó atenuar el presidencialismo y fortalecer el federalismo, el rol del Congreso y la división de poderes, creando un sistema de nombramiento de magistrados más transparente y consensuado".

El Gobierno se corre de esa línea. "La interpretación que permite al Poder Ejecutivo Nacional evadir la necesidad de alcanzar consensos políticos (...) compromete la estructura del sistema democrático, republicano y federal..." El Poder Ejecutivo, como ya lo hizo ante la medida cautelar que impedía a García Mansilla firmar fallos y a Lijo, jurar, también puede apelar. Habrá que ver si mantienen la pelea.

En los últimos cien años

Tanto en los fundamentos del decreto como en sus presentaciones judiciales, el Gobierno decía que el nombramiento de jueces en comisión era una práctica constitucional habitual. "No existe una práctica constitucional sostenida de nombramientos en comisión de jueces de la Corte Suprema, sino que se trató de una práctica que, luego de la primera década del siglo XX, cayó en desuso respecto de los jueces de la Corte y se tornó directamente inexistente para todos los magistrados tras la reforma constitucional de 1994", refuta Ramos Padilla.

En los últimos cien años, precisa, "de los más de 75 magistrados que integraron la Corte Suprema" "sólo uno asumió como juez en comisión mediante decreto dictado por un presidente elegido democráticamente por el voto popular: el Dr. Manuel José García-Mansilla".

Ni supremos ni jueces inferiores

El juez subraya que tanto al interpretar la Constitución actual, las pautas de la Corte y las expresiones de los constituyentes que reformaron la carta magna y establecieron el actual sistema de nombramiento "evidencia que nuestra Constitución solo autoriza la designación de jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores a través del mecanismo previsto en el artículo 99, inciso 4 de la Constitución".

No hay, dice el juez, un "doble sistema". "Interpretar --afirma-- tal como lo ha hecho el Dr. García-Mansilla que el constituyente tácitamente decidió sostener una práctica que ningún gobierno democrático había utilizado desde el año 1910, y que se vincula a un artículo de la Constitución Nacional que no hace mención ni los jueces ni mucho menos a los miembros de la Corte Suprema, resulta manifiestamente inadmisible".

"El nombramiento en comisión del Dr. García-Mansilla y el Dr. Lijo no resulta constitucionalmente válido", concluye Ramos Padilla. También alerta que la falta de certeza sobre cómo deben ser elegidos los supremos "se irradia en cada una de las instituciones del país y afecta el normal funcionamiento del Estado de Derecho". Un sistema de nombramiento de jueces "que garantice la independencia judicial así como la aprobación por parte de una mayoría agravada en el Senado", reitera, es algo acorde a precedentes de la propia Corte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

¿Solo tres supremos?

Uno de los argumentos oficiales fue que la Corte no podía funcionar con tres miembros, que quedaría paralizada. Ramos Padilla dice que más allá de que sería recomendable cubrir las vacantes en base a datos del funcionamiento del tribunal "no se observó la paralización de dicho órgano ni una afectación de su correcto funcionamiento".

El mismo alto tribunal dijo que puede funcionar con tres integrantes implementando un mecanismo de integración con conjueces en casos donde no se logra mayoría para una decisión. "El nombramiento en comisión del Dr. García-Mansilla resulta más perjudicial para el sistema de administración de justicia, la división de poderes y la independencia judicial que acudir a la designación de conjueces...", dice la sentencia. Aseguró que su decisión "no invade la esfera de ningún otro poder, sino que se trata del ejercicio de la función más esencial que se ha encomendado a los jueces de la Nación: el control de constitucionalidad de los actos de gobierno".

La Corte, como quedó claro esta semana, se reúne, delibera y hasta da señales políticas, como lo hizo con la causa Vialidad, donde debe revisar la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, un caso donde se verá si dejan el camino despejado para su eventual candidatura o si le obturan se a posibilidad y aumentan las posibilidades de detención. Este martes el tribunal, además, informó que firmó 282 resoluciones.

¿Y la equidad?

Aunque no era parte de la discusión en la causa, Ramos Padilla señala que "no puede dejar de repararse que en tanto se propuso a dos varones como candidatos para integrar una Corte exclusivamente integrada por varones, esa decisión sería contraria también a la obligación del Estado Argentino de adoptar medidas concretas para garantizar la participación igualitaria de las mujeres en todos los niveles de toma de decisiones y las específicas recomendaciones del Comité de la CEDAW".

Por Irina Hauser

Fuentes: Página 12 y Agencia Nova

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".

28-12-2025 / 12:12

Al revés de lo que pretende Milei, las empresas remarcan para amortiguar caída de ventas y pérdidas millonarias

Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.

Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.

Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.

Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.

Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.

Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.

PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.

Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.

En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.

Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.

27-12-2025 / 09:12

Defendiendo lo indefendible: El apoyo a Milei fue contra los intereses de la mayoría que lo votó, aunque ellos se ilusionan con lo contrario

Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.

Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.

El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.

Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.

En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.

Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.

Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.

Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.

En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza.

26-12-2025 / 07:12

El Loco Milei contra la Iglesia Católica: Una relación que va de fría a congelada

Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.

Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.

Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".

Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".

Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.

El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.

El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).

A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.

"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.

La Opinión Popular

24-12-2025 / 11:12

Corrupción libertaria en la Agencia Nacional de Discapacidad: El exnúmero dos niega todo y deja a Spagnuolo como el corrompido de las compras truchas

La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.

La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.

En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.

Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.

En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.

Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".

El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.

Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.

La Opinión Popular