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Entre Ríos - 15-04-2025 / 16:04
VIOLENCIA INSTITUCIONAL DE MACHIRULO CONTRA MUJER

Denuncia de Laura Stratta a Gustavo Hein: Instan a crear un protocolo contra la violencia de género

Denuncia de Laura Stratta a Gustavo Hein: Instan a crear un protocolo contra la violencia de género
La Justicia exhortó a ambas cámaras de la Legislatura "a que, en el marco de sus facultades reglamentarias, procedan a implementar -a la mayor brevedad posible- un protocolo de actuación para prevenir, sancionar y erradicar casos de violencia de género dentro del ámbito parlamentario". La medida, dispuesta por el titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 5, Juan Marcelo Micheloud, se dio en el marco del proceso por violencia institucional que inició en marzo de 2024 la jefa del bloque de diputados del PJ, María Laura Stratta, contra el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein (Juntos).
La Justicia exhortó a ambas cámaras de la Legislatura "a que, en el marco de sus facultades reglamentarias, procedan a implementar -a la mayor brevedad posible- un protocolo de actuación para prevenir, sancionar y erradicar casos de violencia de género dentro del ámbito parlamentario".
 
La medida, dispuesta por el titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 5, Juan Marcelo Micheloud, se dio en el marco del proceso por violencia institucional que inició en marzo de 2024 la jefa del bloque de diputados del PJ, María Laura Stratta, contra el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein (Juntos).
 
En primera instancia, la jueza civil y comercial Nº 4 Elena Albornoz había rechazado la presentación de Stratta. Pero la Cámara en lo Contencioso Administrativo hizo lugar a la denuncia y revocó lo resuelto en primera instancia.
 
Con la firma de los jueces Adriana Acevedo y Marcelo Baridón, la Cámara dispuso el 25 de marzo de 2024 «como medida de tutela anticipada que el denunciado Gustavo Hein deberá abstenerse en lo sucesivo y hasta que finalice la presente causa de efectuar pronunciamientos públicos por cualquier medio de difusión sobre cualquier pormenor y/o circunstancia atinente a la presente y/o a su sustanciación, sin perjuicio de los derechos procesales y sustanciales de los que dispone, debiendo recordar y honrar el mandato legal que impone reserva y confidencialidad a actuados de esta naturaleza, artículo 6 inciso e) de la ley 10.956. La medida deberá ser notificada al denunciado en su domicilio real mediante cédula, con habilitación de días y horas inhábiles (artículo 9 de la ley 10.956)".
 
Ahora, el juez Micheloud, que siguió el trámite del proceso, ordenó que esa medida de tutela anticipada se mantenga hasta tanto el fallo haya adquirido firmeza.
 
Además, el magistrado exhortó "a las autoridades de las cámaras legislativas a que verifiquen el estricto cumplimiento de la capacitación obligatoria y permanente en la temática de género y violencia contra las mujeres establecida por la ley provincial 10768, facilitando a quienes integren cada cuerpo -en todos  sus niveles y jerarquías- las instancias de capacitación correspondientes".
 
A mediados de marzo, y durante una reunión de Labor Parlamentario, hubo un entredicho entre Stratta y Hein que la legisladora entendió como violencia de género. En su denuncia, señaló que Hein le respondió de manera agresiva gritándole ante todos los presentes descalificando su labor y humillando sus aportes.
 
Destacó el contenido estereotipado de sus intervenciones, con frases como "no hay nada que te venga bien", "vos tenés algo personal conmigo", "siempre ponés palos en la rueda, con vos no se puede Laura todo te molesta", "tengo que bancarme que me critiquen callado la boca". Stratta señaló que esta última frase fue en alusión a otras sugerencias que se le habían realizado en otras instancias. Describió en su presentación que se sintió humillada, evaluando incluso, y así se lo hizo  saber a sus compañeros de bloque, renunciar, por temor a su integridad".
 
 
Hein en Tribunales: "Nos hemos puesto a derecho"
 
El juez Micheloud se valió de la opinión del equipo técnico interdisciplinario (ETI) de Tribunales y sostuvo: "Atento a lo considerado precedentemente y a que la magistratura debe velar porque se vea salvaguardado el derecho de acceso a la justicia, entiendo que en la reunión de comisión de labor parlamentaria del día 13.03.2024 se produjo una situación que se extralimitó del marco propio del desempeño de la función de quienes integran el cuerpo legislativo y que, por las razones antes apuntadas y en el especialísimo caso concreto, no puede quedar amparada en la inmunidad de opinión y ver impedida su consideración en esta instancia judicial".
 
Y sumó: "En efecto, la conducta y las expresiones cuestionadas -si bien fueron vertidas en el ámbito parlamentario- se revelan como alusiones de carácter personal hacia la denunciante que escapan al marco de desarrollo propio de una reunión de comisión".
 
"En dicho marco, entiendo que la respuesta del denunciado en dicha reunión fue desmedida e inadecuada en relación con el planteo efectuado por la diputada S., fundamentalmente por haber sido efectuada en términos personales (vos tenés algo personal conmigo), con algunas expresiones que pueden tener un sesgo discriminatorio de género, y generando abruptamente una situación de tensión en la que la diputada se sintió claramente agredida".
 
Así, el juez invitó "a reflexionar sobre el impacto de nuestros gestos y palabras cotidianas y a fomentar debates constructivos con exclusión de todo tipo de violencia. A lo anterior se suma que, en calidad de servidoras y servidores públicos, quienes ejercen una función pública, deben tener en cuenta el amplio alcance y los eventuales efectos que sus expresiones pueden tener en determinados sectores de la población. Ello se ve acentuado en ciertos contextos sociales o políticos".
 
Fuente: Entre Ríos Ahora
 

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Una parte significativa del superávit fiscal que el gobierno centralista y porteño de Javier Milei afirma registrar desde diciembre de 2023 se basa en la retención indebida de fondos que, por ley, corresponden a las provincias y que se recaudan en ellas. Según un informe de la consultora Politikón Chaco, en los primeros once meses del año, la administración libertaria habría retenido recursos no distribuidos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por una cifra cercana a los $ 730 mil millones. Pese a esta situación, el gobernador Rogelio Frigerio jamás ha presentado un reclamo contundente.

Estos ATN se integran con fondos recaudados a través de impuestos que componen la masa de la Coparticipación Federal. El monto total a entregar rondaba los $ 850 mil millones, pero solo una parte ínfima fue distribuida a 15 provincias, sin un criterio de distribución igualitario. Este panorama se reconfigura constantemente a favor del Gobierno nacional, que apela al "método Kueider" y en detrimento de los intereses del interior federal, alumbrando nuevos desafíos.

El Gobierno de Milei utiliza estos recursos retenidos como una herramienta extorsiva para conseguir respaldo en el Congreso Nacional para la sanción de las leyes clave de su proyecto "anarcocapitalista". La debilidad de ciertos gobernadores, que se traslada a sus representantes legislativos, obedece a la urgente necesidad de contar con fondos para programas provinciales vitales. Esta presión se impone por encima de los convencimientos personales o las ideologías de los mandatarios.

Se les fuerza, mediante intimidación o amenazas, a actuar en contra de sus propias posiciones políticas para obtener un beneficio económico con recursos que legalmente les corresponden. La demanda de estos fondos es crítica para el sostenimiento de: programas de educación, salud y transporte, conclusión de viviendas paralizadas y mantenimiento de rutas nacionales, cuya prioridad fue abandonada por el Gobierno libertario.

La convalidación del superávit en las cuentas públicas se logra, en gran parte, mediante el saqueo de recursos legítimos que pertenecen a las provincias y el abandono de obligaciones que competen al Estado nacional en la organización del país. El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 contempla una partida de apenas $ 122.763 millones para atender estas transferencias, una cifra que los gobernadores han calificado de insuficiente. La exigencia mínima para cubrir los déficits reales de sus jurisdicciones asciende a $ 900.000 millones.

Además, Milei ha dejado claro que no piensa restituir las transferencias a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, desentendiéndose por completo de sus obligaciones. La Corte Suprema de Justicia ha adoptado una postura de espera, supeditando una definición sobre las cajas provinciales a que la Nación avance en la anunciada reforma previsional. Mientras tanto, el envío de fondos jubilatorios se ha paralizado, para asegurar que seremos la nación más grande y exitosa en la historia de la humanidad y el hogar de la libertad en el mundo, según Milei.

En concreto, el Gobierno nacional no garantiza los fondos para estas 13 Cajas de Jubilaciones. Entre Ríos, por ejemplo, recibe a cuentagotas el aporte para cubrir el déficit de su Caja, a pesar de que este compromiso fue asumido por la Nación en 1994, con la puesta en marcha del anterior esquema de jubilación privada. 
Por eso, hace 8 meses que no aumenta las jubilaciones. Esta situación se agrava con el accionar de Frigerio, en  la incorporación de personal en modalidades informales con escasos o nulos aportes a la Caja, y el impacto de los bonos de aumento no bonificables que no llegan a los jubilados.


El actual esquema de reparto de recursos, con parches y distribución no automática, permite el manejo político de fondos por parte de la administración central libertaria, favorecen el clientelismo y perjudican la productividad regional. La tan anunciada reforma impositiva, que el Gobierno presentaría en febrero, debería corregir estas distorsiones. Es que ganaron 40 a 35, no 80 a 20.


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