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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 13-04-2025 / 09:04
PRESENTACIÓN FESTIVA DEL FRACASO

Acuerdo con el FMI: Devaluación cercana al 30%, fin de los subsidios, privatizaciones, reformas estructurales y giro contra China

Acuerdo con el FMI: Devaluación cercana al 30%, fin de los subsidios, privatizaciones, reformas estructurales y giro contra China
El nuevo acuerdo con el FMI marca el verdadero inicio del programa económico exigido por Estados Unidos: una devaluación cercana al 30%, el fin de los subsidios, privatizaciones, reformas estructurales y un giro geopolítico contra China. Tras dos meses de resistencia, Javier "el Loco" Milei y Luis "Toto" Caputo cedieron y aceleraron las medidas. El Tesoro norteamericano ya pisa Buenos Aires para garantizar el cumplimiento. Washington pide mucho más que ajuste: quiere influir en el gabinete, quedarse con recursos estratégicos y allanar el camino a una eventual dolarización.
El nuevo acuerdo con el FMI marca el verdadero inicio del programa económico exigido por Estados Unidos: una devaluación cercana al 30%, el fin de los subsidios, privatizaciones, reformas estructurales y un giro geopolítico contra China. Tras dos meses de resistencia, Javier "el Loco" Milei y Luis "Toto" Caputo cedieron y aceleraron las medidas. El Tesoro norteamericano ya pisa Buenos Aires para garantizar el cumplimiento. Washington pide mucho más que ajuste: quiere influir en el gabinete, quedarse con recursos estratégicos y allanar el camino a una eventual dolarización.
 
La "tercera fase del programa económico" de Milei y Caputo es, en realidad, la primera fase del programa económico dictado desde Washington para el gobierno argentino. El dólar no se cayó como un piano, como anticipaba el presidente, sino que sufrirá una nueva devaluación, cercana al 30 por ciento, que invita a imaginar un nuevo salto después de las elecciones de octubre. Exactamente lo contrario a lo planeado. El fracaso es completo.
 
La visita del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, que este lunes se hará un hueco en la agenda durante el punto álgido de la más grande guerra comercial de la historia moderna para llegar a Buenos Aires con el acuerdo ya firmado, sólo puede explicarse si viene a controlar su aplicación. Entre las condiciones que se conocieron hay reformas estructurales regresivas y el fin de los subsidios a la energía. Hay otras que no figuran en los documentos públicos.
 
La salida del cepo, a las apuradas, responde menos a una estrategia macroeconómica que a una exigencia de Estados Unidos y a la necesidad de tapar con algo que parezca una buena noticia el dato de inflación de marzo, que echó por tierra el último capital simbólico del gobierno. Sin reservas, con devaluación y precios otra vez retroalimentados, pidiendo la escupidera al FMI y aplicando más ajuste va a ser difícil explicar el sentido del sacrificio que se hizo hasta ahora.
 
Este mismo acuerdo con el Fondo estaba sobre la mesa desde comienzos de febrero, pero se demoró dos meses por la resistencia de Milei y Caputo a devaluar y sacar el cepo. El viaje fallido a Mar-a-Lago, donde esperaban pedirle personalmente a Donald Trump una dispensa, les hizo entender finalmente, que no habría desembolso sin que se cumplan esas dos condiciones. Durante esos dos meses las reservas del Banco Central cayeron 5 mil millones de dólares.
 
Desde el regreso de Mar-a-Lago todo se precipitó en tiempo récord, lo cual da cuenta de que las negociaciones ya estaban en estado avanzado. El 4 de abril el presidente y el ministro de Economía desairados aterrizaron en Buenos Aires. El 8 de abril se publicó el Acuerdo Técnico. El 12 de abril el directorio del FMI aprobó el nuevo programa en una reunión en cuya agenda originalmente no iba a tratarse el caso argentino. Se completó en cuatro días algo que suele tomar semanas.
 
Esto no habría sido posible sin el apoyo de la Casa Blanca, que se encargó de hacer saber que supervisa de cerca las negociaciones a través de Mauricio Claver Carone, un halcón que ya había facilitado el préstamo de 55 mil millones a Mauricio Macri. Mientras Milei estaba en Mar-a-Lago esperando la foto que nunca iba a llegar, él a pocos kilómetros hacía explícito uno de los puntos del acuerdo no escrito: para contar con Trump, Milei debe alejarse de China.
 

 
"Nosotros queremos que el presidente Milei tenga éxito, que su gestión tenga éxito. Entendemos primero el enorme sacrificio que ha llevado a cabo con todas las reformas fiscales que ha llevado a cabo. Es admirable, el mundo debe mirarlo en ese sentido. Es algo estamos haciendo aquí en los Estados Unidos. Un tema que sí nos preocupa en Argentina sigue siendo el papel de China", dijo en una charla abierta de la que participó el periodista Andrés Fidanza.
 
"Si bien no me quiero entrometer en la negociación que están llevando a cabo con el Fondo Monetario Internacional, porque queremos que tenga éxito, lo que sí eventualmente quisiéramos ver es que termine la famosa línea de crédito que tiene Argentina con China. Queremos asegurarnos que ningún acuerdo con el Fondo Monetario termine prolongando esa línea de crédito o ese swap que tienen con China", continuó.
 
"Si hacemos eso nos estamos tirando un tiro en el pie. En definitiva, que las medidas que pueda tomar Argentina y el programa que va a tomar Argentina llegue a un fin definitivo, porque esa línea de crédito es extorsiva. Y mientras mantengan esa línea de crédito, siempre China va a poder extorsionar. Así que para nosotros la meta con el programa del Fondo es que no refuerce la posición de China con esa línea de crédito. Esa es nuestra prioridad en cuestión geopolítica".
 
El jueves el Banco Central emitió un comunicado que informaba que la renovación del total del tramo activado del swap, que consiste en 5 mil millones de dólares. La noticia fue interpretada por prácticamente todos los medios como un desafío a Claver Carone, una lectura que no tiene sentido en el contexto, en las vísperas de que se confirmara el acuerdo con el Fondo y con un viaje del secretario del Tesoro por delante. Lo que sucedió en realidad fue más bien lo contrario.
 
La confusión reside en que usamos la misma palabra, swap, para nombrar dos mecanismos diferentes. Por un lado, una maniobra contable por 18 mil millones de dólares, que engrosan las reservas del Banco Central pero sólo pueden usarse para el comercio bilateral. Por el otro, una activación de una parte de esos 18 mil millones, más parecida a un préstamo tradicional, equivalente a 5 mil millones, que negoció Sergio Massa para pagarle al FMI y operar en el mercado cambiario.
 
Esa segunda parte del swap se ejecutó entre junio y julio de 2023 y debía repagarse, junto con intereses, un año más tarde. A mediados de 2024, cuando el blanqueo todavía estaba en el horizonte y el gobierno de Milei se encontraba bajo apremio financiero, acordó cerrar esa línea de crédito con doce meses de gracia, por lo que esos 5 mil millones tenían que devolverse entre junio y julio de este año como paso previo para cancelar el otro swap, el de 18 mil millones, en 2026.
 
La renovación que anunció el Banco Central no es otra cosa que una nueva extensión de ese plazo, que patea hasta el año que viene la devolución del crédito ejecutado por Massa en 2023. No implica fondos frescos para la Argentina ni significa un desplante para Estados Unidos. Por el contrario, confirma que no se van a usar los dólares que ingresen por el acuerdo con el FMI para cancelar deuda con China. Exactamente lo que se proponía evitar Claver Carone.
 
Los norteamericanos sospechaban de una maniobra de Caputo, en quien no confían, para acordar con Beijing la devolución a término de los 5 mil millones que usó Massa a cambio de una segunda activación, más cuantiosa, que alivie las arcas del Banco Central. El anuncio, a comienzos de abril, 60 días antes, de que va a postergar ese vencimiento debe leerse como una señal a Washington en vísperas del acuerdo con el FMI y de la visita de Bessent. En 2026 se acaba el swap.
 
El domingo pasado anticipamos en estas líneas que "la Casa Blanca espera que el gobierno argentino rompa lazos con China, salga del Mercosur y le dé a empresas norteamericanas acceso preferencial a los recursos estratégicos, además de reformas estructurales, privatizaciones e influencia en el nombramiento de posiciones clave del gabinete a cambio de un apoyo que va más allá del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional".
 
El miércoles Milei viajó a Paraguay a ver a su par Santiago Peña. Juntos boicotearon a pedido de Estados Unidos la declaración de consenso de la CELAC, que esta semana sesionó sin representantes argentinos. El viernes los cancilleres del Mercosur se reunieron en Buenos Aires. Bajo la amenaza de romper el bloque hubo un compromiso para flexibilizar los aranceles comunes para negociar con Washington a partir del cambio de la política arancelaria de Trump.
 
Las reformas estructurales asoman en los documentos del BCRA y el FMI que anunciaron el nuevo programa. El gobierno se compromete a modificar el esquema de jubilaciones durante el año 2026 y también a hacer modificaciones en la normativa en materia laboral y fiscal, incluyendo una baja de retenciones y eliminación del monotributo. También se dará de baja la segmentación tarifaria en materia energética, terminando con los subsidios en ese área.
 
Las privatizaciones también tuvieron un impulso el viernes: por una resolución de la IGJ Milei convirtió en sociedades anónimas Fabricaciones Militares, Télam, la Administración General de Puerto y otras empresas públicas. El mismo día se publicó un decreto que pone en marcha el proceso de venta de las centrales hidroeléctricas de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Aguila. Las cuatro recibieron fuertes inversiones públicas y hoy resultan superavitarias.
 
Los cambios en el gabinete parecen inminentes. El discurso de Caputo fue interpretado por actores del mundo financiero como una despedida, con dedicatoria a la familia y todo. En Casa Rosada desde hace tiempo hablan de reemplazarlo después de la salida del cepo, que comenzará a concretarse a partir de mañana. El canciller Gerardo Werthein está en la cuerda floja tras el papelón de Mar-a-Lago y el jefe de Gabinete Guillermo Francos es un permanente candidato a eyectar.
 
Lo curioso es que el candidato para reemplazar a los tres es el mismo: Federico Sturzenegger, autor intelectual de la salida del cepo, pulseada que ganó contra la voluntad de Caputo. El actual ministro de Desregulación es un hombre muy bien vinculado en Washington, donde hicieron saber de varias maneras que verían con buenos ojos su desembarco en un rol de mayor protagonismo. Todo parece indicar que el hombre que quebró a la Argentina dos veces va a tener otra oportunidad.
 
En cuanto a los negocios, esta semana pasó por la Argentina una comitiva de quince empresarios norteamericanos que están de gira por la región. Se dividen en dos grupos: los que vienen a vender cosas, representantes de empresas de seguridad, salud y telecomunicaciones, sectores con alto valor agregado, y los que vienen a llevarse cosas, de los rubros de energía y minería. La vieja división mundial del trabajo sigue viva en el nuevo capitalismo que dice querer inventar Trump.
 
Es temporada alta de saqueo. También estuvo en el país esta semana Ashok Pinto, funcionario del Departamento de Comercio para Mercados Globales. Su agenda es sugestiva. Visitó las instalaciones de Exolgan, empresa que opera la terminal portuaria de contenedores en la punta de entrada y salida de la Hidrovía, y tuvo encuentros cara a cara con los secretarios de Minería, Luis Lucero, y Energía, María Tettamantti del gobierno nacional.
 
En ambos encuentros estuvo acompañado por la encargada de Negocios de la Embajada, Abigail Dressel, que encabeza la delegación diplomática desde la asunción de Trump y mientras no se concrete la designación del nuevo embajador. Dressel ha estado muy activa desde el primer día y su actividad también da cuenta de cuáles son las prioridades de Washington por estas latitudes: recursos naturales y seguridad geoestratégica.
 
En poco más de dos meses Dressel ya tuvo reuniones con todos los gobernadores patagónicos: Ignacio Torres (Chubut) el 5 de febrero, Claudio Vidal (Santa Cruz) el 7 de febrero, Alberto Weretilneck (Río Negro) el 18 de febrero, Gustavo Melella (Tierra del Fuego) el 5 de marzo y Rolando Figueroa (Neuquén) el 3 de abril. Visitó Ushuaia y Vaca Muerta, además de IMPSA, metalúrgica especializada en sectores estratégicos, la primera privatizada de Milei, ahora en manos norteamericanas.
 
La misma fuente que anticipó a El Destape las exigencias extraoficiales de Estados Unidos para apoyar en la firma de un nuevo programa con el FMI, que se han ido cumpliendo, señaló que en el paquete que se estaba diseñando entre los dos países estaba incluída una ayuda financiera que permitiría la dolarización de la economía argentina, una promesa de campaña de Milei que nunca abandonó, de acuerdo a declaraciones oficiales del presidente y sus asesores.
 
En su primer año de mandato esa idea chocó con la resistencia del propio gobierno norteamericano, aún en manos de Joe Biden, que desaconsejaba esa maniobra. Sin embargo la llegada de Trump le dio nuevo impulso a la iniciativa, que el presidente argentino nunca abandonó porque considera que es la única manera de evitar que un futuro gobierno deshaga las reformas que él está aplicando. Lamentablemente, en eso tiene razón.
 
Embarcado en una guerra comercial con China para sostener al dólar como moneda de reserva global, la perspectiva de que un país del tamaño de argentina lo adopte en este momento crucial se ajusta al relato trumpista y a su mirada que divide el mapa mundial en un Yalta moderno, donde la Argentina, como todo el continente, pertenece a su patio trasero. La ayuda financiera excepcional del Tesoro norteamericano que anticipan en el gobierno sería para facilitar la transición.
 
En una entrevista con Radio Mitre a comienzos de este enero el presidente argentino volvió a decir que su plan era la dolarización una vez que se completara el saneamiento del Banco Central y que mientras tanto fomentaría la competencia de monedas para facilitar la adopción del dólar. Cada paso que dio desde entonces es compatible con esa decisión. Con Milei y con Trump sucede que muchos se soprenden cuando hacen lo que dijeron que iban a hacer.
 
Es un grave error que les da margen de tiempo y maniobra para llevar a cabo sus planes.
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
La Opinión Popular
 

04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
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