14:16 | Martes 09 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Entre Ríos - 11-04-2025 / 11:04

QUIERE QUE EL JEFE DE GABINETE DE LA NACIÓN CONTESTE

En 6 puntos, Bordet interpela a Francos: Incluye la planta de hidrógeno, excedentes de Salto Grande y obras públicas

"La interpelación al jefe de Gabinete representa una oportunidad institucional para ejercer el control democrático sobre las acciones del Poder Ejecutivo", expresó el exgobernador Gustavo Bordet al adelantar los requerimientos que le hizo llegar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que se presentará la semana próxima en la Cámara de Diputados.

"Para Entre Ríos, resulta fundamental saber con claridad qué obras, programas y recursos se están ejecutando, suspendiendo o redirigiendo, ya que de ello dependen tanto el desarrollo económico como la contención social de miles de entrerrianos", afirmó Bordet.

Bordet dio a conocer las consultas que fueron recepcionadas el 28 de marzo y deberán ser respondidas el 16 de abril en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, al momento de brindar su informe de gestión el jefe de gabinete, Guillermo Francos:

1. Detalle las acciones realizadas por el Gobierno Argentino ante la República Oriental del Uruguay en el marco de los tratados internacionales entre nuestras naciones, en relación al cuidado del medio ambiente, ante la posible instalación en Paysandú Uruguay de una Planta de Hidrógeno Verde, frente a la ciudad de Colón, Entre Ríos.

2. Detalle la programación de las inversiones en Obras Públicas nacionales en ejecución y a ejecutarse en la Provincia de Entre Ríos en 2025 y en años siguientes. Describa montos y avances físicos previstos en relación a cada una de las obras de rutas, agua potable, cloacas, defensa contra inundaciones. Estado de cumplimiento del Acuerdo Marco de Colaboración en Materia de Obras Públicas firmado el 4 de junio de 2024 entre el Gobierno de Entre Ríos y la Secretaría de Obras Públicas de Nación, situación de cada una de las obras detalladas en cada uno de los anexos.

3. Detalle el estado actual de la licitación del Corredor 18 (Rutas 12 y 14, Puente Rosario Victoria) como parte de la Red Federal de Concesiones Viales, en el marco de las Audiencias Públicas realizadas con este objetivo. Especialmente se solicita informe acerca de la situación laboral de los empleados de la actual empresa concesionaria (Caminos del Ríos Uruguay SA). Detalle plazos de concesión, localización de los peajes autorizados, montos de cada peaje, moneda, cláusulas de ajuste, inicio del cobro de los peajes, y demás detalles pertinentes.

4. Informe de las gestiones realizadas por el Gobierno Nacional para la cancelación de las deudas de la ANSES con la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos en cumplimiento de los Pactos Fiscales firmados oportunamente entre Nación y Provincias. Se solicita informe monto total de la deuda, estado de las auditorias, anticipos pagados en 2024, programación de pago de los anticipos para 2025 y años siguientes, situación de los reclamos judiciales en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

5. Informe de las gestiones realizadas por el Gobierno Nacional para la cancelación de las deudas por Regalías y/o Excedentes de la represa Binacional de Salto Grande, con la Provincia de Entre Ríos. Informe del estado de los reclamos administrativos y judiciales realizados por la Provincia de Entre Ríos en relación al tema. Describa las acciones tendientes realizadas a efectos de obtener una menor tarifa de la energía eléctrica para los entrerrianos, generadores de energía con la represa, en cumplimiento de los objetivos del Tratado de Argentina con el Uruguay de 1946.

6. Informe sobre el Acuerdo entre el Gobierno de Entre Ríos y el Ministerio de Economía de Nación sobre el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, detallando las deudas en concepto de Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, compensación por el Consenso Fiscal, convenios de Viviendas y otras obras públicas.

"El federalismo debe traducirse en decisiones concretas y en una presencia real del Estado nacional en cada rincón del país. Por eso, la rendición de cuentas y el seguimiento de los compromisos asumidos no son un capricho político, sino una necesidad institucional para defender los intereses provinciales", puntualizó Bordet.

Fuente: Prensa Bordet

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Frigerio, el centralismo porteño y el saqueo inaceptable de fondos que son de las provincias

Una parte significativa del superávit fiscal que el gobierno centralista y porteño de Javier Milei afirma registrar desde diciembre de 2023 se basa en la retención indebida de fondos que, por ley, corresponden a las provincias y que se recaudan en ellas. Según un informe de la consultora Politikón Chaco, en los primeros once meses del año, la administración libertaria habría retenido recursos no distribuidos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por una cifra cercana a los $ 730 mil millones. Pese a esta situación, el gobernador Rogelio Frigerio jamás ha presentado un reclamo contundente.

Estos ATN se integran con fondos recaudados a través de impuestos que componen la masa de la Coparticipación Federal. El monto total a entregar rondaba los $ 850 mil millones, pero solo una parte ínfima fue distribuida a 15 provincias, sin un criterio de distribución igualitario. Este panorama se reconfigura constantemente a favor del Gobierno nacional, que apela al "método Kueider" y en detrimento de los intereses del interior federal, alumbrando nuevos desafíos.

El Gobierno de Milei utiliza estos recursos retenidos como una herramienta extorsiva para conseguir respaldo en el Congreso Nacional para la sanción de las leyes clave de su proyecto "anarcocapitalista". La debilidad de ciertos gobernadores, que se traslada a sus representantes legislativos, obedece a la urgente necesidad de contar con fondos para programas provinciales vitales. Esta presión se impone por encima de los convencimientos personales o las ideologías de los mandatarios.

Se les fuerza, mediante intimidación o amenazas, a actuar en contra de sus propias posiciones políticas para obtener un beneficio económico con recursos que legalmente les corresponden. La demanda de estos fondos es crítica para el sostenimiento de: programas de educación, salud y transporte, conclusión de viviendas paralizadas y mantenimiento de rutas nacionales, cuya prioridad fue abandonada por el Gobierno libertario.

La convalidación del superávit en las cuentas públicas se logra, en gran parte, mediante el saqueo de recursos legítimos que pertenecen a las provincias y el abandono de obligaciones que competen al Estado nacional en la organización del país. El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 contempla una partida de apenas $ 122.763 millones para atender estas transferencias, una cifra que los gobernadores han calificado de insuficiente. La exigencia mínima para cubrir los déficits reales de sus jurisdicciones asciende a $ 900.000 millones.

Además, Milei ha dejado claro que no piensa restituir las transferencias a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, desentendiéndose por completo de sus obligaciones. La Corte Suprema de Justicia ha adoptado una postura de espera, supeditando una definición sobre las cajas provinciales a que la Nación avance en la anunciada reforma previsional. Mientras tanto, el envío de fondos jubilatorios se ha paralizado, para asegurar que seremos la nación más grande y exitosa en la historia de la humanidad y el hogar de la libertad en el mundo, según Milei.

En concreto, el Gobierno nacional no garantiza los fondos para estas 13 Cajas de Jubilaciones. Entre Ríos, por ejemplo, recibe a cuentagotas el aporte para cubrir el déficit de su Caja, a pesar de que este compromiso fue asumido por la Nación en 1994, con la puesta en marcha del anterior esquema de jubilación privada. Por eso, hace 8 meses que no aumenta las jubilaciones. Esta situación se agrava con el accionar de Frigerio, en la incorporación de personal en modalidades informales con escasos o nulos aportes a la Caja, y el impacto de los bonos de aumento no bonificables que no llegan a los jubilados.

El actual esquema de reparto de recursos, con parches y distribución no automática, permite el manejo político de fondos por parte de la administración central libertaria, favorecen el clientelismo y perjudican la productividad regional. La tan anunciada reforma impositiva, que el Gobierno presentaría en febrero, debería corregir estas distorsiones. Es que ganaron 40 a 35, no 80 a 20.

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