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Nacionales - 09-04-2025 / 10:04
LA OPOSICIÓN LOGRÓ EL QUÓRUM CON EL RESPALDO SORPRESIVO DE DIPUTADOS ALIADOS A GOBERNADORES, EL GOBIERNO QUEDÓ AISLADO Y SIN RESPUESTAS

En otro golpe al Loco Milei, el Congreso aprobó la comisión investigadora de la estafa Libra

En otro golpe al Loco Milei, el Congreso aprobó la comisión investigadora de la estafa Libra
A casi dos meses del escándalo de la criptoestafa $LIBRA, que tiene al presidente Javier "el Loco" Milei en la mira de la justicia argentina y estadounidense, el blindaje libertario comenzó a mostrar sus primeras fisuras. En un duro golpe político al gobierno anarco capitalista de Milei, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la creación de una comisión investigadora sobre el escándalo de la estafa LIBRA, la criptomoneda que el propio Presidente promocionó con entusiasmo hace dos meses. Con 128 votos afirmativos, el Congreso ahora buscará esclarecer la estafa que afectó a miles de ahorristas y que podría terminar costándole caro al Estado argentino.
A casi dos meses del escándalo de la criptoestafa $LIBRA, que tiene al presidente Javier "el Loco" Milei en la mira de la justicia argentina y estadounidense, el blindaje libertario comenzó a mostrar sus primeras fisuras. En un duro golpe político al gobierno anarco capitalista de Milei, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la creación de una comisión investigadora sobre el escándalo de la estafa LIBRA, la criptomoneda que el propio Presidente promocionó con entusiasmo hace dos meses. Con 128 votos afirmativos, el Congreso ahora buscará esclarecer la estafa que afectó a miles de ahorristas y que podría terminar costándole caro al Estado argentino.
 
La jugada del oficialismo para boicotear la sesión fracasó cuando varios legisladores que responden a gobernadores como Martín Llaryora y Raúl Jalil rompieron filas y facilitaron el quórum. La oposición, encabezada por Unión por la Patria, sumó a los bloques dialoguistas de Pichetto, Carrió y algunos radicales para avanzar con la medida.
 
Además de la comisión, se aprobó la interpelación de los ministros Mariano Cúneo Libarona y Luis Caputo, del jefe de Gabinete Guillermo Francos y del titular de la CNV, Roberto Silva. El pedido inicial incluía también a Karina Milei, pero fue retirado por acuerdos entre bloques. A pesar del desesperado intento del presidente de la Cámara, Martín Menem, de postergar las explicaciones para cuando Francos brinde su informe el 16 de abril, la oposición reclamó que el jefe de Gabinete se presente antes para dar respuestas urgentes.
 
Las presiones de la Casa Rosada sobre los mandatarios provinciales no surtieron el efecto esperado. Tampoco la jugada de Menem para que los aliados nos dieran quórum si comunicaba con antelación la visita de Francos para brindar su informe al Congreso como jefe de Gabinete: el radical Rodrigo De Loredo promovía en la discusión en comisiones que se canjeara la comisión investigadora por preguntas a Francos cuando le tocara ir a Diputados.
 
La polémica no solo se limita a la participación directa del Presidente en la promoción del token, sino también al impacto institucional: la posible responsabilidad patrimonial del Estado si la Justicia de Estados Unidos avanza sobre el caso, como advirtieron diputados como Pichetto y Ferraro. Mientras tanto, el bloque libertario minimizó el asunto como "tema de privados" y se escudó en la independencia del Poder Judicial para evitar la investigación parlamentaria. Pero incluso entre aliados, las fisuras quedaron expuestas: la UCR, aunque no apoyó la comisión, dejó abierta la posibilidad de avanzar si no hay respuestas del Ejecutivo antes del 9 de abril.
 
El Congreso, con este golpe, le marca un límite al relato de Milei sobre la "casta". Esta vez, los que terminaron defendiendo lo indefendible fueron sus propios funcionarios, mientras crecen las dudas sobre qué tan involucrado estuvo Milei en una operación que, más allá de las explicaciones, huele a estafa de manual.
 
La Opinión Popular
 

 
DIPUTADOS CREÓ UNA COMISIÓN INVESTIGADORA E INTERPELARÁ A CUATRO FUNCIONARIOS
 
Milei se quedó sin blindaje para la estafa $LIBRA
  
A pesar de las presiones de la Casa Rosada, la oposición logró citar a Francos, Caputo, Silva y Cúneo Libarona y avanzar con el esclarecimiento del escándalo.
 
Por Paula Marussich
 
La oposición logró avanzar con la creación de la comisión investigadora, junto con la interpelación a funcionarios y el envío de pedidos de informes al Ejecutivo. El primer triunfo de la oposición fue reunir el quórum para abrir la sesión, pese a las maniobras del oficialismo por impedirlo.
 
El anuncio de que el Gobierno enviaría el 16 de abril -un día antes del inicio del fin de semana largo por Semana Santa- a Guillermo Francos para responder preguntas generó más rechazo que adhesiones. Tampoco faltaron los llamados urgentes desde la Casa Rosada a los gobernadores "amigos" para comprar voluntades. Pero la estrategia perdió efecto y el dique, finalmente, se resquebrajó.
 
Fueron 130 diputados que sumaron los bloques Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal y la Coalición Cívica con la ayuda de los cordobeses que responden a Martín Llaryora y tres catamarqueños alineados con Raul Jalil que permitieron poner en marcha la sesión. Además, la oposición empujó al oficialismo a abrir el debate en comisiones para resolver el vencimiento de la moratoria previsional.
 
El oficialismo perdió el control de la agenda parlamentaria y el Congreso logró ponerlo contra las cuerdas. Milei y sus funcionarios quedaron bajo la lupa del Congreso. Con 128 votos afirmativos, 93 en contra y 7 abstenciones, se aprobó la creación de una comisión investigadora impulsada por Democracia para Siempre, que preside Pablo Juliano.
 
El objetivo: esclarecer la responsabilidad del Presidente en la promoción de la criptomoneda $Libra desde su cuenta personal de Twitter, en medio de una denuncia por estafas millonarias. "Al Congreso no puede darle lo mismo si hay un Presidente timbeando", lanzó Juliano durante su exposición, marcando el tono de lo que se venía. El cuerpo estará integrado por 24 diputados y comenzará a sesionar el miércoles 23 de abril con su primera reunión constitutiva. Los bloques deberán definir a sus representantes antes del viernes, y Martín Menem, presidente de la Cámara, tendrá plazo hasta el 16 para oficializar su conformación.
 
Unión por la Patria tendrá la mayor cantidad de representantes dentro de la comisión y, según el reglamento votado, tiene la potestad de designar a su presidente. Aunque al cierre de esta edición las negociaciones no estaban avanzadas -pocos legisladores creían posible que la iniciativa se aprobara-, un diputado del espacio señaló a este diario que "sería conveniente designar a alguien de otra fuerza para que no se obturen las iniciativas".
 
El trabajo articulado de Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), Paula Penacca (Unión por la Patria), Carla Carrizo (Democracia Para Siempre) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) fue clave para construir el quórum. Los nervios y las dudas, sin embargo, seguían incluso cuando la chicharra anunció el inicio de la sesión. "Traigo a Catamarca", dijo a Página/12 un diputado de Unión por la Patria, mientras mostraba con orgullo cómo tres de sus cuatro compañeros de esa provincia avanzaban hacia sus bancas.
 
La otra sorpresa la dieron los cuatro cordobeses que responden a Llaryora: Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Juan Brügge y Alejandra Torres. Finalmente, la UCR aportó dos apoyos decisivos: Julio Cobos y Fabio Quetglas. Así se superó el número esperado y con 130 diputados en sus bancas la Cámara Baja comenzó a sesionar. Una fuente que dialogó con este diario explicó que la caída del presidente en las encuestas animó a los gobernadores a rebelarse.
 
La ofensiva parlamentaria no se limita a la figura presidencial. Con 131 votos afirmativos y 96 en contra, Diputados aprobó también la interpelación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. La citación fue programada para el martes 22 de abril a las 14 horas.
 
Aunque un sector de la oposición impulsó también la presencia de Karina Milei, las dudas sobre el encuadre formal de su cargo -que podría darle margen para excusarse-, junto con las presiones del Ejecutivo, terminaron por dejarla fuera de la lista. Pese a eso, los legisladores descontaban que su citación será inevitable una vez que empiece a funcionar la comisión investigadora.
 
"No podemos convalidar con nuestra inacción y nuestro silencio que reine la impunidad", disparó el diputado Juan Marino de UxP, una de las voces más duras. También recordó que el caso $LIBRA dejó al descubierto otro escándalo paralelo: el sistema de cobros para acceder a una reunión con el Presidente.
 
Desde el bloque Encuentro Federal insistieron en la falta de explicaciones por parte del Gobierno y en las posibles consecuencias institucionales del escándalo. "Llegamos con la convicción de que una explicación es necesaria y que el Gobierno no la ha sabido dar, o lo que sería peor: no la ha querido dar", advirtió Nicolás Massot.
 
El diputado fue uno de los primeros en señalar directamente a Martín Menem cuando llevó al recinto los rumores que circulaban sobre el titular de la Cámara: "Demuestre usted que no está sospechado", le reclamó durante una sesión semanas atrás. Miguel Ángel Pichetto también advirtió: "Los abogados que aglutinan damnificados van a venir por el Estado argentino", marcando el riesgo judicial que se abre para la administración nacional.
 
El libertario Nicolás Mayoraz, a cargo del dictamen de minoría, intentó resistir la embestida. Calificó la comisión investigadora como "un circo", mientras que la diputada del PRO, Silvina Giudici, colaboró con sus aliados y se quejó del tono general del debate: "Plantean un escenario donde el Congreso, en vez de ejercer su tarea de control, de equilibrio de poder y de respeto por la división de poderes, busca exceder los reglamentos y traer una discusión chicanera, donde lo único que se persigue es dañar" le dijo a sus pares.
 
 
La investigación
 
La comisión investigadora, aprobada con el respaldo de una mayoría opositora, tendrá amplias facultades para indagar el escándalo. Podrá recibir denuncias escritas u orales, así como material probatorio; requerir y tomar declaraciones informativas o testimoniales; y remitir oficios, solicitar informes o pedir documentación tanto a organismos públicos como privados.
 
Esas atribuciones, que podrían comprometer seriamente al Presidente y a varios de sus funcionarios, encendieron todas las alarmas en el oficialismo. El Gobierno intentó por todos los medios hacer caer la sesión: primero logró frenar el avance en el Senado, pero en Diputados fracasó.
 
La avanzada opositora se concretó a menos de una semana del rechazo en el Senado a los pliegos de los candidatos a la Corte Suprema propuestos a dedo por Javier Milei, y apenas 24 horas antes de una nueva jornada de protesta que obligó al oficialismo a suspender el tratamiento del proyecto de Ficha Limpia en la Cámara Alta, justo en la antesala del paro general convocado por la CGT.
 
Mientras el Congreso promete sumar presión, el frente judicial se expande. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado ordenó rastrear las billeteras virtuales vinculadas a $LIBRA para seguir la ruta del dinero y facilitar la recuperación de activos. En paralelo, el fiscal Eduardo Taiano pidió analizar la evolución patrimonial de Javier y Karina Milei, en busca de posibles vínculos con maniobras de enriquecimiento ilícito.
 
El caso también cruzó fronteras: el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició su propia investigación por presunto fraude transnacional y Timothy Treanor, un exfiscal neoyorquino, prepara una denuncia penal contra el Presidente, que podría convertirse en la segunda querella en suelo estadounidense.
 
Fuente: Página 12
 

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07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
La Opinión Popular
 

04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
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