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Nacionales - 09-04-2025 / 10:04
LA OPOSICIÓN LOGRÓ EL QUÓRUM CON EL RESPALDO SORPRESIVO DE DIPUTADOS ALIADOS A GOBERNADORES, EL GOBIERNO QUEDÓ AISLADO Y SIN RESPUESTAS

En otro golpe al Loco Milei, el Congreso aprobó la comisión investigadora de la estafa Libra

En otro golpe al Loco Milei, el Congreso aprobó la comisión investigadora de la estafa Libra
A casi dos meses del escándalo de la criptoestafa $LIBRA, que tiene al presidente Javier "el Loco" Milei en la mira de la justicia argentina y estadounidense, el blindaje libertario comenzó a mostrar sus primeras fisuras. En un duro golpe político al gobierno anarco capitalista de Milei, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la creación de una comisión investigadora sobre el escándalo de la estafa LIBRA, la criptomoneda que el propio Presidente promocionó con entusiasmo hace dos meses. Con 128 votos afirmativos, el Congreso ahora buscará esclarecer la estafa que afectó a miles de ahorristas y que podría terminar costándole caro al Estado argentino.
A casi dos meses del escándalo de la criptoestafa $LIBRA, que tiene al presidente Javier "el Loco" Milei en la mira de la justicia argentina y estadounidense, el blindaje libertario comenzó a mostrar sus primeras fisuras. En un duro golpe político al gobierno anarco capitalista de Milei, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la creación de una comisión investigadora sobre el escándalo de la estafa LIBRA, la criptomoneda que el propio Presidente promocionó con entusiasmo hace dos meses. Con 128 votos afirmativos, el Congreso ahora buscará esclarecer la estafa que afectó a miles de ahorristas y que podría terminar costándole caro al Estado argentino.
 
La jugada del oficialismo para boicotear la sesión fracasó cuando varios legisladores que responden a gobernadores como Martín Llaryora y Raúl Jalil rompieron filas y facilitaron el quórum. La oposición, encabezada por Unión por la Patria, sumó a los bloques dialoguistas de Pichetto, Carrió y algunos radicales para avanzar con la medida.
 
Además de la comisión, se aprobó la interpelación de los ministros Mariano Cúneo Libarona y Luis Caputo, del jefe de Gabinete Guillermo Francos y del titular de la CNV, Roberto Silva. El pedido inicial incluía también a Karina Milei, pero fue retirado por acuerdos entre bloques. A pesar del desesperado intento del presidente de la Cámara, Martín Menem, de postergar las explicaciones para cuando Francos brinde su informe el 16 de abril, la oposición reclamó que el jefe de Gabinete se presente antes para dar respuestas urgentes.
 
Las presiones de la Casa Rosada sobre los mandatarios provinciales no surtieron el efecto esperado. Tampoco la jugada de Menem para que los aliados nos dieran quórum si comunicaba con antelación la visita de Francos para brindar su informe al Congreso como jefe de Gabinete: el radical Rodrigo De Loredo promovía en la discusión en comisiones que se canjeara la comisión investigadora por preguntas a Francos cuando le tocara ir a Diputados.
 
La polémica no solo se limita a la participación directa del Presidente en la promoción del token, sino también al impacto institucional: la posible responsabilidad patrimonial del Estado si la Justicia de Estados Unidos avanza sobre el caso, como advirtieron diputados como Pichetto y Ferraro. Mientras tanto, el bloque libertario minimizó el asunto como "tema de privados" y se escudó en la independencia del Poder Judicial para evitar la investigación parlamentaria. Pero incluso entre aliados, las fisuras quedaron expuestas: la UCR, aunque no apoyó la comisión, dejó abierta la posibilidad de avanzar si no hay respuestas del Ejecutivo antes del 9 de abril.
 
El Congreso, con este golpe, le marca un límite al relato de Milei sobre la "casta". Esta vez, los que terminaron defendiendo lo indefendible fueron sus propios funcionarios, mientras crecen las dudas sobre qué tan involucrado estuvo Milei en una operación que, más allá de las explicaciones, huele a estafa de manual.
 
La Opinión Popular
 

 
DIPUTADOS CREÓ UNA COMISIÓN INVESTIGADORA E INTERPELARÁ A CUATRO FUNCIONARIOS
 
Milei se quedó sin blindaje para la estafa $LIBRA
  
A pesar de las presiones de la Casa Rosada, la oposición logró citar a Francos, Caputo, Silva y Cúneo Libarona y avanzar con el esclarecimiento del escándalo.
 
Por Paula Marussich
 
La oposición logró avanzar con la creación de la comisión investigadora, junto con la interpelación a funcionarios y el envío de pedidos de informes al Ejecutivo. El primer triunfo de la oposición fue reunir el quórum para abrir la sesión, pese a las maniobras del oficialismo por impedirlo.
 
El anuncio de que el Gobierno enviaría el 16 de abril -un día antes del inicio del fin de semana largo por Semana Santa- a Guillermo Francos para responder preguntas generó más rechazo que adhesiones. Tampoco faltaron los llamados urgentes desde la Casa Rosada a los gobernadores "amigos" para comprar voluntades. Pero la estrategia perdió efecto y el dique, finalmente, se resquebrajó.
 
Fueron 130 diputados que sumaron los bloques Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal y la Coalición Cívica con la ayuda de los cordobeses que responden a Martín Llaryora y tres catamarqueños alineados con Raul Jalil que permitieron poner en marcha la sesión. Además, la oposición empujó al oficialismo a abrir el debate en comisiones para resolver el vencimiento de la moratoria previsional.
 
El oficialismo perdió el control de la agenda parlamentaria y el Congreso logró ponerlo contra las cuerdas. Milei y sus funcionarios quedaron bajo la lupa del Congreso. Con 128 votos afirmativos, 93 en contra y 7 abstenciones, se aprobó la creación de una comisión investigadora impulsada por Democracia para Siempre, que preside Pablo Juliano.
 
El objetivo: esclarecer la responsabilidad del Presidente en la promoción de la criptomoneda $Libra desde su cuenta personal de Twitter, en medio de una denuncia por estafas millonarias. "Al Congreso no puede darle lo mismo si hay un Presidente timbeando", lanzó Juliano durante su exposición, marcando el tono de lo que se venía. El cuerpo estará integrado por 24 diputados y comenzará a sesionar el miércoles 23 de abril con su primera reunión constitutiva. Los bloques deberán definir a sus representantes antes del viernes, y Martín Menem, presidente de la Cámara, tendrá plazo hasta el 16 para oficializar su conformación.
 
Unión por la Patria tendrá la mayor cantidad de representantes dentro de la comisión y, según el reglamento votado, tiene la potestad de designar a su presidente. Aunque al cierre de esta edición las negociaciones no estaban avanzadas -pocos legisladores creían posible que la iniciativa se aprobara-, un diputado del espacio señaló a este diario que "sería conveniente designar a alguien de otra fuerza para que no se obturen las iniciativas".
 
El trabajo articulado de Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), Paula Penacca (Unión por la Patria), Carla Carrizo (Democracia Para Siempre) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) fue clave para construir el quórum. Los nervios y las dudas, sin embargo, seguían incluso cuando la chicharra anunció el inicio de la sesión. "Traigo a Catamarca", dijo a Página/12 un diputado de Unión por la Patria, mientras mostraba con orgullo cómo tres de sus cuatro compañeros de esa provincia avanzaban hacia sus bancas.
 
La otra sorpresa la dieron los cuatro cordobeses que responden a Llaryora: Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Juan Brügge y Alejandra Torres. Finalmente, la UCR aportó dos apoyos decisivos: Julio Cobos y Fabio Quetglas. Así se superó el número esperado y con 130 diputados en sus bancas la Cámara Baja comenzó a sesionar. Una fuente que dialogó con este diario explicó que la caída del presidente en las encuestas animó a los gobernadores a rebelarse.
 
La ofensiva parlamentaria no se limita a la figura presidencial. Con 131 votos afirmativos y 96 en contra, Diputados aprobó también la interpelación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. La citación fue programada para el martes 22 de abril a las 14 horas.
 
Aunque un sector de la oposición impulsó también la presencia de Karina Milei, las dudas sobre el encuadre formal de su cargo -que podría darle margen para excusarse-, junto con las presiones del Ejecutivo, terminaron por dejarla fuera de la lista. Pese a eso, los legisladores descontaban que su citación será inevitable una vez que empiece a funcionar la comisión investigadora.
 
"No podemos convalidar con nuestra inacción y nuestro silencio que reine la impunidad", disparó el diputado Juan Marino de UxP, una de las voces más duras. También recordó que el caso $LIBRA dejó al descubierto otro escándalo paralelo: el sistema de cobros para acceder a una reunión con el Presidente.
 
Desde el bloque Encuentro Federal insistieron en la falta de explicaciones por parte del Gobierno y en las posibles consecuencias institucionales del escándalo. "Llegamos con la convicción de que una explicación es necesaria y que el Gobierno no la ha sabido dar, o lo que sería peor: no la ha querido dar", advirtió Nicolás Massot.
 
El diputado fue uno de los primeros en señalar directamente a Martín Menem cuando llevó al recinto los rumores que circulaban sobre el titular de la Cámara: "Demuestre usted que no está sospechado", le reclamó durante una sesión semanas atrás. Miguel Ángel Pichetto también advirtió: "Los abogados que aglutinan damnificados van a venir por el Estado argentino", marcando el riesgo judicial que se abre para la administración nacional.
 
El libertario Nicolás Mayoraz, a cargo del dictamen de minoría, intentó resistir la embestida. Calificó la comisión investigadora como "un circo", mientras que la diputada del PRO, Silvina Giudici, colaboró con sus aliados y se quejó del tono general del debate: "Plantean un escenario donde el Congreso, en vez de ejercer su tarea de control, de equilibrio de poder y de respeto por la división de poderes, busca exceder los reglamentos y traer una discusión chicanera, donde lo único que se persigue es dañar" le dijo a sus pares.
 
 
La investigación
 
La comisión investigadora, aprobada con el respaldo de una mayoría opositora, tendrá amplias facultades para indagar el escándalo. Podrá recibir denuncias escritas u orales, así como material probatorio; requerir y tomar declaraciones informativas o testimoniales; y remitir oficios, solicitar informes o pedir documentación tanto a organismos públicos como privados.
 
Esas atribuciones, que podrían comprometer seriamente al Presidente y a varios de sus funcionarios, encendieron todas las alarmas en el oficialismo. El Gobierno intentó por todos los medios hacer caer la sesión: primero logró frenar el avance en el Senado, pero en Diputados fracasó.
 
La avanzada opositora se concretó a menos de una semana del rechazo en el Senado a los pliegos de los candidatos a la Corte Suprema propuestos a dedo por Javier Milei, y apenas 24 horas antes de una nueva jornada de protesta que obligó al oficialismo a suspender el tratamiento del proyecto de Ficha Limpia en la Cámara Alta, justo en la antesala del paro general convocado por la CGT.
 
Mientras el Congreso promete sumar presión, el frente judicial se expande. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado ordenó rastrear las billeteras virtuales vinculadas a $LIBRA para seguir la ruta del dinero y facilitar la recuperación de activos. En paralelo, el fiscal Eduardo Taiano pidió analizar la evolución patrimonial de Javier y Karina Milei, en busca de posibles vínculos con maniobras de enriquecimiento ilícito.
 
El caso también cruzó fronteras: el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició su propia investigación por presunto fraude transnacional y Timothy Treanor, un exfiscal neoyorquino, prepara una denuncia penal contra el Presidente, que podría convertirse en la segunda querella en suelo estadounidense.
 
Fuente: Página 12
 

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02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

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