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Nacionales - 04-04-2025 / 10:04
GOLPE POLÍTICO ANTI LIBERTARIO: MACRI Y CRISTINA CONSIGUEN QUÓRUM PARA VOLTEAR LOS PLIEGOS

Durísima paliza al Loco Milei: Quiso meter a Lijo y García Mansilla por la ventana y el Senado los pateó a la calle

Durísima paliza al Loco Milei: Quiso meter a Lijo y García Mansilla por la ventana y el Senado los pateó a la calle
La Corte Suprema soñada por Javier "el Loco" Millei para que le de impunidad a la corrupción libertaria se derrumbó. Con dos tercios, pero en contra, el Senado de la Nación rechazó los pliegos de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, nombrados por decreto por Milei. El caso más conflictivo es el del académico libertario, que aceptó integrarse a la Corte sin respetar el camino constitucional. El juez Ramos Padilla le prohibió ahora firmar más fallos y los constitucionalistas sostienen que corresponde su renuncia. La maniobra, que recordaba a la utilizada por Mauricio Macri en 2016, terminó en una derrota estrepitosa para el oficialismo, abriendo un escenario de conflicto institucional.
La Corte Suprema soñada por Javier "el Loco" Millei para que le de impunidad a la corrupción libertaria se derrumbó. Con dos tercios, pero en contra, el Senado de la Nación rechazó los pliegos de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, nombrados por decreto por Milei. El caso más conflictivo es el del académico libertario, que aceptó integrarse a la Corte sin respetar el camino constitucional. El juez Ramos Padilla le prohibió ahora firmar más fallos y los constitucionalistas sostienen que corresponde su renuncia. La maniobra, que recordaba a la utilizada por Mauricio Macri en 2016, terminó en una derrota estrepitosa para el oficialismo, abriendo un escenario de conflicto institucional.
 
El rechazo, que se dio con 43 votos en contra para Lijo y 51 para García-Mansilla, marca un freno a las aspiraciones del autócrata Milei, con muy poco apego liberal por las libertades civiles y el sistema republicano, de controlar el Poder Judicial a su antojo. Pero no es solo una derrota del presidente: la Cámara Alta, conformada por senadores que cobran más de 9 millones de pesos mensuales, tampoco representa un contrapeso digno de confianza. Lo que se viene es una nueva ronda de negociaciones en las sombras, sin que se ponga en cuestión la esencia de una Justicia servil al poder económico y plagada de privilegios.
 
El decreto presidencial designando a ambos postulantes desató un conflicto institucional sin precedentes y provocó un profundo repudio, que terminó ahora con García-Mansilla cumpliendo funciones y firmando fallos pero sin aval del Senado. En el Congreso deslizaban que el exdecano de la Universidad Austral presentaría su renuncia en las próximas horas. El caso de Lijo es más claro, ya que nunca llegó a asumir. Sin embargo, García-Mansilla juró y ahora el país podría enfrentar un caos jurídico si no presenta su renuncia. De hecho, minutos después del rechazo, el juez Alejo Ramos Padilla ordenó que no intervenga en causas mientras siga en su cargo.
 
Los dos postulantes de Milei no solo eran cuestionados por el mecanismo de designación, sino también por sus antecedentes. Lijo, con un historial de operar políticamente en la Justicia, estuvo involucrado en escándalos de corrupción, mientras que García-Mansilla, un ultraconservador vinculado al Opus Dei, se opuso al aborto legal y respaldó intereses mineros extractivistas.
 
Desesperado, el asesor estrella Santiago Caputo quiso suspender la sesión por decreto y la vicepresidenta Victoria Villaruel abortó la maniobra. El "monje negro" pretendía que el presidente provisional, Bartolomé Abdala, firmara un decreto suspendiendo la sesión. Villarruel lo convenció que no dé ese paso. Los radicales le advirtieron que si lo hacía, podían destituirlo. La vice se cobró así, en grande, las infinitas afrentas que acumulaba con "Caputito" y los hermanos Milei.
 
En una sesión que el oficialismo buscó impedir hasta último momento, y con el final anunciado desde el mediodía, el Gobierno anarco capitalista salió inmediatamente a acusar al Senado de "dilatar la votación durante meses" y "politizar la justicia". Sin aclarar cómo, sostuvieron que Milei "continuará trabajando incansablemente para garantizar la independencia judicial". El autoritario Milei se chocó contra la pared del Senado, que ejecutó a sus dos candidatos para la Corte, en una decisión histórica. Es un gobierno débil que eligió el riesgoso camino de llevarse todo puesto para parecer fuerte. Ahora es un gobierno débil que se demuestra débil.
 
La Opinión Popular
 

 
CON DOS TERCIOS, PERO EN CONTRA
 
Milei se quedó sin el sueño de la Corte propia
 
Con una abrumadora mayoría compuesta por Unión por la Patria y también de bloques aliados del oficialismo como la UCR y el PRO, la Cámara Alta desechó los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.
 
Más de un año de presiones, maniobras y operaciones de la Casa Rosada no fueron suficientes para cumplir el sueño de Javier Milei de tener su propia Corte Suprema. Con 43 votos en contra del pliego de Ariel Lijo y 51 en contra de Manuel García-Mansilla, el Senado rechazó por una contundente mayoría ambas candidaturas al máximo tribunal.
 
Inmediatamente después de la votación, el juez federal Alejo Ramos Padilla dictó una medida cautelar para que el nuevo cortesano se abstenga de tomar más decisiones y Lijo de jurar en la Corte. La Oficina del Presidente sacó un comunicado reforzando el discurso "anticasta": "convertido en una máquina de impedir, el Senado no actúa en favor del pueblo, sino que tiene como único fin obstruir el futuro de la Nación Argentina".
 
A las 12 del mediodía, en la reunión de Labor Parlamentaria los presidentes de bloque ya se veían venir lo inevitable. La oposición tenía el número suficiente para superar los dos obstáculos que tenían por delante: el más difícil, el quórum de 37 senadores para iniciar la sesión y, luego, los 25 votos para rechazar a los dos postulantes.
 
"¡Vamooos! ¡Vamos que las Malvinas son Argentinas! Ésto es hacer patria, viejo", arengó Juliana Di Tullio (UP) al entrar al recinto. Le hablaba a Pablo Blanco, el radical de Tierra del Fuego que estuvo sentado en su sitio desde el minuto cero.
 
A las 14.15 ya había 38 senadores sentados en sus bancas. Esa mayoría se había logrado gracias a 33 integrantes de Unión por la Patria --sólo estuvo ausente la jujeña, Carolina Moisés, del recientemente creado bloque Convicción federal--; dos de la UCR, Martín Lousteau y Blanco; dos del PRO, Alfredo De Angeli y Victoria Huala, y el formoseño Francisco Paoltroni, expulsado del bloque libertario.
 
La resistencia del oficialismo a sesionar fue tan grande que el presidente provisional del senado, Bartolomé Abdala, seguía deambulando por el recinto en vez de ubicarse en la presidencia para dar inicio a la sesión. Tuvo que sentarse en el estrado la senadora Silvia Sapag, de UP, y declarar el arranque formal del debate. Recién después de eso el resto de los senadores se ubicó en sus bancas. Victoria Villarruel, a cargo del Ejecutivo por el viaje de Milei a Estados Unidos, estaba en su despacho, sin participar de la sesión.
 
 
Un rechazo abrumador
 
Las dos votaciones superaron todas las expectativas previas. En el caso de Manuel García Mansilla, no sólo su pliego no consiguió los dos tercios para ser ratificado sino que por el contrario, obtuvo un rechazo que superó esa mayoría.
 
Todo el bloque de Unión por la Patria (34 senadores), sumado a la mayoría del bloque radical (10 de 13) y buena parte del PRO (4 de 7), incluso de una parte de Provincias Unidas. Sólo terminaron acompañándolo los seis libertarios, Mercedes Valenzuela, Víctor Zimmerman, Eduardo Galaretto (UCR), Carmen Álvarez Rivero, Andrea Cristina y Luis Juez (PRO); Juan Carlos Romero, Lucila Crexell, Carlos "Camau" Espínola (Provincias Unidas); los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas, la tucumana Beatriz Avila y los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.
 
El juez federal, Ariel Lijo, cosechó más apoyos aunque de todas maneras quedó muy lejos. La diferencia la marcaron los 10 votos a favor del interbloque Unión por la Patria: María Teresa González (Formosa), Claudia Ledesma Abdala, Gerardo Montenegro y José Neder (Santiago del Estero), Juan Manzur y Sandra Mendoza (Tucumán), Carolina Moisés (Jujuy), Jesús Rejal (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Guillermo Andrada (Catamarca). Eso se compensó parcialmente con el voto en contra de macristas y radicales.
 
 
Un recinto picante
 
Toda la sesión estuvo atravesada por los fuertes cuestionamientos al oficialismo. En particular al decreto 137 mediante el cual Milei el 26 de febrero nombró a los postulantes. "¡Es absolutamente inconstitucional! No puede nombrar jueces por decreto. ¡No puede! El señor Mansilla está usurpando el cargo. No es legítimo", exclamó José Mayans, jefe del interbloque de UP. El formoseño no sólo apuntó contra el Ejecutivo sino también con la propia Corte Suprema por haberle tomado juramento en comisión: "¡señores de la Corte, dejen de violar la constitución!", repitió tres veces.
 
"El rechazo de los pliegos significa el rechazo al decreto 137 que los designó en comisión", señaló el pampeano Daniel Bensusán, poniendo presión sobre la situación de García Mansilla. "Esto es un asalto institucional del Poder Ejecutivo a otros dos poderes", disparó también la peronista mendocina Anabel Fernández Sagasti, que además, denunció la compra de votos: "sepan que me van a tener a mí y a mi bloque denunciando a cada senador y cada senadora que se deje comprar por el Ejecutivo. Porque las instituciones quedan y los gobiernos pasan". Se refirió con nombre y apellido a Lucila Crexell, que podría asumir al frente de la representación diplomática argentina ante la UNESCO.
 
Desde la UCR, Martín Lousteau, también fue lapidario. "Hace 115 años que no pasaba una barbaridad de esta índole. Hay que ir a 1910 para encontrar presidentes constitucionales que hayan hecho esto. Estamos defendiendo si vamos a tener una justicia independiente o una justicia adicta a tiro de decreto", sentenció.
 
Por el PRO, la larretista Guadalupe Tagliaferri fue otra de las más duras: "Me resulta inadmisible acompañar una Corte sin mujeres, como también respaldar a dos candidatos que decidieron pasar por arriba de la Constitución".
 
Alfredo De Angeli, jefe del bloque, fue el encargado de llevar la línea de Mauricio Macri. "El Presidente está mal asesorado", dijo repitiendo el libreto de su jefe. El entrerriano confesó que votaría a García Mansilla "con las dos manos" pero que de acompañar las designaciones en comisión estarían "violando la constitución".
 
 
Ni los amigos
 
A diferencia de otras sesiones, ni siquiera los más cercanos a la Casa Rosada alzaron la voz para defender al Gobierno. Hasta un férreo colaborador de los libertarios como el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, cuestionó el manejo oficial. Lo calificó como un "proceso ininterrumpido de errores y flaquezas" y consideró que esta actitud "está afectando directamente a la economía argentina".
 
Refutó la crítica a la "demora" del Senado señalando todas las oportunidades en que el oficialismo obstaculizó el avance del trámite. Antes de anticipar el rechazo mayoritario de su bloque, le tendió un puente a la Casa Rosada: "Si realmente quiere mejorar la Justicia estamos acá para discutirlo".
 
El salteño Juan Carlos Romero, un viejo incondicional del oficialismo, se contorsionó para justificar su postura. Reconoció que el decreto presidencial no estuvo bien, pero pidió clemencia: "tampoco nos desgarremos las vestiduras". "La Corte no puede seguir con estas vacantes. Salgamos de este bloqueo con un acuerdo razonable", sugirió.
 
 
Sólo como libertario en el Senado
 
El único oficialista que tomó la palabra fue Juan Carlos Pagotto. En un discurso con serias dificultades para hilvanar ideas, le recordó a UP que el actual presidente de la Corte, Horacio Rosatti, fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner y que Raúl Zaffaroni, propuesto por el expresidente, había aceptado jurar como juez durante la dictadura.
 
Histriónico, revoleó nombres de juristas consagrados y no le faltó la cita en latín a un principio del derecho romano. "Son absolutamente constitucionales las designaciones. Pero tenemos que discutir los dos pliegos. La constitucionalidad de los decretos la podemos discutir pero es una discusión bizantina", sostuvo. Su argumento fue que haber salteado la voluntad del Senado no es tan relevante y que debían decidir qué hacer con los candidatos como si nunca hubieran sido designados.
 
Mientras seguía hablando Pagotto, el senador de UP, Sergio Leavy, le pidió una interrupción para decirle que García Mansilla acababa de firmar más de 50 fallos. Una de ellas fue la resolución que decide no opinar sobre el travesticidio de Diana Sacayán.
 
Por Sebastian Abrevaya
 
Fuente: Página 12
 

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07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
La Opinión Popular
 

04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
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