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Nacionales - 27-03-2025 / 10:03
MOVILIZACIÓN DE EFECTIVOS DE SEGURIDAD FUERA DE TODA PROPORCIÓN AGREDIERON A LOS MANIFESTANTES

Gobierno de la brutalidad: Represión violenta de Bullrich con gases y bastonazos a jubilados y niños

Gobierno de la brutalidad: Represión violenta de Bullrich con gases y bastonazos a jubilados y niños
La única respuesta del Gobierno del estafador internacional Javier "el Loco" Milei frente a la protesta de los jubilados en el Congreso es la represión violenta. Patricia "Chaborra" Bullrich volvió a ordenar una movilización de efectivos fuera de toda proporción. Con la zona ocupada, los uniformados provocaron y agredieron a los manifestantes con gases, golpes, bastonazos y empujones que dejaron un saldo de al menos 38 heridos e intoxicados, entre ellos una nena de 8 años. Además de la represión, el gobierno de Milei oficializó un aumento irrisorio del 2,4 por ciento para los haberes y pensiones, y ratificó el bono de 70 mil pesos, que está congelado hace un año.
La única respuesta del Gobierno del estafador internacional Javier "el Loco" Milei frente a la protesta de los jubilados en el Congreso es la represión violenta. Patricia "Chaborra" Bullrich volvió a ordenar una movilización de efectivos fuera de toda proporción. Con la zona ocupada, los uniformados provocaron y agredieron a los manifestantes con gases, golpes, bastonazos y empujones que dejaron un saldo de al menos 38 heridos e intoxicados, entre ellos una nena de 8 años. Además de la represión, el gobierno de Milei oficializó un aumento irrisorio del 2,4 por ciento para los haberes y pensiones, y ratificó el bono de 70 mil pesos, que está congelado hace un año.
 
Una vez más los jubilados volvieron al Congreso para reclamar por sus haberes y para exigir la prórroga de la moratoria previsional, que venció este domingo y que condena a que más del 85% de los trabajadores en edad de jubilarse no puedan acceder a este derecho básico, con particular impacto en las mujeres. La respuesta de la Policía Federal fue la misma de siempre. Bajo las órdenes de Bullrich, encabezaron una nueva represión golpeando y gaseando a jubilados y a las organizaciones solidarias que acompañaban la movilización.
 
Con un operativo totalmente desmedido, las fuerzas de seguridad usaron gas pimienta para reprimir a jubilados y jubiladas que se manifestaban frente al Congreso e hirieron a 38 personas, entre ellas a una nena de 8 años que pasaba por el lugar tras salir del dentista. Incluso, un cordón policial impidió que la columna de la UOM y otras organizaciones gremiales se unieran a la manifestación. Luego del accionar brutal del 12 de marzo en el que fue herido de gravedad el fotógrafo Pablo Grillo y el megaoperativo del miércoles pasado, la desorbitada Bullrich volvió a esparcir violencia hacia los abuelos.
 
Pero además la Federal volvió a dejar en claro la saña que tienen no solo contra quienes se movilizan, sino contra la prensa que cubre las manifestaciones y que expone la represión. En Av. Entre Ríos, un efectivo de la motorizada aceleró su moto y se llevó puesto a un camarógrafo que lo único que hacía era filmar la represión a los jubilados. No es algo nuevo, ni un caso aislado. Hace tan sólo dos semanas, la Federal atentó contra Pablo Grillo disparando gases lacrimógenos a quemarropas y provocándole una gravísima herida en la cabeza, que todavía lo mantiene internado. La reconstrucción posterior del hecho no dejó lugar a dudas del accionar policial.
 
Amontonados en las veredas frente al Congreso por los escudos de Gendarmería y la PSA, el grupo de jubilados intentaron manifestarse, pero fueron rociados una y otra vez con gas pimienta. En un momento llegó a Congreso una columna de la UOM, después algunas de ATE, la UTEP y el Partido Obrero. Se ubicaron en la Plaza de los Dos Congresos, separada del parlamento por un enorme vallado de lado a lado de la avenida Entre Ríos. Los jubilados estaban del otro lado, sobre todo en la vereda de la confitería El Molino. Eran tantos los efectivos de las distintas fuerzas que cuando recibían la orden de moverse terminaban ellos mismos cortando las calles y generando caos en el tránsito.
 
La movilización de este miércoles fue la primera desde que finalizó la moratoria previsional el pasado 23 de marzo, una medida que, según el Plenario de Trabajadores Jubilados, impedirá que ciento de miles de personas puedan acceder a una jubilación. A pesar de la presencia intimidante de las fuerzas de seguridad, los jubilados continúan firmes en su lucha por condiciones dignas y en rechazo a los recortes implementados por el régimen anarco capitalista de los crueles y siniestros Hermanos Milei.
 
La Opinión Popular
 

HUBO 38 PERSONAS ANCIANAS AFECTADAS POR LOS GASES LACRIMÓGENOS
 
Otro operativo desmedido con jubilados reprimidos y una nena gaseada
 
Pero no solo eso, más temprano la administración de Milei oficializó un magro aumento del 2,4 por ciento para los haberes y pensiones a partir de abril, y ratificó el bono extraordinario de 70 mil pesos, que se mantiene en ese monto desde marzo del año pasado. Un doble ataque en la misma semana en la que se venció la moratoria que deja afuera del sistema jubilatorio a más de 250 mil personas, la mayoría de ellas mujeres.
 
Pasadas las seis de la tarde, luego de la ronda alrededor del Congreso que realizan cada miércoles los jubilados, la división motorizada de la Policía Federal comenzó a amedrentar a la columna que estaba sobre Hipólito Yrigoyen y avenida Entre Ríos. Minutos después, en la esquina de Rivadavia y Callao, los agentes comenzaron a golpear y gasear a los manifestantes.
 
"Atendimos a 38 personas por efectos del rociamiento del spray pimienta", aseguró a este diario el presidente del CEPA, Esteban Chalá, quien confirmó que entre las personas afectadas por el gas policial hay una nena de 8 años de nombre Ludmila, que "volvía con su padre del dentista". El rescatista comentó que la familia vive a siete cuadras del Congreso y  que "ambos recibieron el rociamiento del spray". "Una vez que fueron atendidos se fueron a su casa", añadió Chalá. Es la segunda vez que la policía ataca a una menor, en septiembre del año pasado también fue gaseada una nena que estaba con su madre, hecho por el que Bullrich tiene una denuncia.
 
El operativo  nuevamente fue exagerado en comparación con las personas que habían asistido a la marcha: se desplegaron cientos de efectivos de Prefectura, Policía Federal, Gendarmería y la Policía Aeroportuaria, una fuerza que no participa habitualmente de estas marchas. "A fuerza de golpes, empujones y bastonazos se obligó a los manifestantes a permanecer sobre la vereda", indicaron desde la Comisión Provincial de la Memoria (CPM).
 
La organización también denunció que algunos de los integrantes de su equipo de monitoreo fueron agredidos, al igual que trabajadores de la Asociación contra la violencia institucional. "La policía motorizada también irrumpió una vez para evitar los cortes de calle. De manera violenta redujeron a los manifestantes hasta ubicarlos sobre la vereda y la plaza", agregaron desde la CPM.
 
Además de las organizaciones que se congregan cada miércoles, como Jubilados Insurgentes, Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJEL) y el Plenario de Trabajadores Jubilados, también estuvieron partidos de izquierda y sindicatos como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la agrupación Madres de Plaza de Mayo, entre otros.
 
Uno de los gremios que participó fue la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Sin embargo, la columna  que encabezó Abel Furlán, que se había congregado más temprano en Avenida de Mayo para luego avanzar hacia el Congreso, fue rodeada por efectivos de la Policía, que los rodearon y le impidieron llegar al epicentro de la convocatoria, en un nuevo atropello al derecho a la protesta por parte de las fuerzas que comanda la ministra Bullrich.
 
"Yo en este momento estoy únicamente con los que vengan hoy a la calle a bancar a los jubilados, porque más que una cuestión partidaria, si bien las ideologías obviamente son importantes, lo que vale es estar hoy acá en la calle", dijo a Página/12 el Nono de Boedo, uno de los jubilados que todas las semanas asiste con su bicicleta. "Pablo Grillo, la militancia te acompaña, fuerza", escribió el Nono en uno de sus carteles.
 
Esta es la segunda movilización después de la brutal represión del 12 de marzo en la que fue herido el fotógrafo que hoy lucha por su vida en el Hospital Ramos Mejía. Fabián, el padre de Pablo, contó que  su hijo "sabe" que estuvo allí, "pero no sabe lo que le pasó". Si bien la semana pasada no hubo represión, el gobierno de Javier Milei intentó frenar la masiva movilización a través del amedrentamiento en las estaciones de trenes y de las requisas en las entradas a la Ciudad de Buenos Aires.
 
Por su parte, Rubén Cocurullo de Jubilados Insurgentes, denunció que "hubo más milicos que jubilados" y criticó la magnitud del operativo. Además le envió fuerzas a Grillo: "Espero que te vea un día en la plaza de nuevo, para darte un abrazo, compañero. Y espero que termine en la cárcel el que te hizo semejante daño", afirmó.
 
En una de las banderas ubicadas sobre la avenida Rivadavia, en la vereda del edificio del Anexo de la Cámara baja, se leía: "Todos somos jubilados, es una cuestión de tiempo". En la congregación no faltaron camisetas de fútbol, no solamente de Boca y River sino también de Godoy Cruz de Mendoza o Rosario Central, y hasta una bandera de Dock Sud que aseveraba: "Robar a los jubilados es un crimen social". "Ayudame a luchar, el próximo viejo sos vos", decía otro cartel.
 
Pero la violencia de Milei no es solo física, hoy el Gobierno Nacional oficializó un mínimo aumento del 2,4 por ciento para los haberes jubilatorios y pensiones a partir de abril, y confirmó que otorgará nuevamente un bono extraordinario de 70 mil pesos --el mismo monto desde hace un año-- y que no lo incorporará formalmente. Ahora, la mínima pasa a unos irrisorios 285.820 pesos, que mantienen las jubilaciones por debajo de la línea de indigencia.
 
La integrante del Plenario Nora Biaggio denunció la gravedad de la eliminación de la moratoria previsional, que se venció el domingo y que deja afuera del sistema a nueve de cada diez mujeres y ocho de cada diez hombres. "Además del aumento inmediato de haberes para llegar a una mínima de 1,2 millones y de la restitución del 100% de descuento de los medicamentos de PAMI y obras sociales, lo que también pedimos es que haya jubilación universal cualquiera haya sido la situación de contratación", sostuvo.
 
A su vez, Biaggio aseguró que habrá otras instancias para continuar con la organización de las agrupaciones de adultos mayores. "Este sábado 29 hacemos el tercer plenario de las organizaciones de jubilados en la Mutual Sentimiento, para definir un nuevo plan de lucha", sostuvo.
 
Informe: Juan Pablo Pucciarelli
 
Fuente: Página 12
 

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24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
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23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

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