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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 27-03-2025 / 10:03
MOVILIZACIÓN DE EFECTIVOS DE SEGURIDAD FUERA DE TODA PROPORCIÓN AGREDIERON A LOS MANIFESTANTES

Gobierno de la brutalidad: Represión violenta de Bullrich con gases y bastonazos a jubilados y niños

Gobierno de la brutalidad: Represión violenta de Bullrich con gases y bastonazos a jubilados y niños
La única respuesta del Gobierno del estafador internacional Javier "el Loco" Milei frente a la protesta de los jubilados en el Congreso es la represión violenta. Patricia "Chaborra" Bullrich volvió a ordenar una movilización de efectivos fuera de toda proporción. Con la zona ocupada, los uniformados provocaron y agredieron a los manifestantes con gases, golpes, bastonazos y empujones que dejaron un saldo de al menos 38 heridos e intoxicados, entre ellos una nena de 8 años. Además de la represión, el gobierno de Milei oficializó un aumento irrisorio del 2,4 por ciento para los haberes y pensiones, y ratificó el bono de 70 mil pesos, que está congelado hace un año.
La única respuesta del Gobierno del estafador internacional Javier "el Loco" Milei frente a la protesta de los jubilados en el Congreso es la represión violenta. Patricia "Chaborra" Bullrich volvió a ordenar una movilización de efectivos fuera de toda proporción. Con la zona ocupada, los uniformados provocaron y agredieron a los manifestantes con gases, golpes, bastonazos y empujones que dejaron un saldo de al menos 38 heridos e intoxicados, entre ellos una nena de 8 años. Además de la represión, el gobierno de Milei oficializó un aumento irrisorio del 2,4 por ciento para los haberes y pensiones, y ratificó el bono de 70 mil pesos, que está congelado hace un año.
 
Una vez más los jubilados volvieron al Congreso para reclamar por sus haberes y para exigir la prórroga de la moratoria previsional, que venció este domingo y que condena a que más del 85% de los trabajadores en edad de jubilarse no puedan acceder a este derecho básico, con particular impacto en las mujeres. La respuesta de la Policía Federal fue la misma de siempre. Bajo las órdenes de Bullrich, encabezaron una nueva represión golpeando y gaseando a jubilados y a las organizaciones solidarias que acompañaban la movilización.
 
Con un operativo totalmente desmedido, las fuerzas de seguridad usaron gas pimienta para reprimir a jubilados y jubiladas que se manifestaban frente al Congreso e hirieron a 38 personas, entre ellas a una nena de 8 años que pasaba por el lugar tras salir del dentista. Incluso, un cordón policial impidió que la columna de la UOM y otras organizaciones gremiales se unieran a la manifestación. Luego del accionar brutal del 12 de marzo en el que fue herido de gravedad el fotógrafo Pablo Grillo y el megaoperativo del miércoles pasado, la desorbitada Bullrich volvió a esparcir violencia hacia los abuelos.
 
Pero además la Federal volvió a dejar en claro la saña que tienen no solo contra quienes se movilizan, sino contra la prensa que cubre las manifestaciones y que expone la represión. En Av. Entre Ríos, un efectivo de la motorizada aceleró su moto y se llevó puesto a un camarógrafo que lo único que hacía era filmar la represión a los jubilados. No es algo nuevo, ni un caso aislado. Hace tan sólo dos semanas, la Federal atentó contra Pablo Grillo disparando gases lacrimógenos a quemarropas y provocándole una gravísima herida en la cabeza, que todavía lo mantiene internado. La reconstrucción posterior del hecho no dejó lugar a dudas del accionar policial.
 
Amontonados en las veredas frente al Congreso por los escudos de Gendarmería y la PSA, el grupo de jubilados intentaron manifestarse, pero fueron rociados una y otra vez con gas pimienta. En un momento llegó a Congreso una columna de la UOM, después algunas de ATE, la UTEP y el Partido Obrero. Se ubicaron en la Plaza de los Dos Congresos, separada del parlamento por un enorme vallado de lado a lado de la avenida Entre Ríos. Los jubilados estaban del otro lado, sobre todo en la vereda de la confitería El Molino. Eran tantos los efectivos de las distintas fuerzas que cuando recibían la orden de moverse terminaban ellos mismos cortando las calles y generando caos en el tránsito.
 
La movilización de este miércoles fue la primera desde que finalizó la moratoria previsional el pasado 23 de marzo, una medida que, según el Plenario de Trabajadores Jubilados, impedirá que ciento de miles de personas puedan acceder a una jubilación. A pesar de la presencia intimidante de las fuerzas de seguridad, los jubilados continúan firmes en su lucha por condiciones dignas y en rechazo a los recortes implementados por el régimen anarco capitalista de los crueles y siniestros Hermanos Milei.
 
La Opinión Popular
 

HUBO 38 PERSONAS ANCIANAS AFECTADAS POR LOS GASES LACRIMÓGENOS
 
Otro operativo desmedido con jubilados reprimidos y una nena gaseada
 
Pero no solo eso, más temprano la administración de Milei oficializó un magro aumento del 2,4 por ciento para los haberes y pensiones a partir de abril, y ratificó el bono extraordinario de 70 mil pesos, que se mantiene en ese monto desde marzo del año pasado. Un doble ataque en la misma semana en la que se venció la moratoria que deja afuera del sistema jubilatorio a más de 250 mil personas, la mayoría de ellas mujeres.
 
Pasadas las seis de la tarde, luego de la ronda alrededor del Congreso que realizan cada miércoles los jubilados, la división motorizada de la Policía Federal comenzó a amedrentar a la columna que estaba sobre Hipólito Yrigoyen y avenida Entre Ríos. Minutos después, en la esquina de Rivadavia y Callao, los agentes comenzaron a golpear y gasear a los manifestantes.
 
"Atendimos a 38 personas por efectos del rociamiento del spray pimienta", aseguró a este diario el presidente del CEPA, Esteban Chalá, quien confirmó que entre las personas afectadas por el gas policial hay una nena de 8 años de nombre Ludmila, que "volvía con su padre del dentista". El rescatista comentó que la familia vive a siete cuadras del Congreso y  que "ambos recibieron el rociamiento del spray". "Una vez que fueron atendidos se fueron a su casa", añadió Chalá. Es la segunda vez que la policía ataca a una menor, en septiembre del año pasado también fue gaseada una nena que estaba con su madre, hecho por el que Bullrich tiene una denuncia.
 
El operativo  nuevamente fue exagerado en comparación con las personas que habían asistido a la marcha: se desplegaron cientos de efectivos de Prefectura, Policía Federal, Gendarmería y la Policía Aeroportuaria, una fuerza que no participa habitualmente de estas marchas. "A fuerza de golpes, empujones y bastonazos se obligó a los manifestantes a permanecer sobre la vereda", indicaron desde la Comisión Provincial de la Memoria (CPM).
 
La organización también denunció que algunos de los integrantes de su equipo de monitoreo fueron agredidos, al igual que trabajadores de la Asociación contra la violencia institucional. "La policía motorizada también irrumpió una vez para evitar los cortes de calle. De manera violenta redujeron a los manifestantes hasta ubicarlos sobre la vereda y la plaza", agregaron desde la CPM.
 
Además de las organizaciones que se congregan cada miércoles, como Jubilados Insurgentes, Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJEL) y el Plenario de Trabajadores Jubilados, también estuvieron partidos de izquierda y sindicatos como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la agrupación Madres de Plaza de Mayo, entre otros.
 
Uno de los gremios que participó fue la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Sin embargo, la columna  que encabezó Abel Furlán, que se había congregado más temprano en Avenida de Mayo para luego avanzar hacia el Congreso, fue rodeada por efectivos de la Policía, que los rodearon y le impidieron llegar al epicentro de la convocatoria, en un nuevo atropello al derecho a la protesta por parte de las fuerzas que comanda la ministra Bullrich.
 
"Yo en este momento estoy únicamente con los que vengan hoy a la calle a bancar a los jubilados, porque más que una cuestión partidaria, si bien las ideologías obviamente son importantes, lo que vale es estar hoy acá en la calle", dijo a Página/12 el Nono de Boedo, uno de los jubilados que todas las semanas asiste con su bicicleta. "Pablo Grillo, la militancia te acompaña, fuerza", escribió el Nono en uno de sus carteles.
 
Esta es la segunda movilización después de la brutal represión del 12 de marzo en la que fue herido el fotógrafo que hoy lucha por su vida en el Hospital Ramos Mejía. Fabián, el padre de Pablo, contó que  su hijo "sabe" que estuvo allí, "pero no sabe lo que le pasó". Si bien la semana pasada no hubo represión, el gobierno de Javier Milei intentó frenar la masiva movilización a través del amedrentamiento en las estaciones de trenes y de las requisas en las entradas a la Ciudad de Buenos Aires.
 
Por su parte, Rubén Cocurullo de Jubilados Insurgentes, denunció que "hubo más milicos que jubilados" y criticó la magnitud del operativo. Además le envió fuerzas a Grillo: "Espero que te vea un día en la plaza de nuevo, para darte un abrazo, compañero. Y espero que termine en la cárcel el que te hizo semejante daño", afirmó.
 
En una de las banderas ubicadas sobre la avenida Rivadavia, en la vereda del edificio del Anexo de la Cámara baja, se leía: "Todos somos jubilados, es una cuestión de tiempo". En la congregación no faltaron camisetas de fútbol, no solamente de Boca y River sino también de Godoy Cruz de Mendoza o Rosario Central, y hasta una bandera de Dock Sud que aseveraba: "Robar a los jubilados es un crimen social". "Ayudame a luchar, el próximo viejo sos vos", decía otro cartel.
 
Pero la violencia de Milei no es solo física, hoy el Gobierno Nacional oficializó un mínimo aumento del 2,4 por ciento para los haberes jubilatorios y pensiones a partir de abril, y confirmó que otorgará nuevamente un bono extraordinario de 70 mil pesos --el mismo monto desde hace un año-- y que no lo incorporará formalmente. Ahora, la mínima pasa a unos irrisorios 285.820 pesos, que mantienen las jubilaciones por debajo de la línea de indigencia.
 
La integrante del Plenario Nora Biaggio denunció la gravedad de la eliminación de la moratoria previsional, que se venció el domingo y que deja afuera del sistema a nueve de cada diez mujeres y ocho de cada diez hombres. "Además del aumento inmediato de haberes para llegar a una mínima de 1,2 millones y de la restitución del 100% de descuento de los medicamentos de PAMI y obras sociales, lo que también pedimos es que haya jubilación universal cualquiera haya sido la situación de contratación", sostuvo.
 
A su vez, Biaggio aseguró que habrá otras instancias para continuar con la organización de las agrupaciones de adultos mayores. "Este sábado 29 hacemos el tercer plenario de las organizaciones de jubilados en la Mutual Sentimiento, para definir un nuevo plan de lucha", sostuvo.
 
Informe: Juan Pablo Pucciarelli
 
Fuente: Página 12
 

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04-01-2026 / 17:01
La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.
 
Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.
 
Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".
 
El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.
 
Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.
 
Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.
 
Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.
 
El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.
 
"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.
 
No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.
 

02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

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