17:12 | Sabado 03 de Enero de 2013 | Entre Ríos

Por

“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 27-03-2025 / 10:03

MOVILIZACIÓN DE EFECTIVOS DE SEGURIDAD FUERA DE TODA PROPORCIÓN AGREDIERON A LOS MANIFESTANTES

Gobierno de la brutalidad: Represión violenta de Bullrich con gases y bastonazos a jubilados y niños

La única respuesta del Gobierno del estafador internacional Javier "el Loco" Milei frente a la protesta de los jubilados en el Congreso es la represión violenta. Patricia "Chaborra" Bullrich volvió a ordenar una movilización de efectivos fuera de toda proporción. Con la zona ocupada, los uniformados provocaron y agredieron a los manifestantes con gases, golpes, bastonazos y empujones que dejaron un saldo de al menos 38 heridos e intoxicados, entre ellos una nena de 8 años. Además de la represión, el gobierno de Milei oficializó un aumento irrisorio del 2,4 por ciento para los haberes y pensiones, y ratificó el bono de 70 mil pesos, que está congelado hace un año.

La única respuesta del Gobierno del estafador internacional Javier "el Loco" Milei frente a la protesta de los jubilados en el Congreso es la represión violenta. Patricia "Chaborra" Bullrich volvió a ordenar una movilización de efectivos fuera de toda proporción. Con la zona ocupada, los uniformados provocaron y agredieron a los manifestantes con gases, golpes, bastonazos y empujones que dejaron un saldo de al menos 38 heridos e intoxicados, entre ellos una nena de 8 años. Además de la represión, el gobierno de Milei oficializó un aumento irrisorio del 2,4 por ciento para los haberes y pensiones, y ratificó el bono de 70 mil pesos, que está congelado hace un año.

Una vez más los jubilados volvieron al Congreso para reclamar por sus haberes y para exigir la prórroga de la moratoria previsional, que venció este domingo y que condena a que más del 85% de los trabajadores en edad de jubilarse no puedan acceder a este derecho básico, con particular impacto en las mujeres. La respuesta de la Policía Federal fue la misma de siempre. Bajo las órdenes de Bullrich, encabezaron una nueva represión golpeando y gaseando a jubilados y a las organizaciones solidarias que acompañaban la movilización.

Con un operativo totalmente desmedido, las fuerzas de seguridad usaron gas pimienta para reprimir a jubilados y jubiladas que se manifestaban frente al Congreso e hirieron a 38 personas, entre ellas a una nena de 8 años que pasaba por el lugar tras salir del dentista. Incluso, un cordón policial impidió que la columna de la UOM y otras organizaciones gremiales se unieran a la manifestación. Luego del accionar brutal del 12 de marzo en el que fue herido de gravedad el fotógrafo Pablo Grillo y el megaoperativo del miércoles pasado, la desorbitada Bullrich volvió a esparcir violencia hacia los abuelos.

Pero además la Federal volvió a dejar en claro la saña que tienen no solo contra quienes se movilizan, sino contra la prensa que cubre las manifestaciones y que expone la represión. En Av. Entre Ríos, un efectivo de la motorizada aceleró su moto y se llevó puesto a un camarógrafo que lo único que hacía era filmar la represión a los jubilados. No es algo nuevo, ni un caso aislado. Hace tan sólo dos semanas, la Federal atentó contra Pablo Grillo disparando gases lacrimógenos a quemarropas y provocándole una gravísima herida en la cabeza, que todavía lo mantiene internado. La reconstrucción posterior del hecho no dejó lugar a dudas del accionar policial.

Amontonados en las veredas frente al Congreso por los escudos de Gendarmería y la PSA, el grupo de jubilados intentaron manifestarse, pero fueron rociados una y otra vez con gas pimienta. En un momento llegó a Congreso una columna de la UOM, después algunas de ATE, la UTEP y el Partido Obrero. Se ubicaron en la Plaza de los Dos Congresos, separada del parlamento por un enorme vallado de lado a lado de la avenida Entre Ríos. Los jubilados estaban del otro lado, sobre todo en la vereda de la confitería El Molino. Eran tantos los efectivos de las distintas fuerzas que cuando recibían la orden de moverse terminaban ellos mismos cortando las calles y generando caos en el tránsito.

La movilización de este miércoles fue la primera desde que finalizó la moratoria previsional el pasado 23 de marzo, una medida que, según el Plenario de Trabajadores Jubilados, impedirá que ciento de miles de personas puedan acceder a una jubilación. A pesar de la presencia intimidante de las fuerzas de seguridad, los jubilados continúan firmes en su lucha por condiciones dignas y en rechazo a los recortes implementados por el régimen anarco capitalista de los crueles y siniestros Hermanos Milei.

La Opinión Popular

HUBO 38 PERSONAS ANCIANAS AFECTADAS POR LOS GASES LACRIMÓGENOS

Otro operativo desmedido con jubilados reprimidos y una nena gaseada

Pero no solo eso, más temprano la administración de Milei oficializó un magro aumento del 2,4 por ciento para los haberes y pensiones a partir de abril, y ratificó el bono extraordinario de 70 mil pesos, que se mantiene en ese monto desde marzo del año pasado. Un doble ataque en la misma semana en la que se venció la moratoria que deja afuera del sistema jubilatorio a más de 250 mil personas, la mayoría de ellas mujeres.

Pasadas las seis de la tarde, luego de la ronda alrededor del Congreso que realizan cada miércoles los jubilados, la división motorizada de la Policía Federal comenzó a amedrentar a la columna que estaba sobre Hipólito Yrigoyen y avenida Entre Ríos. Minutos después, en la esquina de Rivadavia y Callao, los agentes comenzaron a golpear y gasear a los manifestantes.

"Atendimos a 38 personas por efectos del rociamiento del spray pimienta", aseguró a este diario el presidente del CEPA, Esteban Chalá, quien confirmó que entre las personas afectadas por el gas policial hay una nena de 8 años de nombre Ludmila, que "volvía con su padre del dentista". El rescatista comentó que la familia vive a siete cuadras del Congreso y que "ambos recibieron el rociamiento del spray". "Una vez que fueron atendidos se fueron a su casa", añadió Chalá. Es la segunda vez que la policía ataca a una menor, en septiembre del año pasado también fue gaseada una nena que estaba con su madre, hecho por el que Bullrich tiene una denuncia.

El operativo nuevamente fue exagerado en comparación con las personas que habían asistido a la marcha: se desplegaron cientos de efectivos de Prefectura, Policía Federal, Gendarmería y la Policía Aeroportuaria, una fuerza que no participa habitualmente de estas marchas. "A fuerza de golpes, empujones y bastonazos se obligó a los manifestantes a permanecer sobre la vereda", indicaron desde la Comisión Provincial de la Memoria (CPM).

La organización también denunció que algunos de los integrantes de su equipo de monitoreo fueron agredidos, al igual que trabajadores de la Asociación contra la violencia institucional. "La policía motorizada también irrumpió una vez para evitar los cortes de calle. De manera violenta redujeron a los manifestantes hasta ubicarlos sobre la vereda y la plaza", agregaron desde la CPM.

Además de las organizaciones que se congregan cada miércoles, como Jubilados Insurgentes, Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJEL) y el Plenario de Trabajadores Jubilados, también estuvieron partidos de izquierda y sindicatos como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la agrupación Madres de Plaza de Mayo, entre otros.

Uno de los gremios que participó fue la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Sin embargo, la columna que encabezó Abel Furlán, que se había congregado más temprano en Avenida de Mayo para luego avanzar hacia el Congreso, fue rodeada por efectivos de la Policía, que los rodearon y le impidieron llegar al epicentro de la convocatoria, en un nuevo atropello al derecho a la protesta por parte de las fuerzas que comanda la ministra Bullrich.

"Yo en este momento estoy únicamente con los que vengan hoy a la calle a bancar a los jubilados, porque más que una cuestión partidaria, si bien las ideologías obviamente son importantes, lo que vale es estar hoy acá en la calle", dijo a Página/12 el Nono de Boedo, uno de los jubilados que todas las semanas asiste con su bicicleta. "Pablo Grillo, la militancia te acompaña, fuerza", escribió el Nono en uno de sus carteles.

Esta es la segunda movilización después de la brutal represión del 12 de marzo en la que fue herido el fotógrafo que hoy lucha por su vida en el Hospital Ramos Mejía. Fabián, el padre de Pablo, contó que su hijo "sabe" que estuvo allí, "pero no sabe lo que le pasó". Si bien la semana pasada no hubo represión, el gobierno de Javier Milei intentó frenar la masiva movilización a través del amedrentamiento en las estaciones de trenes y de las requisas en las entradas a la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, Rubén Cocurullo de Jubilados Insurgentes, denunció que "hubo más milicos que jubilados" y criticó la magnitud del operativo. Además le envió fuerzas a Grillo: "Espero que te vea un día en la plaza de nuevo, para darte un abrazo, compañero. Y espero que termine en la cárcel el que te hizo semejante daño", afirmó.

En una de las banderas ubicadas sobre la avenida Rivadavia, en la vereda del edificio del Anexo de la Cámara baja, se leía: "Todos somos jubilados, es una cuestión de tiempo". En la congregación no faltaron camisetas de fútbol, no solamente de Boca y River sino también de Godoy Cruz de Mendoza o Rosario Central, y hasta una bandera de Dock Sud que aseveraba: "Robar a los jubilados es un crimen social". "Ayudame a luchar, el próximo viejo sos vos", decía otro cartel.

Pero la violencia de Milei no es solo física, hoy el Gobierno Nacional oficializó un mínimo aumento del 2,4 por ciento para los haberes jubilatorios y pensiones a partir de abril, y confirmó que otorgará nuevamente un bono extraordinario de 70 mil pesos --el mismo monto desde hace un año-- y que no lo incorporará formalmente. Ahora, la mínima pasa a unos irrisorios 285.820 pesos, que mantienen las jubilaciones por debajo de la línea de indigencia.

La integrante del Plenario Nora Biaggio denunció la gravedad de la eliminación de la moratoria previsional, que se venció el domingo y que deja afuera del sistema a nueve de cada diez mujeres y ocho de cada diez hombres. "Además del aumento inmediato de haberes para llegar a una mínima de 1,2 millones y de la restitución del 100% de descuento de los medicamentos de PAMI y obras sociales, lo que también pedimos es que haya jubilación universal cualquiera haya sido la situación de contratación", sostuvo.

A su vez, Biaggio aseguró que habrá otras instancias para continuar con la organización de las agrupaciones de adultos mayores. "Este sábado 29 hacemos el tercer plenario de las organizaciones de jubilados en la Mutual Sentimiento, para definir un nuevo plan de lucha", sostuvo.

Informe: Juan Pablo Pucciarelli

Fuente: Página 12

02-01-2026 / 10:01

SIDE: la nueva Gestapo de Milei para encarcelar políticos, gremialistas y periodistas opositores

El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.

Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".

Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.

La Opinión Popular

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".