18:53 | Sabado 27 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 12-03-2025 / 09:03

AL LIBERTARIO SE LE FILTRÓ UN NUEVO ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN, ESTA VEZ POR LA ADUANA

Laura Arrieta, la valijera del Loco Milei que compromete gravemente al Gobierno

La criptoestafa abrió una brecha de acusaciones sobre la corrupción libertaria que el Gobierno de Javier "el Loco" Milei no consigue cerrar. La Coalición Cívica presentó ahora un pedido de informes sobre la denuncia de que una de las organizadoras en Argentina del congreso de la CPAC, Laura Belén Arrieta, el grupo de ultraderecha que une a Milei con Donald Trump y Elon Musk, ingresó al país con valijas con dinero negro que no fueron revisadas "por orden de arriba".

La criptoestafa abrió una brecha de acusaciones sobre la corrupción libertaria que el Gobierno de Javier "el Loco" Milei no consigue cerrar. La Coalición Cívica presentó ahora un pedido de informes sobre la denuncia de que una de las organizadoras en Argentina del congreso de la CPAC, Laura Belén Arrieta, el grupo de ultraderecha que une a Milei con Donald Trump y Elon Musk, ingresó al país con valijas con dinero negro que no fueron revisadas "por orden de arriba".

Según su cuenta de Linkedin, Arrieta estudia Hotelería y Turismo en la Universidad Nacional de Lanús y también hizo un curso para ser tripulante de cabina en el Centro de Estudios Buenos Aires (CEDEBA). En la actualidad, trabaja como vicepresidenta y gerenta de Operaciones Corporativas de COC Global Enterprise, una empresa "de capital de riesgo y capital privado" con base en Miami que se dedica a "descubrir y fomentar empresas de alto potencial en los mercados de Estados Unidos y América Latina".

También trabaja como gerenta de Operaciones Corporativas de OCP TECH, una empresa líder en soluciones tecnológicas integradas fundada por Leonadro Scatturice, un empresario argentino con residencia en Miami también ligado a COC Global Enterprise al que en el pasado se le adjudicó un vínculo con la SIDE y que al igual que Arrieta está relacionado con la CPAC.

Este año, Scatturice estuvo en la cumbre conservadora de la que participó Milei en Estados Unidos y fue parte del comité organizador (en el que figura también Arrieta) de la reunión de la CPAC que se hizo en Puerto Madero. Desde enero de 2025, Arrieta también figura como miembro de la junta directiva de Surjet Charter and Management, "una empresa privada de gestión de aeronaves y un operador chárter directo que brinda servicios y soluciones de vuelo globales".

El nuevo escándalo que salpica al Gobierno fue dado a conocer en las últimas horas a través de una denuncia periodística que reveló que días atrás Arrieta, "una mujer representante de la CPAC", llegó al país, quiso ingresar "con muchas valijas" y cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Aduana intentaron realizar el operativo de control, recibieron una orden clara: "No hay que mirar nada acá". Esa discrecionalidad, siempre según la denuncia relatada en el programa Odisea (LN+), fue "por orden de arriba", es decir de alguna autoridad del Gobierno.

El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro comunicó por redes sociales que realizó un pedido de acceso a la información pública para que la administración Milei esclarezca la información. Lo que se difundió hasta ahora es que "Arrieta participó en la CPAC, la convención internacional de la derecha conservadora, que se desarrolló en Argentina", y por ello "algunas preguntas necesitan respuesta", planteó el legislador nacional.

"¿Quién dio la orden en la Aduana para que Arrieta pasara sin control? ¿Qué tipo de vuelo fue, de qué aerolínea o empresa y en qué aeropuerto aterrizó? ¿Cuál es la matrícula del avión en que llegó? ¿Existen registros fílmicos de su ingreso al país? ¿Qué personal de la PSA y de la Aduana intervino en este supuesto procedimiento irregular?", se preguntó. "Si el Gobierno predica la transparencia, debería esclarecer de inmediato este episodio. La discrecionalidad en los controles aduaneros no solo compromete la seguridad y la legalidad del comercio exterior, sino que también evidencia un doble estándar inaceptable", concluyó.

La Opinión Popular

Un vuelo privado, una ex azafata trumpista y valijas bajo sospecha

El diputado Maxi Ferraro presentó un pedido de informes a raíz de la denuncia de que Laura Belén Arrieta podría haber ingresado al país con equipaje sin revisar. Se trata de una mujer de 32 años que formó parte de la organización de la CPAC y trabaja para empresarios vinculados a los servicios. Llegó procedente de Miami, en un Jet de lujo que estuvo ocho días en un hangar. La explicación oficial, floja de papeles.

El avión privado de matrícula extranjera N18RU despegó del Aeropuerto Internacional de Miami el martes 25 de febrero con destino a Buenos Aires y aterrizó ese mismo día en Aeroparque. A bordo viajaba Laura Belén Arrieta, una ex azafata de 32 años vinculada a distintas terminales libertarias y de los servicios que formó parte del comité organizador de la edición argentina de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), celebrada en diciembre pasado en el Hotel Hilton.

Lo que sucedió a partir del momento en que bajó de la aeronave se convirtió en materia de sospechas para la oposición y podría derivar en un nuevo escándalo para Javier Milei. El diputado Maxi Ferraro, de la Coalición Cívica, presentó un pedido de informes para esclarecer si habría sorteado los controles aduaneros e ingresado al país con una serie de valijas sin revisar.

Las suspicacias se levantaron luego de que el periodista de LN+, Carlos Pagni, revelara la noche del lunes que Arrieta "llegó con una cantidad de valijas, no sabemos cuántas, pero parece que eran muchas" y que "cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Aduana intentaron realizar un operativo (de control), hubo una orden de arriba que indicó que no se revisara nada".

Fue a partir de esa denuncia que el diputado Ferraro presentó el pedido de informes, dado que, según planteó, hay "algunas preguntas que necesitan respuesta". Entre ellas: ¿Quiénes viajaban efectivamente a bordo del avión?; ¿Quién dio la supuesta orden para que Arrieta eludiera los controles? y ¿Qué personal de Aduana intervino en el procedimiento? También pidió los registros fílmicos del arribo de la aeronave al país.

"El Gobierno debe dar explicaciones en detalle de todo lo que pasó desde que el avión aterrizó hasta que la mujer en cuestión salió del aeropuerto. Si no hay nada que ocultar, el tema debería aclararse sin problemas", le dijo Ferraro a Página/12.

La lupa no sólo está puesta en el procedimiento, sino también en la protagonista. Arrieta tuvo un raudo ascenso en pocos años: pasó de ser empleada administrativa en una casa de artículos de cuero y de ser azafata de la empresa aérea Flyest, que quebró en 2021, a ser gerenta de empresas radicadas en Miami como OCP Tech y COC Global Enterpraise, tal como figura en su perfil de Linkedin. Su jefe en ambas firmas es un empresario con terminales en la CPAC y el mundillo republicano de Estados Unidos, Leonardo Scatturice, al que también se lo vinculó en su momento con la SIDE y la división de Inteligencia de la Policía Bonaerense.

El costo del vuelo privado en el que llegó Arrieta no bajaría de los 100 mil dólares, a lo que habría que sumarle los días de alquiler del hangar en el que (supuestamente) estuvo guardado, durante más de una semana. El avión en cuestión es además uno de los más lujosos disponibles. "Es cuanto menos llamativo el salto meteórico" de Arrieta, apuntó Ferraro.

Son esos vínculos entre los distintos personajes de la derecha conservadora regional, norteamericana y vernácula los que le dan relevancia al caso. Milei fue el principal protagonista de la edición local de la CPAC en diciembre pasado, de la que participaron desde el referente de VOX en España, Santiago Abascal, hasta la nuera de Donald Trump, Lara Trump, y Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Arrieta formó parte de la organización del evento, en el que juntó fotos con varios miembros del gabinete. Su jefe Scatturice fue parte de la organización hace dos semanas de la última CPAC de la que participó Milei, en Washington.

En Casa Rosada, en tanto, este martes le bajaban el precio a las sospechas. "Solo son rumores, no se le pueden dar entidad", decían desde el círculo íntimo del Presidente.

Hechos, dudas y preguntas

El avión de la discordia es un Bombardier Global 5000, propiedad del empresario colombiano Ricardo Uribe, de Rua Group. Se trata de un Jet de lujo con la matrícula norteamericana N18RU, cuyo costo ronda los 8 mil dólares la hora de vuelo. Según fuentes oficiales, la nave aterrizó en Aeroparque el 25 de febrero, donde se le efectuaron controles "de rutina" y no se detectaron irregularidades. La pasajera, según las mismas fuentes, llevaba sólo una valija de mano y otra de mayor tamaño y peso.

Es decir, la versión oficial de los hechos confirma que el vuelo existió, que el avión partió de Miami y aterrizó en Aeroparque y que al menos Arrieta iba a bordo y traía por lo menos dos valijas consigo. Pero desmiente que se hayan sorteado los controles y que sean las valijas sean "varias".

Pero hasta ahora no hubo más precisiones ni mayores detalles. Algo que, al menos a priori, resulta llamativo. Según la versión oficial, el avión estuvo "en tránsito" durante ocho largos días en total, guardado en un hangar privado (de la empresa Royal Class) antes de volver a despegar el 5 de marzo, rumbo a París. Fuentes que conocen al dedillo el mundo aeronáutico confirmaron a este diario que ambas cosas al tiempo son imposibles: o el avión estuvo en tránsito unas pocas horas antes de volar a otro destino o efectivamente estuvo guardado.

Si se da el segundo caso, que es lo más probable, además de resultar de muy caro (cada día de "guardado" cuesta miles de dólares), debieron haberse controlado las bodegas, donde se guarda el resto del equipaje. Hasta ahora no hubo detalles sobre ese punto en particular.

Por eso, el pedido de informes de Ferraro apunta a conocer datos más precisos, a través por ejemplo del registro fílmico de la llegada de la aeronave al país (si es que lo hubiera) y de los datos sobre la tripulación, los pasajeros y el equipaje que llegó a bordo de la nave.

Esa información, que podría esclarecer qué pasó esos días en el aeropuerto, está en manos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que recibe los informes de seguridad de los vuelos provenientes del exterior, y por supuesto de la propia Aduana, "donde hay un gran revuelo" según reveló Pagni.

Pero además, queda otro cabo suelto: qué podría haber motivado la supuesta "orden de arriba" para no revisar. La hipótesis de que hayan tenido dinero en efectivo es la menos plausible, dado que sería un mecanismo muy poco sofisticado para moverlo, aunque el aire a servicios que tiene el caso deja abierto el abanico de posibilidades.

Azafata libertaria

Los protagonistas del hecho podrían haber sido dignos de una saga de la estafa de $LIBRA, aunque en este caso hay una ex afata y no "criptobros". Como admitió el Presidente, debería controlar quién se acerca a él y a su círculo íntimo. El hermano de Laura Arrieta, Fernando, es un activo militante de LLA que registró un ingreso a Casa Rosada a fines de diciembre del año pasado. Los hermanos, además, tienen vínculos con Santiago Caputo y Karina Milei, con quien además salieron en algunas fotos, sonrientes.

Al igual que LIBRA, el caso podría traer cola internacional: el jefe Arrieta, Leonardo Scatturice, tiene vínculos aceitados con la cúpula del Partido Republicano de Estados Unidos, y fue una las figuras que estuvo en la organización en Washington del último congreso de la CPAC de la que participó Milei.

Por Matías Ferrari

Fuente: Página 12

27-12-2025 / 09:12

Defendiendo lo indefendible: El apoyo a Milei fue contra los intereses de la mayoría que lo votó, aunque ellos se ilusionan con lo contrario

Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.

Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.

El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.

Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.

En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.

Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.

Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.

Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.

En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza.

26-12-2025 / 07:12

El Loco Milei contra la Iglesia Católica: Una relación que va de fría a congelada

Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.

Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.

Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".

Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".

Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.

El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.

El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).

A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.

"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.

La Opinión Popular

24-12-2025 / 11:12

Corrupción libertaria en la Agencia Nacional de Discapacidad: El exnúmero dos niega todo y deja a Spagnuolo como el corrompido de las compras truchas

La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.

La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.

En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.

Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.

En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.

Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".

El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.

Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.

La Opinión Popular

23-12-2025 / 09:12

La justicia le exige a Milei que informe donde está el oro de las reservas que se encanutó

Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.

En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.

Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.

Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.

Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.

El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.

Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.

La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.

La Opinión Popular

22-12-2025 / 10:12

Las joyas de la abuela que remata el gobierno a los “amigos” hasta agotar stock

Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.

Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.

Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.

A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.

La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".

"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.

Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.

El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.

Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.