23:27 | Martes 18 de Noviembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 12-03-2025 / 09:03

AL LIBERTARIO SE LE FILTRÓ UN NUEVO ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN, ESTA VEZ POR LA ADUANA

Laura Arrieta, la valijera del Loco Milei que compromete gravemente al Gobierno

La criptoestafa abrió una brecha de acusaciones sobre la corrupción libertaria que el Gobierno de Javier "el Loco" Milei no consigue cerrar. La Coalición Cívica presentó ahora un pedido de informes sobre la denuncia de que una de las organizadoras en Argentina del congreso de la CPAC, Laura Belén Arrieta, el grupo de ultraderecha que une a Milei con Donald Trump y Elon Musk, ingresó al país con valijas con dinero negro que no fueron revisadas "por orden de arriba".

La criptoestafa abrió una brecha de acusaciones sobre la corrupción libertaria que el Gobierno de Javier "el Loco" Milei no consigue cerrar. La Coalición Cívica presentó ahora un pedido de informes sobre la denuncia de que una de las organizadoras en Argentina del congreso de la CPAC, Laura Belén Arrieta, el grupo de ultraderecha que une a Milei con Donald Trump y Elon Musk, ingresó al país con valijas con dinero negro que no fueron revisadas "por orden de arriba".

Según su cuenta de Linkedin, Arrieta estudia Hotelería y Turismo en la Universidad Nacional de Lanús y también hizo un curso para ser tripulante de cabina en el Centro de Estudios Buenos Aires (CEDEBA). En la actualidad, trabaja como vicepresidenta y gerenta de Operaciones Corporativas de COC Global Enterprise, una empresa "de capital de riesgo y capital privado" con base en Miami que se dedica a "descubrir y fomentar empresas de alto potencial en los mercados de Estados Unidos y América Latina".

También trabaja como gerenta de Operaciones Corporativas de OCP TECH, una empresa líder en soluciones tecnológicas integradas fundada por Leonadro Scatturice, un empresario argentino con residencia en Miami también ligado a COC Global Enterprise al que en el pasado se le adjudicó un vínculo con la SIDE y que al igual que Arrieta está relacionado con la CPAC.

Este año, Scatturice estuvo en la cumbre conservadora de la que participó Milei en Estados Unidos y fue parte del comité organizador (en el que figura también Arrieta) de la reunión de la CPAC que se hizo en Puerto Madero. Desde enero de 2025, Arrieta también figura como miembro de la junta directiva de Surjet Charter and Management, "una empresa privada de gestión de aeronaves y un operador chárter directo que brinda servicios y soluciones de vuelo globales".

El nuevo escándalo que salpica al Gobierno fue dado a conocer en las últimas horas a través de una denuncia periodística que reveló que días atrás Arrieta, "una mujer representante de la CPAC", llegó al país, quiso ingresar "con muchas valijas" y cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Aduana intentaron realizar el operativo de control, recibieron una orden clara: "No hay que mirar nada acá". Esa discrecionalidad, siempre según la denuncia relatada en el programa Odisea (LN+), fue "por orden de arriba", es decir de alguna autoridad del Gobierno.

El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro comunicó por redes sociales que realizó un pedido de acceso a la información pública para que la administración Milei esclarezca la información. Lo que se difundió hasta ahora es que "Arrieta participó en la CPAC, la convención internacional de la derecha conservadora, que se desarrolló en Argentina", y por ello "algunas preguntas necesitan respuesta", planteó el legislador nacional.

"¿Quién dio la orden en la Aduana para que Arrieta pasara sin control? ¿Qué tipo de vuelo fue, de qué aerolínea o empresa y en qué aeropuerto aterrizó? ¿Cuál es la matrícula del avión en que llegó? ¿Existen registros fílmicos de su ingreso al país? ¿Qué personal de la PSA y de la Aduana intervino en este supuesto procedimiento irregular?", se preguntó. "Si el Gobierno predica la transparencia, debería esclarecer de inmediato este episodio. La discrecionalidad en los controles aduaneros no solo compromete la seguridad y la legalidad del comercio exterior, sino que también evidencia un doble estándar inaceptable", concluyó.

La Opinión Popular

Un vuelo privado, una ex azafata trumpista y valijas bajo sospecha

El diputado Maxi Ferraro presentó un pedido de informes a raíz de la denuncia de que Laura Belén Arrieta podría haber ingresado al país con equipaje sin revisar. Se trata de una mujer de 32 años que formó parte de la organización de la CPAC y trabaja para empresarios vinculados a los servicios. Llegó procedente de Miami, en un Jet de lujo que estuvo ocho días en un hangar. La explicación oficial, floja de papeles.

El avión privado de matrícula extranjera N18RU despegó del Aeropuerto Internacional de Miami el martes 25 de febrero con destino a Buenos Aires y aterrizó ese mismo día en Aeroparque. A bordo viajaba Laura Belén Arrieta, una ex azafata de 32 años vinculada a distintas terminales libertarias y de los servicios que formó parte del comité organizador de la edición argentina de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), celebrada en diciembre pasado en el Hotel Hilton.

Lo que sucedió a partir del momento en que bajó de la aeronave se convirtió en materia de sospechas para la oposición y podría derivar en un nuevo escándalo para Javier Milei. El diputado Maxi Ferraro, de la Coalición Cívica, presentó un pedido de informes para esclarecer si habría sorteado los controles aduaneros e ingresado al país con una serie de valijas sin revisar.

Las suspicacias se levantaron luego de que el periodista de LN+, Carlos Pagni, revelara la noche del lunes que Arrieta "llegó con una cantidad de valijas, no sabemos cuántas, pero parece que eran muchas" y que "cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Aduana intentaron realizar un operativo (de control), hubo una orden de arriba que indicó que no se revisara nada".

Fue a partir de esa denuncia que el diputado Ferraro presentó el pedido de informes, dado que, según planteó, hay "algunas preguntas que necesitan respuesta". Entre ellas: ¿Quiénes viajaban efectivamente a bordo del avión?; ¿Quién dio la supuesta orden para que Arrieta eludiera los controles? y ¿Qué personal de Aduana intervino en el procedimiento? También pidió los registros fílmicos del arribo de la aeronave al país.

"El Gobierno debe dar explicaciones en detalle de todo lo que pasó desde que el avión aterrizó hasta que la mujer en cuestión salió del aeropuerto. Si no hay nada que ocultar, el tema debería aclararse sin problemas", le dijo Ferraro a Página/12.

La lupa no sólo está puesta en el procedimiento, sino también en la protagonista. Arrieta tuvo un raudo ascenso en pocos años: pasó de ser empleada administrativa en una casa de artículos de cuero y de ser azafata de la empresa aérea Flyest, que quebró en 2021, a ser gerenta de empresas radicadas en Miami como OCP Tech y COC Global Enterpraise, tal como figura en su perfil de Linkedin. Su jefe en ambas firmas es un empresario con terminales en la CPAC y el mundillo republicano de Estados Unidos, Leonardo Scatturice, al que también se lo vinculó en su momento con la SIDE y la división de Inteligencia de la Policía Bonaerense.

El costo del vuelo privado en el que llegó Arrieta no bajaría de los 100 mil dólares, a lo que habría que sumarle los días de alquiler del hangar en el que (supuestamente) estuvo guardado, durante más de una semana. El avión en cuestión es además uno de los más lujosos disponibles. "Es cuanto menos llamativo el salto meteórico" de Arrieta, apuntó Ferraro.

Son esos vínculos entre los distintos personajes de la derecha conservadora regional, norteamericana y vernácula los que le dan relevancia al caso. Milei fue el principal protagonista de la edición local de la CPAC en diciembre pasado, de la que participaron desde el referente de VOX en España, Santiago Abascal, hasta la nuera de Donald Trump, Lara Trump, y Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Arrieta formó parte de la organización del evento, en el que juntó fotos con varios miembros del gabinete. Su jefe Scatturice fue parte de la organización hace dos semanas de la última CPAC de la que participó Milei, en Washington.

En Casa Rosada, en tanto, este martes le bajaban el precio a las sospechas. "Solo son rumores, no se le pueden dar entidad", decían desde el círculo íntimo del Presidente.

Hechos, dudas y preguntas

El avión de la discordia es un Bombardier Global 5000, propiedad del empresario colombiano Ricardo Uribe, de Rua Group. Se trata de un Jet de lujo con la matrícula norteamericana N18RU, cuyo costo ronda los 8 mil dólares la hora de vuelo. Según fuentes oficiales, la nave aterrizó en Aeroparque el 25 de febrero, donde se le efectuaron controles "de rutina" y no se detectaron irregularidades. La pasajera, según las mismas fuentes, llevaba sólo una valija de mano y otra de mayor tamaño y peso.

Es decir, la versión oficial de los hechos confirma que el vuelo existió, que el avión partió de Miami y aterrizó en Aeroparque y que al menos Arrieta iba a bordo y traía por lo menos dos valijas consigo. Pero desmiente que se hayan sorteado los controles y que sean las valijas sean "varias".

Pero hasta ahora no hubo más precisiones ni mayores detalles. Algo que, al menos a priori, resulta llamativo. Según la versión oficial, el avión estuvo "en tránsito" durante ocho largos días en total, guardado en un hangar privado (de la empresa Royal Class) antes de volver a despegar el 5 de marzo, rumbo a París. Fuentes que conocen al dedillo el mundo aeronáutico confirmaron a este diario que ambas cosas al tiempo son imposibles: o el avión estuvo en tránsito unas pocas horas antes de volar a otro destino o efectivamente estuvo guardado.

Si se da el segundo caso, que es lo más probable, además de resultar de muy caro (cada día de "guardado" cuesta miles de dólares), debieron haberse controlado las bodegas, donde se guarda el resto del equipaje. Hasta ahora no hubo detalles sobre ese punto en particular.

Por eso, el pedido de informes de Ferraro apunta a conocer datos más precisos, a través por ejemplo del registro fílmico de la llegada de la aeronave al país (si es que lo hubiera) y de los datos sobre la tripulación, los pasajeros y el equipaje que llegó a bordo de la nave.

Esa información, que podría esclarecer qué pasó esos días en el aeropuerto, está en manos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que recibe los informes de seguridad de los vuelos provenientes del exterior, y por supuesto de la propia Aduana, "donde hay un gran revuelo" según reveló Pagni.

Pero además, queda otro cabo suelto: qué podría haber motivado la supuesta "orden de arriba" para no revisar. La hipótesis de que hayan tenido dinero en efectivo es la menos plausible, dado que sería un mecanismo muy poco sofisticado para moverlo, aunque el aire a servicios que tiene el caso deja abierto el abanico de posibilidades.

Azafata libertaria

Los protagonistas del hecho podrían haber sido dignos de una saga de la estafa de $LIBRA, aunque en este caso hay una ex afata y no "criptobros". Como admitió el Presidente, debería controlar quién se acerca a él y a su círculo íntimo. El hermano de Laura Arrieta, Fernando, es un activo militante de LLA que registró un ingreso a Casa Rosada a fines de diciembre del año pasado. Los hermanos, además, tienen vínculos con Santiago Caputo y Karina Milei, con quien además salieron en algunas fotos, sonrientes.

Al igual que LIBRA, el caso podría traer cola internacional: el jefe Arrieta, Leonardo Scatturice, tiene vínculos aceitados con la cúpula del Partido Republicano de Estados Unidos, y fue una las figuras que estuvo en la organización en Washington del último congreso de la CPAC de la que participó Milei.

Por Matías Ferrari

Fuente: Página 12

18-11-2025 / 10:11

Las pruebas de la participación de Milei en la estafa $LIBRA ya está en las manos de la justicia

De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.

Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.

La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.

Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.

Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.

En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.

La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.

Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.

En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

17-11-2025 / 10:11

El plan de la derecha cipaya para convertir Argentina en la colonia yanqui de Trump

16-11-2025 / 09:11

Coimeros: Macri, Milei, Spagnuolo y la trama detrás de los sobre precios increíbles y el 3% para la hermana Karina

El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.

Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.

Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.

En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".

La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.

Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.

A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.

El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.

15-11-2025 / 10:11

La falacia de los precios y la pobreza: la inflación sigue subiendo, pero el Indec no refleja la realidad

Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.

Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.

Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.

La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.

La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.

La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.

En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.

La Opinión Popular

15-11-2025 / 09:11

Miserable sumisión del gobierno del cipayo Javier Milei a Donald Trump

En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza.

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".

Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.

Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.

En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.

No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.

Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.

La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.

La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía.