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Entre Ríos - 11-03-2025 / 12:03
ABREN INVESTIGACIÓN PENAL POR RECAUDAR SIN TENER PREVISIÓN NORMATIVA, ENTRE 20% Y 30% ADICIONAL

ATER: investigan el cobro ilegal de impuestos inmobiliario y del automotor

ATER: investigan el cobro ilegal de impuestos inmobiliario y del automotor
Se abrió una investigación penal contra autoridades de la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER) por presunto cobro ilegal de impuestos. La denuncia comprende al director ejecutivo y el adjunto, contadores, Jesús Korell y Rafael Cardoso, respectivamente. Se les atribuye que desde la ATER habrían recaudado "sin tener previsión normativa que lo sustente", entre un 20% y un 30% adicional por los impuestos inmobiliario urbano, subrural y rural y automotor...".
 
Se abrió una investigación penal contra autoridades de la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER) por presunto cobro ilegal de impuestos. La denuncia comprende al director ejecutivo y el adjunto, contadores, Jesús Korell y Rafael Cardoso, respectivamente. Se les atribuye que desde la ATER habrían recaudado "sin tener previsión normativa que lo sustente", entre un 20% y un 30% adicional por los impuestos inmobiliario urbano, subrural y rural y automotor...".
 
 
Apertura de la causa
  
El fiscal de Paraná, Gonzalo Badano, dispuso el 18 de febrero la apertura de la causa que comenzó a sustanciarse bajo la carátula "NN s/ tipo procedimiento no definido" a partir de la denuncia que formuló el abogado paranaense, Emmanuel Berta Schroder, el 13 de febrero.
 
El director ejecutivo Jesús Rafael Korell y el adjunto, Rafael Cardoso fueron denunciados por recaudar sin tener previsión normativa que lo sustente", entre un 20% y un 30% adicional por los impuestos inmobiliario urbano, subrural y rural y automotor..."
 
A los días citó a prestar declaración indagatoria a los dos sospechosos. Se trata de los contadores Jesús Korell y Rafael Cardoso, director ejecutivo y adjunto, respectivamente de ATER, publicó APF.
 
Fiscalía investigará si Korell y Cardoso "durante el período comprendido entre 1° de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2024, ATER habría recaudado, sin tener previsión normativa que lo sustente, un adicional de entre un 20% a un 30% sobre el impuesto inmobiliario urbano, subrural y rural, y el impuesto automotor, conforme las disposiciones que fueran de carácter transitorio en oportunidad de sancionarse la Ley 10.270 modificatoria del Código Fiscal de la Provincia de Entre Ríos; posteriormente prorrogada sistemáticamente hasta el año 2023".
 
Badano dispuso "promover la presente Investigación Penal Preparatoria -artículo 212 ley 9754, modificatorias Ley 10.317; solicitar a la ATER que informe si se liquidó y cobró durante el periodo fiscal 2024 los adicionales dispuestos por los Artículos 139, 140 y 269 del Código Fiscal de Entre Ríos; en su caso, haga saber los montos y si los adicionales se encontraban vigentes. Asimismo se interesa que informe y remita en caso de existir, expedientes o constancias mediante los cuales se dispuso el cobro de los adicionales en 2024, y si se gestionó algún tipo de prórroga".
 
También dispuso "citar esta Unidad Fiscal de Investigación y Litigación para el día 20 de febrero (sic) de 2025 a las 12.30 a Rafael Orlando Cardoso y a Jesús Rafael Korell para designar abogado defensor".
 
 
Sin la autorización legal
  
Berta Schroder sostuvo en su denuncia que "la ley 10.270 de diciembre de 2013 modificó el Código Fiscal de la Provincia de Entre Ríos estableciendo un adicional de un 20% a un 30% sobre el impuesto inmobiliario o automotor. En las boletas del impuesto esto se identifica en un ítem como Fondo de Seguridad Social Ley 10.270/Ley 10.403".
 
Añadió que "el artículo 24 de dicha ley (10.270) le dio vigencia a este adicional hasta el 31 de diciembre de 2015, la cual se fue prorrogando año a año en cada ley de presupuesto. Posteriormente, el artículo 26 de la ley 10.754, incluido en el Presupuesto 2020 del 27 de noviembre de 2019, se prorrogó el adicional hasta el 31 de diciembre de 2023, mediante la ampliación de la vigencia de los Artículos 1°, 2°, 3°, 6°, 8° y 9° de la Ley N° 10.270".
 
Así, entendió que "por ende, a partir del 1 de enero del 2024, la provincia de Entre Ríos a través de ATER siguió recaudando sin la autorización legal".
 
Fuente: UNO
 
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13-06-2026 / 17:06
10-06-2026 / 14:06
El inicio del debate por la reforma previsional en el Senado entrerriano dejó en evidencia lo que ya se anticipaba en los pasillos de la Legislatura: un tratamiento exprés, opaco y plagado de cruces que demuestra la fragilidad de los argumentos oficiales. Bajo la pantalla de una supuesta "armonización" con el sistema nacional, el oficialismo intenta forzar un ajuste severo sobre las espaldas de las y los trabajadores provinciales, recurriendo a diagnósticos sesgados que omiten deliberadamente las verdaderas causas del desfinanciamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.
 
De acuerdo con lo consignado por el medio especializado Sociedad Política en su artículo "El debate por la reforma previsional comenzó con cruces entre funcionarios y senadores de la oposición", la primera reunión de comisión se convirtió en un escenario de fuertes tensiones. Los funcionarios provinciales desembarcaron en el Senado con un libreto rígido y justificaciones netamente matemáticas sobre la relación entre activos y pasivos, pretendiendo clausurar una discusión profunda. La oposición legislativa y las representaciones gremiales no tardaron en desnudar las falencias del proyecto: se cuestionó con dureza el apuro oficialista por imponer modificaciones estructurales y la preocupante discrecionalidad que la declaración de "emergencia previsional" le otorgaría al Poder Ejecutivo.
 
El nudo del conflicto radica en las recetas que el oficialismo pretende aplicar, las cuales repiten viejos dogmas neoliberales. La iniciativa de Frigerio contempla una unificación progresiva de los requisitos de edad —llegando a proponer un esquema que eleva la edad jubilatoria a los 68 años para los nuevos ingresantes, una de las más altas a nivel global—, lo que constituye un ataque directo a las conquistas históricas del movimiento obrero. Peor aún, el proyecto introduce un brutal sesgo de género al no reconocer el valor de las tareas de reproducción y cuidado que recaen mayoritariamente sobre las mujeres. Mientras tanto, las corporaciones empresarias y los sectores más concentrados de la economía provincial —los grandes beneficiados de siempre— miran desde afuera sin aportar un solo centavo extraordinario, ya que toda la carga del desequilibrio financiero se traslada de forma directa a los bolsillos pulverizados de los activos y pasivos mediante "aportes extraordinarios".
 
De la redacción de La Opinión Popular

09-06-2026 / 22:06
09-06-2026 / 21:06
08-06-2026 / 14:06
El demoledor informe "Hogares bajo tensión", elaborado por el dirigente Sergio Benítez (Siatrasag) para el Cisper, deja al descubierto las consecuencias del brutal ajuste coordinado entre el gobierno nacional de Javier Milei y la gestión provincial de Rogelio Frigerio. Entre febrero de 2024 y abril de 2026, la tarifa eléctrica en Entre Ríos sufrió un incremento desorbitado del 606%, superando ampliamente la inflación y pulverizando el poder adquisitivo de los trabajadores, cuyos sueldos en el sector público apenas aumentaron un 118%. Esta transferencia de recursos profundiza la pérdida del poder de compra y condena a las familias entrerrianas a una situación de vulnerabilidad extrema, donde un docente debe destinar casi dos días enteros de su salario solo para abonar una factura estándar de luz.

La investigación devela, además, una alarmante contradicción que desnuda la insensibilidad de la administración de Frigerio: mientras los usuarios residenciales son sometidos a tramos tarifarios altamente regresivos y se ven imposibilitados de pagar sus boletas, la empresa estatal Enersa registró ganancias netas superiores a los 42.000 millones de pesos (unos 40 millones de dólares). Lejos de cumplir con las promesas oficiales de alivio económico, la pasividad de la provincia ante la quita de subsidios dispuesta por Milei demuestra que el acceso a la energía dejó de ser considerado un derecho humano básico en Entre Ríos para convertirse en una caja de recaudación política a costa del sacrificio del pueblo.
 
De la redacción de La Opinión Popular
 

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