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Nacionales - 07-03-2025 / 11:03
EL LIBERTARIO NO LOGRA NI RETENER LO PROPIO, QUE DESIGNÓ A DEDO: EL NUEVO SUPREMO LE CERRÓ LA PUERTA EN LA CARA A LIJO

García Mansilla se ató a su silla, traicionó a Milei y votó contra la licencia de Lijo

García Mansilla se ató a su silla, traicionó a Milei y votó contra la licencia de Lijo
García-Mansilla se ató a su silla: debutó en la Corte y le negó la licencia a Lijo. El intento de Milei de "armar" una Corte a su medida terminó en un papelón. Lijo, que se resistía a soltar su cargo sin garantías, ahora quedó en la cuerda floja. Y Milei, que pensaba moldear el Poder Judicial con un decreto, descubrió que ni siquiera en su propio esquema las cosas salen como quiere. La casta judicial, experta en acomodarse al poder, acaba de darle una lección al "Loco". La pregunta es: ¿cuánto más resistirá Milei antes de darse cuenta de que gobernar no es lo mismo que tuitear?
El presidente Javier "el Loco" Milei sumó un nuevo revés en su intento de manejar la Corte Suprema a su antojo. Este jueves, el máximo tribunal rechazó el pedido de licencia del juez federal Ariel Lijo, dejándolo en un limbo judicial: si quiere asumir en la Corte Suprema, debe renunciar a su cargo actual de juez, pero sin garantías de que el Senado apruebe su designación.
 
El fallo, que terminó de dinamitar los planes del gobierno anarco capitalista, fue votado en contra por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Manuel García-Mansilla, el flamante juez designado por decreto de Milei. En soledad, Ricardo Lorenzetti votó a favor, quedando como único respaldo de la maniobra presidencial.
 
García-Mansilla lleva una semana en la Corte Suprema, y ya aprendió el arte de la puñalada por la espalda. En su primera decisión en el máximo tribunal, falló en contra de los intereses de Milei -que lo puso a dedo en la cima del Poder Judicial argentino- al negarle la licencia a su consorte de decreto, el juez federal Lijo, para que se mude de los tribunales de Comodoro Py al Palacio de Justicia de la calle Talcahuano. Lijo respondió que seguirá en su juzgado a la espera de que el Senado decida si le da el aval para convertirse en supremo.
 
Lijo y García-Mansilla fueron designados por el decreto 137 que firmó Milei para poner dos jueces en la Corte sin negociar con el Senado. Los cortesanos le abrieron rápidamente la puerta a García-Mansilla, que hasta entonces ejercía como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, históricamente ligada al Opus Dei, y como director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos.
 
García-Mansilla había defendido su pliego en la comisión de Acuerdos del Senado en agosto. Allí, había dicho que él no asumiría en comisión -como Mauricio Macri había intentado con Rosenkrantz y Rosatti. No consiguió los avales necesarios siquiera para que su pliego fuera llevado al recinto. En el caso de Lijo, la situación era distinta. Tenía su pliego en condiciones de ser tratado, pero el Gobierno terminó levantando la sesión prevista para el viernes 21 de febrero mientras crecía el escándalo por la cripto estafa que lo tiene al Presidente como principal protagonista.
 
El jueves pasado, Rosatti, Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti decidieron tomarle juramento a García-Mansilla. La ceremonia fue prácticamente secreta. El recién llegado no llevó familiares ni amigos. Solo lo acompañaron los cortesanos, un grupo de secretarios letrados y el número dos del Ministerio de Justicia, Sebastián Amerio.
 
El fallo que bloqueó la llegada de Lijo a la Corte dejó totalmente descolocado a Santiago Caputo, al que le costó asimilar el voto en contra de su promovido García Mansilla. El "monje negro" de Milei quedó golpeado porque García Mansilla tardó apenas una semana en salir fuertemente a tomar distancia del gobierno, aunque en tribunales creían que en principio podría excusarse en esta votación.
 
Este nuevo revés para Milei se suma a las consecuencias que está teniendo el escándalo por la estafa con la criptomoneda $LIBRA. Los sondeos de opinión dan cuenta de una caída en la imagen presidencial y de un fuerte descrédito. Y va quedando en evidencia que el gobierno y plan económico y social libertario no va más y que hay que derrotarlo con resistencia y movilización.
 
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Durante todo el fin de semana se especuló sobre cómo sería el voto de García-Mansilla en un tema trascendental como es la incorporación de Lijo. Algunas versiones indicaban que podría excusarse. Una acordada -firmada en abril del año pasado- establecía que, en ese caso, los habilitados para decidir serían tres y, por ende, se necesitaría una mayoría de dos para resolver.
 
Sin embargo, García-Mansilla decidió jugar. Y votó en contra de su compañero de decreto.
 
En su exposición ante la comisión de Acuerdos, García-Mansilla ya se había diferenciado de Lijo al defender el fallo que resucitó una ley derogada para que el presidente de la Corte sea también la cabeza del Consejo de la Magistratura -el organismo encargado de la selección y sanción de los jueces. No es una casualidad: ese fallo fue motorizado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, una entidad privada que agrupa a los integrantes de los estudios jurídicos más importantes de la City -y los más conservadores también. El Colegio de la calle Montevideo auspició la llegada de García-Mansilla a la Corte e hizo campaña en contra del otro candidato de Milei.
 
De hecho, un día antes de que Lijo debiera presentarse ante el Senado, Victoria Villarruel fue a un evento en el Colegio y allí dijo que no quería que el juez federal llegara al máximo tribunal. Villarruel criticó a Lijo por el criterio que mantiene a la hora de decir qué causas constituyen crímenes de lesa humanidad y cuáles no -uno de los caballitos de batalla sobre los que cabalga la vice, que pretende juzgar a los sobrevivientes de los años 70.
 
García-Mansilla, por el contrario, es un hombre de consulta para la vicepresidenta. "A García-Mansilla lo conozco. Es un constitucionalista de fuste. Para los que somos abogados es wow. Es impresionante. De hecho, cuando el Ejecutivo presentó el DNU (70/2023), yo le pedí a García-Mansilla si me podía explicar bien", relató Villarruel en una entrevista con TN. La Corte todavía tiene para revisar distintos expedientes contra el megadecreto: debe decidir si convalida la suspensión del capítulo laboral que lograron centrales sindicales en los tribunales.
 
 
La situación de Lijo
  
Lijo es un nacido y criado en los tribunales de Comodoro Py. Desde 2004 es titular del Juzgado Federal 4. Antes, había sido funcionario en la Cámara Federal. Tiene 56 años y, por ende, le quedan 19 años en la judicatura. La "comisión" decretada por Milei vence el 30 de noviembre. Si no consiguiera el aval del Senado, Lijo debería volver al llano.
 
Como no estaba en sus planes renunciar, Lijo pidió una licencia extraordinaria. Lo hizo ante la Cámara Federal porteña. El jueves pasado, el tribunal de apelaciones de Comodoro Py le dio un espaldarazo: hizo lugar a su pedido. La acordada salió con las firmas de los seis integrantes de la Cámara: Mariano Llorens, Martín Irurzun, Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia, Eduardo Farah y Roberto Boico.
 
En la Corte masticaron bronca. Y este jueves llegó la contestación en un acuerdo que duró menos de media hora. Antes del mediodía trascendió que le habían rechazado la licencia a Lijo y que la votación había salido tres a uno. El único que dijo que le correspondía el permiso a Lijo fue Lorenzetti, que, además motorizó su nominación.
 
Cerca de las 15 se conoció la resolución con los fundamentos. Llevaba las firmas de Rosatti, Rosenkrantz y García-Mansilla. Invocaron la acordada 34 que la Corte adoptó en 1977 -en plena dictadura- para establecer un régimen de licencias para magistrados, funcionarios y empleados. La Corte se reserva para sí misma la decisión sobre las licencias de "excepción", que sería la que pidió Lijo, ya que, según los supremos, no se engloba dentro de las ordinarias o extraordinarias. Con esto, lo que buscaron decir es que la Cámara Federal no debió haber intervenido. Por eso, dejaron sin efecto lo que había decidido ese tribunal.
 
El trío invocó un precedente. En octubre de 1975, René Daffis Niklison, que era juez nacional de instrucción con acuerdo del Senado, fue designado en comisión para mudarse al Juzgado Federal 4 -casualmente el mismo que ocupa Lijo desde hace 20 años. En ese momento, la Corte le dijo a Niklison que era inadmisible tener la condición de juez con acuerdo del Senado en simultáneo con la de juez designado en comisión, y que la aceptación de la comisión implicaba por su parte un "acto de voluntad expresa de poner fin" a la situación anterior.
 
"El criterio allí fijado impide la doble investidura como juez de la Nación, sobre la base de títulos constitucionales distintos, resultando indiferente si el ejercicio de uno de ellos se encuentra suspendido. La licencia, por ello, no puede ser concedida", escribió el trío.
 
"No va a renunciar", contestaron ante una consulta de este diario cerca de Lijo. "Va a esperar la decisión del Senado". Lijo siguió las novedades desde su oficina en el ala izquierda del tercer piso de Comodoro Py. Tiene a su cargo también el Juzgado Federal 12, donde tramita la megacausa por los crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
 
 
La hora de la política y de la ley
  
Hay versiones de que la oposición podría pedir una sesión especial para tratar los pliegos de García-Mansilla y Lijo. Unión por la Patria (UxP) dijo que no le prestaría acuerdo a quienes hayan aceptado ingresar a la Corte sin el aval del Senado -y por decisión unilateral del Presidente.
 
Hay otro partido que se juega en los tribunales. El decreto 137/2025 está impugnado judicialmente. El viernes, el juez federal Alejo Ramos Padilla se declaró competente para revisar las designaciones. En las últimas horas, cuatro organizaciones de la sociedad civil se presentaron en el expediente para pedir que se impida que Lijo jure en la Corte -algo que los cortesanos no parecen especialmente apurados por permitir- y que García-Mansilla se aboque a examinar casos.
 
Es improbable que haya movimientos en ese expediente antes del lunes porque Ramos Padilla está de licencia. En su fallo, el juez había destacado la necesidad de actuar con "prudencia" por lo que está en juego: la conformación del más alto tribunal de justicia de la Argentina. En el Palacio de la calle Talcahuano mostraron alguna preocupación  al enterarse de que Ramos Padilla tenía el expediente. En 2015, fue él, como juez federal de Dolores, quien frenó la llegada en comisión de Rosatti y Rosenkrantz, y obligó a que debieran afrontar el trámite ante el Senado.
 
Por Luciana Bertoia
 
Fuente: Página 12
 

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20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
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17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
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16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

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