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“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona
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Nacionales - 07-03-2025 / 11:03
EL LIBERTARIO NO LOGRA NI RETENER LO PROPIO, QUE DESIGNÓ A DEDO: EL NUEVO SUPREMO LE CERRÓ LA PUERTA EN LA CARA A LIJO

García Mansilla se ató a su silla, traicionó a Milei y votó contra la licencia de Lijo

García Mansilla se ató a su silla, traicionó a Milei y votó contra la licencia de Lijo
García-Mansilla se ató a su silla: debutó en la Corte y le negó la licencia a Lijo. El intento de Milei de "armar" una Corte a su medida terminó en un papelón. Lijo, que se resistía a soltar su cargo sin garantías, ahora quedó en la cuerda floja. Y Milei, que pensaba moldear el Poder Judicial con un decreto, descubrió que ni siquiera en su propio esquema las cosas salen como quiere. La casta judicial, experta en acomodarse al poder, acaba de darle una lección al "Loco". La pregunta es: ¿cuánto más resistirá Milei antes de darse cuenta de que gobernar no es lo mismo que tuitear?
El presidente Javier "el Loco" Milei sumó un nuevo revés en su intento de manejar la Corte Suprema a su antojo. Este jueves, el máximo tribunal rechazó el pedido de licencia del juez federal Ariel Lijo, dejándolo en un limbo judicial: si quiere asumir en la Corte Suprema, debe renunciar a su cargo actual de juez, pero sin garantías de que el Senado apruebe su designación.
 
El fallo, que terminó de dinamitar los planes del gobierno anarco capitalista, fue votado en contra por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Manuel García-Mansilla, el flamante juez designado por decreto de Milei. En soledad, Ricardo Lorenzetti votó a favor, quedando como único respaldo de la maniobra presidencial.
 
García-Mansilla lleva una semana en la Corte Suprema, y ya aprendió el arte de la puñalada por la espalda. En su primera decisión en el máximo tribunal, falló en contra de los intereses de Milei -que lo puso a dedo en la cima del Poder Judicial argentino- al negarle la licencia a su consorte de decreto, el juez federal Lijo, para que se mude de los tribunales de Comodoro Py al Palacio de Justicia de la calle Talcahuano. Lijo respondió que seguirá en su juzgado a la espera de que el Senado decida si le da el aval para convertirse en supremo.
 
Lijo y García-Mansilla fueron designados por el decreto 137 que firmó Milei para poner dos jueces en la Corte sin negociar con el Senado. Los cortesanos le abrieron rápidamente la puerta a García-Mansilla, que hasta entonces ejercía como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, históricamente ligada al Opus Dei, y como director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos.
 
García-Mansilla había defendido su pliego en la comisión de Acuerdos del Senado en agosto. Allí, había dicho que él no asumiría en comisión -como Mauricio Macri había intentado con Rosenkrantz y Rosatti. No consiguió los avales necesarios siquiera para que su pliego fuera llevado al recinto. En el caso de Lijo, la situación era distinta. Tenía su pliego en condiciones de ser tratado, pero el Gobierno terminó levantando la sesión prevista para el viernes 21 de febrero mientras crecía el escándalo por la cripto estafa que lo tiene al Presidente como principal protagonista.
 
El jueves pasado, Rosatti, Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti decidieron tomarle juramento a García-Mansilla. La ceremonia fue prácticamente secreta. El recién llegado no llevó familiares ni amigos. Solo lo acompañaron los cortesanos, un grupo de secretarios letrados y el número dos del Ministerio de Justicia, Sebastián Amerio.
 
El fallo que bloqueó la llegada de Lijo a la Corte dejó totalmente descolocado a Santiago Caputo, al que le costó asimilar el voto en contra de su promovido García Mansilla. El "monje negro" de Milei quedó golpeado porque García Mansilla tardó apenas una semana en salir fuertemente a tomar distancia del gobierno, aunque en tribunales creían que en principio podría excusarse en esta votación.
 
Este nuevo revés para Milei se suma a las consecuencias que está teniendo el escándalo por la estafa con la criptomoneda $LIBRA. Los sondeos de opinión dan cuenta de una caída en la imagen presidencial y de un fuerte descrédito. Y va quedando en evidencia que el gobierno y plan económico y social libertario no va más y que hay que derrotarlo con resistencia y movilización.
 
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Durante todo el fin de semana se especuló sobre cómo sería el voto de García-Mansilla en un tema trascendental como es la incorporación de Lijo. Algunas versiones indicaban que podría excusarse. Una acordada -firmada en abril del año pasado- establecía que, en ese caso, los habilitados para decidir serían tres y, por ende, se necesitaría una mayoría de dos para resolver.
 
Sin embargo, García-Mansilla decidió jugar. Y votó en contra de su compañero de decreto.
 
En su exposición ante la comisión de Acuerdos, García-Mansilla ya se había diferenciado de Lijo al defender el fallo que resucitó una ley derogada para que el presidente de la Corte sea también la cabeza del Consejo de la Magistratura -el organismo encargado de la selección y sanción de los jueces. No es una casualidad: ese fallo fue motorizado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, una entidad privada que agrupa a los integrantes de los estudios jurídicos más importantes de la City -y los más conservadores también. El Colegio de la calle Montevideo auspició la llegada de García-Mansilla a la Corte e hizo campaña en contra del otro candidato de Milei.
 
De hecho, un día antes de que Lijo debiera presentarse ante el Senado, Victoria Villarruel fue a un evento en el Colegio y allí dijo que no quería que el juez federal llegara al máximo tribunal. Villarruel criticó a Lijo por el criterio que mantiene a la hora de decir qué causas constituyen crímenes de lesa humanidad y cuáles no -uno de los caballitos de batalla sobre los que cabalga la vice, que pretende juzgar a los sobrevivientes de los años 70.
 
García-Mansilla, por el contrario, es un hombre de consulta para la vicepresidenta. "A García-Mansilla lo conozco. Es un constitucionalista de fuste. Para los que somos abogados es wow. Es impresionante. De hecho, cuando el Ejecutivo presentó el DNU (70/2023), yo le pedí a García-Mansilla si me podía explicar bien", relató Villarruel en una entrevista con TN. La Corte todavía tiene para revisar distintos expedientes contra el megadecreto: debe decidir si convalida la suspensión del capítulo laboral que lograron centrales sindicales en los tribunales.
 
 
La situación de Lijo
  
Lijo es un nacido y criado en los tribunales de Comodoro Py. Desde 2004 es titular del Juzgado Federal 4. Antes, había sido funcionario en la Cámara Federal. Tiene 56 años y, por ende, le quedan 19 años en la judicatura. La "comisión" decretada por Milei vence el 30 de noviembre. Si no consiguiera el aval del Senado, Lijo debería volver al llano.
 
Como no estaba en sus planes renunciar, Lijo pidió una licencia extraordinaria. Lo hizo ante la Cámara Federal porteña. El jueves pasado, el tribunal de apelaciones de Comodoro Py le dio un espaldarazo: hizo lugar a su pedido. La acordada salió con las firmas de los seis integrantes de la Cámara: Mariano Llorens, Martín Irurzun, Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia, Eduardo Farah y Roberto Boico.
 
En la Corte masticaron bronca. Y este jueves llegó la contestación en un acuerdo que duró menos de media hora. Antes del mediodía trascendió que le habían rechazado la licencia a Lijo y que la votación había salido tres a uno. El único que dijo que le correspondía el permiso a Lijo fue Lorenzetti, que, además motorizó su nominación.
 
Cerca de las 15 se conoció la resolución con los fundamentos. Llevaba las firmas de Rosatti, Rosenkrantz y García-Mansilla. Invocaron la acordada 34 que la Corte adoptó en 1977 -en plena dictadura- para establecer un régimen de licencias para magistrados, funcionarios y empleados. La Corte se reserva para sí misma la decisión sobre las licencias de "excepción", que sería la que pidió Lijo, ya que, según los supremos, no se engloba dentro de las ordinarias o extraordinarias. Con esto, lo que buscaron decir es que la Cámara Federal no debió haber intervenido. Por eso, dejaron sin efecto lo que había decidido ese tribunal.
 
El trío invocó un precedente. En octubre de 1975, René Daffis Niklison, que era juez nacional de instrucción con acuerdo del Senado, fue designado en comisión para mudarse al Juzgado Federal 4 -casualmente el mismo que ocupa Lijo desde hace 20 años. En ese momento, la Corte le dijo a Niklison que era inadmisible tener la condición de juez con acuerdo del Senado en simultáneo con la de juez designado en comisión, y que la aceptación de la comisión implicaba por su parte un "acto de voluntad expresa de poner fin" a la situación anterior.
 
"El criterio allí fijado impide la doble investidura como juez de la Nación, sobre la base de títulos constitucionales distintos, resultando indiferente si el ejercicio de uno de ellos se encuentra suspendido. La licencia, por ello, no puede ser concedida", escribió el trío.
 
"No va a renunciar", contestaron ante una consulta de este diario cerca de Lijo. "Va a esperar la decisión del Senado". Lijo siguió las novedades desde su oficina en el ala izquierda del tercer piso de Comodoro Py. Tiene a su cargo también el Juzgado Federal 12, donde tramita la megacausa por los crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
 
 
La hora de la política y de la ley
  
Hay versiones de que la oposición podría pedir una sesión especial para tratar los pliegos de García-Mansilla y Lijo. Unión por la Patria (UxP) dijo que no le prestaría acuerdo a quienes hayan aceptado ingresar a la Corte sin el aval del Senado -y por decisión unilateral del Presidente.
 
Hay otro partido que se juega en los tribunales. El decreto 137/2025 está impugnado judicialmente. El viernes, el juez federal Alejo Ramos Padilla se declaró competente para revisar las designaciones. En las últimas horas, cuatro organizaciones de la sociedad civil se presentaron en el expediente para pedir que se impida que Lijo jure en la Corte -algo que los cortesanos no parecen especialmente apurados por permitir- y que García-Mansilla se aboque a examinar casos.
 
Es improbable que haya movimientos en ese expediente antes del lunes porque Ramos Padilla está de licencia. En su fallo, el juez había destacado la necesidad de actuar con "prudencia" por lo que está en juego: la conformación del más alto tribunal de justicia de la Argentina. En el Palacio de la calle Talcahuano mostraron alguna preocupación  al enterarse de que Ramos Padilla tenía el expediente. En 2015, fue él, como juez federal de Dolores, quien frenó la llegada en comisión de Rosatti y Rosenkrantz, y obligó a que debieran afrontar el trámite ante el Senado.
 
Por Luciana Bertoia
 
Fuente: Página 12
 

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15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
La Opinión Popular

13-11-2025 / 09:11
Se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo durante el gobierno cipayo, vende patria y pro oligarca de Javier "el Loco" Milei. Es la caída de empleo registrado privado, público y trabajadoras de casas particulares en agosto en relación a noviembre de 2023. En el mismo período creció el monotributo (+121.740). La precarización laboral avanza. En ese marco, Milei puso nuevamente en agenda la reforma laboral con el falso argumento de crear empleo. En la historia del país ya se demostró que eso no ocurrió, solo avanzó la precarización laboral, con salarios por el piso, que aumentó las ganancias de los empresarios.
 
El impensable y contundente resultado electoral de hace unos domingos atrás agrandó al gobierno anarco capitalista, que pasó a la ofensiva. La punta de lanza de esta ofensiva es la promocionada reforma laboral. ¿Se trata de una modernización equitativa y democrática de las relaciones capital trabajo, o se trata de una regresión a formas de dominio absoluto del capital sobre el trabajo?
 
Aprovechando el envión dado por las urnas, Milei está decidido a cumplir con las imposiciones del FMI. Que el Congreso apruebe el presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre y sancione las leyes que impongan las reformas laboral esclavista y la tributaria, también exigidas por el Círculo Rojo, en enero. La previsional quedaría para más adelante.
 
Así como desde el inicio de su gestión creó una suerte de sentido común acerca de las bondades del equilibrio fiscal, que ya nadie en la oposición sistémica discute. Así ha buscado imponer un ambiente favorable a las reformas, particularmente la que tiene que ver en contra de los derechos del trabajo.
 
Los argumentos son por demás conocidos. Modernizar la legislación y sus normativas que estarían obsoletas frente a los nuevos procesos de producción y comercialización, que no se adaptarían a las nuevas tecnologías en continuo cambio, que su rigidez impediría la creación de empleo y por lo tanto obstaculizaría la reducción de la informalidad. Cuando el desempleo en Argentina llegó al 7,9% en el primer trimestre de 2025, según el INDEC. Casi 1,8 millones de personas estuvieron sin trabajo en ese período.
 
No se trata de ninguna modernización, es una regresión a las condiciones laborales del pre peronismo, si se quiere de fines del siglo XIX y principios del XX, que maximizan las ganancias de las empresas sobre la base de rebajar aún más el ingreso de los trabajadores. La experiencia demuestra que este tipo de reformas solo traen más precarización y pérdida de derechos. (Recordar "Ley de Empleo", 1991 y "Ley de Empleo, productividad y equidad", 2000 (Ley Banelco). La creación de empleos formales, que baja la informalidad, no depende de este tipo de normativas sino del crecimiento de la inversión productiva y la expansión de la actividad económica.
 
¿Qué tipo de reforma es necesaria? Una que compense la asimetría entre capital y trabajo, que no incline la cancha más de lo que está. Que por ejemplo reduzca la jornada para crear empleo. Que reconozca la calidad de trabajadores y por lo tanto sus derechos a quiénes se desempeñan en los servicios de plataformas. Que otorgue derechos a quienes trabajan en la Economía Popular. Que reconozca las licencias por paternidad y regule las tareas de cuidados...
 
Las condiciones de vida de los trabajadores no mejorarán con la reforma laboral de Milei, hay que rechazar el proyecto y conquistar trabajo con derecho para todos. No hay nada que negociar. Por el contrario, hay que resistir y luchar contra esta reforma antiobrera y antisindical que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres. 
 
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12-11-2025 / 11:11
Gobierno libertario solo para la casta de los más ricos. Los "héroes" del Presidente. Marcos Galperín, ferviente defensor de que el Estado no intervenga en la economía, recibe millonarias exenciones impositivas. En un contexto de ajuste fiscal y debates por la reforma tributaria, el Formulario 10-Q presentado por Mercado Libre ante la SEC de Estados Unidos expone una vez más los jugosos beneficios fiscales que el gobierno de Javier Milei le otorga al "unicornio" fundado por Galperín, el hombre más rico de la nación con un patrimonio de 8.300 millones de dólares, según Forbes.
 
La empresa, valorada en más de 106 mil millones de "verdes", reportó ingresos netos de 7.400 millones en el tercer trimestre, un 39 por ciento más que el año anterior, y ganancias de 421 millones de dólares. Sin embargo, detrás de estos números relucientes se esconde un "secreto a voces": exenciones impositivas que superan los 350 millones de dólares en los últimos cinco años.
 
Bajo el régimen de promoción de la Economía del Conocimiento, Mercado Libre accedió en los primeros nueve meses de 2025 a beneficios por 50 millones en Ganancias y 17 millones de dólares en aportes previsionales, un 52 por ciento más que en 2024. "Es un subsidio injusto a una multinacional que no lo necesita", critica el Observatorio del Trabajo Informático (OTI), vinculado a la Asociación Gremial de Computación.
 
A Galperín le perdonaron en 2021: US$ 59 millones, en 2022: US$ 81 millones, en 2023: US$ 109 millones, en 2024: US$ 57 millones, en 2025: US$ 67 millones. Total: US$ 373 millones de impuestos le perdonaron a Galperin en cinco años. Pero los sectores populares tienen que pagar el IVA de los fideos sin chistar.
 
Sectores gremiales y la industria financiera coinciden: con su tamaño colosal, Javier Milei abusa del esquema al encuadrar áreas menores bajo un solo CUIT, mientras evade contribuciones que podrían destinarse a pymes o servicios públicos en crisis. Galperín, exiliado fiscal en Uruguay, predica la libre competencia, pero no duda en alzar la voz contra rivales como Temu y Shein, las plataformas chinas que inundan el mercado con productos baratos.
 
En el Foro Abeceb, Juan Martín de la Serna, presidente de la filial argentina de Mercado Libre, exigió "reglas claras" para importaciones, advirtiendo que amenazan el 90 por ciento de ventas de pymes en la plataforma y el empleo local. "Abrir indiscriminadamente da trabajo a chinos, no a argentinos", sentenció.
 
Ironía pura: el defensor del no intervenciónismo estatal ahora pide regulaciones que protejan su imperio. El cruce en X con Miguel Ángel Pichetto lo desnuda todo. El diputado peronista instó a gravar a estas "economías de plataformas" para cuidar la industria nacional.

Galperín replicó con arrogancia: "No estoy preocupado, competimos exitosamente". Pichetto no se quedó atrás: "Mejor empezá a preocuparte, porque te van a pasar por arriba y ya impactan en empleos de distribución".

Mientras, el Gobierno de Milei discute bajar cargas patronales, pero calla sobre estos privilegios elitistas de los más ricos empresarios. Esta disparidad fiscal alimenta el descontento: ¿por qué el gobierno de Milei regala millones a un magnate mientras mientras los salarios deprimidos de jubilados y trabajadores pagan la crisis?

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