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Nacionales - 07-03-2025 / 11:03
EL LIBERTARIO NO LOGRA NI RETENER LO PROPIO, QUE DESIGNÓ A DEDO: EL NUEVO SUPREMO LE CERRÓ LA PUERTA EN LA CARA A LIJO

García Mansilla se ató a su silla, traicionó a Milei y votó contra la licencia de Lijo

García Mansilla se ató a su silla, traicionó a Milei y votó contra la licencia de Lijo
García-Mansilla se ató a su silla: debutó en la Corte y le negó la licencia a Lijo. El intento de Milei de "armar" una Corte a su medida terminó en un papelón. Lijo, que se resistía a soltar su cargo sin garantías, ahora quedó en la cuerda floja. Y Milei, que pensaba moldear el Poder Judicial con un decreto, descubrió que ni siquiera en su propio esquema las cosas salen como quiere. La casta judicial, experta en acomodarse al poder, acaba de darle una lección al "Loco". La pregunta es: ¿cuánto más resistirá Milei antes de darse cuenta de que gobernar no es lo mismo que tuitear?
El presidente Javier "el Loco" Milei sumó un nuevo revés en su intento de manejar la Corte Suprema a su antojo. Este jueves, el máximo tribunal rechazó el pedido de licencia del juez federal Ariel Lijo, dejándolo en un limbo judicial: si quiere asumir en la Corte Suprema, debe renunciar a su cargo actual de juez, pero sin garantías de que el Senado apruebe su designación.
 
El fallo, que terminó de dinamitar los planes del gobierno anarco capitalista, fue votado en contra por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Manuel García-Mansilla, el flamante juez designado por decreto de Milei. En soledad, Ricardo Lorenzetti votó a favor, quedando como único respaldo de la maniobra presidencial.
 
García-Mansilla lleva una semana en la Corte Suprema, y ya aprendió el arte de la puñalada por la espalda. En su primera decisión en el máximo tribunal, falló en contra de los intereses de Milei -que lo puso a dedo en la cima del Poder Judicial argentino- al negarle la licencia a su consorte de decreto, el juez federal Lijo, para que se mude de los tribunales de Comodoro Py al Palacio de Justicia de la calle Talcahuano. Lijo respondió que seguirá en su juzgado a la espera de que el Senado decida si le da el aval para convertirse en supremo.
 
Lijo y García-Mansilla fueron designados por el decreto 137 que firmó Milei para poner dos jueces en la Corte sin negociar con el Senado. Los cortesanos le abrieron rápidamente la puerta a García-Mansilla, que hasta entonces ejercía como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, históricamente ligada al Opus Dei, y como director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos.
 
García-Mansilla había defendido su pliego en la comisión de Acuerdos del Senado en agosto. Allí, había dicho que él no asumiría en comisión -como Mauricio Macri había intentado con Rosenkrantz y Rosatti. No consiguió los avales necesarios siquiera para que su pliego fuera llevado al recinto. En el caso de Lijo, la situación era distinta. Tenía su pliego en condiciones de ser tratado, pero el Gobierno terminó levantando la sesión prevista para el viernes 21 de febrero mientras crecía el escándalo por la cripto estafa que lo tiene al Presidente como principal protagonista.
 
El jueves pasado, Rosatti, Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti decidieron tomarle juramento a García-Mansilla. La ceremonia fue prácticamente secreta. El recién llegado no llevó familiares ni amigos. Solo lo acompañaron los cortesanos, un grupo de secretarios letrados y el número dos del Ministerio de Justicia, Sebastián Amerio.
 
El fallo que bloqueó la llegada de Lijo a la Corte dejó totalmente descolocado a Santiago Caputo, al que le costó asimilar el voto en contra de su promovido García Mansilla. El "monje negro" de Milei quedó golpeado porque García Mansilla tardó apenas una semana en salir fuertemente a tomar distancia del gobierno, aunque en tribunales creían que en principio podría excusarse en esta votación.
 
Este nuevo revés para Milei se suma a las consecuencias que está teniendo el escándalo por la estafa con la criptomoneda $LIBRA. Los sondeos de opinión dan cuenta de una caída en la imagen presidencial y de un fuerte descrédito. Y va quedando en evidencia que el gobierno y plan económico y social libertario no va más y que hay que derrotarlo con resistencia y movilización.
 
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Durante todo el fin de semana se especuló sobre cómo sería el voto de García-Mansilla en un tema trascendental como es la incorporación de Lijo. Algunas versiones indicaban que podría excusarse. Una acordada -firmada en abril del año pasado- establecía que, en ese caso, los habilitados para decidir serían tres y, por ende, se necesitaría una mayoría de dos para resolver.
 
Sin embargo, García-Mansilla decidió jugar. Y votó en contra de su compañero de decreto.
 
En su exposición ante la comisión de Acuerdos, García-Mansilla ya se había diferenciado de Lijo al defender el fallo que resucitó una ley derogada para que el presidente de la Corte sea también la cabeza del Consejo de la Magistratura -el organismo encargado de la selección y sanción de los jueces. No es una casualidad: ese fallo fue motorizado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, una entidad privada que agrupa a los integrantes de los estudios jurídicos más importantes de la City -y los más conservadores también. El Colegio de la calle Montevideo auspició la llegada de García-Mansilla a la Corte e hizo campaña en contra del otro candidato de Milei.
 
De hecho, un día antes de que Lijo debiera presentarse ante el Senado, Victoria Villarruel fue a un evento en el Colegio y allí dijo que no quería que el juez federal llegara al máximo tribunal. Villarruel criticó a Lijo por el criterio que mantiene a la hora de decir qué causas constituyen crímenes de lesa humanidad y cuáles no -uno de los caballitos de batalla sobre los que cabalga la vice, que pretende juzgar a los sobrevivientes de los años 70.
 
García-Mansilla, por el contrario, es un hombre de consulta para la vicepresidenta. "A García-Mansilla lo conozco. Es un constitucionalista de fuste. Para los que somos abogados es wow. Es impresionante. De hecho, cuando el Ejecutivo presentó el DNU (70/2023), yo le pedí a García-Mansilla si me podía explicar bien", relató Villarruel en una entrevista con TN. La Corte todavía tiene para revisar distintos expedientes contra el megadecreto: debe decidir si convalida la suspensión del capítulo laboral que lograron centrales sindicales en los tribunales.
 
 
La situación de Lijo
  
Lijo es un nacido y criado en los tribunales de Comodoro Py. Desde 2004 es titular del Juzgado Federal 4. Antes, había sido funcionario en la Cámara Federal. Tiene 56 años y, por ende, le quedan 19 años en la judicatura. La "comisión" decretada por Milei vence el 30 de noviembre. Si no consiguiera el aval del Senado, Lijo debería volver al llano.
 
Como no estaba en sus planes renunciar, Lijo pidió una licencia extraordinaria. Lo hizo ante la Cámara Federal porteña. El jueves pasado, el tribunal de apelaciones de Comodoro Py le dio un espaldarazo: hizo lugar a su pedido. La acordada salió con las firmas de los seis integrantes de la Cámara: Mariano Llorens, Martín Irurzun, Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia, Eduardo Farah y Roberto Boico.
 
En la Corte masticaron bronca. Y este jueves llegó la contestación en un acuerdo que duró menos de media hora. Antes del mediodía trascendió que le habían rechazado la licencia a Lijo y que la votación había salido tres a uno. El único que dijo que le correspondía el permiso a Lijo fue Lorenzetti, que, además motorizó su nominación.
 
Cerca de las 15 se conoció la resolución con los fundamentos. Llevaba las firmas de Rosatti, Rosenkrantz y García-Mansilla. Invocaron la acordada 34 que la Corte adoptó en 1977 -en plena dictadura- para establecer un régimen de licencias para magistrados, funcionarios y empleados. La Corte se reserva para sí misma la decisión sobre las licencias de "excepción", que sería la que pidió Lijo, ya que, según los supremos, no se engloba dentro de las ordinarias o extraordinarias. Con esto, lo que buscaron decir es que la Cámara Federal no debió haber intervenido. Por eso, dejaron sin efecto lo que había decidido ese tribunal.
 
El trío invocó un precedente. En octubre de 1975, René Daffis Niklison, que era juez nacional de instrucción con acuerdo del Senado, fue designado en comisión para mudarse al Juzgado Federal 4 -casualmente el mismo que ocupa Lijo desde hace 20 años. En ese momento, la Corte le dijo a Niklison que era inadmisible tener la condición de juez con acuerdo del Senado en simultáneo con la de juez designado en comisión, y que la aceptación de la comisión implicaba por su parte un "acto de voluntad expresa de poner fin" a la situación anterior.
 
"El criterio allí fijado impide la doble investidura como juez de la Nación, sobre la base de títulos constitucionales distintos, resultando indiferente si el ejercicio de uno de ellos se encuentra suspendido. La licencia, por ello, no puede ser concedida", escribió el trío.
 
"No va a renunciar", contestaron ante una consulta de este diario cerca de Lijo. "Va a esperar la decisión del Senado". Lijo siguió las novedades desde su oficina en el ala izquierda del tercer piso de Comodoro Py. Tiene a su cargo también el Juzgado Federal 12, donde tramita la megacausa por los crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
 
 
La hora de la política y de la ley
  
Hay versiones de que la oposición podría pedir una sesión especial para tratar los pliegos de García-Mansilla y Lijo. Unión por la Patria (UxP) dijo que no le prestaría acuerdo a quienes hayan aceptado ingresar a la Corte sin el aval del Senado -y por decisión unilateral del Presidente.
 
Hay otro partido que se juega en los tribunales. El decreto 137/2025 está impugnado judicialmente. El viernes, el juez federal Alejo Ramos Padilla se declaró competente para revisar las designaciones. En las últimas horas, cuatro organizaciones de la sociedad civil se presentaron en el expediente para pedir que se impida que Lijo jure en la Corte -algo que los cortesanos no parecen especialmente apurados por permitir- y que García-Mansilla se aboque a examinar casos.
 
Es improbable que haya movimientos en ese expediente antes del lunes porque Ramos Padilla está de licencia. En su fallo, el juez había destacado la necesidad de actuar con "prudencia" por lo que está en juego: la conformación del más alto tribunal de justicia de la Argentina. En el Palacio de la calle Talcahuano mostraron alguna preocupación  al enterarse de que Ramos Padilla tenía el expediente. En 2015, fue él, como juez federal de Dolores, quien frenó la llegada en comisión de Rosatti y Rosenkrantz, y obligó a que debieran afrontar el trámite ante el Senado.
 
Por Luciana Bertoia
 
Fuente: Página 12
 

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08-11-2025 / 09:11
La destrucción del peronismo-kirchnerismo y del movimiento obrero constituyen el principal objetivo del gobierno, según confirmaron esta semana Javier "el Cipayo" Milei, Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger. Pero los dos agrupamientos en la mira del oficialismo están más enfocados en resolver sus heridas internas.
 
En Bolivia, tras la victoria electoral de la derecha, la liberación de la expresidenta de facto Jeanine Añez, condenada por el golpe contra Evo Morales, recordó a la decisión de la Corte de confirmar el sobreseimiento de Mauricio Macri por el espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. La Justicia se alinea según los resultados electorales.
 
Dos días después del resultado electoral, la Corte confirmó el sobreseimiento de Macri y rechazó 20 recursos interpuestos por Cristina Kirchner y otros acusados en la causa Cuadernos, cuyo juicio comenzó este jueves.
 
Se trata de una causa armada con una fotocopia con miles de adulteraciones y que fue escrita por dos personas diferentes; con testimonios obtenidos en forma extorsiva, y montada por el fiscal Carlos Stornelli, involucrado en otras causas paralelas por extorsión junto con su colaborador, el condenado Marcelo DAlessio, y por el fallecido juez Claudio Bonadio.
 
Antes de convertirse en Inquisidor oficial del macrismo, Bonadio tenía nueve pedidos de juicio político -algunos de mucha gravedad- que nunca tuvieron tratamiento en la Magistratura con mayoría macrista.
 
La campaña tan polarizada quedó reflejada en las consignas. Fuerza Patria planteó el eje de "hay que frenar a Milei". El oficialismo convocó a "acabar con el kirchnerismo" o "hay que poner el último clavo en el cajón del kirchnerismo". En el primer caso, habla de dos fuerzas que compiten. En cambio, el oficialismo habla de exterminio, lo que tiene cierta similitud con la dictadura cívico-militar.
 
Para el sector corporativo del capital concentrado, el movimiento nacional y popular es un obstáculo para su proyecto de país altamente desigual, con grandes niveles de pobreza y baja ocupación, desindustrializado, subordinado a Estados Unidos, proveedor de hidrocarburos, minerales, carnes y granos, un país que no requiere educación ni salud pública. Este proyecto se expresó antes a través de Macri y ahora con Milei.
 
Los dos objetivos que planteó Milei el jueves en su enésima visita a Estados Unidos, fueron barrer al peronismo-kirchnerismo y desmantelar la estructura sindical. La campaña de Patricia Bullrich fue "te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre". Federico Sturzenegger reconoció el lunes en una reunión con empresarios españoles que el corazón de la reforma laboral que propondrán al Congreso es desarticular la fuerza del movimiento obrero al abrir la negociación por empresa.
 
El proyecto de la derecha no acepta voces discordantes porque plantea situaciones extremas en el país, con ganancias enormes para un puñado y la pobreza para la inmensa mayoría. El problema es que el oficialismo con sus aliados representa el 40 por ciento del 67 por ciento que votó, que es menos del 30 por ciento del padrón.
 
El resultado es un país de tres tercios: el oficialismo y sus aliados, un poco menos el peronismo-kirchnerismo y sus aliados y un poco más el ausentismo. No es una ecuación que permita eliminar el diálogo como ejercicio democrático. Pero el diálogo no figura en la caja de herramientas del oficialismo. Su objetivo es la destrucción del que no consiente. 
 

06-11-2025 / 09:11
La CGT eligió una conducción unificada para enfrentar la amenaza oficial de destruir los derechos laborales, los convenios y la organización sindical. El nuevo triunvirato muestra dos caras nuevas, Cristian Jerónimo (Vidrio) y Jorge Sola (Seguros), y repite el camionero Octavio Argüello. Los gremios más combativos mantienen sus lugares en un segundo plano y se retiró la estratégica UTA (colectiveros).
 
La CGT ya tiene nueva conducción que se impuso tras una larga negociación y una contundente votación. El desafío que enfrentan no es menor. El gobierno de Javier "el Loco" Milei ya avisó que va por la precarización del empleo, la destrucción de los derechos de los trabajadores y el fin de los sindicatos, un combo que estará dentro de lo que denominaron "reforma laboral".
 
Los triunviros, de fuertes vínculos con el sector más dialoguista de la CGT, aseguraron que están dispuestos a rechazar y resistir este ataque del gobierno libertario nacional. "El crecimiento de este país se ha hecho con los derechos de los trabajadores y este país ha crecido porque los trabajadores tenemos derechos y los llevamos adelante", indicó Sola.
 
A su turno, Argüello que ya venía siendo triunviro, advirtió que "con los trabajadores no se jode. Estamos unidos para enfrentar cualquier situación que nos quiera llevar a que nos quiten los derechos". Por último, Jerónimo, el más joven de los tres aseguró que "la CGT, no va a permitir, ni va a retroceder un solo paso en las conquistas y los derechos adquiridos".
 
Uno de los argumentos del gobierno para justificar la reforma laboral es la supuesta vejez de los convenios colectivos de trabajo y la necesidad de modernizarlos a través de esta ley que se proponen debatir en los meses de verano.
 
En ese sentido, cuando Sola hizo su discurso dijo que "no somos necios. Sabemos que el mundo del trabajo ha cambiado y que las actualizaciones con la tecnología y la robótica son necesarias, pero tenemos una herramienta fenomenal que son los convenios colectivos de trabajo". Una referencia clara a que son las negociaciones que se hacen todos los años, donde se acuerda lo salarial, pero también se adapta el texto a los avances tecnológicos.
 
Sola dijo además que "hay un sector de la política que pretende que se debilite el movimiento obrero, que se atomice, que ya no se discutan convenios colectivos por actividad y se discutan por empresa. El crecimiento de este país se ha hecho con los derechos de los trabajadores y ha crecido porque los trabajadores tenemos derechos y los llevamos adelante", afirmó.

El triunvirato fue ratificado por el voto secreto de 1604 congresales que votaron a favor y solo 35 lo hicieron en blanco. El nuevo consejo directivo tiene mandato hasta el 2029 pero sobre todo tiene, cuesta arriba, estos dos años que todavía quedan del gobierno de Milei. ¿Sorprenderá la "nueva conducción" con la convocatoria a medidas contra la reforma laboral? ¿O volverá a pedir un diálogo en el que nadie cree? 
 

05-11-2025 / 09:11
La Comisión Investigadora del caso $LIBRA en el Congreso reveló que encontró dos movimientos de fondos por 550.000 dólares hacia una billetera virtual atribuida a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, los dos cómplices de Javier "el Loco" Milei en la estafa cripto. Las transacciones fueron realizadas justo cuando el empresario Hayden Davis festejó que el Presidente le había "firmado todo" para su desembarco en Argentina. La comisión podría denunciar a funcionarios de la Casa Rosada como Cuneo Libarona, al titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y a Paulo Stark.
 
En el tramo final del trabajo de la Comisión Investigadora sobre la la causa por la estafa con la criptomoneda $LIBRA, la oposición incorporó más pruebas que coinciden con presuntos pagos para monetizar la imagen del presidente Milei. Se estima que el informe final se presentará la semana del 17 de noviembre.
 
Durante el encuentro presidido por el diputado de la Coalición cívica, Maximiliano Ferraro, se votó la reserva para formular denuncia a funcionarios de la Casa Rosada: el Ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona; Florencia Zicavo, ex titular de la Unidad de Tareas Investigativas (UTI) que se creó para averiguar si hubo un ilícito detrás de la difusión de la criptomoneda; al titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y a Paulo Stark, quien preside la Unidad de Información Financiera (UIF). También, para presentar denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Y finalmente, ante el Procurador General de la Nación contra el fiscal Eduardo Taiano.
 
En cuanto a las nuevas pruebas, surgen de un conjunto de transferencias de criptomonedas reveladas por el periodista Hugo Alconada Mon que coinciden en montos y fechas con los pagos reportados en un "acuerdo de cooperación" para monetizar la imagen del mandatario nacional. Según se informó en el encuentro, el reporte periodístico mencionaba un borrador de acuerdo que estipulaba un pago inicial de 300.000 dólares y pagos mensuales de 250.000 dólares a cambio de la representación exclusiva del Estado Argentino en asuntos de blockchain.
 
A raíz de un oficio enviado por la Comisión, Binance confirmó la existencia de una billetera perteneciente a Novelli y entregó sus movimientos. El análisis de estos datos, realizado con especialistas, permitió identificar una billetera que recibió aproximadamente 300 mil dólares entre el 19 y 30 de noviembre de 2024. También, 250 mil dólares el 17 de enero de 2025.
 
Estas transacciones se correlacionan directamente con los montos y el cronograma del acuerdo reportado. Los diputados que integran la comisión pudieron verificar que Novelli recibió al menos 30.897 dólares de esos fondos, por parte de esa billetera, el 26 de noviembre de 2024. Esa billetera que había recibido los 550.000 dólares distribuyó el resto de los fondos a billeteras radicadas en múltiples exchanges internacionales, incluyendo OKX, Bybit, Bitget y Binance.
 
Durante el encuentro, se resolvió librar nuevos oficios a estos exchanges para identificar a los destinatarios finales de los fondos y continuar con la trazabilidad del dinero, teniendo en cuenta que estas transferencias podrían corresponder a los pagos realizados por Hayden Davis (CEO de Kelsier Ventures) en virtud de dicho acuerdo.
 
Esto suma, aunque no dé resultados inmediatos. Al establishment le viene como anillo al dedo que este tema se abra, así cuando Milei termine de hacer el "trabajo sucio" lo transforman en chivo expiatorio y lo mandan a guardar en EEUU como al narco Fred Machado.
 
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04-11-2025 / 09:11
El Gobierno de Javier "el Loco" Milei pide tiempo. Tiempo para reestructurar el Gabinete, tiempo para ordenar su interna y tiempo, fundamentalmente, para que cambie la composición del Congreso y el poder vuelva a manos de La Libertad Avanza. Milei pretende patear el Presupuesto y las grandes reformas para el verano, cuando planea convocar a sesiones extraordinarias, pero se enfrenta a un problema: una mayoría opositora con fecha de vencimiento que resiste y que pretende, este martes, dictaminar el Presupuesto 2026.
 
Es una puja aritmética con final abierto. Este martes vence el plazo dictado por la Cámara de Diputados para dictaminar el Presupuesto, y el peronismo y el pichettismo están a la caza de las firmas necesarias para poder asegurarse que tendrán el número para presentar sus dictámenes. Cada sector redactó su propia propuesta, pero solo podrán presentarlos si consiguen que haya quórum en la comisión de Presupuesto. Esto es: el mágico número de 25 firmas.
 
El Gobierno, mientras tanto, quiere patear el tema para después de diciembre, cuando el Congreso se tiña de violeta y Milei pueda, con apoyo de los gobernadores, hacerse del control de la agenda legislativa. En el oficialismo confían en que tendrán una base de 111 aliados firmes -entre los que se incluyen a los libertarios, bullrichistas, PRO y radicales mileístas- y que, junto al apoyo de los gobernadores, podrán avanzar con todas las reformas que el presidente tiene planeadas para la segunda etapa de su gobierno. Incluido el Presupuesto.
 
Para resistir hasta diciembre, sin embargo, el Gobierno necesita boicotear el quórum de la oposición en la reunión de comisión del martes. Es la última gran amenaza de una oposición que, dentro de un mes, verá flaquear su poder de fuego y deberá resignarse a correr detrás de la agenda del presidente.
 
Una vez más, Martín Menem convocó al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, a calmar las ansiedades de sus aliados. La última reunión que había organizado en su despacho, hace dos semanas, no había salido bien: Nicolás Massot y Eduardo Falcone le habían reclamado que incluyera la emergencia pediátrica, la ley de financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, y Guberman se negó. "No hay plata", afirmó, como toda respuesta.
 
Esta vez, la cumbre en el despacho de Menem fue más privada. El riojano solo invitó a los aliados más cercanos. Ni pichettistas de Encuentro Federal ni peronistas de Unión por la Patria ni ex libertarios del MID: solo los representantes de los gobernadores aliados y sus amigos, que el Gobierno cuenta como propios. Fueron la mendocina Pamela Verasay, el misionero Carlos Fernández, el radical "con peluca" Martín Arjol, la sanjuanina Nancy Picón, la lilita Paula Oliveto y el santacruceño José Luis Garrido. También fue la diputada del PRO, Daiana Fernández Molero.
 
Hubo reclamos, pero predominó la concordia: todos los presentes coincidieron en que lo que más convenía era que el Gobierno pudiera tener su Presupuesto. La diputada del PRO pidió por la deuda que la Nación tiene con la Ciudad de Buenos Aires en materia de coparticipación.
 
Los provinciales pidieron volver a aplicar los descuentos por "zonas frías" en las tarifas, que el proyecto de Presupuesto había eliminado. Todos pusieron sobre la mesa el problema de la obra pública, y algunos aprovecharon para pedirle los avales al Gobierno para poder endeudarse y conseguir financiamiento extranjero. Guberman se negó a todo, excepto a conceder los avales (que no le generan ningún costo). 
 

03-11-2025 / 10:11
El 26 de octubre el electorado porteño eligió a Patricia Bullrich como senadora. De las más de 2.520.000 personas empadronadas en CABA, la votaron 840 mil. Es decir, un 33,3 % del total. Como se cuenta sólo a quienes efectivamente depositaron la boleta en la urna (1.735.000 en este caso), la ministra de "Seguridad Nacional" cree que la votó más de la mitad de los porteños. Y así se siente habilitada a hacer lo que se le cante.

En solo 24 horas, Bullrich fue la principal oradora de la Derecha Fest, junto a la defensora de genocidas, Cecilia Pando, y le devolvió a la escuela de policías el nombre de Alberto Villar, recordado torturador y jefe de la Triple A. También renombró a la escuela de cadetes como Ramón Falcón, el responsable del asesinato de docenas de obreros en la represión del 1º de mayo de 1909. Todo un mensaje a quienes se forman como represores. Dos genocidas que mataron obreros, indígenas, estudiantes y luchadores sociales. Uno hace más de cien años y el otro en los 70. Es lo que Bullrich busca de la Policía Federal.

Desde el atril, y envalentonada con el resultado de las elecciones, a la derecha de la ultra derecha, la ex montonera Bullrich ensalzó a Milei, a quien definió como "un presidente pro Policía Federal Argentina", y los diferenció de otros gobiernos que consideraban a la fuerza una adversaria del Estado.

La ex peronista panqueque Bullrich dedicó su gestión a mostrarse como antítesis del peronismo. Lo primero que hizo fue derogar la resolución de Nilda Garré que regulaba la actuación de las fuerzas de seguridad frente a la protesta social. Una de sus últimas medidas será dar marcha atrás con otra resolución de Garré, la 167/2011, que había ordenado que las escuelas donde se forman los aspirantes a la fuerza no llevaran nombres de represores.

Hasta abril de 2011, la escuela de cadetes llevaba el nombre de Falcón. Garré decidió que se lo reemplazara por el de Juan Pirker, el jefe de la PFA de Raúl Alfonsín que murió en febrero de 1989 mientras estaba en funciones. La escuela de suboficiales llevaba desde diciembre de 1974 el de Villar y fue modificado por el de Enrique OGorman, que había conducido la fuerza entre 1867 y 1874. OGorman había prohibido que a los detenidos se los sujetara a barras y cepos por considerarlos instrumentos de tortura.

Este viernes, usando como excusa el 204° aniversario de la creación de la Policía Federal, Bullrich aprovechó para darle un mensaje a la sociedad: habrá represión brutal contra quienes luchen por sus derechos, es política de Estado, aún si eso implicara sobrepasar la legalidad y violar derechos humanos.

La "competencia" entre los libertarios por ver quién reivindica más y mejor a los represores de antaño y de la última dictadura militar debe ser denunciada y combatida por quienes defendemos la Memoria, la Verdad y la Justicia. Esas reivindicaciones con lo más reaccionario de nuestra historia son un golpe artero a las causas de lesa humanidad del presente. Ni olvido, ni perdón, justicia.

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