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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 07-03-2025 / 11:03
EL LIBERTARIO NO LOGRA NI RETENER LO PROPIO, QUE DESIGNÓ A DEDO: EL NUEVO SUPREMO LE CERRÓ LA PUERTA EN LA CARA A LIJO

García Mansilla se ató a su silla, traicionó a Milei y votó contra la licencia de Lijo

García Mansilla se ató a su silla, traicionó a Milei y votó contra la licencia de Lijo
García-Mansilla se ató a su silla: debutó en la Corte y le negó la licencia a Lijo. El intento de Milei de "armar" una Corte a su medida terminó en un papelón. Lijo, que se resistía a soltar su cargo sin garantías, ahora quedó en la cuerda floja. Y Milei, que pensaba moldear el Poder Judicial con un decreto, descubrió que ni siquiera en su propio esquema las cosas salen como quiere. La casta judicial, experta en acomodarse al poder, acaba de darle una lección al "Loco". La pregunta es: ¿cuánto más resistirá Milei antes de darse cuenta de que gobernar no es lo mismo que tuitear?
El presidente Javier "el Loco" Milei sumó un nuevo revés en su intento de manejar la Corte Suprema a su antojo. Este jueves, el máximo tribunal rechazó el pedido de licencia del juez federal Ariel Lijo, dejándolo en un limbo judicial: si quiere asumir en la Corte Suprema, debe renunciar a su cargo actual de juez, pero sin garantías de que el Senado apruebe su designación.
 
El fallo, que terminó de dinamitar los planes del gobierno anarco capitalista, fue votado en contra por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Manuel García-Mansilla, el flamante juez designado por decreto de Milei. En soledad, Ricardo Lorenzetti votó a favor, quedando como único respaldo de la maniobra presidencial.
 
García-Mansilla lleva una semana en la Corte Suprema, y ya aprendió el arte de la puñalada por la espalda. En su primera decisión en el máximo tribunal, falló en contra de los intereses de Milei -que lo puso a dedo en la cima del Poder Judicial argentino- al negarle la licencia a su consorte de decreto, el juez federal Lijo, para que se mude de los tribunales de Comodoro Py al Palacio de Justicia de la calle Talcahuano. Lijo respondió que seguirá en su juzgado a la espera de que el Senado decida si le da el aval para convertirse en supremo.
 
Lijo y García-Mansilla fueron designados por el decreto 137 que firmó Milei para poner dos jueces en la Corte sin negociar con el Senado. Los cortesanos le abrieron rápidamente la puerta a García-Mansilla, que hasta entonces ejercía como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, históricamente ligada al Opus Dei, y como director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos.
 
García-Mansilla había defendido su pliego en la comisión de Acuerdos del Senado en agosto. Allí, había dicho que él no asumiría en comisión -como Mauricio Macri había intentado con Rosenkrantz y Rosatti. No consiguió los avales necesarios siquiera para que su pliego fuera llevado al recinto. En el caso de Lijo, la situación era distinta. Tenía su pliego en condiciones de ser tratado, pero el Gobierno terminó levantando la sesión prevista para el viernes 21 de febrero mientras crecía el escándalo por la cripto estafa que lo tiene al Presidente como principal protagonista.
 
El jueves pasado, Rosatti, Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti decidieron tomarle juramento a García-Mansilla. La ceremonia fue prácticamente secreta. El recién llegado no llevó familiares ni amigos. Solo lo acompañaron los cortesanos, un grupo de secretarios letrados y el número dos del Ministerio de Justicia, Sebastián Amerio.
 
El fallo que bloqueó la llegada de Lijo a la Corte dejó totalmente descolocado a Santiago Caputo, al que le costó asimilar el voto en contra de su promovido García Mansilla. El "monje negro" de Milei quedó golpeado porque García Mansilla tardó apenas una semana en salir fuertemente a tomar distancia del gobierno, aunque en tribunales creían que en principio podría excusarse en esta votación.
 
Este nuevo revés para Milei se suma a las consecuencias que está teniendo el escándalo por la estafa con la criptomoneda $LIBRA. Los sondeos de opinión dan cuenta de una caída en la imagen presidencial y de un fuerte descrédito. Y va quedando en evidencia que el gobierno y plan económico y social libertario no va más y que hay que derrotarlo con resistencia y movilización.
 
La Opinión Popular
 

 
Durante todo el fin de semana se especuló sobre cómo sería el voto de García-Mansilla en un tema trascendental como es la incorporación de Lijo. Algunas versiones indicaban que podría excusarse. Una acordada -firmada en abril del año pasado- establecía que, en ese caso, los habilitados para decidir serían tres y, por ende, se necesitaría una mayoría de dos para resolver.
 
Sin embargo, García-Mansilla decidió jugar. Y votó en contra de su compañero de decreto.
 
En su exposición ante la comisión de Acuerdos, García-Mansilla ya se había diferenciado de Lijo al defender el fallo que resucitó una ley derogada para que el presidente de la Corte sea también la cabeza del Consejo de la Magistratura -el organismo encargado de la selección y sanción de los jueces. No es una casualidad: ese fallo fue motorizado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, una entidad privada que agrupa a los integrantes de los estudios jurídicos más importantes de la City -y los más conservadores también. El Colegio de la calle Montevideo auspició la llegada de García-Mansilla a la Corte e hizo campaña en contra del otro candidato de Milei.
 
De hecho, un día antes de que Lijo debiera presentarse ante el Senado, Victoria Villarruel fue a un evento en el Colegio y allí dijo que no quería que el juez federal llegara al máximo tribunal. Villarruel criticó a Lijo por el criterio que mantiene a la hora de decir qué causas constituyen crímenes de lesa humanidad y cuáles no -uno de los caballitos de batalla sobre los que cabalga la vice, que pretende juzgar a los sobrevivientes de los años 70.
 
García-Mansilla, por el contrario, es un hombre de consulta para la vicepresidenta. "A García-Mansilla lo conozco. Es un constitucionalista de fuste. Para los que somos abogados es wow. Es impresionante. De hecho, cuando el Ejecutivo presentó el DNU (70/2023), yo le pedí a García-Mansilla si me podía explicar bien", relató Villarruel en una entrevista con TN. La Corte todavía tiene para revisar distintos expedientes contra el megadecreto: debe decidir si convalida la suspensión del capítulo laboral que lograron centrales sindicales en los tribunales.
 
 
La situación de Lijo
  
Lijo es un nacido y criado en los tribunales de Comodoro Py. Desde 2004 es titular del Juzgado Federal 4. Antes, había sido funcionario en la Cámara Federal. Tiene 56 años y, por ende, le quedan 19 años en la judicatura. La "comisión" decretada por Milei vence el 30 de noviembre. Si no consiguiera el aval del Senado, Lijo debería volver al llano.
 
Como no estaba en sus planes renunciar, Lijo pidió una licencia extraordinaria. Lo hizo ante la Cámara Federal porteña. El jueves pasado, el tribunal de apelaciones de Comodoro Py le dio un espaldarazo: hizo lugar a su pedido. La acordada salió con las firmas de los seis integrantes de la Cámara: Mariano Llorens, Martín Irurzun, Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia, Eduardo Farah y Roberto Boico.
 
En la Corte masticaron bronca. Y este jueves llegó la contestación en un acuerdo que duró menos de media hora. Antes del mediodía trascendió que le habían rechazado la licencia a Lijo y que la votación había salido tres a uno. El único que dijo que le correspondía el permiso a Lijo fue Lorenzetti, que, además motorizó su nominación.
 
Cerca de las 15 se conoció la resolución con los fundamentos. Llevaba las firmas de Rosatti, Rosenkrantz y García-Mansilla. Invocaron la acordada 34 que la Corte adoptó en 1977 -en plena dictadura- para establecer un régimen de licencias para magistrados, funcionarios y empleados. La Corte se reserva para sí misma la decisión sobre las licencias de "excepción", que sería la que pidió Lijo, ya que, según los supremos, no se engloba dentro de las ordinarias o extraordinarias. Con esto, lo que buscaron decir es que la Cámara Federal no debió haber intervenido. Por eso, dejaron sin efecto lo que había decidido ese tribunal.
 
El trío invocó un precedente. En octubre de 1975, René Daffis Niklison, que era juez nacional de instrucción con acuerdo del Senado, fue designado en comisión para mudarse al Juzgado Federal 4 -casualmente el mismo que ocupa Lijo desde hace 20 años. En ese momento, la Corte le dijo a Niklison que era inadmisible tener la condición de juez con acuerdo del Senado en simultáneo con la de juez designado en comisión, y que la aceptación de la comisión implicaba por su parte un "acto de voluntad expresa de poner fin" a la situación anterior.
 
"El criterio allí fijado impide la doble investidura como juez de la Nación, sobre la base de títulos constitucionales distintos, resultando indiferente si el ejercicio de uno de ellos se encuentra suspendido. La licencia, por ello, no puede ser concedida", escribió el trío.
 
"No va a renunciar", contestaron ante una consulta de este diario cerca de Lijo. "Va a esperar la decisión del Senado". Lijo siguió las novedades desde su oficina en el ala izquierda del tercer piso de Comodoro Py. Tiene a su cargo también el Juzgado Federal 12, donde tramita la megacausa por los crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
 
 
La hora de la política y de la ley
  
Hay versiones de que la oposición podría pedir una sesión especial para tratar los pliegos de García-Mansilla y Lijo. Unión por la Patria (UxP) dijo que no le prestaría acuerdo a quienes hayan aceptado ingresar a la Corte sin el aval del Senado -y por decisión unilateral del Presidente.
 
Hay otro partido que se juega en los tribunales. El decreto 137/2025 está impugnado judicialmente. El viernes, el juez federal Alejo Ramos Padilla se declaró competente para revisar las designaciones. En las últimas horas, cuatro organizaciones de la sociedad civil se presentaron en el expediente para pedir que se impida que Lijo jure en la Corte -algo que los cortesanos no parecen especialmente apurados por permitir- y que García-Mansilla se aboque a examinar casos.
 
Es improbable que haya movimientos en ese expediente antes del lunes porque Ramos Padilla está de licencia. En su fallo, el juez había destacado la necesidad de actuar con "prudencia" por lo que está en juego: la conformación del más alto tribunal de justicia de la Argentina. En el Palacio de la calle Talcahuano mostraron alguna preocupación  al enterarse de que Ramos Padilla tenía el expediente. En 2015, fue él, como juez federal de Dolores, quien frenó la llegada en comisión de Rosatti y Rosenkrantz, y obligó a que debieran afrontar el trámite ante el Senado.
 
Por Luciana Bertoia
 
Fuente: Página 12
 

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19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
La Opinión Popular
 

18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
La Opinión Popular
 

17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
La Opinión Popular
 

14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
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