11:45 | Viernes 02 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 04-03-2025 / 16:03

CRECE EL ESCÁNDALO INTERNACIONAL POR LA CRIPTOESTAFA

Los dichos de Milei lo incriminan porque son mentiras con patas cortas y un impacto largo

Cada vez que habla, Javier "el Loco" Milei se queda sin argumentos para justificar el escándalo con la criptomoneda $LIBRA. Es "un problema de terceros con terceros, no es un problema mío ni de mis funcionarios", dijo aunque a esta altura está claro que sin el tuit en el que promovió el token el 14 de febrero último no hubiera existido el negociado. No es el único dato que lo dejó en evidencia y que lo conecta con la posible estafa.

Cada vez que habla, Javier "el Loco" Milei se queda sin argumentos para justificar el escándalo con la criptomoneda $LIBRA. Es "un problema de terceros con terceros, no es un problema mío ni de mis funcionarios", dijo aunque a esta altura está claro que sin el tuit en el que promovió el token el 14 de febrero último no hubiera existido el negociado. No es el único dato que lo dejó en evidencia y que lo conecta con la posible estafa.

Se expuso solo al decir: "Lo que me propusieron era que iban a crear un instrumento" para dar "financiamiento". Así, admitió que hubo una propuesta que aceptó porque le parecía genial, es decir, estaba al tanto de los pormenores. Segundo, quedó a la vista que nada tenía que ver con el fondeo para pequeñas empresas y el crecimiento económico del país, como prometía su posteo original, que luego borró con la excusa de que no estaba "interiorizado". Esta vez dijo que era para programadores, desarrolladores de software y de inteligencia artificial que viven en la "informalidad".

Todo esto y más (nombres que esquiva, amenazas a periodistas, definiciones confusas) surgió de la última nota televisiva que dio el Presidente el domingo con uno de sus entrevistadores habituales y amigables, el periodista Luis Majul. Ahí aceptó hablar de $LIBRA, tema que había eludido en la Asamblea Legislativa. Esta vez no hubo interrupciones para reformular una respuesta y borrar la anterior, pero más de un asesor se debe haber tentado. Milei cree que funciona la estrategia de desacreditar a los medios que hablan del criptogate y sacan a la luz cada vez más información.

El palazo le tocó en esta conversación al New York Times (NYT), que había revelado que dos personajes claves, el trader muy cercano al mandatario, Mauricio Novelli, y el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, pedían dinero para poder acceder a él. Pagos de 50.000 hasta 500.000 dólares, informaron, y promesas de contratación con el gobierno argentino a cambio de 90 millones de dólares.

"Un conjunto de chimentos de peluquería de despechadas", calificó Milei la publicación, siempre listo para colar algún comentario machista propio de su batalla cultural. La explicación, para él, es que se trata de un medio "alineado con el partido demócrata, bien anti (Donald) Trump". "La agenda woke", quiso ayudarlo Majul con el concepto. "No me voy a involucrar con gente despechada que quizá quiso tener las reuniones y no las tuvo", despotricó luego Milei.

Pero este lunes apareció otra nota Estados Unidos: esta vez en el Wall Street Journal, lo más leído en economía y negocios, publicación alineada con los republicanos, pro-empresarial, que defiende el libre mercado, el capitalismo y se opone a las regulaciones excesivas. La publicación es un perfil de Davis que relata la historia de la maniobra con $LIBRA.

"El experto en estafas detrás del escándalo critpo de 250 millones", se titula. Cuenta que Davis tenía una historia de una década de emprendimientos comerciales de corta duración cuando lo conoció a Milei (desde la venta de bebidas energizantes hasta un negocio de estampado de remeras). "Juntos inflaron un token cripto que está sacudiendo la presidencia de Milei", afirma.

"Cuando Milei promovió $LIBRA en las redes sociales --reconstruye-- el precio se disparó, hasta que se desplomó, destruyendo hasta aproximadamente mil millones de dólares en valor de mercado, según Dex Screener, un proveedor de criptodatos". Las periodistas Katherine Long y Vicky Ge Huang recuerdan que Davis reconoció que se llevó 100 millones de dólares cuando el valor del activo aumentó en forma exponencial. Miles de inversores perdieron casi todo.

Respuestas que no cierran

* "Es un problema de terceros con terceros" (no del Gobierno)

Esta afirmación de Milei tiene varios problemas. Uno es el primer posteo que promovía $LIBRA: decía que era un proyecto privado que se iba a dedicar a incentivar el crecimiento económico de la Argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. Era una forma de decir "compren $LIBRA porque hará que la economía crezca" y "confíen porque el Presidente recomienda la inversión".

Milei tiene experiencia en promocionar criptoactivos fallidos (incluso de su amigo Novelli), y en este caso lo estaba haciendo como jefe de Estado, una condición que lo acompaña todo el día. A partir de su tuit el token registró una enorme suba. Las billeteras con información privilegiada que habían comprado a valores muy bajos, vendieron mucho más caro y dejaron sin nada al resto.

Otra cuestión es que hay registro de reuniones a lo largo de 2024 en la Casa Rosada y en el contexto del Tech Forum con quienes crearon y lanzaron $LIBRA: Davis, de Kelsier Ventures, y Julian Peh, de Kip Protocol. Pero también con quienes fueron desde Argentina nexos del gobierno con esos empresarios: Novelli, su socio Manuel Terrones Godoy y el actual asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales.

Los dos primeros son socios en Tech Forum SRL, que fundaron dos meses antes del evento de tecnología para promover estos negocios, donde Milei fue orador, y que derivó en un encuentro con Peh en el Hotel Libertador. Novelli ingresó al menos siete veces a la Casa de Gobierno y todo indica que iba a ver a Karina Milei. Algunas veces fue con Terrones Godoy, Morales y otros empresarios como Bartosz Lipinski, CEO de Cube Group, con quien se habría firmado un preacuerdo para crear una especie de banco de critpomonedas, según había dicho Gideon Davis, hermano de Hayden.

Davis estuvo en la Rosada el 16 julio, el 21 de noviembre y el 30 de enero. Dijo públicamente que era asesor de Milei y que planeaban "tokenizar" todas las operaciones financieras.

Un tema que tampoco ayuda al Presidente es lo que pasó en la entrevista con Jonathan Viale: dijo que de su estrategia jurídica estaría a cargo del Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Además de que eso sería ilegal, era una forma de admitir la vinculación del escándalo con su cargo. Para peor, generó una "autoinvestigación" en organismos bajo el mando Cúneo y su gente de confianza, que más que transparentar, oscurece.

* "Lo que me propusieron"

Primero había dicho que "no estaba interiorizado" sobre $LIBRA. Ahora Milei dice que el proyecto es algo que le "propusieron" y que le pareció muy bien para apoyar a "personas que trabajan en la informalidad como programadores, en temas inteligencia artificial, desarrollo de software y demás", "muchos facturan afuera", y "no tienen acceso al mercado de crédito". La frase exacta fue: "Lo que me propusieron era crear un instrumento para darle financiamiento a esos proyectos y me pareció bárbaro".

En el primer tuit sobre la criptomoneda afirmaba que apuntaba a "fondear pequeñas empresas y emprendimientos argentinos". Ahora mezcló todo: empresas y emprendimientos con programadores y técnicos. Dijo que además "hay una presión fiscal enorme" sobre ellos y por eso "cuando la responsable de ARCA les quiso ir a sacar información para cobrarles impuestos, automáticamente la eché".

Se olvidó de que la desplazó por querer cobrarles impuestos a streamers e influencers que facturaban en Reino Unido, que no es lo mismo. ¿Qué de todo esto es lo que determina el crecimiento económico? No se le entiende nada. Pero ratifica que $LIBRA no tenía ningún plan de apoyo a emprendimientos, como confirmó la firma KIP Protocol.

¿Por qué eliminó el tuit que tuvo fijado cuatro horas si todo era maravilloso? "Cuando vi la situación y que generó la posible sospecha de algo, bajé el tuit", admitió. "Podía haber mentido y decir que me habían hackeado la cuenta", se enredó para decir que su plan era de "buena fe". ¿No será que tenía un acuerdo o preacuerdo como dijeron los hermanos Davis? También lo detallaron varios medios.

* "Voy a ir contra esos periodistas que han mentido y calumniado"

Esa frase del Presidente no respondía a la pregunta que acababa de hacer Majul: "¿Por qué no critican fuertemente usted o alguien del gobierno al impresentable de Hayden Davis o a Novelli? ¿Es condescendiente?" Milei no solo eludió nombrarlos. Se las agarró con "los periodistas" y dejó sentada su advertencia.

"Usted cuando quiere acusar a alguien es una cosa grave", contestó, "y de hecho las acusaciones que hacen muchos periodistas son graves". "Estoy esperando que termine de actuar la justicia y voy a ir contra esos periodistas que han mentido, calumniado e injuriado", insistió, como si además tuviera la certeza de que saldrá indemne de toda causa. No hubo repregunta.

* "A nadie se le puso una pistola en la cabeza"

"Todos los que entraron ahí entraron voluntariamente", volvió Milei con un argumento similar al de los riesgos que se corren en el casino (que ya había usado), donde nadie está obligado a jugar. "Una estafa no es un robo a punta de pistola, sino un engaño que induce a la víctima a entregar su dinero voluntariamente", escribió Santiago Siri, experto en criptomonedas en su cuenta de X.

El tuit de Milei, subrayó, había sido "un llamado a la acción concreto, con una promesa explícita de confianza en un esquema que terminó evaporando millones de dólares de inversores incautos..." "Sobre la naturaleza de ese tuit tiene muchas explicaciones que darle a la justicia", siguió.

* "No puede haber estafa"

Milei dixit: "Sé que los que quisieron operar con esto están muy doloridos". Y sacó a relucir un comunicado de la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense. Según su interpretación "este tipo de instrumentos no son considerados por la SEC activos, no representan reserva de valor, no hay promesas de pago, por lo tanto no puede haber estafa".

El experto, programador, docente y periodista Maximiliano Firtman compartió el texto de la SEC en un tuit y lo analizó. Aclaró que es una opinión del staff de un departamento de la SEC, "no es una regulación".

Aun así, "allí dicen que las meme coins SON activos cripto pero NO son valores"; "la evaluación no aplica si un activo disfrazado de meme coin (que se presenta como una broma) en realidad cumple con los criterios de un valor (algo que claramente se discute en este caso por las propias declaraciones tuyas, Javo)"; "en una nota al pie dejan claro cómo se suele identificar una meme coin, algo que NO aplica a la publicidad de $LIBRA"; y agrega que aunque no están sujetas "a las leyes de valores, las prácticas fraudulentas relacionadas con su venta pueden ser perseguidas por otras leyes federales o estatales. O sea, no solo que en ningún lado dice que no puede haber estafa: dice todo lo contrario".

Por Irina Hauser

Fuente: Página 12

02-01-2026 / 10:01

La SIDE, la nueva Gestapo de Milei para encarcelar políticos y periodistas opositores

El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control jurisdiccional. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU).

Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".

Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la militarización de la política de defensa; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.

La Opinión Popular

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".