14:09 | Miercoles 10 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Entre Ríos - 03-03-2025 / 10:03

ACUSÓ AL TRIBUNAL DE CUENTAS POR CORRUPCIÓN, JUSTAMENTE EL DELITO QUE A ÉL LE IMPUTAN EN MÚLTIPLES CAUSAS, Y POR EL CUAL YA FUE CONDENADO AÑOS ATRÁS

La Municipalidad de Santa Elena, el botín de Daniel Rossi: sobreprecios y descontrol financiero

En una nueva andanada de denuncias contra quienes lo investigan, el intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, acusó a fiscales y vocales del Tribunal de Cuentas de la provincia por corrupción, justamente el delito que a él le imputan en múltiples causas, y por el cual ya fue condenado años atrás. Pareciera ser una estrategia con cierto desgaste y que causa cada vez mayor malestar en los Tribunales entrerrianos, aunque a veces logra su cometido: la dilación de las investigaciones.

Un relevamiento de ANÁLISIS sobre los expedientes que tramitan en el organismo de control de la provincia evidencia un panorama sombrío para el dirigente peronista que ahora pretende ser candidato a senador nacional por el peronismo entrerriano: casi medio millón de dólares de sobreprecios, descontrol total y varios agujeros negros en las finanzas de la Municipalidad durante sus gestiones.

Uno de los casos es el que tiene a Rossi cerca de un juicio cuyo inicio está demorado por diferentes recursos desde hace varios años: el del presunto sobreprecio en 20 cuadras de asfalto en el marco del Programa Federal Más Cerca, denunciado por su sucesor en 2019. La pericia contable arrojó que la Municipalidad pagó un sobreprecio de 6.141.781,34 de pesos, según informes de Vialidad y de otras obras de pavimento similares, un 30% por encima del valor real. A valores actuales, según el Tribunal de Cuentas, equivaldría a 437.956 dólares. La Fiscalía adelantó que pedirá la pena de cinco años y seis meses de prisión para el intendente.

Otro expediente en el TdC se remonta a cuando Rossi debió abandonar la intendencia al ser condenado en la primera causa por enriquecimiento ilícito, por los millones de dólares en cuentas en el Uruguay, a nombre de su madre jubilada y su exesposa empleada estatal, tras lo cual fue sucedido por la dirigente Asunción Olmedo. En ese tiempo, eximió a un privado de pagar impuestos a la Municipalidad de Santa Elena. Emitió un libre deuda por un monto que por entonces equivalía a unos 3.000 dólares.

En 2018 el Tribunal de Cuentas detectó que la Municipalidad compró una retroexcavadora a una empresa que ofertó la maquinaria mucho más cara que su competidora en la licitación. Simplemente dijeron que la otra no cumplía con los requisitos del trámite.

Se trataba de una retroexcavadora XCMG Modelo 864 adquirida en 2013. Una oferta era por 350.000 pesos, mientras que la otra era de 547.638 pesos. Desestimaron la primera por "no reunir las condiciones del pliego", y así la Municipalidad pagó un 40% más del costo real. A valores de esos años, unos 22.300 dólares extra.

También el Tribunal de Cuentas detectó, en 2017, serias falencias en la provisión de 1.000 metros cúbicos de hormigón y su colocación. Aquí la maniobra señalada por los contadores fue que se hizo una licitación por un monto, y luego pagaron un precio mucho mayor. Esto surgió de la simple comparación entre las órdenes de pago y las de compra. Se estima un desfalco de casi 10.000 dólares.

Recursos a discreción y descontrol

Un informe del TdC, que conduce el criticado Diego Lara, revela graves irregularidades administrativas, contables y financieras en las diferentes gestiones de Rossi en la Municipalidad de Santa Elena. Omisiones deliberadas y falta de rendición de cuentas, subrayan, a contramano de leyes y de la Constitución provincial.

La situación del "Contador Municipal" luce muy llamativa: empezando porque no es contador, no tiene título habilitante. Y, al igual que el cargo de Tesorero Municipal, ninguno cuenta con acuerdo del Concejo Deliberante. Además, señalan que ninguno de los funcionarios posee fianza constituida. Todo lo contrario de lo que ordena la Ley de Régimen Municipal 10.027. No se trata de funciones de segunda línea, sino, justamente, de quienes deben controlar lo que hacen las autoridades con los recursos de los santaelenenses.

Se deduce de esta situación irregular que ninguno cuenta con la autonomía necesaria para cumplir con sus responsabilidades porque evidentemente fueron colocados a dedo por Rossi.

En esta línea, remarcan que tampoco se realizan arqueos sorpresivos en Tesorería, lo cual también está ordenado en la mencionada ley provincial. Y, como si esto fuera poco, se detectaron cajas de recaudación municipal fuera de la Tesorería. En este panorama, señalaron que menos todavía se realizan controles de las conciliaciones bancarias ni sobre el patrimonio de las diferentes dependencias.

Otra orden legal incumplida por Rossi es la rendición de cuentas al HCD local: el Tribunal de Cuentas no la encontró sobre varios años de gobierno, por lo cual creen que no las presentó o, cuando lo hizo, estaba bastante floja, incompleta, y el intendente prefirió pagar multas (con recursos públicos) en vez de cumplir con su obligación. Tampoco se presentaron los respectivos informes sobre los ejercicios contables ante el propio TdC. Y, menos aún, la Municipalidad publica el estado de ingresos cuatrimestralmente en su página web, ni una memoria anual.

Los subsidios otorgados por la Municipalidad de Santa Elena es otro agujero negro: no está reglamentado el trámite de entrega de dinero para ayudas sociales o de otro tipo, por lo que no se asienta en ningún lado la situación socioeconómica del beneficiario y no hay rendición de estos movimientos. Rossi le da subsidios al que quiere y por el monto que quiere, y nadie sabe a dónde va a parar ese dinero.

Los controladores del Tribunal de Cuentas hallaron además que el intendente incumplió con otras mandas legales y constitucionales en cuanto al control de los recursos: "La mayoría de las cuentas de recursos se registran con importantes cuantías en déficits de recaudación, por lo cual no se cumplen con las proyecciones estimadas", indicó a ANALISIS una fuente del organismo. Entonces, cada año, la Municipalidad cierra con reiterados déficits, con ejecuciones presupuestarias completas y excesos de partidas.

Los contratos de obra y servicios que hace la gestión de Rossi deja al municipio al borde de numerosos juicios laborales por trabajo en negro, además de las arbitrariedades en su otorgamiento: no se otorgan recibo de haberes, no tienen seguros contra accidentes ni servicios médicos ante alguna emergencia. Mucho menos se especifica en ningún lado qué tareas deben cumplir esos contratados.

También se detectó la contratación de vehículos privados por parte de la Municipalidad (mayormente camioneras y utilitarios) sin registro de nada: ni cuánto se paga, ni para qué los alquilan, ni si tienen seguro automotor, algo de manual para cualquier gestión.

Por último, se apuntó otro agujero negro en las arcas públicas: el pago en efectivo de productos o servicios por parte de la Municipalidad de Santa Elena. Pese a la gran cantidad de medios de pago que existen hoy, en los cuales queda asentado e inmodificable cuánto dinero exacto es el que se abona, Rossi, en muchos casos, opta por pagar plata en mano. Esto no solo va contra las normas que pretenden evitar la evasión fiscal, sino que suma más oscuridad al manejo del dinero por parte de la administración justicialista en la localidad.

El inédito caso de la deuda con Enersa

El programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) dio a conocer el año pasado la deuda que tiene la Municipalidad de Santa Elena con Enersa, la distribuidora de energía de la provincia. Esto fue observado por el Tribunal de Cuentas, que encontró que, tanto por la luz en los inmuebles como por el alumbrado público, debe casi 1.000 millones de pesos.

Para tener una idea de la magnitud de la morosidad y la insólita situación, se trata del 95% del total de deudas de todos los municipios de la provincia con Enersa. Pero está visto que en el mundo de Rossi no hay que cumplimentar normas, ni lograr transparencia y todo es lo mismo.

Fuente: Análisis Digital

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Frigerio, el centralismo porteño y el saqueo inaceptable de fondos que son de las provincias

Una parte significativa del superávit fiscal que el gobierno centralista y porteño de Javier Milei afirma registrar desde diciembre de 2023 se basa en la retención indebida de fondos que, por ley, corresponden a las provincias y que se recaudan en ellas. Según un informe de la consultora Politikón Chaco, en los primeros once meses del año, la administración libertaria habría retenido recursos no distribuidos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por una cifra cercana a los $ 730 mil millones. Pese a esta situación, el gobernador Rogelio Frigerio jamás ha presentado un reclamo contundente.

Estos ATN se integran con fondos recaudados a través de impuestos que componen la masa de la Coparticipación Federal. El monto total a entregar rondaba los $ 850 mil millones, pero solo una parte ínfima fue distribuida a 15 provincias, sin un criterio de distribución igualitario. Este panorama se reconfigura constantemente a favor del Gobierno nacional, que apela al "método Kueider" y en detrimento de los intereses del interior federal, alumbrando nuevos desafíos.

El Gobierno de Milei utiliza estos recursos retenidos como una herramienta extorsiva para conseguir respaldo en el Congreso Nacional para la sanción de las leyes clave de su proyecto "anarcocapitalista". La debilidad de ciertos gobernadores, que se traslada a sus representantes legislativos, obedece a la urgente necesidad de contar con fondos para programas provinciales vitales. Esta presión se impone por encima de los convencimientos personales o las ideologías de los mandatarios.

Se les fuerza, mediante intimidación o amenazas, a actuar en contra de sus propias posiciones políticas para obtener un beneficio económico con recursos que legalmente les corresponden. La demanda de estos fondos es crítica para el sostenimiento de: programas de educación, salud y transporte, conclusión de viviendas paralizadas y mantenimiento de rutas nacionales, cuya prioridad fue abandonada por el Gobierno libertario.

La convalidación del superávit en las cuentas públicas se logra, en gran parte, mediante el saqueo de recursos legítimos que pertenecen a las provincias y el abandono de obligaciones que competen al Estado nacional en la organización del país. El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 contempla una partida de apenas $ 122.763 millones para atender estas transferencias, una cifra que los gobernadores han calificado de insuficiente. La exigencia mínima para cubrir los déficits reales de sus jurisdicciones asciende a $ 900.000 millones.

Además, Milei ha dejado claro que no piensa restituir las transferencias a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, desentendiéndose por completo de sus obligaciones. La Corte Suprema de Justicia ha adoptado una postura de espera, supeditando una definición sobre las cajas provinciales a que la Nación avance en la anunciada reforma previsional. Mientras tanto, el envío de fondos jubilatorios se ha paralizado, para asegurar que seremos la nación más grande y exitosa en la historia de la humanidad y el hogar de la libertad en el mundo, según Milei.

En concreto, el Gobierno nacional no garantiza los fondos para estas 13 Cajas de Jubilaciones. Entre Ríos, por ejemplo, recibe a cuentagotas el aporte para cubrir el déficit de su Caja, a pesar de que este compromiso fue asumido por la Nación en 1994, con la puesta en marcha del anterior esquema de jubilación privada. Por eso, hace 8 meses que no aumenta las jubilaciones. Esta situación se agrava con el accionar de Frigerio, en la incorporación de personal en modalidades informales con escasos o nulos aportes a la Caja, y el impacto de los bonos de aumento no bonificables que no llegan a los jubilados.

El actual esquema de reparto de recursos, con parches y distribución no automática, permite el manejo político de fondos por parte de la administración central libertaria, favorecen el clientelismo y perjudican la productividad regional. La tan anunciada reforma impositiva, que el Gobierno presentaría en febrero, debería corregir estas distorsiones. Es que ganaron 40 a 35, no 80 a 20.