02:06 | Miercoles 04 de Marzo de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Entre Ríos - 03-03-2025 / 10:03

ACUSÓ AL TRIBUNAL DE CUENTAS POR CORRUPCIÓN, JUSTAMENTE EL DELITO QUE A ÉL LE IMPUTAN EN MÚLTIPLES CAUSAS, Y POR EL CUAL YA FUE CONDENADO AÑOS ATRÁS

La Municipalidad de Santa Elena, el botín de Daniel Rossi: sobreprecios y descontrol financiero

En una nueva andanada de denuncias contra quienes lo investigan, el intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, acusó a fiscales y vocales del Tribunal de Cuentas de la provincia por corrupción, justamente el delito que a él le imputan en múltiples causas, y por el cual ya fue condenado años atrás. Pareciera ser una estrategia con cierto desgaste y que causa cada vez mayor malestar en los Tribunales entrerrianos, aunque a veces logra su cometido: la dilación de las investigaciones.

Un relevamiento de ANÁLISIS sobre los expedientes que tramitan en el organismo de control de la provincia evidencia un panorama sombrío para el dirigente peronista que ahora pretende ser candidato a senador nacional por el peronismo entrerriano: casi medio millón de dólares de sobreprecios, descontrol total y varios agujeros negros en las finanzas de la Municipalidad durante sus gestiones.

Uno de los casos es el que tiene a Rossi cerca de un juicio cuyo inicio está demorado por diferentes recursos desde hace varios años: el del presunto sobreprecio en 20 cuadras de asfalto en el marco del Programa Federal Más Cerca, denunciado por su sucesor en 2019. La pericia contable arrojó que la Municipalidad pagó un sobreprecio de 6.141.781,34 de pesos, según informes de Vialidad y de otras obras de pavimento similares, un 30% por encima del valor real. A valores actuales, según el Tribunal de Cuentas, equivaldría a 437.956 dólares. La Fiscalía adelantó que pedirá la pena de cinco años y seis meses de prisión para el intendente.

Otro expediente en el TdC se remonta a cuando Rossi debió abandonar la intendencia al ser condenado en la primera causa por enriquecimiento ilícito, por los millones de dólares en cuentas en el Uruguay, a nombre de su madre jubilada y su exesposa empleada estatal, tras lo cual fue sucedido por la dirigente Asunción Olmedo. En ese tiempo, eximió a un privado de pagar impuestos a la Municipalidad de Santa Elena. Emitió un libre deuda por un monto que por entonces equivalía a unos 3.000 dólares.

En 2018 el Tribunal de Cuentas detectó que la Municipalidad compró una retroexcavadora a una empresa que ofertó la maquinaria mucho más cara que su competidora en la licitación. Simplemente dijeron que la otra no cumplía con los requisitos del trámite.

Se trataba de una retroexcavadora XCMG Modelo 864 adquirida en 2013. Una oferta era por 350.000 pesos, mientras que la otra era de 547.638 pesos. Desestimaron la primera por "no reunir las condiciones del pliego", y así la Municipalidad pagó un 40% más del costo real. A valores de esos años, unos 22.300 dólares extra.

También el Tribunal de Cuentas detectó, en 2017, serias falencias en la provisión de 1.000 metros cúbicos de hormigón y su colocación. Aquí la maniobra señalada por los contadores fue que se hizo una licitación por un monto, y luego pagaron un precio mucho mayor. Esto surgió de la simple comparación entre las órdenes de pago y las de compra. Se estima un desfalco de casi 10.000 dólares.

Recursos a discreción y descontrol

Un informe del TdC, que conduce el criticado Diego Lara, revela graves irregularidades administrativas, contables y financieras en las diferentes gestiones de Rossi en la Municipalidad de Santa Elena. Omisiones deliberadas y falta de rendición de cuentas, subrayan, a contramano de leyes y de la Constitución provincial.

La situación del "Contador Municipal" luce muy llamativa: empezando porque no es contador, no tiene título habilitante. Y, al igual que el cargo de Tesorero Municipal, ninguno cuenta con acuerdo del Concejo Deliberante. Además, señalan que ninguno de los funcionarios posee fianza constituida. Todo lo contrario de lo que ordena la Ley de Régimen Municipal 10.027. No se trata de funciones de segunda línea, sino, justamente, de quienes deben controlar lo que hacen las autoridades con los recursos de los santaelenenses.

Se deduce de esta situación irregular que ninguno cuenta con la autonomía necesaria para cumplir con sus responsabilidades porque evidentemente fueron colocados a dedo por Rossi.

En esta línea, remarcan que tampoco se realizan arqueos sorpresivos en Tesorería, lo cual también está ordenado en la mencionada ley provincial. Y, como si esto fuera poco, se detectaron cajas de recaudación municipal fuera de la Tesorería. En este panorama, señalaron que menos todavía se realizan controles de las conciliaciones bancarias ni sobre el patrimonio de las diferentes dependencias.

Otra orden legal incumplida por Rossi es la rendición de cuentas al HCD local: el Tribunal de Cuentas no la encontró sobre varios años de gobierno, por lo cual creen que no las presentó o, cuando lo hizo, estaba bastante floja, incompleta, y el intendente prefirió pagar multas (con recursos públicos) en vez de cumplir con su obligación. Tampoco se presentaron los respectivos informes sobre los ejercicios contables ante el propio TdC. Y, menos aún, la Municipalidad publica el estado de ingresos cuatrimestralmente en su página web, ni una memoria anual.

Los subsidios otorgados por la Municipalidad de Santa Elena es otro agujero negro: no está reglamentado el trámite de entrega de dinero para ayudas sociales o de otro tipo, por lo que no se asienta en ningún lado la situación socioeconómica del beneficiario y no hay rendición de estos movimientos. Rossi le da subsidios al que quiere y por el monto que quiere, y nadie sabe a dónde va a parar ese dinero.

Los controladores del Tribunal de Cuentas hallaron además que el intendente incumplió con otras mandas legales y constitucionales en cuanto al control de los recursos: "La mayoría de las cuentas de recursos se registran con importantes cuantías en déficits de recaudación, por lo cual no se cumplen con las proyecciones estimadas", indicó a ANALISIS una fuente del organismo. Entonces, cada año, la Municipalidad cierra con reiterados déficits, con ejecuciones presupuestarias completas y excesos de partidas.

Los contratos de obra y servicios que hace la gestión de Rossi deja al municipio al borde de numerosos juicios laborales por trabajo en negro, además de las arbitrariedades en su otorgamiento: no se otorgan recibo de haberes, no tienen seguros contra accidentes ni servicios médicos ante alguna emergencia. Mucho menos se especifica en ningún lado qué tareas deben cumplir esos contratados.

También se detectó la contratación de vehículos privados por parte de la Municipalidad (mayormente camioneras y utilitarios) sin registro de nada: ni cuánto se paga, ni para qué los alquilan, ni si tienen seguro automotor, algo de manual para cualquier gestión.

Por último, se apuntó otro agujero negro en las arcas públicas: el pago en efectivo de productos o servicios por parte de la Municipalidad de Santa Elena. Pese a la gran cantidad de medios de pago que existen hoy, en los cuales queda asentado e inmodificable cuánto dinero exacto es el que se abona, Rossi, en muchos casos, opta por pagar plata en mano. Esto no solo va contra las normas que pretenden evitar la evasión fiscal, sino que suma más oscuridad al manejo del dinero por parte de la administración justicialista en la localidad.

El inédito caso de la deuda con Enersa

El programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) dio a conocer el año pasado la deuda que tiene la Municipalidad de Santa Elena con Enersa, la distribuidora de energía de la provincia. Esto fue observado por el Tribunal de Cuentas, que encontró que, tanto por la luz en los inmuebles como por el alumbrado público, debe casi 1.000 millones de pesos.

Para tener una idea de la magnitud de la morosidad y la insólita situación, se trata del 95% del total de deudas de todos los municipios de la provincia con Enersa. Pero está visto que en el mundo de Rossi no hay que cumplimentar normas, ni lograr transparencia y todo es lo mismo.

Fuente: Análisis Digital

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El miserable ofrecimiento de aumento salarial de Frigerio

El porteño Rogelio Frigerio y buena parte de los gobernadores escucharon al presidente Javier Milei, quien celebró la supuesta mejora macroeconómica, el control político pleno que La Libertad Avanza logró en el Congreso pese a no tener mayoría, las reformas que él considera irreversibles y el avance de las ideas libertarias, que parecen irrefrenables. Frigerio y los gobernadores escucharon un relato triunfal mientras afrontan la complejidad creciente de sus administraciones provinciales, de la economía real, del derrumbe de los sectores regionales industriales y de la grave situación social.

Esa parte de la realidad, dolorosamente territorial y expulsiva, radica en el interior federal, aunque dependa casi exclusivamente de decisiones que toma Milei. El desfinanciamiento cada vez más pronunciado de las administraciones provinciales les resta posibilidades de acción territorial y política. No obstante, los diputados y senadores de las provincias votan a favor de las leyes de Milei. El oficialismo entrerriano, entre ellos.

El posicionamiento político de Frigerio es cada vez más difícil de clasificar. Intenta calmar los reproches del pueblo, pero en simultáneo avala la reforma laboral. Apoya la macroeconomía de puertas abiertas de par en par, con importaciones indiscriminadas, pero reclama igualdad de condiciones para la golpeada industria provincial. Los diagnósticos son tenebrosos en materia de empleo y de condiciones sociales del amplio sector asalariado entrerriano que desde hace décadas vive de industrias que van perdiendo competitividad, y que el proyecto libertario ha venido a liquidar. Milei lo hace sin complejos: celebra el cierre de empresas, trata de delincuentes a los principales empresarios del país y jamás habla de producción ni de empleo.

Cuando se observa el posicionamiento de Frigerio, su margen político se evidencia dramáticamente reducido. Y las consecuencias en la propia administración son crecientes. Frigerio sostiene el ajuste en los sueldos públicos y en las jubilaciones pese al malestar gremial en alza; intenta amortiguar la caída generalizada de recursos con mayor endeudamiento, con refinanciamiento caro y sobre costos. Mientras, subsiste gracias al intercambio de votos en el Congreso por algún ATN. Se balancea al borde del abismo y la conflictividad se incrementa en todo el territorio provincial.

En ese marco, Nadia Burgos, dirigente del MST en el FIT-U y delegada gremial del Ministerio de Salud se expresó: "La paritaria estatal en Entre Ríos volvió a mostrar el mismo esquema de siempre: el gobierno presenta una oferta que no recompone el salario real y pretende cerrar el conflicto con el aval de UPCN, mientras miles de trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y en su mayoría con salario de pobreza". La miserable propuesta de Frigerio, del 15,8% sobre sueldo básico de junio 2025, no cubre la inflación acumulada ni garantiza una recuperación del salario, sumado a los 9 meses de salarios congelado junto a los recortes de ingreso de junio 2025. Las sumas fijas, tramos diferidos y promesas de revisión no resuelven el problema de fondo: los sueldos estatales están por debajo de lo necesario para vivir. Frigerio está muy alejado de lo que se vive en los lugares de trabajo: el salario no llega, las condiciones laborales se deterioran y el ajuste se descarga sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado y los jubilados.

Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que venían percibiendo de $40.000. Aumento real: $35.000. Una miseria. Las cifras establecidas están muy debajo de la inflación real y en la mitad de los índices truchos del gobierno de Milei. Y no recomponen el poder de compra de los trabajadores. El Consejo Provincial del Partido Justicialista expresó su "profunda preocupación y rechazo ante el reciente anuncio del gobierno provincial de otorgar incrementos salariales bajo la modalidad de sumas no remunerativas y no bonificables". Resulta contradictorio e injustificable que, en un contexto donde el propio oficialismo impulsa una reforma previsional que afectará directamente a trabajadores activos y jubilados, se dispongan mecanismos salariales que reducen aportes, debilitan el financiamiento del sistema previsional y deterioran el salario real de los empleados públicos.

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ATE protagonizó un abrazo simbólico al Masvernat en rechazo a la miserable oferta salarial de Frigerio