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Nacionales - 27-02-2025 / 09:02
EL COLMO: UNA AUTOINVESTIGACIÓN, LA NUEVA ESTAFA DEL LIBERTARIO

La impunidad avanza: Milei designó a una empleada suya para que lo “investigue” por su grosera estafa $LIBRA

La impunidad avanza: Milei designó a una empleada suya para que lo “investigue” por su grosera estafa $LIBRA
Una funcionaria del ministro Cúneo Libarana -el abogado que Milei quería para su defensa- será la encargada de investigar al Presidente. Así, Milei no solo creó una comisión que depende de sí mismo para que investigue la estafa con $LIBRA, también eligió para dirigirla a una funcionaria de su absoluta confianza. Zicavo ya cumplió otras tareas sensibles para el actual gobierno, como vaciar la Comisión Nacional de la Identidad para entorpecer la búsqueda de los chicos apropiados durante la dictadura. Una predicción probable es que el Presidente deberá dedicar sus años venideros al tránsito por distintos tribunales. La Argentina de Milei: una republiqueta bananera.
Javier "el Estafador" Milei había sido abruptamente interrumpido justo cuando le decía al "periodista" Jonathan Viale que de su situación judicial por el Criptogate se encargaría el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Es el famoso tramo que luego desapareció en la emisión televisiva de la entrevista, pero que se filtró. El ministro no puede ser su abogado, es ilegal, a menos que renuncie. Decirlo, además, implicaba reconocer que se lo acusaba por algo relacionado con el ejercicio de su cargo como presidente, no a título personal como quería instalar Milei.
 
Pese a todo esto y sin ningún disimulo, en un acto destinado a garantizar la impunidad, Cúneo Libarona quedó a cargo de la estrategia que se presenta bajo el ropaje de una autoinvestigación del Gobierno sobre la escandalosa estafa con la criptomoneda $LIBRA y este jueves designó para una parte de esa labor a la jefa de gabinete de asesores de su cartera, María Florencia Zicavo, a quien puso al frente de la llamada Unidad de Tareas de Investigación (UTI). Antes también había "instruido" a la Oficina Anticorrupción (OA) para intervenir, algo que está prohibido, además de que el titular es un ex socio suyo.
 
Tras conseguir, gracias al voto vergonzoso y ensobrado de sus aliados, que el Congreso rechazara la conformación de una comisión investigadora, el Gobierno de estafadores anunció con bombos y platillos que la Oficina Anticorrupción iba a desarrollar una investigación para determinar si existieron irregularidades o hechos de corrupción en el caso que tiene en el ojo de la tormenta a Milei.
 
Además investigar el rol del presidente en una estafa que tiene cobertura mediática, judicial y política, Zicavo deberá informar "de manera permanente" las denuncias que se realicen en contra de cualquiera de los implicados en el criptogate. Como encargada de la UTI, la letrada deberá ocuparse de "recopilar información sobre $LIBRA y colaborar con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal (MPF)".
 
La estafa tuvo como protagonista al presidente Milei, quien promocionó (o difundió, según sus palabras) una criptomoneda llamada $Libra, a través de su cuenta de X. Con su habitual impulsividad, invitaba a sus seguidores a "invertir" en esa "memecoin" (moneda en broma, no real), a tal punto que publicó el sitio adonde dirigirse para realizar esa operación bursátil virtual. Esa operación fue una burda estafa, que perjudicó a unas 40.000 billeteras cripto que confiaron en lo que Milei publicó.
 
Ahora, una funcionaria del ministro Cúneo Libarana -el abogado que Milei quería para su defensa- será la encargada de investigar al Presidente. Así, Milei no solo creó una comisión que depende de sí mismo para que investigue la estafa con $LIBRA, también eligió para dirigirla a una funcionaria de su absoluta confianza. Zicavo ya cumplió otras tareas sensibles para el actual gobierno, como vaciar la Comisión Nacional de la Identidad para entorpecer la búsqueda de los chicos apropiados durante la dictadura. Una predicción probable es que el Presidente deberá dedicar sus años venideros al tránsito por distintos tribunales. La Argentina de Milei: una republiqueta bananera.
 
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Cúneo Libarona designó a una funcionaria de su riñón para que indague sobre el caso $Libra
 
Después que el oficialismo lograra frenar en el Senado la creación de una comisión investigadora sobre la cripto estafa, se volvió todavía menos verosímil de lo que ya era que dentro del Ministerio de Justicia y la OA se avance en "investigar" al Presidente  y otros funcionarios, algo anunciado como un gran gesto de transparencia.
 
El senador y presidente de la UCR Martín Lousteau ironizó en su cuenta de "X": "23 senadores se negaron a crear una comisión para investigar la estafa de $Libra. Ahora, Milei dispuso que una funcionaria a las órdenes de ¡Cúneo Libarona! lo haga. ¿Alguien puede imaginar que la jefa de asesores del ministro de Justicia lleve adelante una investigación seria e independiente sobre el jefe de su jefe? ¡Es como si Smithers investigara al Sr. Burns! Que lo expliquen los cómplices e hipócritas que se llenan la boca hablando de transparencia y ficha limpia (que voy a acompañar), pero después avalan estas barbaridades". Smithers, para quienes no lo recuerdan o conocen, es el asistente leal del dueño (Burns) de la planta nuclear de Springfield en Los Simpsons.
 
A Zicavo quienes la conocen y difícilmente olviden son los 2400 empelados y empleadas del Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos que fueron forzados a aceptar retiros voluntarios en condiciones totalmente desfavorables, bajo amenaza de que igual serían despedidos sin indemnización. A ella se le atribuye la redacción de los retiros y los esfuerzos por convencer a la gente para que aceptara. El año pasado había confeccionado los argumentos para la disolución de la Unidad Especial de Investigación para la búsqueda de nietos apropiados por el terrorismo de Estado.
 
 
Manual de autoinvestigación
 
Ante el aluvión de denuncias pos a la estafa con $LIBRA, que había comenzado con un un tuit de Milei de promoción de la criptomoneda el 14 de febrero a las 19.01 horas, y con las que se abriría una causa penal, la Oficina del Presidente publicó un comunicado que anunciaba que Milei le daría intervención a la OA para determinar si había existido una "conducta impropia" por parte de algún funcionario público, lo que lo incluía. Ese organismo integra la estructura del Ministerio de Justicia, aunque debería tener autonomía. Por lo pronto, la dirige Alejandro Melik, un ex socio de Cúneo Libarona.
 
En los párrafos anteriores, aquel texto contaba que Milei se había reunido en octubre con la empresa Kip Protocol, que representa Julian Peh, quien le comentó que quería desarrollar el proyecto "Viva la libertad" para financiar emprendimientos privados en Argentina con tecnología blockchain. Seguía: que el 30 de enero se reunió (había foto) con Hayden Mark Davis, de la empresa Kelsier Ventures y creador de $LIBRA, quien proveería la estructura tecnológica.
 
Según el texto "Davis no tuvo ni tiene vinculación con el gobierno argentino". Este empresario estadounidense luego dijo públicamente que era asesor del Presidente, que habían acordado que apoyaría la criptomoneda y que incluso grabaría un video que no llegó a salir.
 
Como es conocido, unos pocos operadores con información privilegiada compraron el cripto activo apenas salió a bajo valor, lo vendieron cuando la cotización se elevó con el tuit del Presidente y se llevaron millones de dólares, mientras unos cuantos inversores perdieron su dinero. Cuando eliminó el tuit, Milei alegó que no estaba interiorizado del proyecto, que era privado. 
 
La investigación judicial quedó por sorteo en manos de la jueza María Servini, quien la dejó delegada en el fiscal Eduardo Taiano. Sus primeras medidas fueron ordenadas recién a una semana del escándalo. De ahí surgió que las personas investigadas son Milei, Davis, Peh, Mauricio Novelli (un trader cercano a Milei que ofició de nexo), su socio Manuel Terrones Godoy y un socio de éste, Sergio Morales, asesor en la Comisión Nacional de Valores (CNV).
 
Un día antes de que Taiano activara la causa, el gobierno publicó en el Boletín Oficial el decreto 114/2025 que disponía "instruir a la OA, organismo desconcentrado del Ministerio de Justicia, para que inicie las actuaciones que estime corresponder en el ámbito de su competencia".
 
Primer problema: como ya informó Página/12 la Oficina Anticorrupción no puede, por un decreto todavía vigente (el 25/2023) del gobierno de Alberto Fernández, recibir instrucciones del Presidente, ni del Ministro de Justicia ni otra autoridad del Poder Ejecutivo.
 
Ese mismo decreto, firmaban Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, decía que era necesario juntar toda la "información y documentación disponible a efectos de aportarla al Poder Judicial y/o al Ministerio Público Fiscal". Para eso consideraban "apropiado" crear una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) para que la "colaboración" sea "más rápida y expedita".
 
Nadie les había pedido nada, pero ese era el modo de justificar la colecta de información. UTI, curiosidades de la vida, es la sigla usada para "Unidad de Terapia Intensiva". La resolución que apareció este miércoles en el Boletín Oficial, que nombra a Zicavo al mando de esta particular Unidad, está firmada directamente por Cúneo Libarona, de quien ella es una colaboradora fundamental. 
 
Describe como funciones de la UTI hacer requerimientos de "información, de datos y de documentación" a "funcionarios, órganos y organismos" del "Sector Público Nacional" y "a organismos provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Estados extranjeros y/u organismos internacionales". "La UTI tendrá a su cargo la recepción y la gestión de los requerimientos del Poder Judicial y/o del Ministerio Público Fiscal relacionados con el criptoactivo denominado $LIBRA", dice.
 
Cabe preguntar. ¿Centralizará y controlará el envío de información? ¿Seleccionará? Justicia se arroga la facultad de dictar las normas que quiera relacionadas con su funcionamiento. Algunos medios, como La Nación, se esmeraron en aclarar que Cúneo Libarona y la UTI solo "juntarán información pero no investigarán el caso". La primera contradicción con esa idea está en el nombre de la dependencia, que incluye la palabra "investigación".
 
 
Causas judiciales y gestos
 
El abogado Gregorio Dalbón, uno de los denunciantes del Criptogate en Comodoro Py pidió una ampliación de la pesquisa sobre Karina Mieli, la secretaria de la presidencia, para "determinar su participación en la maniobra" y debido a que ya en algunas de las pruebas que él presentó, con registros de reuniones en la Casa Rosada, queda a la vista que "mantenía diversas reuniones con Mauricio Novelli". Recordó a su vez los chats publicados por el sitio Coin Desk con chats atribuidos a Davis en los que alardeaba ante otros hombres del mundo cripto que le pagaba a "la hermana" del Presidente, a quien podía "controlar".
 
Dalbón reclamó el secuestro de celulares de los Milei y de Manuel Adorni para evitar la "destrucción y manipulación de pruebas". Mientras tanto, como señaló este diario, se avizora una posible pelea de competencia por el caso ya que hay una denuncia en el juzgado de San Isidro, de Sandra Arroyo Salgado, quien le pidió a la Quinta de Olivos saber si Milei estaba ahí cuando tuiteó y el día posterior, lo que podría determinar, según cierto criterio, si es competente. A Milei le estarían aconsejando, Bullrich y algunos abogados, que intente que la causa tramite allí.
 
Mientras tanto, la abogada del empresario Davis en Argentina, la penalista Yanina Nicoletti, volvió a acceder a su cuenta de "X (hackeada), donde había publicado mensajes sugestivos, como que se presentaría en tribunales para denunciar a los "verdaderos responsables" y que Milei es quien puede contar la verdad.
 
Esta vez publicó otro texto que, aunque es teórico, huele a advertencia: es la explicación de la figura del arrepentido en el proceso penal argentino (que no necesariamente tendría que ser Davis en este caso) usada, por ejemplo en la causa "Cuadernos" para mejorar la situación de imputados a cambio de acusar a funcionarios, como Cristina Kirchner.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página 12
 

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04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
La Opinión Popular
 

03-02-2026 / 11:02
Tras la renuncia de Marco Lavagna al frente del Indec, porque Javier Milei se niega a medir bien la inflación, Luis "Toto" Caputo decidió postergar la publicación de la nueva canasta de medición de precios, que daría una inflación mucho mayor. "Con el Presidente siempre pensamos que había que cambiarlo una vez que el proceso de desinflación estuviera consolidado", afirmó. O sea, nunca. El Gobierno libertario oculta así el fracaso económico mientras los trabajadores del organismo alertan por intervención.
 
La decisión de Milei y Caputo de suspender sin límites la actualización del IPC solo una semana antes de su puesta en marcha fue demasiado hasta para Lavagna, que había aceptado retrasarla hasta ahora, además de hacer magia con los índices de la inflación y la pobreza. Presentó la renuncia al Indec y fue reemplazado por su segundo, incondicional de Caputo.
 
No hay eufemismos ni figuras simuladas que tapen lo que realmente pasó, a sólo 8 días de que se conozca un IPC que debería estar actualizado, tal como lo había prometido el Gobierno: Lavagna confió internamente que salió del ente estadístico, precisamente, porque Milei y el ministro de Economía, Caputo, se negaban a implementar la nueva medición de inflación por la que él venía peleando hacía más de dos años. Horas más tarde, Caputo se vio obligado a salir a confirmar los dichos de Lavagna.
 
Los dichos de Caputo son escandalosos y abren dudas peligrosas respecto a los números, porque los técnicos del INDEC ya tenían medidos precios con el nuevo IPC y se había anunciado la aplicación de ese índice para el próximo martes 10, cuando se sepa la inflación de enero. Esa medición daba arriba del 3 por ciento, pero a Lavagna le pedían que esté en torno al 2 por ciento. Además, es polémico porque Caputo no le pone fecha a la nueva medición. Es decir, Milei y Caputo se niegan, sin fecha cierta, a medir la inflación con la Encuesta de Hogares del 2018, para seguir haciéndolo con la del 2004.
 
Una medición que no refleja el costo de vida de las familias. Lo que el Gobierno hace evitando actualizarlos, es que no se vean reflejados en enero los aumentos de tarifas, en un escenario donde además los alimentos vienen subiendo. En pocas palabras, Milei está midiendo la inflación con los mismos parámetros de gastos familiares que había 22 años atrás.
 
Lo que eran sospechas terminaron siendo confirmadas por el propio gobierno. El viernes pasado el Banco Central difundió el Informe de Política Monetaria donde se admite abiertamente que si se hubiese utilizado el nuevo IPC la inflación hubiese sido más alta en los últimos dos años por la suba de los servicios públicos, que recién a partir de ahora tendrán más peso en la canasta del Indec. El propio Banco Central confirmó la manipulación del índice de inflación.
 
Mientras la población siente que los salarios se pulverizan y el pluriempleo crece, los datos oficiales truchos muestran un aumento inflacionario "moderado", utilizado por el Gobierno anarco capitalista también para planchar paritarias y jubilaciones. Esta brecha entre la realidad social y las estadísticas alimenta la desconfianza generalizada, incluso entre especialistas.
 
La Opinión Popular
 

02-02-2026 / 11:02
El secuestro de Nicolás Maduro se transmitió en tiempo real por televisión y redes sociales, en una estudiada coreografía que hacía parecer toda la escena como parte de la última mega producción de Hollywood. A eso se sumó luego una campaña virtual de Donald Trump en la que se presentaba al mandatario como una especie de dueño del continente entero, incluyendo -sobre todo- a Groenlandia. El spin-off local de Trump no se queda atrás. Javier Milei, otra figura nacida en un set de TV, mezcla su presidencia con recitales masivos, romances fogosos y una cultura memética permanente en redes sociales. En todo el planeta es el momento de la política comic show, un juego que, a la vez, es mucho más que eso.
 
Milei construyó su llegada al poder desde los paneles de televisión. Allí mezcló gritos violentos, peleas salvajes y un aporte original: la capacidad de discutir autores económicos en prime time desde una matriz libertaria extrema. Su figura se nutrió además de otros condimentos: obras de teatro durante los veranos, noviazgos mediáticos -en 2018 salió con Daniela Mori, exintegrante de la banda de cumbia Las Primas-, revelaciones perturbadoras sobre su sexualidad tántrica, covers de temas de rock y clásicos, apariciones disfrazado como superhéroe y, por supuesto, su marca registrada: su extraña cabellera.
 
Mientras por un lado agita la violencia con invitaciones permanentes a "odiar más" y compara a sus rivales con monos o cucarachas, por el otro ofrece circo: el recital en el Movistar Arena, su show en el festival de Jesús María, una aparición en un canal de streaming oficialista junto a su perro clonado, un beso fogoso con su entonces pareja en un teatro costero, cuadros en la Quinta de Olivos donde se compara con Wolverine y con un león, una bizarra cuenta en inglés presentada mediante un cómic donde aparece volando sobre Buenos Aires como superhéroe.
 
A esta lista se suma su escasa preocupación por la higiene y el recambio de vestuario -con el mameluco de YPF como emblema, incluso en Davos- y su llanto desconsolado en el Muro de los Lamentos, una postal inédita para un presidente argentino. Con matices, todos estos episodios -los extravagantes y los violentos- comparten algo en común: arrastran la atención popular, dominan redes sociales y colonizan la agenda mediática y política, mientras corren los límites de lo decible en la sociedad argentina. "La primera estrategia de esta derecha es polarizar a la sociedad", explica el historiador Steven Forti en Extrema derecha 2.0. "No se trata de excentricidades, sino de una estrategia bien pensada."
 
Ese manual fue adoptado por la administración libertaria desde su llegada al poder. Cuando no fue el cierre del INADI o de Télam, fue un ataque a la comunidad homosexual, al periodismo o a alguna artista musical. Y cuando no había escándalo político, lo había estético: cuatro camperas en pleno verano, intentos de ocultar la papada o defensas públicas de películas de Guillermo Francella. De una u otra forma, siempre provocaba bronca, perplejidad o fascinación, emociones ideales que premian lo ruidoso.
 
Lo explica Giuliano da Empoli en Los ingenieros del caos, libro de cabecera del asesor presidencial Santiago Caputo: "El megáfono de Trump era la indignación de los medios." Con Trump y Milei ocurre lo mismo: se los puede amar o detestar, pero no ignorar.  Richard Nixon lo llamaba "la teoría del loco". Fingir irracionalidad para volverse imprevisible y, por eso mismo, temible. Trump lo dijo sin rodeos: "Xi Jinping sabe que estoy totalmente loco."
 
La pregunta es inevitable: ¿estamos ante líderes desbordados o ante personajes cuidadosamente construidos? "La banalidad de la locura", la llama el politólogo Brian Klaas: una saturación de exabruptos que termina anestesiando a la sociedad.
 
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01-02-2026 / 10:02
Desde su llegada a la Casa Rosada, Javier "Pinocho" Milei construyó un relato épico de gestión que, al ser contrastado con datos verificables, empieza a mostrar fisuras cada vez más profundas. Promesas infladas, cifras manipuladas, logros magnificados y afirmaciones directamente falsas forman parte de un patrón comunicacional que ya no puede explicarse como simples errores.
 
Se trata, cada vez más claramente, de una estrategia política basada en la distorsión sistemática de la realidad. Organizaciones especializadas en verificación de datos, como Chequeado, desmintieron en reiteradas oportunidades afirmaciones centrales del discurso presidencial. Uno de los ejemplos más notorios fue la declaración en la que Milei aseguró haber sacado a diez millones de argentinos de la pobreza.
 
El número, ampliamente difundido por el oficialismo, resultó ser metodológicamente incorrecto, engañoso y sin respaldo estadístico sólido. Si bien algunos indicadores mostraron leves mejoras, la magnitud del cambio real está muy lejos del relato triunfalista que el prescindente intenta instalar. Algo similar ocurrió con su afirmación de haber eliminado los piquetes en todo el país. Lejos de desaparecer, los cortes de calles continuaron registrándose, aunque con menor visibilidad y mayor intervención de las fuerzas de seguridad.
 
La reducción de protestas no equivale a su erradicación, pero Milei optó por presentar una victoria absoluta que los datos desmienten. La manipulación también alcanza el terreno histórico. En reiteradas ocasiones, el mandatario afirmó que la Argentina fue uno de los 3 países más ricos del mundo, una afirmación que no resiste el menor análisis serio de los registros económicos internacionales.
 
Esta construcción mítica, repetida hasta el cansancio, busca reforzar la narrativa del "paraíso perdido" arruinado por la política tradicional, aun cuando carece de sustento empírico. El uso irresponsable de información falsa no se limita a discursos oficiales. En redes sociales, Milei llegó a difundir encuestas inexistentes, atribuidas falsamente a la Fundación FOPEA, con el objetivo de desacreditar al periodismo.
 
La propia organización salió a desmentir públicamente la información, dejando al descubierto una práctica preocupante: la utilización deliberada de datos falsos para atacar a la prensa crítica. Este comportamiento no es aislado. Forma parte de una lógica de comunicación basada en la confrontación permanente, la exageración de logros, la victimización y la construcción de enemigos internos.
 
La distorsión de cifras y hechos se convierte así en una herramienta política para sostener un relato épico que muchas veces choca contra la realidad cotidiana de millones de argentinos. Mientras la inflación continúa afectando el poder adquisitivo, la recesión golpea al consumo y el ajuste impacta con fuerza en jubilados, trabajadores y sectores medios, el discurso presidencial insiste en mostrar una Argentina idealizada que pocos logran reconocer en su vida diaria.
 
En este contexto, la manipulación informativa no solo erosiona la credibilidad del Gobierno, sino que también debilita el debate democrático y el derecho ciudadano a estar informado con veracidad. Gobernar a base de datos falsos puede rendir frutos comunicacionales de corto plazo, pero tiene costos profundos. Cuando la mentira se convierte en política de Estado, la confianza pública se deteriora, la institucionalidad se debilita y el vínculo entre gobernantes y sociedad se vuelve cada vez más frágil. En definitiva, más que errores ocasionales, las distorsiones discursivas de Milei parecen responder a una estrategia clara: imponer un relato antes que explicar la realidad. Una apuesta peligrosa que, tarde o temprano, termina chocando contra los hechos.
 
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31-01-2026 / 09:01
Décadas de globalización con la lógica del mercado se desplomaron sobre los argentinos con Javier Milei gritando el Rock del Gato mientras cinco provincias se incendiaban fuera de control y la mayoría de los gobernadores se sometían a ser extorsionados para aprobar la reforma laboral.
 
Décadas de erosión de la democracia y el medio ambiente cayeron sobre los argentinos con el florecimiento del libertarismo autoritario, que es como decir silencio atronador o fuego helado. Las dos cosas no van juntas. El resultado es libertad para pocos y autoritarismo para los demás.
 
Rocca, Magnetto y Galperín fueron algunos de los creadores del Golem esquizofrénico. Lo construyeron para que los proteja, financiaron sus campañas, le dieron letra con leyes para proteger sus intereses y publicaron loas en los medios que controlan. Pero en este momento parte de sus intereses entraron en colisión con el rumbo aperturista total del gobierno y sus alianzas.
 
Las elecciones de medio término en una sociedad que perdió el sentido, fragmentada, extenuada por la inflación y la pandemia, le dieron un impulso que se multiplicó con el respaldo de la Casa Blanca.
 
Ese paralelismo crispado de un imperio en decadencia encontró un aliado incondicional en la subordinación total de Milei. No hay término medio en las Casas Blanca y Rosada. Una decisión absoluta de dominio se complementó con una decisión absoluta de sumisión.
 
Con la apertura que impulsaron los grandes empresarios, y que implementó este Gobierno, entró una avalancha de productos chinos. El capital concentrado creyó que tenía espalda para sobrevivir al exterminio de sus competidores de la pequeña y mediana industria y comercio y que podría deglutir esos espacios que quedaban libres.
 
Pero el ímpetu del comercio chino, ultra tecnológico, con cadenas de suministro ultra coordinadas y eficientes, se llevó puestos hasta los tubos de Techint y metió en problemas a la gran aplicación comercial de Marcos Galperín, el hombre más rico del país.
 
Galperín reside en Uruguay para no pagar impuestos en Argentina, donde creció su empresa, Mercado Libre. Impulsó con entusiasmo el discurso libertario contra los subsidios estatales y contra la regulación de los mercados.
 
Desde la pandemia, el campeón antisubsidios recibió subsidios por 370 millones de dólares. Y ahora, el también campeón de la apertura de las importaciones, le exigió al gobierno que regule a Temu, la aplicación de comercio china que le arrebató una porción de la torta.
 
Paolo Rocca, que colocó a su ex empleado Horacio Marín como CEO de YPF, recurrió a la Justicia por la licitación de tubos para un gasoducto que perdió ante una firma india que fabrica tubos con acero chino. Galperín hizo lo mismo con Temu. Y Magnetto afronta problemas parecidos con la compra de Telefónica por el Grupo Clarín.
 
Son contradicciones fuertes en el capital hegemónico, que el gobierno sobrelleva con enormes ofrendas, como la reforma laboral. El triunfalismo que invadió a la Casa Rosada por el resultado electoral se enfocó en su primera cosecha. La ley de trabajo propuesta incluyó un artículo sobre el impuesto a las ganancias que saca coparticipación a las provincias.
 
El Gobierno mandó a Diego Santilli a discutir con los gobernadores, pero le advirtió que no hará ninguna concesión. Y Santilli les prometió que los premios llegarían después de la aprobación en el Congreso. 
 

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