06:00 | Lunes 09 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 27-02-2025 / 09:02

EL COLMO: UNA AUTOINVESTIGACIÓN, LA NUEVA ESTAFA DEL LIBERTARIO

La impunidad avanza: Milei designó a una empleada suya para que lo “investigue” por su grosera estafa $LIBRA

Una funcionaria del ministro Cúneo Libarana -el abogado que Milei quería para su defensa- será la encargada de investigar al Presidente. Así, Milei no solo creó una comisión que depende de sí mismo para que investigue la estafa con $LIBRA, también eligió para dirigirla a una funcionaria de su absoluta confianza. Zicavo ya cumplió otras tareas sensibles para el actual gobierno, como vaciar la Comisión Nacional de la Identidad para entorpecer la búsqueda de los chicos apropiados durante la dictadura. Una predicción probable es que el Presidente deberá dedicar sus años venideros al tránsito por distintos tribunales. La Argentina de Milei: una republiqueta bananera.

Javier "el Estafador" Milei había sido abruptamente interrumpido justo cuando le decía al "periodista" Jonathan Viale que de su situación judicial por el Criptogate se encargaría el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Es el famoso tramo que luego desapareció en la emisión televisiva de la entrevista, pero que se filtró. El ministro no puede ser su abogado, es ilegal, a menos que renuncie. Decirlo, además, implicaba reconocer que se lo acusaba por algo relacionado con el ejercicio de su cargo como presidente, no a título personal como quería instalar Milei.

Pese a todo esto y sin ningún disimulo, en un acto destinado a garantizar la impunidad, Cúneo Libarona quedó a cargo de la estrategia que se presenta bajo el ropaje de una autoinvestigación del Gobierno sobre la escandalosa estafa con la criptomoneda $LIBRA y este jueves designó para una parte de esa labor a la jefa de gabinete de asesores de su cartera, María Florencia Zicavo, a quien puso al frente de la llamada Unidad de Tareas de Investigación (UTI). Antes también había "instruido" a la Oficina Anticorrupción (OA) para intervenir, algo que está prohibido, además de que el titular es un ex socio suyo.

Tras conseguir, gracias al voto vergonzoso y ensobrado de sus aliados, que el Congreso rechazara la conformación de una comisión investigadora, el Gobierno de estafadores anunció con bombos y platillos que la Oficina Anticorrupción iba a desarrollar una investigación para determinar si existieron irregularidades o hechos de corrupción en el caso que tiene en el ojo de la tormenta a Milei.

Además investigar el rol del presidente en una estafa que tiene cobertura mediática, judicial y política, Zicavo deberá informar "de manera permanente" las denuncias que se realicen en contra de cualquiera de los implicados en el criptogate. Como encargada de la UTI, la letrada deberá ocuparse de "recopilar información sobre $LIBRA y colaborar con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal (MPF)".

La estafa tuvo como protagonista al presidente Milei, quien promocionó (o difundió, según sus palabras) una criptomoneda llamada $Libra, a través de su cuenta de X. Con su habitual impulsividad, invitaba a sus seguidores a "invertir" en esa "memecoin" (moneda en broma, no real), a tal punto que publicó el sitio adonde dirigirse para realizar esa operación bursátil virtual. Esa operación fue una burda estafa, que perjudicó a unas 40.000 billeteras cripto que confiaron en lo que Milei publicó.

Ahora, una funcionaria del ministro Cúneo Libarana -el abogado que Milei quería para su defensa- será la encargada de investigar al Presidente. Así, Milei no solo creó una comisión que depende de sí mismo para que investigue la estafa con $LIBRA, también eligió para dirigirla a una funcionaria de su absoluta confianza. Zicavo ya cumplió otras tareas sensibles para el actual gobierno, como vaciar la Comisión Nacional de la Identidad para entorpecer la búsqueda de los chicos apropiados durante la dictadura. Una predicción probable es que el Presidente deberá dedicar sus años venideros al tránsito por distintos tribunales. La Argentina de Milei: una republiqueta bananera.

La Opinión Popular

Cúneo Libarona designó a una funcionaria de su riñón para que indague sobre el caso $Libra

Después que el oficialismo lograra frenar en el Senado la creación de una comisión investigadora sobre la cripto estafa, se volvió todavía menos verosímil de lo que ya era que dentro del Ministerio de Justicia y la OA se avance en "investigar" al Presidente y otros funcionarios, algo anunciado como un gran gesto de transparencia.

El senador y presidente de la UCR Martín Lousteau ironizó en su cuenta de "X": "23 senadores se negaron a crear una comisión para investigar la estafa de $Libra. Ahora, Milei dispuso que una funcionaria a las órdenes de ¡Cúneo Libarona! lo haga. ¿Alguien puede imaginar que la jefa de asesores del ministro de Justicia lleve adelante una investigación seria e independiente sobre el jefe de su jefe? ¡Es como si Smithers investigara al Sr. Burns! Que lo expliquen los cómplices e hipócritas que se llenan la boca hablando de transparencia y ficha limpia (que voy a acompañar), pero después avalan estas barbaridades". Smithers, para quienes no lo recuerdan o conocen, es el asistente leal del dueño (Burns) de la planta nuclear de Springfield en Los Simpsons.

A Zicavo quienes la conocen y difícilmente olviden son los 2400 empelados y empleadas del Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos que fueron forzados a aceptar retiros voluntarios en condiciones totalmente desfavorables, bajo amenaza de que igual serían despedidos sin indemnización. A ella se le atribuye la redacción de los retiros y los esfuerzos por convencer a la gente para que aceptara. El año pasado había confeccionado los argumentos para la disolución de la Unidad Especial de Investigación para la búsqueda de nietos apropiados por el terrorismo de Estado.

Manual de autoinvestigación

Ante el aluvión de denuncias pos a la estafa con $LIBRA, que había comenzado con un un tuit de Milei de promoción de la criptomoneda el 14 de febrero a las 19.01 horas, y con las que se abriría una causa penal, la Oficina del Presidente publicó un comunicado que anunciaba que Milei le daría intervención a la OA para determinar si había existido una "conducta impropia" por parte de algún funcionario público, lo que lo incluía. Ese organismo integra la estructura del Ministerio de Justicia, aunque debería tener autonomía. Por lo pronto, la dirige Alejandro Melik, un ex socio de Cúneo Libarona.

En los párrafos anteriores, aquel texto contaba que Milei se había reunido en octubre con la empresa Kip Protocol, que representa Julian Peh, quien le comentó que quería desarrollar el proyecto "Viva la libertad" para financiar emprendimientos privados en Argentina con tecnología blockchain. Seguía: que el 30 de enero se reunió (había foto) con Hayden Mark Davis, de la empresa Kelsier Ventures y creador de $LIBRA, quien proveería la estructura tecnológica.

Según el texto "Davis no tuvo ni tiene vinculación con el gobierno argentino". Este empresario estadounidense luego dijo públicamente que era asesor del Presidente, que habían acordado que apoyaría la criptomoneda y que incluso grabaría un video que no llegó a salir.

Como es conocido, unos pocos operadores con información privilegiada compraron el cripto activo apenas salió a bajo valor, lo vendieron cuando la cotización se elevó con el tuit del Presidente y se llevaron millones de dólares, mientras unos cuantos inversores perdieron su dinero. Cuando eliminó el tuit, Milei alegó que no estaba interiorizado del proyecto, que era privado.

La investigación judicial quedó por sorteo en manos de la jueza María Servini, quien la dejó delegada en el fiscal Eduardo Taiano. Sus primeras medidas fueron ordenadas recién a una semana del escándalo. De ahí surgió que las personas investigadas son Milei, Davis, Peh, Mauricio Novelli (un trader cercano a Milei que ofició de nexo), su socio Manuel Terrones Godoy y un socio de éste, Sergio Morales, asesor en la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Un día antes de que Taiano activara la causa, el gobierno publicó en el Boletín Oficial el decreto 114/2025 que disponía "instruir a la OA, organismo desconcentrado del Ministerio de Justicia, para que inicie las actuaciones que estime corresponder en el ámbito de su competencia".

Primer problema: como ya informó Página/12 la Oficina Anticorrupción no puede, por un decreto todavía vigente (el 25/2023) del gobierno de Alberto Fernández, recibir instrucciones del Presidente, ni del Ministro de Justicia ni otra autoridad del Poder Ejecutivo.

Ese mismo decreto, firmaban Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, decía que era necesario juntar toda la "información y documentación disponible a efectos de aportarla al Poder Judicial y/o al Ministerio Público Fiscal". Para eso consideraban "apropiado" crear una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) para que la "colaboración" sea "más rápida y expedita".

Nadie les había pedido nada, pero ese era el modo de justificar la colecta de información. UTI, curiosidades de la vida, es la sigla usada para "Unidad de Terapia Intensiva". La resolución que apareció este miércoles en el Boletín Oficial, que nombra a Zicavo al mando de esta particular Unidad, está firmada directamente por Cúneo Libarona, de quien ella es una colaboradora fundamental.

Describe como funciones de la UTI hacer requerimientos de "información, de datos y de documentación" a "funcionarios, órganos y organismos" del "Sector Público Nacional" y "a organismos provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Estados extranjeros y/u organismos internacionales". "La UTI tendrá a su cargo la recepción y la gestión de los requerimientos del Poder Judicial y/o del Ministerio Público Fiscal relacionados con el criptoactivo denominado $LIBRA", dice.

Cabe preguntar. ¿Centralizará y controlará el envío de información? ¿Seleccionará? Justicia se arroga la facultad de dictar las normas que quiera relacionadas con su funcionamiento. Algunos medios, como La Nación, se esmeraron en aclarar que Cúneo Libarona y la UTI solo "juntarán información pero no investigarán el caso". La primera contradicción con esa idea está en el nombre de la dependencia, que incluye la palabra "investigación".

Causas judiciales y gestos

El abogado Gregorio Dalbón, uno de los denunciantes del Criptogate en Comodoro Py pidió una ampliación de la pesquisa sobre Karina Mieli, la secretaria de la presidencia, para "determinar su participación en la maniobra" y debido a que ya en algunas de las pruebas que él presentó, con registros de reuniones en la Casa Rosada, queda a la vista que "mantenía diversas reuniones con Mauricio Novelli". Recordó a su vez los chats publicados por el sitio Coin Desk con chats atribuidos a Davis en los que alardeaba ante otros hombres del mundo cripto que le pagaba a "la hermana" del Presidente, a quien podía "controlar".

Dalbón reclamó el secuestro de celulares de los Milei y de Manuel Adorni para evitar la "destrucción y manipulación de pruebas". Mientras tanto, como señaló este diario, se avizora una posible pelea de competencia por el caso ya que hay una denuncia en el juzgado de San Isidro, de Sandra Arroyo Salgado, quien le pidió a la Quinta de Olivos saber si Milei estaba ahí cuando tuiteó y el día posterior, lo que podría determinar, según cierto criterio, si es competente. A Milei le estarían aconsejando, Bullrich y algunos abogados, que intente que la causa tramite allí.

Mientras tanto, la abogada del empresario Davis en Argentina, la penalista Yanina Nicoletti, volvió a acceder a su cuenta de "X (hackeada), donde había publicado mensajes sugestivos, como que se presentaría en tribunales para denunciar a los "verdaderos responsables" y que Milei es quien puede contar la verdad.

Esta vez publicó otro texto que, aunque es teórico, huele a advertencia: es la explicación de la figura del arrepentido en el proceso penal argentino (que no necesariamente tendría que ser Davis en este caso) usada, por ejemplo en la causa "Cuadernos" para mejorar la situación de imputados a cambio de acusar a funcionarios, como Cristina Kirchner.

Por Irina Hauser

Fuente: Página 12

07-02-2026 / 19:02

Cero credibilidad por el escándalo del Indec que dejó a Javier Milei y a Toto Caputo con el culo al aire

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.

El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.

Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".

Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.

El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.

El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.

La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.

Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."

07-02-2026 / 11:02

Apertura comercial indiscriminada y sometimiento al imperialismo: Milei le entrega todo a Trump y no recibe nada a cambio

El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.

La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.

Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.

El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.

En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.

En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.

El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.

06-02-2026 / 09:02

Milei, copiando a Trump, lanza cuenta oficial para desmentir, perseguir y cazar periodistas

Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.

"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.

Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.

Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.

O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.

Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.

En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.

La Opinión Popular

05-02-2026 / 11:02

Milei dejó a las familias al borde del default: la morosidad se disparó a niveles históricos

Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.

Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.

El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.

Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.

Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.

La Opinión Popular

04-02-2026 / 11:02

Caputazo en el Indec: Ilegalidades que afectan a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).

Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".

En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.

Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).

Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.

Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.

Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".

La Opinión Popular