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Nacionales - 27-02-2025 / 09:02
EL COLMO: UNA AUTOINVESTIGACIÓN, LA NUEVA ESTAFA DEL LIBERTARIO

La impunidad avanza: Milei designó a una empleada suya para que lo “investigue” por su grosera estafa $LIBRA

La impunidad avanza: Milei designó a una empleada suya para que lo “investigue” por su grosera estafa $LIBRA
Una funcionaria del ministro Cúneo Libarana -el abogado que Milei quería para su defensa- será la encargada de investigar al Presidente. Así, Milei no solo creó una comisión que depende de sí mismo para que investigue la estafa con $LIBRA, también eligió para dirigirla a una funcionaria de su absoluta confianza. Zicavo ya cumplió otras tareas sensibles para el actual gobierno, como vaciar la Comisión Nacional de la Identidad para entorpecer la búsqueda de los chicos apropiados durante la dictadura. Una predicción probable es que el Presidente deberá dedicar sus años venideros al tránsito por distintos tribunales. La Argentina de Milei: una republiqueta bananera.
Javier "el Estafador" Milei había sido abruptamente interrumpido justo cuando le decía al "periodista" Jonathan Viale que de su situación judicial por el Criptogate se encargaría el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Es el famoso tramo que luego desapareció en la emisión televisiva de la entrevista, pero que se filtró. El ministro no puede ser su abogado, es ilegal, a menos que renuncie. Decirlo, además, implicaba reconocer que se lo acusaba por algo relacionado con el ejercicio de su cargo como presidente, no a título personal como quería instalar Milei.
 
Pese a todo esto y sin ningún disimulo, en un acto destinado a garantizar la impunidad, Cúneo Libarona quedó a cargo de la estrategia que se presenta bajo el ropaje de una autoinvestigación del Gobierno sobre la escandalosa estafa con la criptomoneda $LIBRA y este jueves designó para una parte de esa labor a la jefa de gabinete de asesores de su cartera, María Florencia Zicavo, a quien puso al frente de la llamada Unidad de Tareas de Investigación (UTI). Antes también había "instruido" a la Oficina Anticorrupción (OA) para intervenir, algo que está prohibido, además de que el titular es un ex socio suyo.
 
Tras conseguir, gracias al voto vergonzoso y ensobrado de sus aliados, que el Congreso rechazara la conformación de una comisión investigadora, el Gobierno de estafadores anunció con bombos y platillos que la Oficina Anticorrupción iba a desarrollar una investigación para determinar si existieron irregularidades o hechos de corrupción en el caso que tiene en el ojo de la tormenta a Milei.
 
Además investigar el rol del presidente en una estafa que tiene cobertura mediática, judicial y política, Zicavo deberá informar "de manera permanente" las denuncias que se realicen en contra de cualquiera de los implicados en el criptogate. Como encargada de la UTI, la letrada deberá ocuparse de "recopilar información sobre $LIBRA y colaborar con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal (MPF)".
 
La estafa tuvo como protagonista al presidente Milei, quien promocionó (o difundió, según sus palabras) una criptomoneda llamada $Libra, a través de su cuenta de X. Con su habitual impulsividad, invitaba a sus seguidores a "invertir" en esa "memecoin" (moneda en broma, no real), a tal punto que publicó el sitio adonde dirigirse para realizar esa operación bursátil virtual. Esa operación fue una burda estafa, que perjudicó a unas 40.000 billeteras cripto que confiaron en lo que Milei publicó.
 
Ahora, una funcionaria del ministro Cúneo Libarana -el abogado que Milei quería para su defensa- será la encargada de investigar al Presidente. Así, Milei no solo creó una comisión que depende de sí mismo para que investigue la estafa con $LIBRA, también eligió para dirigirla a una funcionaria de su absoluta confianza. Zicavo ya cumplió otras tareas sensibles para el actual gobierno, como vaciar la Comisión Nacional de la Identidad para entorpecer la búsqueda de los chicos apropiados durante la dictadura. Una predicción probable es que el Presidente deberá dedicar sus años venideros al tránsito por distintos tribunales. La Argentina de Milei: una republiqueta bananera.
 
La Opinión Popular
 

 
Cúneo Libarona designó a una funcionaria de su riñón para que indague sobre el caso $Libra
 
Después que el oficialismo lograra frenar en el Senado la creación de una comisión investigadora sobre la cripto estafa, se volvió todavía menos verosímil de lo que ya era que dentro del Ministerio de Justicia y la OA se avance en "investigar" al Presidente  y otros funcionarios, algo anunciado como un gran gesto de transparencia.
 
El senador y presidente de la UCR Martín Lousteau ironizó en su cuenta de "X": "23 senadores se negaron a crear una comisión para investigar la estafa de $Libra. Ahora, Milei dispuso que una funcionaria a las órdenes de ¡Cúneo Libarona! lo haga. ¿Alguien puede imaginar que la jefa de asesores del ministro de Justicia lleve adelante una investigación seria e independiente sobre el jefe de su jefe? ¡Es como si Smithers investigara al Sr. Burns! Que lo expliquen los cómplices e hipócritas que se llenan la boca hablando de transparencia y ficha limpia (que voy a acompañar), pero después avalan estas barbaridades". Smithers, para quienes no lo recuerdan o conocen, es el asistente leal del dueño (Burns) de la planta nuclear de Springfield en Los Simpsons.
 
A Zicavo quienes la conocen y difícilmente olviden son los 2400 empelados y empleadas del Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos que fueron forzados a aceptar retiros voluntarios en condiciones totalmente desfavorables, bajo amenaza de que igual serían despedidos sin indemnización. A ella se le atribuye la redacción de los retiros y los esfuerzos por convencer a la gente para que aceptara. El año pasado había confeccionado los argumentos para la disolución de la Unidad Especial de Investigación para la búsqueda de nietos apropiados por el terrorismo de Estado.
 
 
Manual de autoinvestigación
 
Ante el aluvión de denuncias pos a la estafa con $LIBRA, que había comenzado con un un tuit de Milei de promoción de la criptomoneda el 14 de febrero a las 19.01 horas, y con las que se abriría una causa penal, la Oficina del Presidente publicó un comunicado que anunciaba que Milei le daría intervención a la OA para determinar si había existido una "conducta impropia" por parte de algún funcionario público, lo que lo incluía. Ese organismo integra la estructura del Ministerio de Justicia, aunque debería tener autonomía. Por lo pronto, la dirige Alejandro Melik, un ex socio de Cúneo Libarona.
 
En los párrafos anteriores, aquel texto contaba que Milei se había reunido en octubre con la empresa Kip Protocol, que representa Julian Peh, quien le comentó que quería desarrollar el proyecto "Viva la libertad" para financiar emprendimientos privados en Argentina con tecnología blockchain. Seguía: que el 30 de enero se reunió (había foto) con Hayden Mark Davis, de la empresa Kelsier Ventures y creador de $LIBRA, quien proveería la estructura tecnológica.
 
Según el texto "Davis no tuvo ni tiene vinculación con el gobierno argentino". Este empresario estadounidense luego dijo públicamente que era asesor del Presidente, que habían acordado que apoyaría la criptomoneda y que incluso grabaría un video que no llegó a salir.
 
Como es conocido, unos pocos operadores con información privilegiada compraron el cripto activo apenas salió a bajo valor, lo vendieron cuando la cotización se elevó con el tuit del Presidente y se llevaron millones de dólares, mientras unos cuantos inversores perdieron su dinero. Cuando eliminó el tuit, Milei alegó que no estaba interiorizado del proyecto, que era privado. 
 
La investigación judicial quedó por sorteo en manos de la jueza María Servini, quien la dejó delegada en el fiscal Eduardo Taiano. Sus primeras medidas fueron ordenadas recién a una semana del escándalo. De ahí surgió que las personas investigadas son Milei, Davis, Peh, Mauricio Novelli (un trader cercano a Milei que ofició de nexo), su socio Manuel Terrones Godoy y un socio de éste, Sergio Morales, asesor en la Comisión Nacional de Valores (CNV).
 
Un día antes de que Taiano activara la causa, el gobierno publicó en el Boletín Oficial el decreto 114/2025 que disponía "instruir a la OA, organismo desconcentrado del Ministerio de Justicia, para que inicie las actuaciones que estime corresponder en el ámbito de su competencia".
 
Primer problema: como ya informó Página/12 la Oficina Anticorrupción no puede, por un decreto todavía vigente (el 25/2023) del gobierno de Alberto Fernández, recibir instrucciones del Presidente, ni del Ministro de Justicia ni otra autoridad del Poder Ejecutivo.
 
Ese mismo decreto, firmaban Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, decía que era necesario juntar toda la "información y documentación disponible a efectos de aportarla al Poder Judicial y/o al Ministerio Público Fiscal". Para eso consideraban "apropiado" crear una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) para que la "colaboración" sea "más rápida y expedita".
 
Nadie les había pedido nada, pero ese era el modo de justificar la colecta de información. UTI, curiosidades de la vida, es la sigla usada para "Unidad de Terapia Intensiva". La resolución que apareció este miércoles en el Boletín Oficial, que nombra a Zicavo al mando de esta particular Unidad, está firmada directamente por Cúneo Libarona, de quien ella es una colaboradora fundamental. 
 
Describe como funciones de la UTI hacer requerimientos de "información, de datos y de documentación" a "funcionarios, órganos y organismos" del "Sector Público Nacional" y "a organismos provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Estados extranjeros y/u organismos internacionales". "La UTI tendrá a su cargo la recepción y la gestión de los requerimientos del Poder Judicial y/o del Ministerio Público Fiscal relacionados con el criptoactivo denominado $LIBRA", dice.
 
Cabe preguntar. ¿Centralizará y controlará el envío de información? ¿Seleccionará? Justicia se arroga la facultad de dictar las normas que quiera relacionadas con su funcionamiento. Algunos medios, como La Nación, se esmeraron en aclarar que Cúneo Libarona y la UTI solo "juntarán información pero no investigarán el caso". La primera contradicción con esa idea está en el nombre de la dependencia, que incluye la palabra "investigación".
 
 
Causas judiciales y gestos
 
El abogado Gregorio Dalbón, uno de los denunciantes del Criptogate en Comodoro Py pidió una ampliación de la pesquisa sobre Karina Mieli, la secretaria de la presidencia, para "determinar su participación en la maniobra" y debido a que ya en algunas de las pruebas que él presentó, con registros de reuniones en la Casa Rosada, queda a la vista que "mantenía diversas reuniones con Mauricio Novelli". Recordó a su vez los chats publicados por el sitio Coin Desk con chats atribuidos a Davis en los que alardeaba ante otros hombres del mundo cripto que le pagaba a "la hermana" del Presidente, a quien podía "controlar".
 
Dalbón reclamó el secuestro de celulares de los Milei y de Manuel Adorni para evitar la "destrucción y manipulación de pruebas". Mientras tanto, como señaló este diario, se avizora una posible pelea de competencia por el caso ya que hay una denuncia en el juzgado de San Isidro, de Sandra Arroyo Salgado, quien le pidió a la Quinta de Olivos saber si Milei estaba ahí cuando tuiteó y el día posterior, lo que podría determinar, según cierto criterio, si es competente. A Milei le estarían aconsejando, Bullrich y algunos abogados, que intente que la causa tramite allí.
 
Mientras tanto, la abogada del empresario Davis en Argentina, la penalista Yanina Nicoletti, volvió a acceder a su cuenta de "X (hackeada), donde había publicado mensajes sugestivos, como que se presentaría en tribunales para denunciar a los "verdaderos responsables" y que Milei es quien puede contar la verdad.
 
Esta vez publicó otro texto que, aunque es teórico, huele a advertencia: es la explicación de la figura del arrepentido en el proceso penal argentino (que no necesariamente tendría que ser Davis en este caso) usada, por ejemplo en la causa "Cuadernos" para mejorar la situación de imputados a cambio de acusar a funcionarios, como Cristina Kirchner.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página 12
 

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24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

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