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Nacionales - 27-02-2025 / 09:02
EL COLMO: UNA AUTOINVESTIGACIÓN, LA NUEVA ESTAFA DEL LIBERTARIO

La impunidad avanza: Milei designó a una empleada suya para que lo “investigue” por su grosera estafa $LIBRA

La impunidad avanza: Milei designó a una empleada suya para que lo “investigue” por su grosera estafa $LIBRA
Una funcionaria del ministro Cúneo Libarana -el abogado que Milei quería para su defensa- será la encargada de investigar al Presidente. Así, Milei no solo creó una comisión que depende de sí mismo para que investigue la estafa con $LIBRA, también eligió para dirigirla a una funcionaria de su absoluta confianza. Zicavo ya cumplió otras tareas sensibles para el actual gobierno, como vaciar la Comisión Nacional de la Identidad para entorpecer la búsqueda de los chicos apropiados durante la dictadura. Una predicción probable es que el Presidente deberá dedicar sus años venideros al tránsito por distintos tribunales. La Argentina de Milei: una republiqueta bananera.
Javier "el Estafador" Milei había sido abruptamente interrumpido justo cuando le decía al "periodista" Jonathan Viale que de su situación judicial por el Criptogate se encargaría el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Es el famoso tramo que luego desapareció en la emisión televisiva de la entrevista, pero que se filtró. El ministro no puede ser su abogado, es ilegal, a menos que renuncie. Decirlo, además, implicaba reconocer que se lo acusaba por algo relacionado con el ejercicio de su cargo como presidente, no a título personal como quería instalar Milei.
 
Pese a todo esto y sin ningún disimulo, en un acto destinado a garantizar la impunidad, Cúneo Libarona quedó a cargo de la estrategia que se presenta bajo el ropaje de una autoinvestigación del Gobierno sobre la escandalosa estafa con la criptomoneda $LIBRA y este jueves designó para una parte de esa labor a la jefa de gabinete de asesores de su cartera, María Florencia Zicavo, a quien puso al frente de la llamada Unidad de Tareas de Investigación (UTI). Antes también había "instruido" a la Oficina Anticorrupción (OA) para intervenir, algo que está prohibido, además de que el titular es un ex socio suyo.
 
Tras conseguir, gracias al voto vergonzoso y ensobrado de sus aliados, que el Congreso rechazara la conformación de una comisión investigadora, el Gobierno de estafadores anunció con bombos y platillos que la Oficina Anticorrupción iba a desarrollar una investigación para determinar si existieron irregularidades o hechos de corrupción en el caso que tiene en el ojo de la tormenta a Milei.
 
Además investigar el rol del presidente en una estafa que tiene cobertura mediática, judicial y política, Zicavo deberá informar "de manera permanente" las denuncias que se realicen en contra de cualquiera de los implicados en el criptogate. Como encargada de la UTI, la letrada deberá ocuparse de "recopilar información sobre $LIBRA y colaborar con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal (MPF)".
 
La estafa tuvo como protagonista al presidente Milei, quien promocionó (o difundió, según sus palabras) una criptomoneda llamada $Libra, a través de su cuenta de X. Con su habitual impulsividad, invitaba a sus seguidores a "invertir" en esa "memecoin" (moneda en broma, no real), a tal punto que publicó el sitio adonde dirigirse para realizar esa operación bursátil virtual. Esa operación fue una burda estafa, que perjudicó a unas 40.000 billeteras cripto que confiaron en lo que Milei publicó.
 
Ahora, una funcionaria del ministro Cúneo Libarana -el abogado que Milei quería para su defensa- será la encargada de investigar al Presidente. Así, Milei no solo creó una comisión que depende de sí mismo para que investigue la estafa con $LIBRA, también eligió para dirigirla a una funcionaria de su absoluta confianza. Zicavo ya cumplió otras tareas sensibles para el actual gobierno, como vaciar la Comisión Nacional de la Identidad para entorpecer la búsqueda de los chicos apropiados durante la dictadura. Una predicción probable es que el Presidente deberá dedicar sus años venideros al tránsito por distintos tribunales. La Argentina de Milei: una republiqueta bananera.
 
La Opinión Popular
 

 
Cúneo Libarona designó a una funcionaria de su riñón para que indague sobre el caso $Libra
 
Después que el oficialismo lograra frenar en el Senado la creación de una comisión investigadora sobre la cripto estafa, se volvió todavía menos verosímil de lo que ya era que dentro del Ministerio de Justicia y la OA se avance en "investigar" al Presidente  y otros funcionarios, algo anunciado como un gran gesto de transparencia.
 
El senador y presidente de la UCR Martín Lousteau ironizó en su cuenta de "X": "23 senadores se negaron a crear una comisión para investigar la estafa de $Libra. Ahora, Milei dispuso que una funcionaria a las órdenes de ¡Cúneo Libarona! lo haga. ¿Alguien puede imaginar que la jefa de asesores del ministro de Justicia lleve adelante una investigación seria e independiente sobre el jefe de su jefe? ¡Es como si Smithers investigara al Sr. Burns! Que lo expliquen los cómplices e hipócritas que se llenan la boca hablando de transparencia y ficha limpia (que voy a acompañar), pero después avalan estas barbaridades". Smithers, para quienes no lo recuerdan o conocen, es el asistente leal del dueño (Burns) de la planta nuclear de Springfield en Los Simpsons.
 
A Zicavo quienes la conocen y difícilmente olviden son los 2400 empelados y empleadas del Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos que fueron forzados a aceptar retiros voluntarios en condiciones totalmente desfavorables, bajo amenaza de que igual serían despedidos sin indemnización. A ella se le atribuye la redacción de los retiros y los esfuerzos por convencer a la gente para que aceptara. El año pasado había confeccionado los argumentos para la disolución de la Unidad Especial de Investigación para la búsqueda de nietos apropiados por el terrorismo de Estado.
 
 
Manual de autoinvestigación
 
Ante el aluvión de denuncias pos a la estafa con $LIBRA, que había comenzado con un un tuit de Milei de promoción de la criptomoneda el 14 de febrero a las 19.01 horas, y con las que se abriría una causa penal, la Oficina del Presidente publicó un comunicado que anunciaba que Milei le daría intervención a la OA para determinar si había existido una "conducta impropia" por parte de algún funcionario público, lo que lo incluía. Ese organismo integra la estructura del Ministerio de Justicia, aunque debería tener autonomía. Por lo pronto, la dirige Alejandro Melik, un ex socio de Cúneo Libarona.
 
En los párrafos anteriores, aquel texto contaba que Milei se había reunido en octubre con la empresa Kip Protocol, que representa Julian Peh, quien le comentó que quería desarrollar el proyecto "Viva la libertad" para financiar emprendimientos privados en Argentina con tecnología blockchain. Seguía: que el 30 de enero se reunió (había foto) con Hayden Mark Davis, de la empresa Kelsier Ventures y creador de $LIBRA, quien proveería la estructura tecnológica.
 
Según el texto "Davis no tuvo ni tiene vinculación con el gobierno argentino". Este empresario estadounidense luego dijo públicamente que era asesor del Presidente, que habían acordado que apoyaría la criptomoneda y que incluso grabaría un video que no llegó a salir.
 
Como es conocido, unos pocos operadores con información privilegiada compraron el cripto activo apenas salió a bajo valor, lo vendieron cuando la cotización se elevó con el tuit del Presidente y se llevaron millones de dólares, mientras unos cuantos inversores perdieron su dinero. Cuando eliminó el tuit, Milei alegó que no estaba interiorizado del proyecto, que era privado. 
 
La investigación judicial quedó por sorteo en manos de la jueza María Servini, quien la dejó delegada en el fiscal Eduardo Taiano. Sus primeras medidas fueron ordenadas recién a una semana del escándalo. De ahí surgió que las personas investigadas son Milei, Davis, Peh, Mauricio Novelli (un trader cercano a Milei que ofició de nexo), su socio Manuel Terrones Godoy y un socio de éste, Sergio Morales, asesor en la Comisión Nacional de Valores (CNV).
 
Un día antes de que Taiano activara la causa, el gobierno publicó en el Boletín Oficial el decreto 114/2025 que disponía "instruir a la OA, organismo desconcentrado del Ministerio de Justicia, para que inicie las actuaciones que estime corresponder en el ámbito de su competencia".
 
Primer problema: como ya informó Página/12 la Oficina Anticorrupción no puede, por un decreto todavía vigente (el 25/2023) del gobierno de Alberto Fernández, recibir instrucciones del Presidente, ni del Ministro de Justicia ni otra autoridad del Poder Ejecutivo.
 
Ese mismo decreto, firmaban Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, decía que era necesario juntar toda la "información y documentación disponible a efectos de aportarla al Poder Judicial y/o al Ministerio Público Fiscal". Para eso consideraban "apropiado" crear una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) para que la "colaboración" sea "más rápida y expedita".
 
Nadie les había pedido nada, pero ese era el modo de justificar la colecta de información. UTI, curiosidades de la vida, es la sigla usada para "Unidad de Terapia Intensiva". La resolución que apareció este miércoles en el Boletín Oficial, que nombra a Zicavo al mando de esta particular Unidad, está firmada directamente por Cúneo Libarona, de quien ella es una colaboradora fundamental. 
 
Describe como funciones de la UTI hacer requerimientos de "información, de datos y de documentación" a "funcionarios, órganos y organismos" del "Sector Público Nacional" y "a organismos provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Estados extranjeros y/u organismos internacionales". "La UTI tendrá a su cargo la recepción y la gestión de los requerimientos del Poder Judicial y/o del Ministerio Público Fiscal relacionados con el criptoactivo denominado $LIBRA", dice.
 
Cabe preguntar. ¿Centralizará y controlará el envío de información? ¿Seleccionará? Justicia se arroga la facultad de dictar las normas que quiera relacionadas con su funcionamiento. Algunos medios, como La Nación, se esmeraron en aclarar que Cúneo Libarona y la UTI solo "juntarán información pero no investigarán el caso". La primera contradicción con esa idea está en el nombre de la dependencia, que incluye la palabra "investigación".
 
 
Causas judiciales y gestos
 
El abogado Gregorio Dalbón, uno de los denunciantes del Criptogate en Comodoro Py pidió una ampliación de la pesquisa sobre Karina Mieli, la secretaria de la presidencia, para "determinar su participación en la maniobra" y debido a que ya en algunas de las pruebas que él presentó, con registros de reuniones en la Casa Rosada, queda a la vista que "mantenía diversas reuniones con Mauricio Novelli". Recordó a su vez los chats publicados por el sitio Coin Desk con chats atribuidos a Davis en los que alardeaba ante otros hombres del mundo cripto que le pagaba a "la hermana" del Presidente, a quien podía "controlar".
 
Dalbón reclamó el secuestro de celulares de los Milei y de Manuel Adorni para evitar la "destrucción y manipulación de pruebas". Mientras tanto, como señaló este diario, se avizora una posible pelea de competencia por el caso ya que hay una denuncia en el juzgado de San Isidro, de Sandra Arroyo Salgado, quien le pidió a la Quinta de Olivos saber si Milei estaba ahí cuando tuiteó y el día posterior, lo que podría determinar, según cierto criterio, si es competente. A Milei le estarían aconsejando, Bullrich y algunos abogados, que intente que la causa tramite allí.
 
Mientras tanto, la abogada del empresario Davis en Argentina, la penalista Yanina Nicoletti, volvió a acceder a su cuenta de "X (hackeada), donde había publicado mensajes sugestivos, como que se presentaría en tribunales para denunciar a los "verdaderos responsables" y que Milei es quien puede contar la verdad.
 
Esta vez publicó otro texto que, aunque es teórico, huele a advertencia: es la explicación de la figura del arrepentido en el proceso penal argentino (que no necesariamente tendría que ser Davis en este caso) usada, por ejemplo en la causa "Cuadernos" para mejorar la situación de imputados a cambio de acusar a funcionarios, como Cristina Kirchner.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página 12
 

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28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
La Opinión Popular
 

24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
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23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
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