02:50 | Martes 09 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Entre Ríos - 26-02-2025 / 12:02

SENADOR PROVINCIAL POR EL DEPARTAMENTO URUGUAY (MÁS PARA ENTRE RÍOS)

Martín Oliva: Necesitamos transparencia en la gestión, no un jefe de Estado que favorezca estafas

La inaudita promoción de una criptomoneda fallida por parte de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo de la Nación llena de preocupación a quienes aspiramos a vivir en una república transparente y equilibrada. No existen más que dos opciones: o el Presidente fue engañado, y en ese caso es peligroso que esté alguien tan vulnerable al frente de la República, o el Presidente fue cómplice de la estafa y en ese caso corresponde someterlo a decisión de los Legisladores de ambas Cámaras.

Es que, además del papelón internacional que implica (piénsese en la imagen exterior del país), incluso más allá de la estafa en sí, es de una gravedad inusitada que el Presidente aliente una determinada inversión privada cuya única valoración en el mercado se produjo precisamente por ser alentada por el Presidente.

Es urgente determinar con claridad si ello no constituye un delito cometido en pleno ejercicio de sus funciones, tal como algunos legisladores nacionales lo han planteado en estas horas.

Lo ocurrido se trata de un hecho de extrema gravedad que descalifica, ética y profesionalmente, al primer mandatario de nuestro país. Es un acto no solo bochornoso por sus características, sino también por los resultados que provocó en el patrimonio de miles de personas que creyeron en la palabra del Presidente.

Dicha maniobra, se conoce en el mundo de las finanzas como "rug pull", ya que implica que cuando hubo suficientes inversores que aportaron dinero comprando la criptomoneda ofertada, los fundadores "tiraron de la alfombra", dejando a todos en el piso y la cripto tuvo entonces una abrupta caída en su cotización.

De acuerdo a algunas consultoras especializadas, se estima que el equipo que armó este negocio se habría desembolsado alrededor de 100 millones de dólares por estas operaciones. Existen antecedentes, previos a su llegada a la Presidencia, de haber apoyado públicamente un emprendimiento sospechado de ser un "esquema Ponzi" (estafa piramidal), lo que muestra una inclinación irresponsable y ligera -con más razón al tratarse de un supuesto experto en economía- hacia lo que se conoce como "timba financiera", adaptada hoy al mundo de la virtualidad tecnológica.

Está claro que sin las publicaciones del Presidente Milei la estafa nunca podría haber ocurrido, ya que todos desconocían su oferta y nadie iba a invertir en ella. Por eso, las publicaciones del mandatario son parte necesaria del engranaje piramidal.

La Argentina con niveles inéditos de pobreza, de trabajo en negro y de exclusión, no necesita especulación ni timba virtual. Necesitamos producción y trabajo, necesitamos salud y educación pública, necesitamos transparencia en el manejo de la cosa pública y no un jefe de Estado que actúe como cómplice de una maniobra de estafa a inversores incautos.

Debemos tomar esto como una señal de alerta, ya que este tipo de negocios espurios lejos están de ser una válida herramienta de mercado que pueden llevar a cabo los "hombres y mujeres de bien", de los cuales tanto habla el Presidente Milei.

Desde mi lugar, preocupado por la cantidad de señales negativas que emite el Gobierno que conduce Javier Milei, espero que esta, una nueva y contundente demostración de que el rumbo elegido es perjudicial para la producción industrial y rural, para el trabajo y la armonía social, sea percibida como tal por quienes tienen la responsabilidad principal en la defensa de los intereses de la comunidad entrerriana, y así dejen de acompañarlo obsecuente y acríticamente en cada uno de los retrocesos que tanto daño están causando en el tejido social de la Argentina.

08-12-2025 / 20:12

Frigerio, el federalismo y el saqueo inaceptable de fondos que son de las provincias

Una parte significativa del superávit fiscal que el gobierno centralista y porteño de Javier Milei afirma registrar desde diciembre de 2023 se basa en la retención indebida de fondos que, por ley, corresponden a las provincias. Según un informe de la consultora Politikón Chaco, en los primeros once meses del año, la administración libertaria habría retenido recursos no distribuidos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por una cifra cercana a los $ 730 mil millones. Pese a esta situación, el gobernador Rogelio Frigerio jamás ha presentado un reclamo contundente.

Estos ATN se integran con fondos recaudados a través de impuestos que componen la masa de la Coparticipación Federal. El monto total a entregar rondaba los $ 850 mil millones, pero solo una parte ínfima fue distribuida a 15 provincias, sin un criterio de distribución igualitario. Este panorama se reconfigura constantemente a favor del Gobierno nacional, que apela al "método Kueider" y en detrimento de los intereses del interior federal, alumbrando nuevos desafíos.

El Gobierno de Milei utiliza estos recursos retenidos como una herramienta extorsiva para conseguir respaldo en el Congreso Nacional para la sanción de las leyes clave de su proyecto "anarcocapitalista". La debilidad de ciertos gobernadores, que se traslada a sus representantes legislativos, obedece a la urgente necesidad de contar con fondos para programas provinciales vitales. Esta presión se impone por encima de los convencimientos personales o las ideologías de los mandatarios.

Se les fuerza, mediante intimidación o amenazas, a actuar en contra de sus propias posiciones políticas para obtener un beneficio económico con recursos que legalmente les corresponden. La demanda de estos fondos es crítica para el sostenimiento de: programas de educación, salud y transporte, conclusión de viviendas paralizadas y mantenimiento de rutas nacionales, cuya prioridad fue abandonada por el Gobierno libertario.

La convalidación del superávit en las cuentas públicas se logra, en parte, mediante el saqueo de recursos legítimos que pertenecen a las provincias y el abandono de obligaciones que competen al Estado nacional en la organización del país. El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 contempla una partida de apenas $ 122.763 millones para atender estas transferencias, una cifra que los gobernadores han calificado de insuficiente. La exigencia mínima para cubrir los déficits reales de sus jurisdicciones asciende a $ 900.000 millones.

Además, Milei ha dejado claro que no piensa restituir las transferencias a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, desentendiéndose por completo de sus obligaciones. La Corte Suprema de Justicia ha adoptado una postura de espera, supeditando una definición sobre las cajas provinciales a que la Nación avance en la anunciada reforma previsional. Mientras tanto, el envío de fondos jubilatorios se ha paralizado, para asegurar que seremos la nación más grande y exitosa en la historia de la humanidad y el hogar de la libertad en el mundo, según Milei.

En concreto, el Gobierno nacional no garantiza los fondos para estas 13 Cajas de Jubilaciones. Entre Ríos, por ejemplo, recibe a cuentagotas el aporte para cubrir el déficit de su Caja, a pesar de que este compromiso fue asumido por la Nación en 1994, con la puesta en marcha del anterior esquema de jubilación privada. Esta situación se agrava con el accionar de Frigerio, en la incorporación de personal en modalidades informales con escasos o nulos aportes a la Caja, y el impacto de los bonos de aumento no bonificables que no llegan a los jubilados.

El actual esquema de reparto de recursos, con parches y distribución no automática, permite el manejo político de fondos por parte de la administración central libertaria, favorecen el clientelismo y perjudican la productividad regional. La tan anunciada reforma impositiva, que el Gobierno presentaría en febrero, debería corregir estas distorsiones. Es que ganaron 40 a 35, no 80 a 20.

08-12-2025 / 10:12

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