07:33 | Domingo 08 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 26-02-2025 / 10:02

NO PUDO NOMBRARLOS DE FORMA DEMOCRÁTICA Y LO HIZO AUTORITARIAMENTE, PARA LOGRAR IMPUNIDAD POR SU ESTAFA

El monarca absoluto Javier I designó ilegítimamente a Lijo y García Mansilla en la Corte Suprema por decretazo

El presidente Javier "el Loco" Milei, en una jugada audaz pero con final incierto, dio una nueva señal de que está dispuesto a que su desprecio por la legalidad y la republica llegue tan lejos como le permitan. Ahora firmó dos decretos para designar "en comisión" a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema. "El Loco" pretende designar 2 jueces en el máximo tribunal como si fueran sus empleados, algo que la Constitución prohíbe, porque exige que los candidatos propuestos por el Presidente cuenten con acuerdo del Senado e incluso impone una mayoría especial de dos tercios de sus integrantes ya que se trata de cargos más que importantes.

El presidente Javier "el Loco" Milei, en una jugada audaz pero con final incierto, dio una nueva señal de que está dispuesto a que su desprecio por la legalidad y la republica llegue tan lejos como le permitan. Ahora firmó dos decretos para designar "en comisión" a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema. "El Loco" pretende designar 2 jueces en el máximo tribunal como si fueran sus empleados, algo que la Constitución prohíbe, porque exige que los candidatos propuestos por el Presidente cuenten con acuerdo del Senado e incluso impone una mayoría especial de dos tercios de sus integrantes ya que se trata de cargos más que importantes.

En un nuevo ataque a la República, Milei intenta salir del laberinto en el que lo metieron sus múltiples estafas, desde el lanzamiento de una criptomoneda trucha hasta la manipulación ficticia del dólar para llegar a las elecciones con una inflación dibujada y billetes verdes baratos. Sale por arriba, con una jugada sin garantía de éxito pero donde puede tener, al igual que en las estafas, una ganancia extraordinaria: si coloca 2 jueces en la Corte se queda automáticamente con el 40% del máximo tribunal a una firma de sacar todos fallos que quiera a su favor. Está apurado por contar con una mayoría automática para lograr impunidad. Pero no es tan fácil como poner un tuit de una meme coin y utilizar información interna para esquilmar a los que incautos caigan en su trampa.

Estos nombramientos se dan porque Milei no pudo obtener el respaldo constitucional necesario en el Senado y es presentado por el oficialismo como una medida para "normalizar" el funcionamiento del tribunal. Ambos jueces ocuparán sus cargos ilegítimamente durante un año, el tiempo límite autorizado para un nombramiento en comisión. Mauricio Macri había utilizado la misma herramienta en 2016 para nombrar a Horacio Rosatti y a Carlos Rosenkrantz, lo cual despertó grandes críticas en su momento.

La decisión actual de Milei usando poderes "de monarca", se da en el marco de la criptoestafa, cuando Milei y su círculo cercano están siendo denunciados e investigados por lo que fue un fraude histórico que generó un escándalo de dimensiones internacionales. El escenario sobre la eficacia de estas designaciones y su futuro, así como el del funcionamiento de la Corte Suprema durante esta polémica, es de incertidumbre total.

La justificación oficial señala que, durante el período hasta la aprobación definitiva, se continuará con el trámite legislativo. Pero, como bien se sabe, el verdadero propósito es garantizar que los jueces estén en el tribunal antes de que el Senado tenga oportunidad de bloquearlos. Por eso no se habla es de las maniobras dilatorias del oficialismo para lograr el consenso necesario en el Senado, donde la resistencia de la oposición fue un obstáculo inquebrantable.

Milei está jugando con un doble discurso: por un lado, se presenta como el campeón de la legalidad, afirmando que "no toleran que los intereses políticos se impongan sobre los del pueblo argentino". Pero, en la práctica, lo que tenemos es una maniobra autoritaria que desplaza el papel del Senado y se salta los controles institucionales. Este decreto es una clara demostración de cómo la democracia puede torcerse para cumplir con los deseos del monarca estafador.

La Opinión Popular

DESIGNÓ A MANUEL GARCÍA MANSILLA Y ARIEL LIJO

Sin el aval del Senado, Milei apeló al decretazo para nombrar a dos jueces en la Corte

Busca encapsular con un nuevo escándalo la crisis que se generó con el Criptogate que lo tiene como principal acusado de una estafa millonaria. Juristas y organismos de DDHH advierten que es una maniobra inconstitucional.

Javier Milei está dispuesto a hacer lo que Mauricio Macri no pudo. Nombrar a dos jueces "en comisión" en la Corte Suprema, como el líder del PRO quiso hacer con Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, está dentro de las hazañas que el libertario pretende anotar en su haber. Cuando todavía crepitan las brasas del criptogate que lo tiene como máximo acusado de una estafa millonaria, el Presidente anunció que firmó un decreto para nombrar al académico Manuel García Mansilla y al juez federal Ariel Lijo como los nuevos integrantes del máximo tribunal. En la Casa Rosada no desechan la idea de conseguir en algún momento del año el aval del Senado.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) calificaron la decisión de inconstitucional. Su directora ejecutiva, Paula Litvachky, dijo a Página/12 que no descartan acudir, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, a los tribunales. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez, por su lado, sostuvo que se trata de un acto nulo de nulidad absoluta porque es una designación que no cumple con los requisitos de la Constitución. El excamarista federal y actual presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) Ricardo Gil Lavedra lo calificó como un retroceso institucional que afecta seriamente la independencia judicial.

Desde temprano, se había instalado la versión de que Milei iba a firmar un decreto para completar las dos vacantes que hay en la Corte Suprema desde que se jubilaron Elena Highton de Nolasco (2021) y Juan Carlos Maqueda (2024). La confirmación llegó a las 17.16 a través de un comunicado de la Oficina del Presidente.

"El Presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo período legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con solo tres miembros", escribieron desde la Casa Rosada -desconociendo que la Corte ya funcionó con tres integrantes cuando Carlos Fayt decidió retirarse en diciembre de 2015.

La administración de La Libertad Avanza (LLA) se ampara en el que el artículo 99, inciso 19 de la Constitución establece que el Presidente "puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura". El mismo atajo ya había sido sugerido por Fabián "Pepín" Rodríguez Simón a Macri en los primeros días de su gobierno para evitarse el trámite en el Senado.

El otro argumento que invoca el Gobierno es que el Senado se mantuvo en silencio después de que la Casa Rosada cumplimentara todos los pasos para conseguir el aval de la Cámara alta desde que el 20 de marzo postuló a Lijo y García Mansilla, quienes fueron a defender sus pliegos en agosto a la comisión de Acuerdos.

Solo Lijo tenía las firmas necesarias para llevar el dictamen al recinto. Si bien estaba prevista una sesión para el viernes pasado -durante el período de extraordinarias-, el oficialismo terminó suspendiéndola porque no reunía los dos tercios. Mientras tanto, afilaba el lápiz para redactar el decreto. "En ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores", dijeron desde el Gobierno como si el Congreso no fuera un poder político.

Con grandilocuencia, desde la Oficina del Presidente, advirtieron que "el Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia" e informaron que continuarán con el trámite legislativo para intentar que ambos juristas consigan el aval del Senado.

Esa alternativa se encuentra con un escollo. Para ser nombrado juez de la Corte se necesitan dos tercios del Senado. UxP tiene 34 de los 72 senadores, lo que implica que puede bloquear cualquier designación. El 26 de noviembre pasado, los integrantes del interbloque que preside José Mayans hicieron saber que habían asumido un compromiso público de "impulsar el inmediato rechazo del pliego de acuerdo de cualquier persona que acepte ser designado en comisión" porque lo consideraban manifiestamente inconstitucional y "una afrenta irreparable al sistema republicano, democrático y federal".

La decisión fue refrendada este martes a través de un comunicado en el que la bancada denunció que "una vez más el presidente Javier Milei vuelve a violar la Constitución y las leyes y a arrogarse facultades que le están vedadas al Poder Ejecutivo". En la interpretación de UxP, la Constitución cuando habla de "empleos" que pueden ser cubiertos durante el receso del Congreso se refiere a los diplomáticos y militares que también requieren el acuerdo del Senado.

Los perfiles

El 28 de agosto pasado, la senadora Anabel Fernández Sagasti (UxP) le preguntó a García Mansilla si él hubiese aceptado una designación en comisión como Rosatti y Rosenkrantz.

-Yo no hubiera aceptado una nominación en comisión porque, más allá de que la Constitución lo prevé, evidentemente hay un gran sector de la población que con buenas razones resiste este tipo de decisiones- se atajó el candidato.

Sin embargo, Milei lo puso en la misma situación. De 54 años y nacido en Bariloche, García Mansilla es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, históricamente ligada al Opus Dei. Se graduó como abogado en la Universidad del Salvador. Hizo una maestría en Georgetown con una tesis sobre la crisis de separación de poderes en la Argentina. Bien podría usar su designación para la Corte como un caso de estudio. En varias ocasiones, se pronunció en contra del hiperpresidencialismo y afirmó que los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) -a los que su promotor en la Corte es afecto- destruyeron la separación de poderes.

Al momento de impugnarlo, el CELS marcó que se oponía al fallo FAL porque entendía que las mujeres aún habiendo sido violadas, si no sufren algún tipo de discapacidad mental, no tienen derecho al aborto. También le cuestionaron su desdén por las audiencias públicas en la Corte, a las que consideró "populismo judicial".

Lijo, de 56 años y egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), es un nacido y criado en Comodoro Py. Se forjó una carrera en la Cámara Federal porteña bajo el ala de Luisa "Piru" Riva Aramayo, una de las primeras jefas políticas de los tribunales de Retiro. Concursó y consiguió en 2004 que Néstor Kirchner lo designara al frente del Juzgado Federal 4.

Lijo hizo trascender que pretende tomarse licencia de su juzgado. No quiere renunciar y perder su cargo si en un año no consigue el aval del Senado para permanecer en la Corte. El pedido de licencia debe pasar primero por la Cámara Federal porteña -donde decían que aún no habían recibido pedido alguno- y luego por el máximo tribunal. Si los supremos no le habilitaran la licencia extraordinaria, Lijo podría declinar su nombramiento para la Corte.

La intención de máxima de Milei es que el próximo sábado 1 de marzo, cuando abra las sesiones ordinarias del Congreso, estén Rosatti, Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, García Mansilla y Lijo sentados cerca de él. Una Corte sin lugar para las mujeres y con mucho espacio para las luchas intestinas. Habrá que ver si dan los tiempos porque Rosatti tendría que tomarles juramento a los recién llegados. "Silencio total", contestó una fuente del cuarto piso del Palacio de Justicia.

Las reacciones

"Entendemos que la designación es inconstitucional. La Constitución no habilita al Presidente a decidir unilateralmente cómo conformar la Corte Suprema", sostiene Paula Litvachky, del CELS. "El Presidente pretende que el Senado haga un análisis objetivo de las nominaciones, cuando el diseño constitucional dice que esto no es así. Es un planteo falaz. El Senado debe prestar un acuerdo político. El gobierno pretende hacer una demostración de fuerza y dejarle una función raquítica al Senado. Una vez más vemos, como con los DNU, que la administración pretende gobernar a través de hechos consumados", añade.

Para Gil Domínguez, la Constitución habilitaría a designar en comisión solo ante circunstancias extraordinarias: si la Corte se quedara sin integrantes o con uno o dos miembros -lo que haría imposible dictar fallos, ya que se debe conformar mayoría de tres votos-, si se produjera una vacante durante el receso del Senado y si existieran casos urgentes para ser resueltos. Nada de esto se ve en estas circunstancias.

"Los argumentos que se dan son absolutamente inatendibles", opina, por su parte, Gil Lavedra. "No es que el Senado tenga la obligación de prestarle acuerdo al presidente de la República, tiene que llegar a un consenso respecto de los nombres, por eso se exige una mayoría tan calificada. Pero no es que el presidente les dio la oportunidad, y como no le prestaron el acuerdo, puede hacerlo por decreto", destaca.

Por Luciana Bertoia

Fuente: Página 12

07-02-2026 / 19:02

Cero credibilidad por el escándalo del Indec que dejó a Javier Milei y a Toto Caputo con el culo al aire

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.

El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.

Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".

Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.

El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.

El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.

La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.

Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."

07-02-2026 / 11:02

Apertura comercial indiscriminada y sometimiento al imperialismo: Milei le entrega todo a Trump y no recibe nada a cambio

El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.

La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.

Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.

El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.

En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.

En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.

El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.

06-02-2026 / 09:02

Milei, copiando a Trump, lanza cuenta oficial para desmentir, perseguir y cazar periodistas

Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.

"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.

Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.

Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.

O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.

Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.

En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.

La Opinión Popular

05-02-2026 / 11:02

Milei dejó a las familias al borde del default: la morosidad se disparó a niveles históricos

Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.

Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.

El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.

Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.

Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.

La Opinión Popular

04-02-2026 / 11:02

Caputazo en el Indec: Ilegalidades que afectan a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).

Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".

En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.

Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).

Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.

Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.

Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".

La Opinión Popular