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Nacionales - 26-02-2025 / 10:02
NO PUDO NOMBRARLOS DE FORMA DEMOCRÁTICA Y LO HIZO AUTORITARIAMENTE, PARA LOGRAR IMPUNIDAD POR SU ESTAFA

El monarca absoluto Javier I designó ilegítimamente a Lijo y García Mansilla en la Corte Suprema por decretazo

El monarca absoluto Javier I designó ilegítimamente a Lijo y García Mansilla en la Corte Suprema por decretazo
El presidente Javier "el Loco" Milei, en una jugada audaz pero con final incierto, dio una nueva señal de que está dispuesto a que su desprecio por la legalidad y la republica llegue tan lejos como le permitan. Ahora firmó dos decretos para designar "en comisión" a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema. "El Loco" pretende designar 2 jueces en el máximo tribunal como si fueran sus empleados, algo que la Constitución prohíbe, porque exige que los candidatos propuestos por el Presidente cuenten con acuerdo del Senado e incluso impone una mayoría especial de dos tercios de sus integrantes ya que se trata de cargos más que importantes.
El presidente Javier "el Loco" Milei, en una jugada audaz pero con final incierto, dio una nueva señal de que está dispuesto a que su desprecio por la legalidad y la republica llegue tan lejos como le permitan. Ahora firmó dos decretos para designar "en comisión" a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema. "El Loco" pretende designar 2 jueces en el máximo tribunal como si fueran sus empleados, algo que la Constitución prohíbe, porque exige que los candidatos propuestos por el Presidente cuenten con acuerdo del Senado e incluso impone una mayoría especial de dos tercios de sus integrantes ya que se trata de cargos más que importantes.
 
En un nuevo ataque a la República, Milei intenta salir del laberinto en el que lo metieron sus múltiples estafas, desde el lanzamiento de una criptomoneda trucha hasta la manipulación ficticia del dólar para llegar a las elecciones con una inflación dibujada y billetes verdes baratos. Sale por arriba, con una jugada sin garantía de éxito pero donde puede tener, al igual que en las estafas, una ganancia extraordinaria: si coloca 2 jueces en la Corte se queda automáticamente con el 40% del máximo tribunal a una firma de sacar todos fallos que quiera a su favor. Está apurado por contar con una mayoría automática para lograr impunidad. Pero no es tan fácil como poner un tuit de una meme coin y utilizar información interna para esquilmar a los que incautos caigan en su trampa.
 
Estos nombramientos se dan porque Milei no pudo obtener el respaldo constitucional necesario en el Senado y es presentado por el oficialismo como una medida para "normalizar" el funcionamiento del tribunal. Ambos jueces ocuparán sus cargos ilegítimamente durante un año, el tiempo límite autorizado para un nombramiento en comisión. Mauricio Macri había utilizado la misma herramienta en 2016 para nombrar a Horacio Rosatti y a Carlos Rosenkrantz, lo cual despertó grandes críticas en su momento.
 
La decisión actual de Milei usando poderes "de monarca", se da en el marco de la criptoestafa, cuando Milei y su círculo cercano están siendo denunciados e investigados por lo que fue un fraude histórico que generó un escándalo de dimensiones internacionales. El escenario sobre la eficacia de estas designaciones y su futuro, así como el del funcionamiento de la Corte Suprema durante esta polémica, es de incertidumbre total.
 
La justificación oficial señala que, durante el período hasta la aprobación definitiva, se continuará con el trámite legislativo. Pero, como bien se sabe, el verdadero propósito es garantizar que los jueces estén en el tribunal antes de que el Senado tenga oportunidad de bloquearlos. Por eso no se habla es de las maniobras dilatorias del oficialismo para lograr el consenso necesario en el Senado, donde la resistencia de la oposición fue un obstáculo inquebrantable.
 
Milei está jugando con un doble discurso: por un lado, se presenta como el campeón de la legalidad, afirmando que "no toleran que los intereses políticos se impongan sobre los del pueblo argentino". Pero, en la práctica, lo que tenemos es una maniobra autoritaria que desplaza el papel del Senado y se salta los controles institucionales. Este decreto es una clara demostración de cómo la democracia puede torcerse para cumplir con los deseos del monarca estafador.
 
La Opinión Popular
 

 
DESIGNÓ A MANUEL GARCÍA MANSILLA Y ARIEL LIJO
 
Sin el aval del Senado, Milei apeló al decretazo para nombrar a dos jueces en la Corte
  
Busca encapsular con un nuevo escándalo la crisis que se generó con el Criptogate que lo tiene como principal acusado de una estafa millonaria. Juristas y organismos de DDHH advierten que es una maniobra inconstitucional.
 
Javier Milei está dispuesto a hacer lo que Mauricio Macri no pudo. Nombrar a dos jueces "en comisión" en la Corte Suprema, como el líder del PRO quiso hacer con Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, está dentro de las hazañas que el libertario pretende anotar en su haber. Cuando todavía crepitan las brasas del criptogate que lo tiene como máximo acusado de una estafa millonaria, el Presidente anunció que firmó un decreto para nombrar al académico Manuel García Mansilla y al juez federal Ariel Lijo como los nuevos integrantes del máximo tribunal. En la Casa Rosada no desechan la idea de conseguir en algún momento del año el aval del Senado.
 
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) calificaron la decisión de inconstitucional. Su directora ejecutiva, Paula Litvachky, dijo a Página/12 que no descartan acudir, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, a los tribunales. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez, por su lado, sostuvo que se trata de un acto nulo de nulidad absoluta porque es una designación que no cumple con los requisitos de la Constitución. El excamarista federal y actual presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) Ricardo Gil Lavedra lo calificó como un retroceso institucional que afecta seriamente la independencia judicial.
 
Desde temprano, se había instalado la versión de que Milei iba a firmar un decreto para completar las dos vacantes que hay en la Corte Suprema desde que se jubilaron Elena Highton de Nolasco (2021) y Juan Carlos Maqueda (2024). La confirmación llegó a las 17.16 a través de un comunicado de la Oficina del Presidente.
 
"El Presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo período legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con solo tres miembros", escribieron desde la Casa Rosada -desconociendo que la Corte ya funcionó con tres integrantes cuando Carlos Fayt decidió retirarse en diciembre de 2015.
 
La administración de La Libertad Avanza (LLA) se ampara en el que el artículo 99, inciso 19 de la Constitución establece que el Presidente "puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura". El mismo atajo ya había sido sugerido por Fabián "Pepín" Rodríguez Simón a Macri en los primeros días de su gobierno para evitarse el trámite en el Senado.
 
El otro argumento que invoca el Gobierno es que el Senado se mantuvo en silencio después de que la Casa Rosada cumplimentara todos los pasos para conseguir el aval de la Cámara alta desde que el 20 de marzo postuló a Lijo y García Mansilla, quienes fueron a defender sus pliegos en agosto a la comisión de Acuerdos.
 
Solo Lijo tenía las firmas necesarias para llevar el dictamen al recinto. Si bien estaba prevista una sesión para el viernes pasado -durante el período de extraordinarias-, el oficialismo terminó suspendiéndola porque no reunía los dos tercios. Mientras tanto, afilaba el lápiz para redactar el decreto. "En ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores", dijeron desde el Gobierno como si el Congreso no fuera un poder político.
 
Con grandilocuencia, desde la Oficina del Presidente, advirtieron que "el Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia" e informaron que continuarán con el trámite legislativo para intentar que ambos juristas consigan el aval del Senado.
 
Esa alternativa se encuentra con un escollo. Para ser nombrado juez de la Corte se necesitan dos tercios del Senado. UxP tiene 34 de los 72 senadores, lo que implica que puede bloquear cualquier designación. El 26 de noviembre pasado, los integrantes del interbloque que preside José Mayans hicieron saber que habían asumido un compromiso público de "impulsar el inmediato rechazo del pliego de acuerdo de cualquier persona que acepte ser designado en comisión" porque lo consideraban manifiestamente inconstitucional y "una afrenta irreparable al sistema republicano, democrático y federal".
 
La decisión fue refrendada este martes a través de un comunicado en el que la bancada denunció que "una vez más el presidente Javier Milei vuelve a violar la Constitución y las leyes y a arrogarse facultades que le están vedadas al Poder Ejecutivo". En la interpretación de UxP, la Constitución cuando habla de "empleos" que pueden ser cubiertos durante el receso del Congreso se refiere a los diplomáticos y militares que también requieren el acuerdo del Senado.
 
 
Los perfiles
  
El 28 de agosto pasado, la senadora Anabel Fernández Sagasti (UxP) le preguntó a García Mansilla si él hubiese aceptado una designación en comisión como Rosatti y Rosenkrantz.
 
-Yo no hubiera aceptado una nominación en comisión porque, más allá de que la Constitución lo prevé, evidentemente hay un gran sector de la población que con buenas razones resiste este tipo de decisiones- se atajó el candidato.
 
Sin embargo, Milei lo puso en la misma situación. De 54 años y nacido en Bariloche, García Mansilla es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, históricamente ligada al Opus Dei. Se graduó como abogado en la Universidad del Salvador. Hizo una maestría en Georgetown con una tesis sobre la crisis de separación de poderes en la Argentina. Bien podría usar su designación para la Corte como un caso de estudio. En varias ocasiones, se pronunció en contra del hiperpresidencialismo y afirmó que los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) -a los que su promotor en la Corte es afecto- destruyeron la separación de poderes.
 
Al momento de impugnarlo, el CELS marcó que se oponía al fallo FAL porque entendía que las mujeres aún habiendo sido violadas, si no sufren algún tipo de discapacidad mental, no tienen derecho al aborto. También le cuestionaron su desdén por las audiencias públicas en la Corte, a las que consideró "populismo judicial".
 
Lijo, de 56 años y egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), es un nacido y criado en Comodoro Py. Se forjó una carrera en la Cámara Federal porteña bajo el ala de Luisa "Piru" Riva Aramayo, una de las primeras jefas políticas de los tribunales de Retiro. Concursó y consiguió en 2004 que Néstor Kirchner lo designara al frente del Juzgado Federal 4.
 
Lijo hizo trascender que pretende tomarse licencia de su juzgado. No quiere renunciar y perder su cargo si en un año no consigue el aval del Senado para permanecer en la Corte. El pedido de licencia debe pasar primero por la Cámara Federal porteña -donde decían que aún no habían recibido pedido alguno- y luego por el máximo tribunal. Si los supremos no le habilitaran la licencia extraordinaria, Lijo podría declinar su nombramiento para la Corte.
 
La intención de máxima de Milei es que el próximo sábado 1 de marzo, cuando abra las sesiones ordinarias del Congreso, estén Rosatti, Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, García Mansilla y Lijo sentados cerca de él. Una Corte sin lugar para las mujeres y con mucho espacio para las luchas intestinas. Habrá que ver si dan los tiempos porque Rosatti tendría que tomarles juramento a los recién llegados. "Silencio total", contestó una fuente del cuarto piso del Palacio de Justicia.
 
 
Las reacciones
  
"Entendemos que la designación es inconstitucional. La Constitución no habilita al Presidente a decidir unilateralmente cómo conformar la Corte Suprema", sostiene Paula Litvachky, del CELS. "El Presidente pretende que el Senado haga un análisis objetivo de las nominaciones, cuando el diseño constitucional dice que esto no es así. Es un planteo falaz. El Senado debe prestar un acuerdo político. El gobierno pretende hacer una demostración de fuerza y dejarle una función raquítica al Senado. Una vez más vemos, como con los DNU, que la administración pretende gobernar a través de hechos consumados", añade.
 
Para Gil Domínguez, la Constitución habilitaría a designar en comisión solo ante circunstancias extraordinarias: si la Corte se quedara sin integrantes o con uno o dos miembros -lo que haría imposible dictar fallos, ya que se debe conformar mayoría de tres votos-, si se produjera una vacante durante el receso del Senado y si existieran casos urgentes para ser resueltos. Nada de esto se ve en estas circunstancias.
 
"Los argumentos que se dan son absolutamente inatendibles", opina, por su parte, Gil Lavedra. "No es que el Senado tenga la obligación de prestarle acuerdo al presidente de la República, tiene que llegar a un consenso respecto de los nombres, por eso se exige una mayoría tan calificada. Pero no es que el presidente les dio la oportunidad, y como no le prestaron el acuerdo, puede hacerlo por decreto", destaca.
 
Por Luciana Bertoia
 
Fuente: Página 12
 

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14-02-2026 / 10:02
Hace 12 meses, Javier "el Loco" Milei promocionó el lanzamiento de la memecoin $Libra: hizo perder decenas millones de dólares a inversores en distintos continentes. Quedan flotando en el aire al menos 20 preguntas distintas que el Jefe de Estado debería responder, pero en la causa $Libra, en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano quienes aún no han citado a ninguno de los sospechosos.
 
La inacción llegó a tal punto que la Sala I de la Cámara Federal que le imprimiera celeridad a una acción que tiene como imputados al norteamericano Hayden Davis y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Por el escándalo están denunciados también el propio Jefe de Estado; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el empresario Julian Peh y Sergio Morales, ex funcionario de la Comisión Nacional de Valores.
 
1-¿Por qué dijo que consiguió el código alfa numérico para hacer la inversión desde internet si esa fuente de números y letras nunca había tomado estado público antes que él posteara? Ahora, se sabe que el mensaje exclusivo nació en Dallas y contenía un código de 44 dígitos que alternaba mayúsculas, minúsculas y números.
 
Servía como llave para comprar la recién creada criptomoneda $LIBRA. Sin ese mensaje, el precio del token no se hubiese disparado. - ¿Por qué el ex jefe de gabinete Guillermo Francos tampoco respondió cuando fue citado por el Congreso Nacional cómo accedió Milei al "contrato"? La respuesta del experimentado funcionario fue tan escueta como inverosímil: "No sé dónde estaba ese código".
 
2-Si $Libra se creó el 14 de febrero a las 18:38 horas. ¿Cómo puede ser que a las 19:00 horas (22 minutos más tarde) 74 billeteras compraron US$ 13 millones en cripto antes del tuit de Milei? ¿Tenían información privilegiada? Uno de los grandes ganadores del truco financiero embolsó US$ 8 millones en ganancias. Cabe recordar que el tuit del Jefe de Estado se produjo a las 19:01, apenas un minuto después que las posiciones estuvieron consolidadas.
 
3-¿Por qué borró su posteo a las 00.36 horas del sábado 15 de febrero si la baja estrepitosa de la cotización ya llevaba más de 4 horas "masacrando" inversores que confiaron en Milei a lo largo y ancho de todo el mundo? Alcanzó un monto de US$ 280 millones la recaudación en apenas 5 horas de la nueva cripto.
 
4-¿Por qué su posteo se materializó un viernes de San Valentín a una hora de la tarde/noche cuando los mercados estarían cerrados hasta las llegada del lunes 17 de febrero de 2025?
 
5-¿Por qué promocionó un producto de un "empresario" como Hayden Davis, quien ya tenía antecedentes negativos en el mercado cripto? Este pseudo financista, minutos después de la publicación de Milei en redes, hizo movimientos de blockchain: 2 transferencias por US$ 507.000 cada una enviadas a una billetera virtual perteneciente a un hombre de 75 años, señalado como intermediario en la conversión de criptos a moneda tradicional.
 
6-¿Tampoco conocía los antecedentes de Novelli y Terrones quienes estuvieron involucrados en "esquemas ponzi"?
 
7-¿Por qué no se pusieron los hermanos Milei a disposición inmediata de la justicia y la comisión parlamentaria investigadora del caso? ¿No hubiera ayudado su completa colaboración en lugar de plantear chicanas para evitar que Karina tuviera que comparecer en el Congreso Nacional?
 
8-¿No le llamó nunca la atención que todos los involucrados en $LIBRA haya escogido el silencio absoluto frente a los requerimientos de la Comisión Investigadora y todavía no fueron citados por la Justicia?
 

13-02-2026 / 10:02
Con un discurso que es música para los oídos de los ricos empresarios, el gobierno ultra derechista de Javier "el Loco" Milei aprobó en la Cámara Alta el proyecto de Reforma Laboral esclavista que es la continuidad de la Motosierra aplicada desde su asunción. Empezó con el DNU 70/2023, siguió con la Ley Bases y otros engendros como el desfinanciamiento en Educación y en Discapacidad; y ahora remata con el recorte y hasta la eliminación de conquistas históricas de justicia social obtenidas tras décadas de lucha obrera y resistencia popular, que costó muchas vidas.
 
La reforma laboral del Gobierno ultra derechista de Milei destruye el derecho de las y los trabajadores por tres grandes vías. Ataca el contrato individual -con la creación del banco de horas, el fraccionamiento de las vacaciones o el recorte a las licencias por enfermedad-, debilita la acción sindical -con los límites al derecho a huelga, o la prohibición de las asambleas- y por último, también ataca a la justicia laboral -con, por ejemplo, el traspaso a los tribunales a la Ciudad de Buenos Aires-.
 
Una encerrona a la que la administración del fascista Milei pretende llevar a los empleados formales, pero también a los informales, a los que deja tanto o más desprotegidos de lo que estaban hasta ahora. Ni trabajadores de aplicaciones ni monotributistas, el proyecto libertario no tiene beneficiarios entre la masa trabajadora.
 
"Si te lastimaste jugando al fútbol, tu jefe no tiene nada que ver". La frase del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, resume el argumento libertario para romper con un derecho histórico: las licencias por enfermedad. Si la ley se sanciona, aquella persona que tenga una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de las tareas laborales cobrará solo el 50 por ciento del sueldo que percibía al momento del accidente durante 3 meses o 6 si tiene personas a cargo.
 
Los libertarios fueron un poco más generosos con aquellos que padezcan "enfermedades no voluntarias", es decir, que no sean consecuencia de actividades voluntarias riesgosas. En ese caso, el empleado tendrá derecho a percibir el 75 por ciento del salario. Una situación a la que la senadora de Fuerza Patria Cristina López calificó como "esclavitud laboral". "Si te enfermás, perdés. Si tu cuerpo no da más perdés, igual que en el siglo XIX", dijo.
 
El proyecto que Bullrich logró sancionar en el Senado habla de una "negociación dinámica" del salario, es decir, que los gremios o los trabajadores particulares pueden acordar con las empresas extras como bonos o compensaciones que estén vinculados a niveles de productividad o de objetivos. También habilita el "banco de horas", que hace que el empleado sume las extras y acumule una especie de saldo para después canjear por días libres o jornadas de trabajo reducidas.
 
Es decir, pone a trabajadores y empresarios en igualdad de condiciones para poder negociar en una relación que es desigual, en la que las fuerzas son distintas. Para el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, Matías Cremonte, "la ley lo que hace es volver a desequilibrar la balanza en favor de los empresarios". Al modificar la Ley de Contrato de Trabajo, el Gobierno busca que las vacaciones se fraccionen por un mínimo de 7 días (antes eran por 15) y que el trabajador tenga, al menos, un período de vacaciones en verano cada 3 años. Una complicación a la hora de combinar con el ritmo escolar en los casos de quienes tienen hijos.
 
Su aprobación es una dura derrota para el movimiento obrero y los trabajadores precarizados, no se crearán más puestos de trabajo, sino que habrá más precarización laboral y superexplotación, generando más riquezas para los empresarios y más penurias para quienes no tienen más que su fuerza de trabajo.
 
La Opinión Popular
 

12-02-2026 / 10:02
El aire pica, arde, lastima la garganta. No se puede respirar. Lágrimas y ojos rojos. Corridas. Un rato antes de las cuatro de la tarde, la calma tensa de la Plaza del Congreso estalló en pedazos. A mansalva, el pelotón de gendarmes dispara sus escopetas desde la avenida Entre Ríos mientras los camiones hidrantes escupen agua para despejar lo que la política no pudo convencer. Llueven las bombas lacrimógenas sobre una plaza que, apenas una hora antes, era un hervidero de trabajadores protestando contra una reforma laboral que se dice moderna pero es esclavista y decimonónica: un viaje sin escalas al siglo XIX.
 
Otra vez el panic show mileísta: un despliegue de detenciones y balas de goma para vaciar la calle mientras adentro, en el palacio legislativo de mármol, se ejecuta el remate de la dignidad de los laburantes. La jornada había comenzado con un blanco nuclear. No era el sol de la justicia, sino el resplandor de una subasta que no admite ofertas en pesos, solo se liquida con el lomo del que labura. Obreros, docentes, judiciales, bancarios, jubilados...
 
A las dos de la tarde, las columnas de los gremios empezaron a ganar la calle, y para las tres, la Plaza ya era un mar de banderas y espanto bajo un sol tremendo. Los gendarmes, alineados con una simetría maníaca, exhiben botas con un brillo obsceno, casi un espejo donde podés peinarte antes de que te partan el alma. Estaban agazapados tras las vallas, custodiando un Congreso enjaulado como pajarera de lujo.
 
En el corralito antes del Palacio, el ingenio popular intentó ganarle al cinismo: un cartel gritaba "Saluden a las horas extras que se van", mientras otro advertía: "Con el banco de horas despedite de tu familia". Hay carteles más directos que se agitan sobre las cabezas: "Quitar derechos laborales viola la Constitución Nacional".
 
Bajo un celeste furioso, los paraguas de los ferroviarios servían para taparse del sol mientras una señora repartía estampitas de la Virgen de Luján "para que nos salve". Luis, operario metalúrgico de Quilmes, buscaba un resto de sombra bajo un ombú: "Si te pueden pagar el sueldo con fideos o fraccionarte las vacaciones, lo único que liberan es la mano del patrón para apretarnos más fuerte". Gabriel Espósito, delegado de ATE en Atucha, miraba las vallas con preocupación: "Estamos peleando para tirar atrás esta reforma que nos regresa cien años en el tiempo. Es un capítulo más de un proyecto que quiere ver a los sectores populares de rodillas".
 
Mientras en la calle se ponía el cuerpo, en los pasillos del Senado se pulía el desguace. El clan Caputo y los Menem cerraron el canje de Ganancias por la Reforma Laboral. La perversión es quirúrgica: se derogan estatutos y se liquida la indemnización plena. Pablo Luna, jubilado de YPF, no lo podía creer: "Se están pasando el 14 bis por las pelotas. ¡Qué futuro les espera a los chicos!".
 
Antes de que el gas lo cubriera todo, un solo grito unificaba las columnas: "¡Paro, paro, paro... paro general!". Era el reclamo de la calle que el Parlamento se negaba a escuchar. Pasadas las cuatro, el escenario mutó en pesadilla. Un grupo de encapuchados protagonizó incidentes contra el vallado, la excusa perfecta para que la represión se volviera cacería. El avance de la Gendarmería y de los cosacos de la Ciudad convirtió la Plaza en un territorio ocupado. El "modelo Milei" consiguió su victoria de papel entre nubes de tóxicos.
 
En el asfalto caliente, donde todavía flota el ácido del gas pimienta, el aire se volvió irrespirable. Adentro del Congreso brinda la casta mileísta; afuera, el pueblo mastica el polvo de una traición. La patria no se vende, se defiende, y esta tarde la defensa se escribió con el cuero aguantando el fuego del amo. Pero no seremos su esclavo: sean eternos los derechos que supimos conseguir.
 
La Opinión Popular
 

11-02-2026 / 11:02
La crisis policial volvió a estallar en Santa Fé, continúa también en la Federal y amenaza con extenderse a otras provincias y otras fuerzas. Se viene alertando sobre la situación desde hace 10 días. La base excluyente es la cuestión salarial -suboficiales que cobran 850.000 pesos-, pero deriva en un feroz endeudamiento y, casi de inmediato, en problemas psiquiátricos.
 
Los mayores dramas terminan en una oleada de suicidios, 2 en los últimos 8 días en Rosario. A esto se agregan los malos tratos y la corrupción. En Santa Fé, la mayoría de los policías son del norte provincial y deben viajar entre 200 y 600 kilómetros para prestar servicio en Rosario.
 
Para eso les ponen micros en estado deplorable y las travesías suelen tardar 8 horas. Los bajos salarios derivaron en que casi no se reclutan hombres y la mayoría de los policías son mujeres, que tienen que recorrer esas distancias para ver a sus hijos. La protesta masiva y explosiva era previsible. Este diario recibió una nueva denuncia judicial sobre las increíbles maniobras de los jefes de una Unidad Operativa de la Federal.
 
Los llaman "la corona" y esos superiores se quedan con dinero de las horas adicionales, informan de efectivos que no existen, "rodean una zona con un policía" (sic), desarman investigaciones para concentrarse en narcomenudeo y hacer estadísticas para conformar al Ministerio de Seguridad y hasta liberan vastas zonas en acuerdo con un jefe narco regional. "Sólo hay plata para los proyectiles antidisturbios", dicen los rebeldes.
 
Durante la semana pasada se produjo el encadenamiento a la reja de la Casa Rosada del cabo Miguel Ángel Montiel, de la Policía Federal. El efectivo reclamaba por la situación salarial y también por la corrupción en la Superintendencia de Transporte, que integran los policías que custodian el ferrocarril. Los jefes de la Federal filtraron que Montiel estuvo con carpeta psiquiátrica y que por eso realizaba la protesta.
 
Página/12 relató la trastienda de la crisis policial, con la cuestión salarial como punto clave -lo que le sucede a todos los estatales-, pero con tramas de ribetes escandalosos: destinos fantasmas, es decir jefes que les dan horas extras a unos y no a otros, efectivos que ni siquiera concurren y comparten lo que cobran con los superiores; brutales acosos a las mujeres y groseras trampas para no realizar investigaciones de narcotráfico.
 
La crisis policial se expandía de manera silenciosa en la Federal y en otras fuerzas. En Santa Fé se vio algo inédito: ya no protestaron las familias y los retirados, sino efectivos en actividad, con los patrulleros, las sirenas, las motos y hasta los micros. El movimiento en Santa Fé desnuda una situación que no se ve a simple vista. Los que protestan son policías de calle y de las comisarías, con sus patrulleros. Es decir, los que están en la seguridad cotidiana de los vecinos.
 
Del otro lado, los que mayoritariamente respondieron al gobierno de Pullaro fueron los cuerpos especiales, Operaciones Especiales, Asalto Táctico, Infantería, que reciben bonos y adicionales de manera masiva. Ellos constituyen la estructura más orientada a la represión de los jubilados o cualquier otra protesta. Eso va en línea con lo que señala una de las denuncias: "para lo único que hay dinero es para los proyectiles antidisturbios".
 

10-02-2026 / 11:02
El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.
 
La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.
 
La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.
 
El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.
 
"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".
 
Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.
 
La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.
 
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