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Nacionales - 26-02-2025 / 10:02
NO PUDO NOMBRARLOS DE FORMA DEMOCRÁTICA Y LO HIZO AUTORITARIAMENTE, PARA LOGRAR IMPUNIDAD POR SU ESTAFA

El monarca absoluto Javier I designó ilegítimamente a Lijo y García Mansilla en la Corte Suprema por decretazo

El monarca absoluto Javier I designó ilegítimamente a Lijo y García Mansilla en la Corte Suprema por decretazo
El presidente Javier "el Loco" Milei, en una jugada audaz pero con final incierto, dio una nueva señal de que está dispuesto a que su desprecio por la legalidad y la republica llegue tan lejos como le permitan. Ahora firmó dos decretos para designar "en comisión" a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema. "El Loco" pretende designar 2 jueces en el máximo tribunal como si fueran sus empleados, algo que la Constitución prohíbe, porque exige que los candidatos propuestos por el Presidente cuenten con acuerdo del Senado e incluso impone una mayoría especial de dos tercios de sus integrantes ya que se trata de cargos más que importantes.
El presidente Javier "el Loco" Milei, en una jugada audaz pero con final incierto, dio una nueva señal de que está dispuesto a que su desprecio por la legalidad y la republica llegue tan lejos como le permitan. Ahora firmó dos decretos para designar "en comisión" a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema. "El Loco" pretende designar 2 jueces en el máximo tribunal como si fueran sus empleados, algo que la Constitución prohíbe, porque exige que los candidatos propuestos por el Presidente cuenten con acuerdo del Senado e incluso impone una mayoría especial de dos tercios de sus integrantes ya que se trata de cargos más que importantes.
 
En un nuevo ataque a la República, Milei intenta salir del laberinto en el que lo metieron sus múltiples estafas, desde el lanzamiento de una criptomoneda trucha hasta la manipulación ficticia del dólar para llegar a las elecciones con una inflación dibujada y billetes verdes baratos. Sale por arriba, con una jugada sin garantía de éxito pero donde puede tener, al igual que en las estafas, una ganancia extraordinaria: si coloca 2 jueces en la Corte se queda automáticamente con el 40% del máximo tribunal a una firma de sacar todos fallos que quiera a su favor. Está apurado por contar con una mayoría automática para lograr impunidad. Pero no es tan fácil como poner un tuit de una meme coin y utilizar información interna para esquilmar a los que incautos caigan en su trampa.
 
Estos nombramientos se dan porque Milei no pudo obtener el respaldo constitucional necesario en el Senado y es presentado por el oficialismo como una medida para "normalizar" el funcionamiento del tribunal. Ambos jueces ocuparán sus cargos ilegítimamente durante un año, el tiempo límite autorizado para un nombramiento en comisión. Mauricio Macri había utilizado la misma herramienta en 2016 para nombrar a Horacio Rosatti y a Carlos Rosenkrantz, lo cual despertó grandes críticas en su momento.
 
La decisión actual de Milei usando poderes "de monarca", se da en el marco de la criptoestafa, cuando Milei y su círculo cercano están siendo denunciados e investigados por lo que fue un fraude histórico que generó un escándalo de dimensiones internacionales. El escenario sobre la eficacia de estas designaciones y su futuro, así como el del funcionamiento de la Corte Suprema durante esta polémica, es de incertidumbre total.
 
La justificación oficial señala que, durante el período hasta la aprobación definitiva, se continuará con el trámite legislativo. Pero, como bien se sabe, el verdadero propósito es garantizar que los jueces estén en el tribunal antes de que el Senado tenga oportunidad de bloquearlos. Por eso no se habla es de las maniobras dilatorias del oficialismo para lograr el consenso necesario en el Senado, donde la resistencia de la oposición fue un obstáculo inquebrantable.
 
Milei está jugando con un doble discurso: por un lado, se presenta como el campeón de la legalidad, afirmando que "no toleran que los intereses políticos se impongan sobre los del pueblo argentino". Pero, en la práctica, lo que tenemos es una maniobra autoritaria que desplaza el papel del Senado y se salta los controles institucionales. Este decreto es una clara demostración de cómo la democracia puede torcerse para cumplir con los deseos del monarca estafador.
 
La Opinión Popular
 

 
DESIGNÓ A MANUEL GARCÍA MANSILLA Y ARIEL LIJO
 
Sin el aval del Senado, Milei apeló al decretazo para nombrar a dos jueces en la Corte
  
Busca encapsular con un nuevo escándalo la crisis que se generó con el Criptogate que lo tiene como principal acusado de una estafa millonaria. Juristas y organismos de DDHH advierten que es una maniobra inconstitucional.
 
Javier Milei está dispuesto a hacer lo que Mauricio Macri no pudo. Nombrar a dos jueces "en comisión" en la Corte Suprema, como el líder del PRO quiso hacer con Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, está dentro de las hazañas que el libertario pretende anotar en su haber. Cuando todavía crepitan las brasas del criptogate que lo tiene como máximo acusado de una estafa millonaria, el Presidente anunció que firmó un decreto para nombrar al académico Manuel García Mansilla y al juez federal Ariel Lijo como los nuevos integrantes del máximo tribunal. En la Casa Rosada no desechan la idea de conseguir en algún momento del año el aval del Senado.
 
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) calificaron la decisión de inconstitucional. Su directora ejecutiva, Paula Litvachky, dijo a Página/12 que no descartan acudir, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, a los tribunales. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez, por su lado, sostuvo que se trata de un acto nulo de nulidad absoluta porque es una designación que no cumple con los requisitos de la Constitución. El excamarista federal y actual presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) Ricardo Gil Lavedra lo calificó como un retroceso institucional que afecta seriamente la independencia judicial.
 
Desde temprano, se había instalado la versión de que Milei iba a firmar un decreto para completar las dos vacantes que hay en la Corte Suprema desde que se jubilaron Elena Highton de Nolasco (2021) y Juan Carlos Maqueda (2024). La confirmación llegó a las 17.16 a través de un comunicado de la Oficina del Presidente.
 
"El Presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo período legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con solo tres miembros", escribieron desde la Casa Rosada -desconociendo que la Corte ya funcionó con tres integrantes cuando Carlos Fayt decidió retirarse en diciembre de 2015.
 
La administración de La Libertad Avanza (LLA) se ampara en el que el artículo 99, inciso 19 de la Constitución establece que el Presidente "puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura". El mismo atajo ya había sido sugerido por Fabián "Pepín" Rodríguez Simón a Macri en los primeros días de su gobierno para evitarse el trámite en el Senado.
 
El otro argumento que invoca el Gobierno es que el Senado se mantuvo en silencio después de que la Casa Rosada cumplimentara todos los pasos para conseguir el aval de la Cámara alta desde que el 20 de marzo postuló a Lijo y García Mansilla, quienes fueron a defender sus pliegos en agosto a la comisión de Acuerdos.
 
Solo Lijo tenía las firmas necesarias para llevar el dictamen al recinto. Si bien estaba prevista una sesión para el viernes pasado -durante el período de extraordinarias-, el oficialismo terminó suspendiéndola porque no reunía los dos tercios. Mientras tanto, afilaba el lápiz para redactar el decreto. "En ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores", dijeron desde el Gobierno como si el Congreso no fuera un poder político.
 
Con grandilocuencia, desde la Oficina del Presidente, advirtieron que "el Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia" e informaron que continuarán con el trámite legislativo para intentar que ambos juristas consigan el aval del Senado.
 
Esa alternativa se encuentra con un escollo. Para ser nombrado juez de la Corte se necesitan dos tercios del Senado. UxP tiene 34 de los 72 senadores, lo que implica que puede bloquear cualquier designación. El 26 de noviembre pasado, los integrantes del interbloque que preside José Mayans hicieron saber que habían asumido un compromiso público de "impulsar el inmediato rechazo del pliego de acuerdo de cualquier persona que acepte ser designado en comisión" porque lo consideraban manifiestamente inconstitucional y "una afrenta irreparable al sistema republicano, democrático y federal".
 
La decisión fue refrendada este martes a través de un comunicado en el que la bancada denunció que "una vez más el presidente Javier Milei vuelve a violar la Constitución y las leyes y a arrogarse facultades que le están vedadas al Poder Ejecutivo". En la interpretación de UxP, la Constitución cuando habla de "empleos" que pueden ser cubiertos durante el receso del Congreso se refiere a los diplomáticos y militares que también requieren el acuerdo del Senado.
 
 
Los perfiles
  
El 28 de agosto pasado, la senadora Anabel Fernández Sagasti (UxP) le preguntó a García Mansilla si él hubiese aceptado una designación en comisión como Rosatti y Rosenkrantz.
 
-Yo no hubiera aceptado una nominación en comisión porque, más allá de que la Constitución lo prevé, evidentemente hay un gran sector de la población que con buenas razones resiste este tipo de decisiones- se atajó el candidato.
 
Sin embargo, Milei lo puso en la misma situación. De 54 años y nacido en Bariloche, García Mansilla es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, históricamente ligada al Opus Dei. Se graduó como abogado en la Universidad del Salvador. Hizo una maestría en Georgetown con una tesis sobre la crisis de separación de poderes en la Argentina. Bien podría usar su designación para la Corte como un caso de estudio. En varias ocasiones, se pronunció en contra del hiperpresidencialismo y afirmó que los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) -a los que su promotor en la Corte es afecto- destruyeron la separación de poderes.
 
Al momento de impugnarlo, el CELS marcó que se oponía al fallo FAL porque entendía que las mujeres aún habiendo sido violadas, si no sufren algún tipo de discapacidad mental, no tienen derecho al aborto. También le cuestionaron su desdén por las audiencias públicas en la Corte, a las que consideró "populismo judicial".
 
Lijo, de 56 años y egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), es un nacido y criado en Comodoro Py. Se forjó una carrera en la Cámara Federal porteña bajo el ala de Luisa "Piru" Riva Aramayo, una de las primeras jefas políticas de los tribunales de Retiro. Concursó y consiguió en 2004 que Néstor Kirchner lo designara al frente del Juzgado Federal 4.
 
Lijo hizo trascender que pretende tomarse licencia de su juzgado. No quiere renunciar y perder su cargo si en un año no consigue el aval del Senado para permanecer en la Corte. El pedido de licencia debe pasar primero por la Cámara Federal porteña -donde decían que aún no habían recibido pedido alguno- y luego por el máximo tribunal. Si los supremos no le habilitaran la licencia extraordinaria, Lijo podría declinar su nombramiento para la Corte.
 
La intención de máxima de Milei es que el próximo sábado 1 de marzo, cuando abra las sesiones ordinarias del Congreso, estén Rosatti, Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, García Mansilla y Lijo sentados cerca de él. Una Corte sin lugar para las mujeres y con mucho espacio para las luchas intestinas. Habrá que ver si dan los tiempos porque Rosatti tendría que tomarles juramento a los recién llegados. "Silencio total", contestó una fuente del cuarto piso del Palacio de Justicia.
 
 
Las reacciones
  
"Entendemos que la designación es inconstitucional. La Constitución no habilita al Presidente a decidir unilateralmente cómo conformar la Corte Suprema", sostiene Paula Litvachky, del CELS. "El Presidente pretende que el Senado haga un análisis objetivo de las nominaciones, cuando el diseño constitucional dice que esto no es así. Es un planteo falaz. El Senado debe prestar un acuerdo político. El gobierno pretende hacer una demostración de fuerza y dejarle una función raquítica al Senado. Una vez más vemos, como con los DNU, que la administración pretende gobernar a través de hechos consumados", añade.
 
Para Gil Domínguez, la Constitución habilitaría a designar en comisión solo ante circunstancias extraordinarias: si la Corte se quedara sin integrantes o con uno o dos miembros -lo que haría imposible dictar fallos, ya que se debe conformar mayoría de tres votos-, si se produjera una vacante durante el receso del Senado y si existieran casos urgentes para ser resueltos. Nada de esto se ve en estas circunstancias.
 
"Los argumentos que se dan son absolutamente inatendibles", opina, por su parte, Gil Lavedra. "No es que el Senado tenga la obligación de prestarle acuerdo al presidente de la República, tiene que llegar a un consenso respecto de los nombres, por eso se exige una mayoría tan calificada. Pero no es que el presidente les dio la oportunidad, y como no le prestaron el acuerdo, puede hacerlo por decreto", destaca.
 
Por Luciana Bertoia
 
Fuente: Página 12
 

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06-01-2026 / 12:01
Efecto motosierra. Denuncian que el Ejecutivo despidió a los especialistas que coordinan el plan a nivel nacional. Unos 7.000 bebés nacen con malformaciones cardíacas cada año. El cruel gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei vació el Programa de Cardiopatías Congénitas y miles de niños luchan por sus vidas. En 2023, el desquiciado Milei había votado en contra de la ley.
 
Un repentino recorte en el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC) encendió las alarmas en el sector de salud en toda la Argentina. Sin aviso previo, el Gobierno de Milei instrumentó un fuerte ajuste sobre el plan, que cada año asiste a unos 7.000 bebés que nacen con malformaciones en el corazón, y despidió al equipo de especialistas que coordina el proyecto en el país. Médicos advierten por la "situación crítica" en el área.
 
En los últimos días, el Gobierno libertario ordenó el desmantelamiento del PNCC a través de una medida imprevista como parte de los recortes en la órbita del Ministerio de Salud. El Programa fue creado en 2008 y ayudó a reducir drásticamente la mortalidad por causas de cardiopatías congénitas, según informó la Federación Argentina de Cardiología (FAC) luego de que se diera a conocer la resolución.
 
En concreto, Milei autorizó la desvinculación de los profesionales especializados que conducen el plan a nivel nacional. En un comunicado publicado por la Asociación Argentina de Salud Pública, médicos y personal de salud denunciaron que "se procedió al despido de integrantes fundamentales para el sostén de las actividades" del área, lo que "desencadenó la dimisión del resto del equipo coordinador".
 
Dada esa situación, el PNCC quedó diezmado y ahora crece la preocupación por el futuro del Programa que ayuda a tratar tanto a niños como a adultos en todo el país. Cabe destacar que, en 2023, cuando todavía era diputado, Milei votó en contra de la Ley de Cardiopatías Congénitas ya que "implicaba más presencia del Estado" y "más gastos", y, principalmente, el proyecto "interfería en la vida de los individuos". Una ridiculez.
 
Organizaciones científicas, asociaciones médicas y organizaciones de familias se encuentran promoviendo acciones de divulgación y plan de lucha para revertir esta inhumana decisión del miserable Gobierno de Milei que una vez más afecta a los más débiles.
 
La Opinión Popular
 

05-01-2026 / 11:01
El Congreso de Estados Unidos planteó reparos al swap de 20 mil millones de dólares que la administración de Donald Trump le otorgó al gobierno argentino. Los congresistas estadounidenses advirtieron que la gestión de Javier Milei aún no puede garantizar la sostenibilidad de sus reformas, el pago de la deuda a tiempo ni la relevancia como socio comercial.
 
Estos planteos fueron plasmados por el Servicio de Investigación del Congreso (CRS) estadounidense en un informe. El mismo se centró en la asistencia financiera del gobierno de Estados Unidos a Argentina, y expone que el principal obstáculo para la política económica argentina es la limitada disponibilidad de divisas.
 
En este sentido, el documento destacó que el swap se implementó en un contexto de presión sobre el valor del peso y creciente oposición en el Congreso argentino. Además, advirtió que dicho instrumento financiero es la principal fuente de divisas de Argentina, ya que el país "no cuenta con un superávit comercial sólido".
 
Dicho esto, el análisis alertó que "con el peso cerca del techo de la banda y pagos de deuda en aumento para los próximos tres años, el Gobierno podría enfrentar nuevos obstáculos para profundizar las reformas".
 
Asimismo, proyectó que "si el Gobierno queda sin fondos suficientes para los pagos de deuda y para sostener la política cambiaria, podría enfrentar decisiones difíciles, como un décimo default o permitir una mayor flexibilidad en el valor del peso".
 
En ese escenario, señaló que "el gobierno podría buscar apoyo adicional de Estados Unidos, el FMI (Fondo Monetario Internacional) u otros organismos", al remarcar que "las perspectivas de obtener ese apoyo no son claras, dadas las dudas sobre la disposición del FMI para ampliar la asistencia, considerando su alta exposición a Argentina en comparación con otros países miembros".
 
Al mismo tiempo, el informe sostuvo que "también existen dudas sobre la importancia de Argentina como socio comercial para Estados Unidos, ya que sus crisis previas no han tenido efectos de contagio significativos para la economía estadounidense ni global".
 
El CRS repasó la "larga historia de turbulencia económica" argentina y lo calificó como un país con una alta dependencia del FMI e historial de defaults. Asimismo, si bien destacó las reformas implementadas por la gestión de Milei, señaló que se vienen dando resultados ambiguos.
 
El escrito también exhibe las críticas de algunos congresistas estadounidenses sobre el swap. Los mismos señalan que desfavorece a los exportadores estadounidenses que compiten con Argentina, que utiliza dinero de los contribuyentes para financiar a un país con un historial de incumplimiento de pagos, y que podría ejercer una influencia indebida en las elecciones democráticas extranjeras o beneficiar a inversores privados.
 
El CRS concluye que el futuro de la estabilidad económica y el pago de la deuda argentina sigue envuelto en un manto de "duda", y aún está por verse hasta qué punto el Congreso estadounidense apoyará las medidas de asistencia económica de Trump.
 
La Opinión Popular
 

04-01-2026 / 17:01
La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.
 
Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.
 
Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".
 
El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.
 
Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.
 
Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.
 
Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.
 
El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.
 
"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.
 
No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.
 

02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

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