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Nacionales - 21-02-2025 / 10:02
NO OBSTANTE, MILEI BUSCA ABOGADOS EN SECRETO PARA ENFRENTAR LAS GRAVES DENUNCIAS POR ESTAFA

Presidente estafador: La UCR encubrió a Milei para que no lo investiguen en el Senado

Presidente estafador: La UCR encubrió a Milei para que no lo investiguen en el Senado
Mientras crecen las denuncias y demandas millonarias por las consecuencias de la estafa cripto que promocionó el presidente Javier Milei, seis legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) impidieron que la Cámara de Senadores abra una investigación para dilucidar qué rol tuvo el mandatario. Con apenas diez minutos de diferencia, seis senadores pasaron de habilitar la creación de la comisión investigadora a votar en contra de su armado. La iniciativa había surgido del propio seno de la UCR. ¿Propone la investigación para hacer un negocio, le ponen la plata y votan en contra?
La radicheta está de oferta: con una traición de la UCR, Javier "Estafador" Milei zafó de que lo investigue el Congreso por la criptoestafa. Un nuevo escándalo se suma al marco de la cripto estafa, por el pedido de la oposición para la creación de una comisión investigadora que evaluara el rol de Milei en el fraude multimillonario que afectó a miles de personas por medio de la "shitcoin" $LIBRA, que contó con el aval presidencial como "gancho" para atrapar a las víctimas.
 
No obstante, en la Casa Rosada hay alerta máxima por las consecuencias judiciales de la criptoestafa. Se pudo saber que iniciaron una ronda secreta de consultas con prestigiosos estudios de abogados para definir cómo defender la difícil situación de Milei. En otro paso en falso, el Presidente instruyó a la "independiente" Oficina Anticorrupción, que depende de él, para que investigue el caso, algo que está expresamente prohibido.
 
Con una actitud vergonzosa, los mismos legisladores anti corrupción que piden "Ficha Limpia" se negaron rotundamente a que el vergonzoso caso de estafa a cielo abierto sea ya no juzgado, sino directamente investigado. Poderoso caballero es Don Dinero. Con el respaldo del PRO, gobernadores de distintas provincias y ciertos sectores del radicalismo, Milei vio cómo se concretaba una estrategia que le permitió frenar un proceso que podría haber resultado en serias consecuencias políticas. No obstante, el hecho de no querer afrontar la investigación es una muestra más de que el libertario tiene el culo bien sucio.
 
La votación en el Senado se llevó a cabo de manera rápida, sobre tablas, y requería 48 votos a favor de la creación de la comisión. Sin embargo, los aliados del "Estafador" lograron frenar la iniciativa con 23 votos en contra, resultando en 47 positivos. Esta situación dejó a la oposición a un solo voto de obtener el respaldo necesario para avanzar con la investigación. Seis de los siete senadores del PRO se alinearon en contra de la creación de la comisión, liderados por el presidente de su bloque, Alfredo De Angeli, uno de los tantos amarillos que se molestan por la corrupción solo cuando les conviene.
 
El oficialismo mostró una cohesión notable en esta ocasión, con todos sus senadores rechazando cualquier intento de investigar a Milei. Esto pone de relieve una clara estrategia de defensa que parece estar cimentando el apoyo a su gestión, a pesar de las serias acusaciones en su contra. Los que tanto gritaban contra la "casta", al final terminaron con las mismas actitudes que criticaban.

Entre los aliados, destacaron nombres como Carlos "Camau" Espínola (otro traidor confeso y repudiado). Lo peor de todo fue el panquequeo instantáneo que demostraron algunos radicales, algo que no se puede explicar sin un buen sobre con dólares de por medio. En la primera instancia de votación, cuando la cámara Alta debió votar la habilitación del tratamiento sobre tablas, hubo seis legisladores que votaron a favor de dar curso al proyecto presentado por Blanco. Pero en la segunda votación, cuando debía aprobarse la creación de la comisión investigadora se dieron vuelta y decidieron rechazarla.

Los nombres de estos presuntos ensobrados son Eduardo Vischi (Corrientes), Víctor Zimmerman (Chaco), Eduardo Galaretto (Santa Fe), Stella Maris Olalla (Entre Ríos), Mariana Juri (Mendoza) y Mercedes Valenzuela (Corrientes). Los más alevosos fueron Vischi y Zimmermann: el primero, había firmado para que salga el dictamen que habilite tratar la comisión investigadora; el otro, dijo que él era "de los que creen que una investigación viene bien", pero luego panquequeó y sostuvo que crear la comisión era "politizar". ¿Propone la investigación para hacer un negocio, le ponen la plata y votan en contra? 

La Opinión Popular
 

 
TRES DAMNIFICADOS YA SON QUERELLANTES
 
Alerta rojo en Casa Rosada: Milei busca abogados en secreto para enfrentar las denuncias por estafa
 
El Gobierno ya se prepara para la tormenta que se viene en Comdodoro Py. Servini delegó la investigación en el fiscal Taiano. Hay tres estafados que ya son querellantes.
 
En el entorno de Javier Milei, aunque disimulen, hay máximo nerviosismo por definir una estrategia para pilotear el "criptogate" en el frente judicial y mediático. Mientras el Presidente viajaba a Estados Unidos y se preparaba para su puesta en escena con Elon Musk y la reunión con Kristalina Georgieva en el FMI, quedó en manos en unas pocas personas la misión de pedir opiniones a abogados acerca de cuál sería la manera más efectiva para él de encarar el expediente por la estafa con la criptomoneda $LIBRA que está a cargo del juzgado de María Servini, quien decidió delegar la investigación en el fiscal Eduardo Taiano.
 
Por supuesto que no falta preocupación por lo que pueda pasar en el país del norte, donde las demandas civiles y penales pueden llevar su onda expansiva más allá de los empresarios implicados.
 
En Comodoro Py, por lo pronto, Taiano debe decidir si impulsa o no la acción penal en función de una decena denuncias que se fueron sumando desde el viernes pasado, cuando estalló el escándalo. Es decir, tiene que dictaminar si le parece que hay elementos para avanzar con una causa penal o no. Es posible que pida una serie de medidas de prueba como primer paso.
 
Para última hora de este jueves, además, ya había tres reclamos de personas reclaman ser querelleantes porque compraron la "memecoin" y se quedaron casi si nada. Son pérdidas que, en estos casos, van de los 100 a los 8000 dólares, de gente de a pie que dice que se entusiasmó al ver el tuit de Milei, que quedó fijado, que promovía $LIBRA, un criptoactivo privado, como supuesto proyecto para financiar pequeñas y medianas empresas y confió por tratarse del presidente. Apenas salió el posteo, a las 19.01, un puñado de billeteras virtuales compraron a muy bajo valor, empujaron un crecimiento exponencial y ahí se retiraron, se desplomó la cotización, y se llevaron los ahorros de las mayoría de los inversores.
 
Lo que sucede con esta trama es que se conoce desde hace ya una semana y todavía no hubo ni una acción judicial más que la ratificación de los denunciantes. Taiano estaba de viaje y le pidió al fiscal que lo subrogaba que esperara su vuelta. "Estamos preocupados por esto porque ya se podría haber empezado a recopilar pruebas. Se pone en riesgo la investigación", dijo el economista Claudio Lozano, uno de los denunciantes.
 
En este lapso fue saliendo a la luz cada vez más información y esto dio lugar a ampliaciones. Incluso la polémica entrevista del Milei con Jonatan Viale sumó más material ponderado por algunos de los denunciantes.
 
Hasta que la fiscalía no tome medidas ni dictamine, no se sabe ni quiénes son los imputados ni cuáles serían las sospechas, por mucho que hayan detallado las denuncias, lo que evidentemente dio algo de aire a los implicados para planear pasos a seguir, y vaya a saber si para borrar alguna evidencia. ¿Secuestrará celulares y otros dispositivos? ¿Analizará movimientos bancarios? ¿Allanará dependencias oficiales? ¿Dirá algo la Comisión Nacional de Valores de la falta de registros de este criptoactivo publicitado por el presidente?
 
 
Abogado se busca
 
El tramo que se filtró de la entrevista de Milei con Viale, y que no salió en la versión editada, tenía que ver con la cuestión de la estrategia judicial. El asesor Santiago Caputo se metió para cortar el diálogo cuando el Presidente dijo que sería imprudente de su parte adelanter lo que va a hacer con las causas donde fue denunciado ya que los "temas jurídicos" no son lo suyo y "el que mejor entiende es nuestro ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona".
 
Un problema de esta afirmación es que se salía de la justificación que venía utilizando el Gobierno, y el propio Presidente: que tuiteó desde su cuenta personal de "X" y que todo era a título personal y nada tiene que ver con su investidura.
 
En ese caso ¿Qué tendría que hacer el ministro de Justicia? La otra cuestión es que no sería lícito que intervenga Cúneo Libarona, más aún si se tiene en cuenta el antecedente de la Cámara Fedral que procesó a la exprocuradora del Tesoro, Angelina Abbona, por "peculado de servicios" por una presentación que había hecho en la causa del Memorádum que inició el fallecido fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner.
 
En los últimos días rodó la versión de que Cúneo Libarona evaluaba dejar su cargo para asumir la defensa de Milei, aunque en el gobierno lo niegan. Igual es sabido que su estudio está en manos de sus hermanos y otros socios y que a veces trabajan en tandem con otros bufetes de abogados.
 
Hubo quienes pensaron que tal vez el Presidente recurriría a los servicios del mediático Francisco Onetto, el excandidato a vicegobernador bonaerense libertario que lo representa en algunos casos, conocido defensor de abusadores, pero dicen quienes están en la búsqueda de abogado y opiniones que "no sería el perfil". ¿Es bueno para su posible defensa decir que no estaba interiorizado (como hizo en un tuit después de borrar el original)? ¿O que difundió el token $LIBRA a título personal? ¿O que en realidad el fue el engañado? ¿Le conviene seguir hablando después del papelón y escándalo con Viale?
 
 
El papel de la Oficina Anticorrupción
  
El Gobierno, con todo, no parece tener grandes preocupaciones por la legalidad. Publicó en el Boletín Oficial un decreto con la firma de Milei y Patricia Bullrich, el 114/2025 donde dispone: "Instrúyese a la Oficina Anticorrupción (OA), organismo desconcentrado del Ministerio de Justicia, para que inicie las investigaciones necesarias a efectos de determinar posibles irregularidades o hechos de corrupción efectuando, en su caso, las pertinentes denuncias ante el Poder Judicial, relacionadas con el criptoactivo denominado "$LIBRA".
 
Lo que muestran como un gesto de transparencia (amén de que es como investigarse a uno mismo) está prohibido por otro decreto vigente, el 25/2023, que dice expresamente que ni el Presidente ni ningún funcionario puede dar instrucciones a la OA. Decía: "El Titular de la OA tendrá rango y jerarquía de Secretario y dependerá funcionalmente del Ministerio de Justicia. Gozará de independencia técnica y cumplirá las funciones que le competen sin recibir instrucciones del Ministro de Justicia ni de ninguna otra autoridad superior del Poder Ejecutivo Nacional".
 
 
El colorado Davis
  
Aunque no exista aún imputación hay dos personajes claves de esta trama, parte del elenco de denunciados, que ya pusieron letrados a trabajar en algún plan de acción. Uno de ellos es Mauricio Novelli, el trader financiero fundador del Tech Forum donde se gestaron los vínculos que derivaron en la creación de $LIBRA en octubre del año pasado.
 
Su abogado es Daniel Rubinovich, exdefensor de Lázaro Báez y sus hijos. Novelli es viejo conocido de Milei, que daba cursos y publicitaba a su empresa N&W Traders, igual que Agustín Laje, quien ahora encabeza la Fundación Faro, el think tank de la batalla cultural que se usaría para canalizar dinero de la política. En el último año Novelli fue un asiduo visitante de la Casa Rosada y Olivos, la mayoría de las veces para ver a Karina Milei, secretaria presidencial y hermana del presidente. Todo indica que fue el nexo con los empresarios que idearon y lanzaron $LIBRA, Julian Peh, de KIP Protocol y Hayden Mark Davis, de Kelsier Venture.
 
A Davis lo asiste la abogada Yanina Nicoletti, quien entre miércoles y jueves realizó unos sugestivos posteos en la red "X": en uno explicaba el delito de negociaciones incompatibles con la función pública (uno de los que se les podría atribuir a Milei y otros funcionarios) y el otro sugería que a ningún extranjero --como sería el caso de Davis-- le conviene que lo juzguen en Argentina. Davis grabó un video y dio entrevistas para referirse al "criptogate" y por su pelo lo apodan "colorado".
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página 12
 

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18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

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