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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 07-02-2025 / 09:02
LA MEDIDA AFECTA 170.000 EMPLEOS DIRECTOS Y 400.000 INDIRECTOS Y DEJA FRENADAS MÁS DE 100.000 OBRAS EMPEZADAS EN EL GOBIERNO ANTERIOR

La destrucción del “Loco” Milei: Termina con todos los programas de vivienda y la política de Estado para urbanizar los barrios populares

La destrucción del “Loco” Milei: Termina con todos los programas de vivienda y la política de Estado para urbanizar los barrios populares
Nada parece escapar a la amenaza de destrucción del gobierno de Javier “el Loco de la Motosierra” Milei y sus cómplices. Ahora, Luis “Toto” Caputo confirmó que eliminarán la Secretaría de Hábitat y Vivienda, que incluye el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), y que no solo dejará sin empleo a 500 personas a partir del 1 de marzo sino que también echa por tierra programas de vivienda como el Procear, Casa Propia y Fonavi.
Nada parece escapar a la amenaza de destrucción del gobierno de Javier "el Loco de la Motosierra" Milei y sus cómplices. Ahora, Luis "Toto" Caputo confirmó que eliminarán la Secretaría de Hábitat y Vivienda, que incluye el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), y que no solo dejará sin empleo a 500 personas a partir del 1 de marzo sino que también echa por tierra programas de vivienda como el Procear, Casa Propia y Fonavi.
 
De esta manera se profundiza el desmoronamiento atroz de un área que en el primer año del gobierno de La Libertad Avanza dejó 103.367 obras frenadas y más de 1800 convenios paralizados. Según los gremios, esto repercute en 170.000 empleos directos en la construcción -en un año en el que el sector sufrió una fuerte caída- y 400.000 indirectos. Además, denunciaron que hay 15.000 casas terminadas que no fueron entregadas y que hay otras tantas por terminar que se están deteriorando porque los materiales quedaron a la intemperie.
 
La desidia es tal que hay municipios o provincias que pidieron continuar con las obras, pero Nación aún no habilitó el traspaso. Incluso, hay quienes evalúan iniciar acciones legales para que les devuelvan los terrenos que cedieron para la construcción. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital trabaja en un amparo colectivo junto a varios intendentes para frenar el cierre.
 
La semana pasada, Rodrigo Aybar, titular de la secretaría, les comunicó a los trabajadores el cierre a partir del 28 de febrero, lo que fue confirmado el miércoles por el ministro Caputo. En LN+, el periodista Luis Majul lo entrevistó y, como jugando al ping pong de preguntas y respuestas, le nombró los organismos que el Gobierno planeaba cerrar, Caputo asintió con la cabeza y agregó un escueto "si" en cada uno de ellos.
 
De esa manera, ratificó que eliminará la Secretaría de Hábitat y Vivienda, la Subsecretaría de Desarrollo Territorial y el FISU. Además, la Subsecretaría Integración Socio Urbana, cuya función principal es el manejo del FISU -que ya no existirá-, pasará a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas. Así, en 30 segundos, el ministro confirmó que 500 personas quedarán en la calle, entre arquitectos/as, contadores/as, agrimensores/as, ingenieros/as, ambientalistas, trabajadores/as sociales y cuadros técnicos altamente capacitados.
 
De esta forma, el inhumano gobierno libertario pretende dar la estocada final a un desfinanciamiento que comenzó el mismo diciembre de 2023 con la paralización de las obras. La crueldad de la motosierra siguió el año pasado con distintas medidas, como cuando en noviembre eliminaron el fondo fiduciario del Procrear que se había creado en 2012, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, con el que más de medio millón de familias accedieron a la casa propia.

"Hace un año que nos tienen mirándonos las caras, haciendo excels con informes para destruirnos", le dijo la secretaria general de ATE Capital en la Secretaría de Hábitat y Vivienda, Alejandra Basso. Y agregó: "Esto es muy grave, nunca le pagaron a nadie, ni a las constructoras, ni a las cooperativas, ni a las Pymes, a nadie. Entonces, eso va a generar juicios al Estado". Estamos ante un gobierno al que nada parece saciar en sus ansias por destruirlo todo, mientras arrastra al país a la miseria con tarifazos, salarios de hambre y empresas que cierran.

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Para los privados, todo
  
En el decreto en el que dieron de baja el fondo del Procrear, el argumento del Gobierno fue que "la financiación para la construcción de viviendas es una función propia y fundamental de los bancos comerciales, tanto privados como públicos, y, por lo tanto, no se justifica la intervención estatal en esta área".
 
Actualmente hay 103.367 obras frenadas en todo el país, la mayoría en la zona pampeana (que concentra el 36 por ciento de trabajos no completados), seguida por las provincias del Noroeste (24 por ciento) y el Noreste (con el 17). "Le deben un año de trabajo a 10.000 cooperativistas, nunca les pagaron en todo el 2024. Tenemos 1863 convenios con las municipalidades, con las cooperativas, con las constructoras, con las gobernaciones y todo eso va a terminar en un proceso judicial", agregó Basso.
 
Incluso hay gobiernos locales o provinciales que pidieron continuar con la obras, pero Nación no habilitó el traspaso como es el caso de Entre Ríos, La Pampa o la provincia de Buenos Aires.
 
En un año, el Gobierno eliminó el Fondo Fiduciario del Procrear y el Fondo para la Vivienda Social, que afectaron programas claves como Fonavi, Lotes con Servicio, Casa Propia, Reconstruir y Casa Activa, un programa en conjunto con PAMI y ANSES que otorgaba casas en comodato a jubilados en complejos habitacionales, con equipamientos comunes para hacer actividades educativas, deportivas y de recreación.
 
Incluso, Milei interrumpió proyectos sustentados con fondos internacionales (Promeba y Prosofa, entre otros), que tenían una evaluación positiva de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF) o el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), entre otros.
 
En su mayoría, estaban direccionados a las poblaciones más vulnerables como las que viven en las villas o a las comunidades originarias, zonas en las que se trabaja el acceso a agua, cloacas y electricidad.
 
Pero los efectos van más allá del drama personal y familiar por los inminentes despidos, la falta de respuesta a los problemas habitacionales de millones de personas y los futuros juicios al Estado por parte de los contratistas, también tiene impacto en las economías locales en las que se desarrollaban las obras. Según cálculos de ATE Capital, hay 21.335 industrias afectadas por la paralización y 170.000 empleos directos y 400.000 indirectos.
 
Todo en un año en el que la construcción cayó estrepitosamente. Según un informe de CEPA, desde que asumió Milei hasta agosto, este era uno de los sectores más afectados con una pérdida de 66.000 puestos.
 
Además, según el índice Construya, la venta de insumos cerró el año pasado con una caída acumulada del 27,2 por ciento, fruto de la suspensión de la obra pública y del encarecimiento de los materiales. "Las constructoras, ¿Dónde van a ir a construir?, ¿Van a ir a la Villa 31, a la Fiorito que no es rentable? No, van a construir en Pilar, en Capilla del Señor, en barrios donde invierten 100 y ganan 200", agregó Basso.
 
"Nosotros llegábamos a cualquier paraje y movilizábamos los circuitos económicos de los pueblos, de los parajes y de las ciudades, porque cuando vos ponés una obra de 600 viviendas en un barrio, el albañil al que por ahí se le rompió un codo de un caño, va a la ferretería y lo compra. Además, se compra ahí la comida, hay un círculo ascendente y todo el mundo empieza a crecer: los kiosquitos, los almacenes, la ferretería. Esto es lo que rompió Milei: se muere la construcción, muere la economía", explicó la gremialista.
 
En este contexto, las y los trabajadores se manifestaron ayer frente a la sede de la Secretaría de Hábitat y Vivienda en el centro porteño e hicieron un abrazo simbólico. Además, anticiparon que buscan soluciones políticas y judiciales. Por un lado, impulsarán una propuesta para frenar el desmantelamiento en el Congreso y, por otro, trabajan en un amparo colectivo junto a intendentes afectados para impedir el cierre definitivo. Acciones ante un gobierno al que nada parece saciar en sus ansias por destruirlo todo.
 
Por Celeste del Bianco
 

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17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
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