04:08 | Jueves 19 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 07-02-2025 / 09:02

LA MEDIDA AFECTA 170.000 EMPLEOS DIRECTOS Y 400.000 INDIRECTOS Y DEJA FRENADAS MÁS DE 100.000 OBRAS EMPEZADAS EN EL GOBIERNO ANTERIOR

La destrucción del “Loco” Milei: Termina con todos los programas de vivienda y la política de Estado para urbanizar los barrios populares

Nada parece escapar a la amenaza de destrucción del gobierno de Javier “el Loco de la Motosierra” Milei y sus cómplices. Ahora, Luis “Toto” Caputo confirmó que eliminarán la Secretaría de Hábitat y Vivienda, que incluye el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), y que no solo dejará sin empleo a 500 personas a partir del 1 de marzo sino que también echa por tierra programas de vivienda como el Procear, Casa Propia y Fonavi.

Nada parece escapar a la amenaza de destrucción del gobierno de Javier "el Loco de la Motosierra" Milei y sus cómplices. Ahora, Luis "Toto" Caputo confirmó que eliminarán la Secretaría de Hábitat y Vivienda, que incluye el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), y que no solo dejará sin empleo a 500 personas a partir del 1 de marzo sino que también echa por tierra programas de vivienda como el Procear, Casa Propia y Fonavi.

De esta manera se profundiza el desmoronamiento atroz de un área que en el primer año del gobierno de La Libertad Avanza dejó 103.367 obras frenadas y más de 1800 convenios paralizados. Según los gremios, esto repercute en 170.000 empleos directos en la construcción -en un año en el que el sector sufrió una fuerte caída- y 400.000 indirectos. Además, denunciaron que hay 15.000 casas terminadas que no fueron entregadas y que hay otras tantas por terminar que se están deteriorando porque los materiales quedaron a la intemperie.

La desidia es tal que hay municipios o provincias que pidieron continuar con las obras, pero Nación aún no habilitó el traspaso. Incluso, hay quienes evalúan iniciar acciones legales para que les devuelvan los terrenos que cedieron para la construcción. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital trabaja en un amparo colectivo junto a varios intendentes para frenar el cierre.

La semana pasada, Rodrigo Aybar, titular de la secretaría, les comunicó a los trabajadores el cierre a partir del 28 de febrero, lo que fue confirmado el miércoles por el ministro Caputo. En LN+, el periodista Luis Majul lo entrevistó y, como jugando al ping pong de preguntas y respuestas, le nombró los organismos que el Gobierno planeaba cerrar, Caputo asintió con la cabeza y agregó un escueto "si" en cada uno de ellos.

De esa manera, ratificó que eliminará la Secretaría de Hábitat y Vivienda, la Subsecretaría de Desarrollo Territorial y el FISU. Además, la Subsecretaría Integración Socio Urbana, cuya función principal es el manejo del FISU -que ya no existirá-, pasará a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas. Así, en 30 segundos, el ministro confirmó que 500 personas quedarán en la calle, entre arquitectos/as, contadores/as, agrimensores/as, ingenieros/as, ambientalistas, trabajadores/as sociales y cuadros técnicos altamente capacitados.

De esta forma, el inhumano gobierno libertario pretende dar la estocada final a un desfinanciamiento que comenzó el mismo diciembre de 2023 con la paralización de las obras. La crueldad de la motosierra siguió el año pasado con distintas medidas, como cuando en noviembre eliminaron el fondo fiduciario del Procrear que se había creado en 2012, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, con el que más de medio millón de familias accedieron a la casa propia.

"Hace un año que nos tienen mirándonos las caras, haciendo excels con informes para destruirnos", le dijo la secretaria general de ATE Capital en la Secretaría de Hábitat y Vivienda, Alejandra Basso. Y agregó: "Esto es muy grave, nunca le pagaron a nadie, ni a las constructoras, ni a las cooperativas, ni a las Pymes, a nadie. Entonces, eso va a generar juicios al Estado". Estamos ante un gobierno al que nada parece saciar en sus ansias por destruirlo todo, mientras arrastra al país a la miseria con tarifazos, salarios de hambre y empresas que cierran.

La Opinión Popular

Para los privados, todo

En el decreto en el que dieron de baja el fondo del Procrear, el argumento del Gobierno fue que "la financiación para la construcción de viviendas es una función propia y fundamental de los bancos comerciales, tanto privados como públicos, y, por lo tanto, no se justifica la intervención estatal en esta área".

Actualmente hay 103.367 obras frenadas en todo el país, la mayoría en la zona pampeana (que concentra el 36 por ciento de trabajos no completados), seguida por las provincias del Noroeste (24 por ciento) y el Noreste (con el 17). "Le deben un año de trabajo a 10.000 cooperativistas, nunca les pagaron en todo el 2024. Tenemos 1863 convenios con las municipalidades, con las cooperativas, con las constructoras, con las gobernaciones y todo eso va a terminar en un proceso judicial", agregó Basso.

Incluso hay gobiernos locales o provinciales que pidieron continuar con la obras, pero Nación no habilitó el traspaso como es el caso de Entre Ríos, La Pampa o la provincia de Buenos Aires.

En un año, el Gobierno eliminó el Fondo Fiduciario del Procrear y el Fondo para la Vivienda Social, que afectaron programas claves como Fonavi, Lotes con Servicio, Casa Propia, Reconstruir y Casa Activa, un programa en conjunto con PAMI y ANSES que otorgaba casas en comodato a jubilados en complejos habitacionales, con equipamientos comunes para hacer actividades educativas, deportivas y de recreación.

Incluso, Milei interrumpió proyectos sustentados con fondos internacionales (Promeba y Prosofa, entre otros), que tenían una evaluación positiva de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF) o el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), entre otros.

En su mayoría, estaban direccionados a las poblaciones más vulnerables como las que viven en las villas o a las comunidades originarias, zonas en las que se trabaja el acceso a agua, cloacas y electricidad.

Pero los efectos van más allá del drama personal y familiar por los inminentes despidos, la falta de respuesta a los problemas habitacionales de millones de personas y los futuros juicios al Estado por parte de los contratistas, también tiene impacto en las economías locales en las que se desarrollaban las obras. Según cálculos de ATE Capital, hay 21.335 industrias afectadas por la paralización y 170.000 empleos directos y 400.000 indirectos.

Todo en un año en el que la construcción cayó estrepitosamente. Según un informe de CEPA, desde que asumió Milei hasta agosto, este era uno de los sectores más afectados con una pérdida de 66.000 puestos.

Además, según el índice Construya, la venta de insumos cerró el año pasado con una caída acumulada del 27,2 por ciento, fruto de la suspensión de la obra pública y del encarecimiento de los materiales. "Las constructoras, ¿Dónde van a ir a construir?, ¿Van a ir a la Villa 31, a la Fiorito que no es rentable? No, van a construir en Pilar, en Capilla del Señor, en barrios donde invierten 100 y ganan 200", agregó Basso.

"Nosotros llegábamos a cualquier paraje y movilizábamos los circuitos económicos de los pueblos, de los parajes y de las ciudades, porque cuando vos ponés una obra de 600 viviendas en un barrio, el albañil al que por ahí se le rompió un codo de un caño, va a la ferretería y lo compra. Además, se compra ahí la comida, hay un círculo ascendente y todo el mundo empieza a crecer: los kiosquitos, los almacenes, la ferretería. Esto es lo que rompió Milei: se muere la construcción, muere la economía", explicó la gremialista.

En este contexto, las y los trabajadores se manifestaron ayer frente a la sede de la Secretaría de Hábitat y Vivienda en el centro porteño e hicieron un abrazo simbólico. Además, anticiparon que buscan soluciones políticas y judiciales. Por un lado, impulsarán una propuesta para frenar el desmantelamiento en el Congreso y, por otro, trabajan en un amparo colectivo junto a intendentes afectados para impedir el cierre definitivo. Acciones ante un gobierno al que nada parece saciar en sus ansias por destruirlo todo.

Por Celeste del Bianco

18-02-2026 / 10:02

Industricidio de Milei: FATE cierra su histórica fábrica y despide a 920 trabajadores

Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.

Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.

En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.

"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.

La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.

Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.

En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".

"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.

La Opinión Popular

17-02-2026 / 10:02

Manipulador: Caputo te dice cuándo reír o llorar y se quejó porque los empresarios no aplauden sus medidas

El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.

El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.

El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.

Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.

Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.

Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.

Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.

Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.

La Opinión Popular

17-02-2026 / 08:02

Para la casta si hay plata: Cancillería le pagará $114 millones a la esposa de Sturzenegger por dar cursos de inglés

El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.

La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.

El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.

Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.

El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.

La Opinión Popular

16-02-2026 / 09:02

¿Anti casta?: Milei se metió sus denuncias retóricas contra “las ratas de los senadores” en el culo

Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.

Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.

Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.

Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.

Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.

Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.

Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.

Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.

Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.

Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.

15-02-2026 / 09:02

El cipayo Milei pretende que Argentina sea una colonia de los yanquis

Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial.

El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.

Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.

Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.

¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.

El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.

La Opinión Popular