11:55 | Miercoles 04 de Marzo de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Entre Ríos - 01-02-2025 / 12:02

COMUNICADO DE LA AGRUPACIÓN

UCR Activa repudia el cobro de adicionales en impuestos, por parte de Frigerio, sin la debida sanción de la ley previa

El espacio interno UCR Activa, emitió un comunicado en el que expresó su "en enérgico repudio del cobro de impuestos durante 2024, sin la debida sanción de la ley previa, como manda la Constitución", indicaron.

El espacio interno UCR Activa, emitió un comunicado en el que expresó su "en enérgico repudio del cobro de impuestos durante 2024, sin la debida sanción de la ley previa, como manda la Constitución", indicaron.

El cobro de los adicionales de los impuestos automotor e inmobiliario, se venía cobrando desde el año 2013 y desde ese momento, hasta diciembre de 2023, fue siendo sucesivamente prorrogado a través de la sanción de las leyes respectivas, votadas en ambas cámaras de la legislatura entrerriana.

Sin embargo, UCR Activa denunció que, en 2024, esos adicionales de los impuestos automotor e inmobiliario, se cobraron sin tener el respaldo de las leyes correspondientes.

Por tal motivo, este viernes, UCR Activa, emitió un comunicado en el que explica que "el gobernador Frigerio pretende, que en este año 2025, se ratifique el adicional impositivo cobrado sin ley previa durante el ejercicio 2024, sino que además se prorrogue hasta el 2025", remarcaron.

El comunicado completo de la agrupación UCR Activa:

"Desde este espacio político interno de la UCR, condenamos enfática y enérgicamente este verdadero desaguisado jurídico y tributario, pergeñado con inusual desprecio a las leyes, por el actual gobierno de Entre Ríos, encabezado por el licenciado en economía, Rogelio Frigerio, que pretende ratificar retroactivamente, el cobro de los adicionales de los impuestos automotor e inmobiliario, sin la obligatoria sanción de la ley previa de la legislatura que le da sostén y que es la única forma republicana y constitucional de sancionar la vigencia y el cobro de tributos en el mundo civilizado.

Sucedió que este adicional se venía cobrando desde el año 2013 y desde ese momento hasta diciembre de 2023, fue siendo sucesivamente prorrogado a través de la sanción de las leyes respectivas, votadas en ambas cámaras de la legislatura entrerriana.

Durante el 2024 a nadie del equipo de gobierno, ni siquiera a alguno de los cerebros importados de CABA, se les ocurrió ni percataron que se debía prorrogar por ley esos adicionales impositivos si se pretendía el cobro de modo regular (i.e., legal) de las gabelas correspondientes, ajustado ello a la letra de la Constitución y al inveterado principio "Nullum tributum sine lege praevia" (no hay tributo sin ley previa), una cuestión de técnica tributaria muy básica y elemental que ningún abogado, economista o contador público puede desconocer y menos aún violentar.

Así las cosas, por olvido, impericia o indolencia de los funcionarios, sobre todo de los que ocupan cargos en la ATER, se cobraron estos adicionales a los contribuyentes entrerrianos SIN LEY PREVIA que les diera sostén de legalidad, por lo cual y siendo concretos, ese pago durante el ejercicio 2024 fue ilegítimo, ilegal y por ende inconstitucional. Constituyó, por decirlo de alguna manera y como lo ha sostenido nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, un grosero e inexcusable acto de confiscación del patrimonio de los contribuyentes, sino también, derechamente, una exacción ilegal.

Como si fuera poco y exorbitando todo límite de lo razonable, racional y legal, el gobernador Frigerio pretende con inusitado descaro y deletérea irresponsabilidad, que en este año 2025, violentando el principio de irretroactividad de la ley consagrado por nuestro Código Civil y Comercial, se ratifique el adicional impositivo cobrado sin ley previa durante el ejercicio 2024, sino que además se prorrogue hasta el 2025, teniendo hasta ahora el voto favorable de los irresponsables diputados que acompañaron - por amanuenses, ignorantes o irresponsables- este infausto monumento a la ilegalidad, al que algunos exquisitos del derecho tributario, no exentos de razón, llaman un acto de lesa constitucionalidad, ya que al pretender blanquear un cobro indebido e ilegal, se tortura la carta magna y a la par la más rica doctrina judicial en esta materia, como también normas del derecho internacional, todo lo cual conforma el bloque de constitucionalidad.

Esperamos y deseamos que el gobernador reflexione sobre esta gravísima cuestión y decida alguno de los dos caminos posibles para retornar a la legalidad y transparencia tantas veces declamada por Frigerio y sus portavoces: reintegra las sumas cobradas indebidamente a los contribuyentes o bien, quizás el mejor y más posible camino, aplica una compensación entre esa suma que fungiría de crédito y las nuevas deudas impositivas.

Caso contrario y de insistir en esta descabellada y antijurídica idea, el gobernador sería pasible de un juicio político y de una denuncia penal por la comisión de variopintos delitos de enorme gravedad.

Cada día que pasa, a juzgar por los resultados concretos, la ficha se ensucia más y este gobierno, está cada día más lejos de ser el gobierno más transparente de la historia.

Sr. Gobernador, dicho con todo respeto, recuerde usted que en algún tiempo será juzgado más que por lo que dijo y prometió, por lo que realmente hizo o dejó de hacer.

De igual modo, instamos a los señores senadores y señoras senadoras, a no dar aprobación a este inconstitucional proyecto, el que de ser aprobado por ustedes, convertirá a cada senador o senadora que lo hizo, en corresponsable de una acción claramente contraria a las normas, haciéndolos ingresar al terreno de lo delictual".

Fuente: El Once

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El miserable ofrecimiento de aumento salarial de Frigerio

El porteño Rogelio Frigerio y buena parte de los gobernadores escucharon al presidente Javier Milei, quien celebró la supuesta mejora macroeconómica, el control político pleno que La Libertad Avanza logró en el Congreso pese a no tener mayoría, las reformas que él considera irreversibles y el avance de las ideas libertarias, que parecen irrefrenables. Frigerio y los gobernadores escucharon un relato triunfal mientras afrontan la complejidad creciente de sus administraciones provinciales, de la economía real, del derrumbe de los sectores regionales industriales y de la grave situación social.

Esa parte de la realidad, dolorosamente territorial y expulsiva, radica en el interior federal, aunque dependa casi exclusivamente de decisiones que toma Milei. El desfinanciamiento cada vez más pronunciado de las administraciones provinciales les resta posibilidades de acción territorial y política. No obstante, los diputados y senadores de las provincias votan a favor de las leyes de Milei. El oficialismo entrerriano, entre ellos.

El posicionamiento político de Frigerio es cada vez más difícil de clasificar. Intenta calmar los reproches del pueblo, pero en simultáneo avala la reforma laboral. Apoya la macroeconomía de puertas abiertas de par en par, con importaciones indiscriminadas, pero reclama igualdad de condiciones para la golpeada industria provincial. Los diagnósticos son tenebrosos en materia de empleo y de condiciones sociales del amplio sector asalariado entrerriano que desde hace décadas vive de industrias que van perdiendo competitividad, y que el proyecto libertario ha venido a liquidar. Milei lo hace sin complejos: celebra el cierre de empresas, trata de delincuentes a los principales empresarios del país y jamás habla de producción ni de empleo.

Cuando se observa el posicionamiento de Frigerio, su margen político se evidencia dramáticamente reducido. Y las consecuencias en la propia administración son crecientes. Frigerio sostiene el ajuste en los sueldos públicos y en las jubilaciones pese al malestar gremial en alza; intenta amortiguar la caída generalizada de recursos con mayor endeudamiento, con refinanciamiento caro y sobre costos. Mientras, subsiste gracias al intercambio de votos en el Congreso por algún ATN. Se balancea al borde del abismo y la conflictividad se incrementa en todo el territorio provincial.

En ese marco, Nadia Burgos, dirigente del MST en el FIT-U y delegada gremial del Ministerio de Salud se expresó: "La paritaria estatal en Entre Ríos volvió a mostrar el mismo esquema de siempre: el gobierno presenta una oferta que no recompone el salario real y pretende cerrar el conflicto con el aval de UPCN, mientras miles de trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y en su mayoría con salario de pobreza". La miserable propuesta de Frigerio, del 15,8% sobre sueldo básico de junio 2025, no cubre la inflación acumulada ni garantiza una recuperación del salario, sumado a los 9 meses de salarios congelado junto a los recortes de ingreso de junio 2025. Las sumas fijas, tramos diferidos y promesas de revisión no resuelven el problema de fondo: los sueldos estatales están por debajo de lo necesario para vivir. Frigerio está muy alejado de lo que se vive en los lugares de trabajo: el salario no llega, las condiciones laborales se deterioran y el ajuste se descarga sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado y los jubilados.

Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que venían percibiendo de $40.000. Aumento real: $35.000. Una miseria. Las cifras establecidas están muy debajo de la inflación real y en la mitad de los índices truchos del gobierno de Milei. Y no recomponen el poder de compra de los trabajadores. El Consejo Provincial del Partido Justicialista expresó su "profunda preocupación y rechazo ante el reciente anuncio del gobierno provincial de otorgar incrementos salariales bajo la modalidad de sumas no remunerativas y no bonificables". Resulta contradictorio e injustificable que, en un contexto donde el propio oficialismo impulsa una reforma previsional que afectará directamente a trabajadores activos y jubilados, se dispongan mecanismos salariales que reducen aportes, debilitan el financiamiento del sistema previsional y deterioran el salario real de los empleados públicos.

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