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Entre Ríos - 01-02-2025 / 12:02
COMUNICADO DE LA AGRUPACIÓN

UCR Activa repudia el cobro de adicionales en impuestos, por parte de Frigerio, sin la debida sanción de la ley previa

UCR Activa repudia el cobro de adicionales en impuestos, por parte de Frigerio, sin la debida sanción de la ley previa
El espacio interno UCR Activa, emitió un comunicado en el que expresó su "en enérgico repudio del cobro de impuestos durante 2024, sin la debida sanción de la ley previa, como manda la Constitución", indicaron.
 
El espacio interno UCR Activa, emitió un comunicado en el que expresó su "en enérgico repudio del cobro de impuestos durante 2024, sin la debida sanción de la ley previa, como manda la Constitución", indicaron.
 
El espacio interno UCR Activa, emitió un comunicado en el que expresó su "en enérgico repudio del cobro de impuestos durante 2024, sin la debida sanción de la ley previa, como manda la Constitución", indicaron.
 
El cobro de los adicionales de los impuestos automotor e inmobiliario, se venía cobrando desde el año 2013 y desde ese momento, hasta diciembre de 2023, fue siendo sucesivamente prorrogado a través de la sanción de las leyes respectivas, votadas en ambas cámaras de la legislatura entrerriana.
 
Sin embargo, UCR Activa denunció que, en 2024, esos adicionales de los impuestos automotor e inmobiliario, se cobraron sin tener el respaldo de las leyes correspondientes.
 
Por tal motivo, este viernes, UCR Activa, emitió un comunicado en el que explica que "el gobernador Frigerio pretende, que en este año 2025, se ratifique el adicional impositivo cobrado sin ley previa durante el ejercicio 2024, sino que además se prorrogue hasta el 2025", remarcaron.
 
El comunicado completo de la agrupación UCR Activa:
 
"Desde este espacio político interno de la UCR, condenamos enfática y enérgicamente este verdadero desaguisado jurídico y tributario, pergeñado con inusual desprecio a las leyes, por el actual gobierno de Entre Ríos, encabezado por el licenciado en economía, Rogelio Frigerio, que pretende ratificar retroactivamente, el cobro de los adicionales de los impuestos automotor e inmobiliario, sin la obligatoria sanción de la ley previa de la legislatura que le da sostén y que es la única forma republicana y constitucional de sancionar la vigencia y el cobro de tributos en el mundo civilizado.
 
Sucedió que este adicional se venía cobrando desde el año 2013 y desde ese momento hasta diciembre de 2023, fue siendo sucesivamente prorrogado a través de la sanción de las leyes respectivas, votadas en ambas cámaras de la legislatura entrerriana.
 
Durante el 2024 a nadie del equipo de gobierno, ni siquiera a alguno de los cerebros importados de CABA, se les ocurrió ni percataron que se debía prorrogar por ley esos adicionales impositivos si se pretendía el cobro de modo regular (i.e., legal) de las gabelas correspondientes, ajustado ello a la letra de la Constitución y al inveterado principio "Nullum tributum sine lege praevia" (no hay tributo sin ley previa), una cuestión de técnica tributaria muy básica y elemental que ningún abogado, economista o contador público puede desconocer y menos aún violentar.
 
Así las cosas, por olvido, impericia o indolencia de los funcionarios, sobre todo de los que ocupan cargos en la ATER, se cobraron estos adicionales a los contribuyentes entrerrianos SIN LEY PREVIA que les diera sostén de legalidad, por lo cual y siendo concretos, ese pago durante el ejercicio 2024 fue ilegítimo, ilegal y por ende inconstitucional. Constituyó, por decirlo de alguna manera y como lo ha sostenido nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, un grosero e inexcusable acto de confiscación del patrimonio de los contribuyentes, sino también, derechamente, una exacción ilegal.
 
Como si fuera poco y exorbitando todo límite de lo razonable, racional y legal, el gobernador Frigerio pretende con inusitado descaro y deletérea irresponsabilidad, que en este año 2025, violentando el principio de irretroactividad de la ley consagrado por nuestro Código Civil y Comercial, se ratifique el adicional impositivo cobrado sin ley previa durante el ejercicio 2024, sino que además se prorrogue hasta el 2025, teniendo hasta ahora el voto favorable de los irresponsables diputados que acompañaron - por amanuenses, ignorantes o irresponsables- este infausto monumento a la ilegalidad, al que algunos exquisitos del derecho tributario, no exentos de razón, llaman un acto de lesa constitucionalidad, ya que al pretender blanquear un cobro indebido e ilegal, se tortura la carta magna y a la par la más rica doctrina judicial en esta materia, como también normas del derecho internacional, todo lo cual conforma el bloque de constitucionalidad.
 
Esperamos y deseamos que el gobernador reflexione sobre esta gravísima cuestión y decida alguno de los dos caminos posibles para retornar a la legalidad y transparencia tantas veces declamada por Frigerio y sus portavoces: reintegra las sumas cobradas indebidamente a los contribuyentes o bien, quizás el mejor y más posible camino, aplica una compensación entre esa suma que fungiría de crédito y las nuevas deudas impositivas.
 
Caso contrario y de insistir en esta descabellada y antijurídica idea, el gobernador sería pasible de un juicio político y de una denuncia penal por la comisión de variopintos delitos de enorme gravedad.
 
Cada día que pasa, a juzgar por los resultados concretos, la ficha se ensucia más y este gobierno, está cada día más lejos de ser el gobierno más transparente de la historia.
 
Sr. Gobernador, dicho con todo respeto, recuerde usted que en algún tiempo será juzgado más que por lo que dijo y prometió, por lo que realmente hizo o dejó de hacer.
 
De igual modo, instamos a los señores senadores y señoras senadoras, a no dar aprobación a este inconstitucional proyecto, el que de ser aprobado por ustedes, convertirá a cada senador o senadora que lo hizo, en corresponsable de una acción claramente contraria a las normas, haciéndolos ingresar al terreno de lo delictual".
 
Fuente: El Once
 
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21-12-2025 / 19:12
Lo que debía convertirse en el primer triunfo del nuevo Congreso libertario se transformó en una seria complicación y atenuó la euforia del gobierno de los Hermanos Milei, que pasó de celebrar con estrépito una victoria a advertir que había sufrido otra derrota, en ambas cámaras del Congreso y también en las calles. La media sanción que obtuvo en Diputados el proyecto de Presupuesto de ajuste resultó un tiro en el pie del programa económico, debido a que los legisladores rechazaron el Capítulo 11 que hacía caer una serie de gastos necesarios, incluidos áreas como educación, discapacidad y asignaciones familiares, pero incompatibles con la política libertaria. Rogelio Frigerio, el cómplice que apoyó todo, quedó helado.
 
La derrota fue consecuencia de una errónea estrategia parlamentaria. El proyecto fue aprobado en general, pero la votación fue negativa para el renglón que incluía la derogación del financiamiento universitario, fondos para atender la discapacidad, el recorte de subsidios energéticos (zona fría), el pago de compensaciones a Cammesa y el giro de la cuota de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires (añadido a último momento para salvar la votación).
 
Los diputados alineados con Frigerio y los sectores que acompañan la gestión de Milei votaron a favor del proyecto: Beltrán Benedit (La Libertad Avanza), Andrés Laumann (La Libertad Avanza), Alicia Fregonese (PRO) y Francisco Morchio (Encuentro Federal / PRO-ER), Estos legisladores votaron el Presupuesto 2026 sin decir una sola palabra en su defensa, siguiendo al gobernador en su apoyo total al anarco capitalista y su nefasto experimento económico. Un silencio cómplice que perjudica a Entre Ríos. Frigerio tendrá que gestionar la provincia con menores recursos, el PRO diluido y La Libertad Avanza al acecho de la gobernación en 2027, que de momento no piensan en compartir la fórmula.
 
Pero el bochorno mayor fue la compra de voluntades con los ATN previo a la votación. A lo Kueider. Pero los ATN no son un premio ni deben comprar nada; son de las provincias. El Presupuesto aprobado ha generado una fuerte controversia por su impacto negativo en las arcas provinciales. Aunque el Gobierno de Milei logró el apoyo de varios gobernadores a cambio de "limosnas" en ATN, el esquema general profundiza un modelo de saqueo fiscal que recae directamente sobre el interior federal. Veamos un detalle de los puntos por los cuales este presupuesto perjudica a las provincias:
 
- Continua el "cepo" a la Obra Pública. El presupuesto 2026 consolida la decisión de no iniciar nuevas obras públicas con fondos nacionales. La mayoría de las provincias dependen de los giros de la Nación para infraestructura (rutas, escuelas, cloacas). El nuevo esquema traslada esa responsabilidad financiera a las provincias o al sector privado, lo cual es inviable para muchas jurisdicciones del interior. Incluso el mantenimiento de rutas nacionales carece de partidas suficientes en términos reales, lo que se traduce en accidentes y muertes.
 
- Siguen las transferencias discrecionales como "Moneda de Cambio". Si bien las transferencias automáticas (ley de coparticipación) se mantienen, las transferencias no automáticas (fondos discrecionales y ATN) se han convertido en una herramienta de extorsión política. El presupuesto le da a Milei un amplio margen para decidir a quién enviar fondos extras (Aportes del Tesoro Nacional - ATN). Esto obliga a los gobernadores a negociar "voto a voto" y apoyar cada ley en el Congreso para obtener fondos que antes llegaban de forma regular.
 
- Se profundiza el desfinanciamiento de educación y salud. Aunque el Congreso logró rechazar el artículo que derogaba la Ley de Financiamiento Universitario, el presupuesto general mantiene techos de gasto muy bajos. La eliminación definitiva de fondos que antes cubría Nación obliga a las provincias a usar recursos propios para pagar salarios docentes si no quieren que los sueldos caigan mucho frente a la inflación. Además, varias provincias (incluida Entre Ríos) mantienen el reclamo por la falta de giro de fondos para cubrir los déficits de sus cajas de jubilaciones no transferidas, un punto que el presupuesto 2026 no resuelve de manera automática. Esto obligará a mayores ajustes provinciales.
 
Uno de los puntos más críticos, denunciado por el entrerriano Guillermo Michel, es la Reducción de la Coparticipación en la Reforma Laboral truculenta, que no tiene nada a favor de los trabajadores y que se trata en el Senado, y afecta al presupuesto. La reducción de contribuciones patronales y cambios en el Impuesto a las Ganancias de sociedades, para beneficiar a los más ricos, implica una caída en la recaudación nacional. Al ser impuestos coparticipables, cualquier baja en su recaudación reduce automáticamente la masa de dinero que la Nación envía a las provincias. Se estima que esta reforma podría costar cerca del 0,8% del PBI, afectando directamente los fondos que reciben las provincias. 
 

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