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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 31-01-2025 / 10:01
DE VILLARRUEL A MARRA, PASANDO POR CASIELLES Y ZAGO: CÓMO ES EL AJUSTE DE CUENTAS EN LA LIBERTAD AVANZA

Deportados: el método de los Hermanos Milei para alejar a todos los que no puede despedir

Deportados: el método de los Hermanos Milei para alejar a todos los que no puede despedir
La lista de funcionarios expulsados del Gobierno de los Hermanos Milei en su primer año de gestión fue extensa y 2025 comenzó con otros tres despedidos, entre los que figuran el procurador del Tesoro Rodolfo Barra y el amigo del presidente Eduardo Serenellini. En el Poder Legislativo la capacidad de echar a alguien elegido por el voto popular es más compleja, pero las diferencias políticas, los destratos y despechos son marca registrada del autoritario clan Milei.
La lista de funcionarios expulsados del Gobierno de los Hermanos Milei en su primer año de gestión fue extensa y 2025 comenzó con otros tres despedidos, entre los que figuran el procurador del Tesoro Rodolfo Barra y el amigo del presidente Eduardo Serenellini. En el Poder Legislativo la capacidad de echar a alguien elegido por el voto popular es más compleja, pero las diferencias políticas, los destratos y despechos son marca registrada del autoritario clan Milei.
 
Con los funcionarios del Poder Ejecutivo, el mecanismo es sencillo: aquellos a los que Karina y su hermano le baja el pulgar, se van. En el Legislativo el caso más fresco es el de Ramiro Marra, quien fue candidato a jefe de Gobierno y presidente de bloque en la Legislatura porteña, hasta que la hermana del presidente le dijo chau. Pero claramente no es el primero y, muy probable, tampoco el último de un método poco convencional: los díscolos, al freezer.
  
"Viva la lealtad. Viva la libertad, carajo. Mañana hablamos", mostró fidelidad alcahueta Marra en su despedida del bloque que supo presidir y perdió a manos de María Pilar Ramírez, el alfil de Karina en la Legislatura porteña, quien durante todo el año se dedicó a mostrar los dientes. Todos aquellos que no acaten la agenda del Presidente serán expulsados. No importa quiénes sean, fue la explicación oficial para justificar la deportación política de Marra.
 
Pero el voto del presupuesto de Jorge Macri fue apenas una gota en un vaso que ya parecía rebalsado. Porque el recelo con María Pilar Ramírez venía desde varios meses y Karina Milei solo esperaba al momento adecuado. Marra insiste en que seguirá militando para los Milei, aunque hay rumores que lo sitúan como un candidato por afuera que podría robar votos a LLA y favorecer al PRO.
 
Y si Pilar Ramírez fue el alfil de Karina para destronar a Marra, también resultó ser la que eligió la suerte de otro legislador porteño de LLA. Eugenio Casielles entró a la Legislatura como primer candidato en la boleta mileísta, con Pilar Ramírez en segundo lugar -respetando el cupo femenino-, pero en noviembre pasado rompió filas y creó un monobloque denominado "Transformación". 
 
"Se llama La Libertad Avanza, un espacio donde se defendía la libertad y hoy en el espacio no hay ninguna libertad. No hay libertad de opinión, no hay libertad de acción, no hay libertad de nada. Es completamente verticalista y la opinión de los demás no importa", sentenció Caiselles uno de los fundadores del LLA en la Ciudad, otro que tampoco pudo torcer el brazo de "El Jefe".
  
Con la salida de Marra quedaron pendiendo de un hilo otros tres legisladores que respondían a su bloque ya dividido con Ramírez: Jorge Reta, Sandra Rey y Edgardo Alifraco. Los nombres de Rey y Alifraco llevan la historia del Parlamento porteño al Congreso Nacional. Los legisladores son integrantes del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), encabezado por Oscar Zago, el ex presidente de bloque de LLA en la Cámara de Diputados y expulsado tras enfrentarse con el presidente de la Cámara Martín Menem y, claro, con Karina.
 
La Libertad Avanza es una bolsa de gatos de donde todos, tarde o temprano saldrán rasguñados. Ninguno va a salir sano, ni Javier, porque la que manda es Karina y cuando le convenga irá sobre su hermano disfuncional.
 
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Cuando Marra había sido desplazado de la presidencia en la Legislatura por primera vez, Zago ordenó a Rey y Alifraco que amenazaran con una ruptura para forzar que Karina diera marcha atrás y, así, mantener la unidad libertaria. Pasó el tiempo y la hermana volvió a cargar los cañones: Marra salió despedido.
 
En tanto, Zago -que había sido enviado a cuarteles de invierno- volvió a ser un aliado clave para las votaciones y es convocado a negociar junto a los bloques del PRO y la UCR. Eso sí, es poco probable que pueda anotar un nombre en la lapicera que armará la lista de candidatos 2025.
 
Los chispazos entre Zago y Karina ocurrieron después de la conducción fallida del titular del MID en el primer intento de aprobar la Ley Ómnibus y por la disputa de la presidencia de la comisión de Juicio Político. Allí, Zago quería ubicar a la diputada Marcela Pagano, pero Menem ordenó suspender la sesión intempestivamente, mientras el entonces presidente de bloque oficialista intentó seguir con el respaldo de legisladores opositores y nombrar a la exconductora de televisión.
 
El oficialismo desconoció la votación y finalmente expulsó al diputado porteño.  Fue con una reunión a la medianoche, en la que nombraron titular de bloque a Gabriel Bornoroni. Karina no quería que un posible juicio político contra su hermano quedara fuera de su control.
 
Pagano no siguió el camino de su "protector". No opinó sobre la salida de Zago y ni siquiera dejó el bloque de LLA, a pesar de haberse padecido la ola de acoso de los trolls libertarios que derivó en una internación hospitalaria.
 
Sin embargo, Pagano mostró las heridas y sus diferencias tras el episodio de la visita de los diputados de LLA a los genocidas presos en Ezeiza. Esas impugnaciones, entre otras, le valieron a la ex periodista de América y TN repetidos ataques por parte de Lilia Lemoine, quien la señala como desleal a Milei. En los pasillos del Congreso se dice que cuando habla Lilia, Karina le da el guión al oído.
 
Lemoine llegó a acusar a Pagano de no querer dar quórum para la Libertad Avanza, la trató de "kirchnerista" y de ser parte de un complot junto a Lourdes Arrieta durante el caso de la visita a los genocidas.
 
Este último nombre es otro de los deportados de la bancada mileísta La legisladora mendocina, arribada a las fuerzas del cielo desde el evangelismo, y que dio su salto público como "la diputada de los patitos", rompió tras decir que fue engañada a la visita en la cárcel de Ezeiza: acusó a su compañero de bancada Beltrán Benedit  de "embaucarla" para sacarse una foto con Alfredo Astiz, entre otros genocidas. 
 
"Nací en 1993 y no tengo ni idea de quiénes eran", dijo queriendo desconocer la historia un día y se mostró con una edición del Nunca Más al otro.
 
Su defensa comenzó a lanzar más acusaciones, dijo que Martín Menem sabía de la visita, que Karina compartía un grupo de Whatsapp donde se envió la invitación y filtró los proyectos en los que se estaba trabajando para liberar a los genocidas y las conversaciones sobre el armado de la visita. Antes de que la expulsaran, armó su monobloque: "Fuerzas del Cielo - Espacio Liberal" (FE).
 
 
El deshielo de Píparo
  
Una diputada que se fue y volvió a LLA fue Carolina Píparo, una embanderada de la causa que llegó a ser candidata a gobernadora por Buenos Aires. Píparo se peleó antes de poder integrarse al bloque en diciembre de 2023, luego de darse cuenta que las promesas del clan Milei son, justamente eso, promesas. Porque Javier Milei, luego de ganar las elecciones, confirmaba que Píparo manejaría el Anses, algo que finalmente no ocurrió cuando se calzó la banda presidencial.
 
Píparo armó un bloque (Buenos Aires Libre) y se llevó a otra legisladora electa en 2023 por la lista libertaria: Lorena Macyzyn, cuñada de la excandidata bonaerense. Sin embargo, Karina supo llamar al Congreso y hacer las pases. En septiembre, Píparo y su cuñado se sumaron al bloque oficialista.
 
 
Un sueño amargo
  
Quien dio el portazo y no volvió fue el formoseño Francisco Paoltroni. El senado supo describir a la Argentina como la bella durmiente y a Milei como "el príncipe les hizo el amor y los despertó a todos", pero salió del ensueño cuando la Casa Rosada otorgó 100 mil millones de pesos por decreto a la Secretaría de Inteligencia.  "¿Cómo no hay plata para los jubilados y hay plata para la SIDE? ¿Con qué cara miro a un abuelo en Formosa?, se descargó Paoltroni.
 
Esa reacción generó la expulsión por "diferencias irreconciliables". El pedido de expulsión fue firmado por su compañeros de bancada Federico Atauche, Juan Carlos Pagotto, Vilma Bedia y Bartolomé Abdala. "La casta se está por comer al león, ¿y yo no tengo que hacer nada?", les dedicó. La carta fue recibida por la presidenta del Senado, la vicepresidenta Victoria Villaruel, quien primero quiso rechazar la renuncia, pero no había aval para salvar la expulsión del díscolo.
 
 
¿Y la vice?
  
Villaruel, por el momento, es la que se mantiene a salvo a ella misma. Las diferencias con la Casa Rosada ya son públicas, la desconfianza en su accionar al frente de la Cámara alta también. El rechazo viene desde el mismo punto de donde surgieron el resto de las expulsiones, la Secretaría General de la Presidencia. 
 
"Las dos queremos lo mejor para Javier. Somos bastante parecidas. Y en el medio está Javier... ¡Pobre Jamoncito!", había dicho Villaruel sobre su relación explosiva con Karina, cuando aún su figura política era estimada por el Gobierno y los periodistas que responden a la agenda oficialista.
 
El último cruce entre Villaruel y la calle Balcarce fue directamente con Milei. En noviembre, en una entrevista con LN+, el presidente dijo que Villaruel "está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta", que mantiene con ella "la relación que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles" y que "no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones".
 
Con el llamado a sesiones extraordinarias comienza el segundo año legislativo del gobierno de La Libertad Avanza y ninguna banca parece estar asegurada.
 
Fuente: Página 12
 

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01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

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