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Entre Ríos - 24-01-2025 / 11:01
OTRO INTENTO FALLIDO DEL TRÁNSFUGA, RECHAZARON EL PEDIDO DE RECUSACIÓN

La jueza Arroyo Salgado seguirá al frente de la causa contra Kueider por corrupción

La jueza Arroyo Salgado seguirá al frente de la causa contra Kueider por corrupción
La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazó la recusación contra la jueza Sandra Arroyo Salgado que había presentado el exsenador Edgardo Kueider en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y lavado de dinero.
 
La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazó la recusación contra la jueza Sandra Arroyo Salgado que había presentado el exsenador Edgardo Kueider en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y lavado de dinero.
 
La decisión fue firmada por el juez Juan Pablo Salas, de la Sala I del Tribunal, quién rechazó que Arroyo Salgado hubiera actuado con "falta de parcialidad" en la causa. La solicitud había sido presentada por Juan Martín Cerolini, el abogado de Kueider y de Iara Guinsel Costa, coimputada en la causa.
 
Tanto Kueider como Guinsel Costa cumplen prisión preventiva domiciliaria en un lujoso departamento de Asunción, mientras atraviesan una investigación de la Justicia por intento de contrabando de divisas. Los dos fueron detenidos cuando intentaron ingresar a Ciudad del Este, desde Brasil, en una camioneta de alta gama con más de 200 mil dólares.
 
Arroyo Salgado impulsó un pedido de desafuero la mañana en que el Senado se proponía tratar la expulsión de Kueider. Según Cerolini, el abogado de los imputados, la jueza participó de un "operativo destitución". Para el defensor, hoy un "plan sistemático orquestado por la política, con un rol protagónico por parte de la magistrada interviniente", a la que acusó de tener una "inquina personal".
 
El abogado cuestionó la imparcialidad de la jueza a raíz de declaraciones sobre la investigación que tuvieron lugar un mes atrás, en un programa de LN+.
 
En respuesta a esto, el camarista Juan Pablo Salas manifestó que Arroyo Salgado "no ha exteriorizado manifestaciones que conlleven a suponer algún grado de enemistad o parcialidad contra el imputado, limitándose a informar el curso de la investigación vigente sin comprometer o adelantar opinión que implique la pérdida de su objetividad o imparcialidad".
 
Según el fallo de Salas, el pedido para correr a la jueza respondió al "desacuerdo ante las consecuencias de un trámite realizado por otro órgano independiente del Poder Judicial [el Senado]dentro del ejercicio propio de sus facultades".
 
De todos modos, el camarista pidió a la jueza federal "prudencia" en sus declaraciones públicas: "La exposición de la magistrada en la entrevista apuntada, aún cuando no exteriorizó manifestación que implique un prejuzgamiento o pérdida de su imparcialidad ante los hechos materia de investigación, no parece exhibir la cautela que el caso requiere, ni que su investidura aconseja, máxime cuando existen canales disponibles dentro de la estructura institucional del Poder Judicial de la Nación para satisfacer el derecho a la información y su difusión como modo de garantizar la publicidad de los actos de gobierno que provenga de la actividad jurisdiccional en justo equilibrio con otros derechos y garantías constitucionales".
 
Arroyo Salgado había pedido la extradición de Kueider y Guinsel Costa el 16 de diciembre pasado con el objetivo de tomarles declaración indagatoria. Frente a esto, la Justicia de Paraguay consideró que dicho exhorto internacional contaba con "defectos de forma y fondo", y pidió la ampliación y precisión de los argumentos del pedido. La solicitud de aclaraciones por parte de Rolando Duarte, juez paraguayo, fue hecha mediante un oficio tramitado por vía diplomática que llegó ayer al despacho de la jueza federal argentina en San Isidro.
 
El fiscal general Fernando Domínguez tiene delegada la investigación contra el exsenador y fue quien solicitó que se tramite la extradición frente a la posibilidad de que Paraguay otorgue la excarcelación a Kueider, ya que el delito por el que se lo imputa tiene una pena no mayor a dos años y medio.
 
Domínguez deberá evaluar si considera necesario responder al oficio mediante la complementación de información para la extradición. Debido a la feria judicial, no se espera que la Justicia argentina se exprese al respecto antes de que finalice el mes de enero.
 
Dicho oficio criticaba la cita de diferentes tratados internacionales que podrían "contraponerse entre sí" en el pedido de extradición. Además las autoridades paraguayas criticaron que no se hubiera adjuntado la copia de la resolución por la cual la jueza Arroyo Salgado dispuso la acumulación de dos causas en las que Kueider es investigado -la de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y el "caso Securitas", iniciado en 2020- y alegaron que no se entiende el hecho concreto por el cual se quiere indagar a los imputados.
 
Finalmente, la Justicia paraguaya dijo que si el objetivo de la extradición es la indagación de los imputados, podría librarse una "rogatoria" para hacerlo de manera virtual, dado que ambos se encuentran sometidos a proceso en Paraguay y cumplen prisión preventiva domiciliaria por contrabando.
 
Fuente: La Nación
 
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El porteño Rogelio Frigerio y buena parte de los gobernadores escucharon al presidente Javier Milei, quien celebró la supuesta mejora macroeconómica, el control político pleno que La Libertad Avanza logró en el Congreso pese a no tener mayoría, las reformas que él considera irreversibles y el avance de las ideas libertarias, que parecen irrefrenables. Frigerio y los gobernadores escucharon un relato triunfal mientras afrontan la complejidad creciente de sus administraciones provinciales, de la economía real, del derrumbe de los sectores regionales industriales y de la grave situación social.
 
Esa parte de la realidad, dolorosamente territorial y expulsiva, radica en el interior federal, aunque dependa casi exclusivamente de decisiones que toma Milei. El desfinanciamiento cada vez más pronunciado de las administraciones provinciales les resta posibilidades de acción territorial y política. No obstante, los diputados y senadores de las provincias votan a favor de las leyes de Milei. El oficialismo entrerriano, entre ellos.
 
El posicionamiento político de Frigerio es cada vez más difícil de clasificar. Intenta calmar los reproches del pueblo, pero en simultáneo avala la reforma laboral. Apoya la macroeconomía de puertas abiertas de par en par, con importaciones indiscriminadas, pero reclama igualdad de condiciones para la golpeada industria provincial. Los diagnósticos son tenebrosos en materia de empleo y de condiciones sociales del amplio sector asalariado entrerriano que desde hace décadas vive de industrias que van perdiendo competitividad, y que el proyecto libertario ha venido a liquidar. Milei lo hace sin complejos: celebra el cierre de empresas, trata de delincuentes a los principales empresarios del país y jamás habla de producción ni de empleo.
 
Cuando se observa el posicionamiento de Frigerio, su margen político se evidencia dramáticamente reducido. Y las consecuencias en la propia administración son crecientes. Frigerio sostiene el ajuste en los sueldos públicos y en las jubilaciones pese al malestar gremial en alza; intenta amortiguar la caída generalizada de recursos con mayor endeudamiento, con refinanciamiento caro y sobre costos. Mientras, subsiste gracias al intercambio de votos en el Congreso por algún ATN. Se balancea al borde del abismo y la conflictividad se incrementa en todo el territorio provincial.
 
En ese marco, Nadia Burgos, dirigente del MST en el FIT-U y delegada gremial del Ministerio de Salud se expresó: "La paritaria estatal en Entre Ríos volvió a mostrar el mismo esquema de siempre: el gobierno presenta una oferta que no recompone el salario real y pretende cerrar el conflicto con el aval de UPCN, mientras miles de trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y en su mayoría con salario de pobreza". La miserable propuesta de Frigerio, del 15,8% sobre sueldo básico de junio 2025, no cubre la inflación acumulada ni garantiza una recuperación del salario, sumado a los 9 meses de salarios congelado junto a los recortes de ingreso de junio 2025. Las sumas fijas, tramos diferidos y promesas de revisión no resuelven el problema de fondo: los sueldos estatales están por debajo de lo necesario para vivir. Frigerio está muy alejado de lo que se vive en los lugares de trabajo: el salario no llega, las condiciones laborales se deterioran y el ajuste se descarga sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado y los jubilados.
 
Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que venían percibiendo de $40.000. Aumento real: $35.000. Una miseria. Las cifras establecidas están muy debajo de la inflación real y en la mitad de los índices truchos del gobierno de Milei. Y no recomponen el poder de compra de los trabajadores. El Consejo Provincial del Partido Justicialista expresó su "profunda preocupación y rechazo ante el reciente anuncio del gobierno provincial de otorgar incrementos salariales bajo la modalidad de sumas no remunerativas y no bonificables". Resulta contradictorio e injustificable que, en un contexto donde el propio oficialismo impulsa una reforma previsional que afectará directamente a trabajadores activos y jubilados, se dispongan mecanismos salariales que reducen aportes, debilitan el financiamiento del sistema previsional y deterioran el salario real de los empleados públicos.
 

01-03-2026 / 10:03
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