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Nacionales - 24-01-2025 / 10:01
PONER UN FRENO A LA VIOLENCIA FASCISTA LIBERTARIA DE AMENAZAS E INCITACIÓN AL ODIO

¿Irá preso?: Denuncian a Milei ante la Corte de La Haya y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

¿Irá preso?: Denuncian a Milei ante la Corte de La Haya y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
El polémico presidente Javier “el Loco” Milei está en el centro de la tormenta tras ser denunciado penalmente por un explosivo mensaje en la red social X, en el que amenazó con perseguir a los "zurdos hijos de puta" hasta el último rincón del planeta. La furiosa declaración generó indignación y repudio en amplios sectores de la sociedad, acusándolo de incitar al odio y a la violencia.
El polémico presidente Javier "el Loco" Milei está en el centro de la tormenta tras ser denunciado penalmente por un explosivo mensaje en la red social X, en el que amenazó con perseguir a los "zurdos hijos de puta" hasta el último rincón del planeta. La furiosa declaración generó indignación y repudio en amplios sectores de la sociedad, acusándolo de incitar al odio y a la violencia.
 
El exabrupto de Milei decía: "No solo no les tenemos miedo, sino que los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la libertad", añadiendo un escalofriante "Zurdos hijos de putas, tiemblen". Este ataque directo a un sector político fue rápidamente interpretado como una amenaza abierta y una incitación al odio. Ante esto, el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia formal contra el presidente por los delitos de amenazas, intimidación pública, apología del delito e infracción a la Ley Contra la Discriminación.
 
En el ámbito internacional, la denuncia será presentada en la Corte Penal de la Haya y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos:
-      A la Corte de la Haya, en relación con el Estatuto de Roma, que permite denunciar "cualquier situación que pueda llegar a afectar la democracia en un país".
-      Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la violación al Pacto de Derechos Civiles y a varios artículos vinculados con la libertad de expresión y la libertad de conciencia para elegir una convicción política.
 
Dalbón no dudó en calificar las palabras de Milei como un acto de persecución política, recordando que el presidente no solo se dirige a sus opositores, sino que está utilizando su poder para estigmatizar a todos los que no piensan como él. Este tipo de declaraciones evocan las prácticas autoritarias de persecución de la dictadura cívico militar genocida que han manchado la historia del país. Ante la gravedad de la situación, Dalbón pidió que se habilite la feria judicial y que Milei sea citado a declaración indagatoria de manera urgente. Además, solicitó que la denuncia sea derivada a la Cámara de Diputados para abrir un juicio político contra el presidente.
 
La denuncia no termina allí. El secretario general del gremio ATE Capital, Daniel Catalano, también presentó una denuncia penal contra Milei, esta vez por su defensa del saludo nazi del ultra derechista Elon Musk, lo que desató una tormenta política y social. Catalano fundamentó su denuncia en el artículo 209 del Código Penal, que penaliza la "instigación a cometer un delito", argumentando que el presidente incita a la persecución de un grupo determinado de personas de manera pública y consciente.
 
El repudio en el Congreso y en la sociedad en general no se hizo esperar. Legisladores de distintas bancadas exigieron que se tomen medidas inmediatas ante lo que consideran una clara amenaza a la democracia. La denuncia también plantea que este tipo de discursos no son simples opiniones, sino que tienen implicancias directas en el orden institucional del país y en la convivencia democrática.
 
La provocación lanzada por Milei ha puesto a la Justicia y a la política argentina en alerta porque son un peligro para la convivencia pacífica y para el respeto a los derechos fundamentales. Este escándalo ha dejado al país esperando las consecuencias de las acciones del presidente, cuya postura extremista parece estar desbordando los límites de la tolerancia democrática. ¿Irá preso el desquiciado este?
 
La Opinión Popular


 
Se acumulan las denuncias judiciales contra Milei por sus mensajes violentos
 
En Comodoro Py hay cuatro presentaciones por los delitos de amenazas e intimidación pública, entre otros.
 
El repudio generalizado desde sectores de la oposición a la amenaza de Javier Milei en su cuenta de "X" con "ir a buscar hasta el último rincón del planeta" "a los zurdos hijos de puta" comenzó a tomar forma de denuncias penales. Con su discurso un día después en el Foro Económico Mundial en Davos, lleno de diatribas contra la población LGBT+, el feminismo, el ambientalismo y lo que llamó el "virus mental de la ideología woke", el Presidente aportó más material para las presentaciones judiciales.
 
En Comodoro Py hay al menos cuatro que le atribuyen los delitos de amenazas, intimidación pública, incitación al odio, apología del delito, incitación a la violencia colectiva, abuso de autoridad y violación de la ley contra la discriminación.
 
Después de la primera denuncia, de Daniel Catalano (secretario general de ATE Capital), llegaron a los tribunales federales las del abogado Gregorio Dalbón, el diputado socialista Esteban Paulón y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+). Habrá más, seguro del PTS/Frente de Izquierda y del bloque de Unión por la Patria de la Cámara de Diputados.
 
El posteo que motivó las primeras presentaciones penales era un texto en defensa de su amigo Elon Musk, cuestionado por protagonizar un símil saludo nazi el día de la asunción de Donald Trump en Estados Unidos, que titulaba "Nazi las pelotas". Además de elogios al magnate, decía que "toda la progresía internacional se monta sobre el inocente gesto de @elonmusk para tildarlo de nazi. Porque su lucha por la libertad atenta contra el control hegemónico del wokismo internacional". Agregaba que "Elon" no está solo, y que son "millones" quienes irán "a buscar" a los "zurdos hijos de puta". "Tiemblen", advertía.
 
En Davos se explayó sobre su llamada "batalla cultural" y definió al "wokismo" como "un cáncer que hay que extirpar" y en el que incluyó "feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género" que para él "son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles".
 
 
Las denuncias
 
Para aclarar los tantos, la FALGBT explica en su denuncia de qué habla Milei cuando alude a la "ideología woke": "En las comunidades negras de Estados Unidos woke era usado para describir a las personas que han despertado (de "wake up" en inglés) y están alertas a las injusticias.
 
La Agenda Woke hace referencia a un conjunto de ideas y propuestas centradas en la justicia social, la igualdad de género, los derechos LGBT+, la equidad racial y la protección medioambiental". Por eso, explica el escrito, cuando Milei la equipara con un "virus mental" "expresa abiertamente una amenaza hacia colectivos sociales enteros, personas racializadas, activistas ambientales y personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, intersex y no binarias, entre otras".
 
En los mismos términos plantea el tema el diputado Paulón. La FALGBT, además, pide un habeas corpus preventivo "para todas las personas que defienden los Derechos Humanos, las diversidades, a las mujeres, a trabajadores y al cuidado del medio ambiente en Argentina". 
 
La denuncia inicial, de Catalano, le tocó al juzgado 11, que subroga Julián Ercolini. La de Dalbón fue al juzgado 6, que cubre Daniel Rafecas. El abogado pidió que se habilite la feria por ser un asunto de "extrema gravedad institucional" y se indague a Milei. Sostuvo que su tuit es una "amenaza explícita a quienes disentimos con su posición política indicándonos como enemigos a los que él y sus seguidores deben perseguir".
 
Dijo que son declaraciones "cargadas de odio y violencia" inadmisibles en "un sistema democrático". Agregó: cuando "la máxima autoridad del país emite un comunicado que incita a la violencia y la persecución, no se trata de una opinión personal, sino que tiene implicancias institucionales y configura una amenaza al orden democrático (...) se corre el riesgo de que estas actitudes sean naturalizadas por la sociedad y ello derive en un aumento de los discursos del odio, de la discriminación, de la polarización social y en actos de violencia contra sectores opositores".
 
Hablar de "zurdos hijos de puta", señala Dalbón, descalifica a quienes se identifican con una "ideología alejada de la derecha", "deshumaniza" y es un acto de "discriminación e intolerancia". El abogado, además, amplió la denuncia por las declaraciones en Davos.
 
Las denuncias de la FALGBT+ y Paulón también subrayan la gravedad de determinadas manifestaciones en boca de la máxima autoridad del país. Advierten que identificar y singularizar a determinados grupos sociales y políticos por considerarlos "enemigos" del proyecto político libertario y llamar a perseguirlos, de por sí es una "expresión de voluntad persecutoria e intimidatoria" que incita al odio. Sugerir "erradicarlos" también afecta la seguridad pública al infundir temor.
 
El mensaje de Milei, tanto del tuit como el de Davos, "representa una amenaza concreta a los derechos y garantías de todas las personas", explican. Respecto del segundo advierten, además, que Milei recurre a falsedades. En base a un caso particular en Estados Unidos describió a las diversidades sexuales como "pedófilos y degenerados".
 
"La ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil", afirmó. Otro invento que sumó: "Están dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones". Después que cuestionó la figura penal con el agravante femicidio, el gobierno hizo trascender que enviará un proyecto para eliminarla. El objetivo de todos estos planteos, dicen las denuncias, es justificar la "discriminación, violencia y los crímenes de odio contra diversos grupos sociales".
 
 
Desafiar la naturalización
  
La normalización de estos discursos violentos y del llamado a perseguir/castigar a quienes piensan distinto (fomentados desde el poder más alto) es una de las grandes preocupaciones que representa todo un desafío para los sectores de la política que apuestan a romper esa tendencia.
 
Uno de los caminos es recurrir al Poder Judicial. Las denuncias conocidas hasta ahora no han mostrado frutos: un ejemplo es la que hizo la legisladora Victoria Montenegro cuando el Presidente dijo que quería ponerle "el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro"; otra fue de la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile, cuando Milei retuiteó a un usuario que un día antes del tratamiento en Diputados del veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, decía: "Están avisados zurdos. Después no lloren DDHH y lesa humanidad".
 
El diputado y presidente de la Coalición Cívica-ARI Maximiliano Ferraro, le mandó en noviembre a Milei una carta documento para que revise su posición en Naciones Unidas rechazando los proyectos para intensificar la lucha para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y niñas y por los derechos indígenas. Ferraro analiza sumarse a alguna denuncia por los últimos dichos de mandatario.
 
"Milei profirió una amenaza, no una opinión, para todos los que se identifiquen con una ideología contraria a la suya y específicamente a la izquierda. Llama a que otros nos ataquen, dice que son miles. Es gravísimo. No son amenazas a futuro, desde el poder del Estado cobran realidad", dijo la exdiputada Miryam Bregman a Página/12, que hará este viernes una denuncia con el PTS/FIT. Recordó que el abogado Matías Aufieri recibió un balazo en un ojo que afectó su visión en una de las movilizaciones de 2024.
 
"No olvidemos que todo esto proviene de nuestras críticas a Elon Musk por haber hecho el saludo nazi: estamos hablando de la defensa de un acto antisemita", sostuvo. "Es importante llevar esto a tribunales como mensaje político de que no vamos a naturalizar lo que dice el presidente, lo tomamos en serio, es grave, corresponde una denuncia --remarcó--. Cuantos más sectores lo repudiemos ayudamos a que se visualice que son caminos peligrosos la discriminación y la persecución. Tienen consecuencias".
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página 12
 

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20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
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16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

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