11:42 | Miercoles 10 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Entre Ríos - 19-01-2025 / 09:01

PLANTEAN UN RÉGIMEN DE BENEFICIOS FISCALES PROGRESIVOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO AGROPECUARIO DE ENTRE RÍOS

Desde el peronismo entrerriano reclaman más alivio fiscal para el campo

La iniciativa del diputado provincial Juan José Bahillo busca dar una respuesta a las dificultades económicas que afronta hoy el sector agropecuario. Contempla la suspensión de apremios fiscales, el diferimiento del pago de Ingresos Brutos y exenciones impositivas, con especial atención a los pequeños y medianos productores.

"El sector agropecuario es un pilar fundamental de nuestra economía provincial, y hoy enfrenta una combinación de factores adversos que ponen en riesgo su sostenibilidad", valoró el legislador peronista. Detalló que los precios internacionales fluctuantes, la fijación del tipo de cambio, las retenciones a las exportaciones y la reciente sequía «han generado una situación crítica, especialmente para los productores de menor escala».

Bahillo destacó que el objetivo del proyecto es brindar un alivio fiscal que permita a los productores sostener y potenciar sus actividades, contribuyendo así a la sostenibilidad del sector agropecuario a largo plazo. "Es un esfuerzo necesario para proteger a quienes trabajan la tierra y generan riqueza en nuestra provincia", afirmó el legislador.

El proyecto de ley, fundamentado en el principio de capacidad contributiva, propone las siguientes medidas:

-Suspensión por 180 días de apremios fiscales e intimaciones administrativas por deudas tributarias provinciales.

-Diferimiento del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente a los anticipos de enero a julio de 2025 hasta el 15 de septiembre del mismo año, con posibilidad de cancelación en un plan de pagos de 6 cuotas sin interés.

-Exenciones impositivas progresivas para el período fiscal 2025, según la cantidad de hectáreas afectadas a la actividad:

-Impuesto Inmobiliario: 70% (1 a 300 ha), 50% (301 a 600 ha), 25% (601 a 1000 ha). Aplica a inmuebles en plantas 4, 5, 6 y 7, afectados integralmente a la producción, con titulares o con vinculación económica-productiva demostrada y inscriptos en Ingresos Brutos antes del 01/01/2025.

-Impuesto de Sellos: 50% (1 a 300 ha), 25% (301 a 600 ha). Aplica a actos, contratos y operaciones de compraventa y servicios directamente vinculados a la actividad agropecuaria, excluyendo operaciones inmobiliarias. El contribuyente debe estar inscripto en Ingresos Brutos antes del 01/01/2025 y acreditar titularidad o vinculación con el inmueble productivo. -Impuesto Automotor: 100% (1 a 3 vehículos) para productores con 1 a 300 ha; 75% (hasta 5 vehículos) para productores con más de 300 ha. Aplica a vehículos utilitarios, camionetas, pick-ups, furgones, camiones, acoplados y semirremolques, propiedad del productor, adquiridos antes del 01/01/2025 y afectados a la actividad. El titular debe estar inscripto en Ingresos Brutos antes del 01/01/2025 y acreditar titularidad o vinculación con el inmueble productivo.

La iniciativa dispone que para acceder a los beneficios, los productores deben estar registrados y demostrar su actividad agropecuaria. Se aclara que quedan excluidos quienes sean considerados grandes contribuyentes (no MiPyMe) por la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo. La cantidad de hectáreas se calculará según las Plantas 4, 5, 6 y 7, considerando la propiedad o la vinculación económica-productiva.

Fuente: Página Política

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Frigerio, el centralismo porteño y el saqueo inaceptable de fondos que son de las provincias

Una parte significativa del superávit fiscal que el gobierno centralista y porteño de Javier Milei afirma registrar desde diciembre de 2023 se basa en la retención indebida de fondos que, por ley, corresponden a las provincias y que se recaudan en ellas. Según un informe de la consultora Politikón Chaco, en los primeros once meses del año, la administración libertaria habría retenido recursos no distribuidos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por una cifra cercana a los $ 730 mil millones. Pese a esta situación, el gobernador Rogelio Frigerio jamás ha presentado un reclamo contundente.

Estos ATN se integran con fondos recaudados a través de impuestos que componen la masa de la Coparticipación Federal. El monto total a entregar rondaba los $ 850 mil millones, pero solo una parte ínfima fue distribuida a 15 provincias, sin un criterio de distribución igualitario. Este panorama se reconfigura constantemente a favor del Gobierno nacional, que apela al "método Kueider" y en detrimento de los intereses del interior federal, alumbrando nuevos desafíos.

El Gobierno de Milei utiliza estos recursos retenidos como una herramienta extorsiva para conseguir respaldo en el Congreso Nacional para la sanción de las leyes clave de su proyecto "anarcocapitalista". La debilidad de ciertos gobernadores, que se traslada a sus representantes legislativos, obedece a la urgente necesidad de contar con fondos para programas provinciales vitales. Esta presión se impone por encima de los convencimientos personales o las ideologías de los mandatarios.

Se les fuerza, mediante intimidación o amenazas, a actuar en contra de sus propias posiciones políticas para obtener un beneficio económico con recursos que legalmente les corresponden. La demanda de estos fondos es crítica para el sostenimiento de: programas de educación, salud y transporte, conclusión de viviendas paralizadas y mantenimiento de rutas nacionales, cuya prioridad fue abandonada por el Gobierno libertario.

La convalidación del superávit en las cuentas públicas se logra, en gran parte, mediante el saqueo de recursos legítimos que pertenecen a las provincias y el abandono de obligaciones que competen al Estado nacional en la organización del país. El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 contempla una partida de apenas $ 122.763 millones para atender estas transferencias, una cifra que los gobernadores han calificado de insuficiente. La exigencia mínima para cubrir los déficits reales de sus jurisdicciones asciende a $ 900.000 millones.

Además, Milei ha dejado claro que no piensa restituir las transferencias a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, desentendiéndose por completo de sus obligaciones. La Corte Suprema de Justicia ha adoptado una postura de espera, supeditando una definición sobre las cajas provinciales a que la Nación avance en la anunciada reforma previsional. Mientras tanto, el envío de fondos jubilatorios se ha paralizado, para asegurar que seremos la nación más grande y exitosa en la historia de la humanidad y el hogar de la libertad en el mundo, según Milei.

En concreto, el Gobierno nacional no garantiza los fondos para estas 13 Cajas de Jubilaciones. Entre Ríos, por ejemplo, recibe a cuentagotas el aporte para cubrir el déficit de su Caja, a pesar de que este compromiso fue asumido por la Nación en 1994, con la puesta en marcha del anterior esquema de jubilación privada. Por eso, hace 8 meses que no aumenta las jubilaciones. Esta situación se agrava con el accionar de Frigerio, en la incorporación de personal en modalidades informales con escasos o nulos aportes a la Caja, y el impacto de los bonos de aumento no bonificables que no llegan a los jubilados.

El actual esquema de reparto de recursos, con parches y distribución no automática, permite el manejo político de fondos por parte de la administración central libertaria, favorecen el clientelismo y perjudican la productividad regional. La tan anunciada reforma impositiva, que el Gobierno presentaría en febrero, debería corregir estas distorsiones. Es que ganaron 40 a 35, no 80 a 20.