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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 18-01-2025 / 11:01
EN MEDIO DE LA TENSIÓN SOCIAL, EL GOBIERNO DE MILEI FESTEJÓ PERO CON PREOCUPACIÓN

¿Qué pasará cuando se caigan las ilusiones?: La inflación de diciembre sigue alta pese a un año de ajuste brutal

¿Qué pasará cuando se caigan las ilusiones?: La inflación de diciembre sigue alta pese a un año de ajuste brutal
Además de sectores populares empobrecidos, esta sociedad acumuló tensiones con la pequeña y mediana empresa y con los productores y exportadores de granos cuyo negocio se arruinó con el dólar barato. Es una configuración altamente inflamable, aunque es difícil definir cómo y cuándo esos intereses confluirán en una propuesta alternativa.
El gobierno libertario festejó más el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos que los datos de inflación de diciembre. Presentó el 2,7 como un éxito, pero no pudo ocultar preocupación. Pasó un año de ajuste brutal pero la inflación núcleo fue de 3,5 mensual y la inflación real, si se ponderaran realmente la electricidad, los alquileres, las expensas, las prepagas, internet, el gas, la nafta, el transporte, sería más alta aún porque los precios de varios de esos rubros triplicaron o más a la inflación.
 
A pesar de que la inflación anual tampoco incluyó el 26 por ciento que provocó la devaluación de Luis Caputo apenas asumieron en diciembre del 2023, el gobierno logró transmitir a una parte de la sociedad que ha logrado bajar la inflación. En realidad, logró bajar los niveles horrorosos que provocó aquella devaluación, pero se quedó en los niveles que tenía el gobierno anterior, que eran muy altos.
 
En gran parte esa disminución de la inflación del 26 al 2,7 por ciento es el principal factor para explicar el bajo nivel de conflictividad en comparación con el ajuste salvaje que aplicó. Ambos factores, inflación y conflictividad relativamente baja, favorecieron al gobierno, que aprovechó ese impulso para arremeter contra el PRO y absorber dirigentes y base electoral. Algo parecido hizo Carlos Menem para terminar con lo que quedaba del Partido Militar que lo había precedido como expresión política hegemónica del modelo neoliberal.
 
Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero en el Conurbano, anunció que abandonaba el PRO para incorporarse al oficialismo. Y lo mismo hizo el intendente de 25 de Mayo en la provincia de Buenos Aires, un dirigente que participaba en las listas del GEN, de Margarita Stolbizer. La Libertad Avanza busca desplazar a los demás referentes del ex frente de derecha Juntos por el Cambio, para ocupar ese lugar en forma excluyente. Mauricio Macri quedó acorralado entre una alianza desfavorable y la extinción.
 
El gobierno aprovecha el viento a favor, pero índices como el derrumbe del consumo empiezan a delinear las consecuencias inflamables que está convocando. La caída del consumo en diciembre en los supermercados fue del 20 por ciento comparado con el mismo mes del 2023, que ya fue malísimo tras la drástica devaluación. Comparada con el mes de noviembre la caída fue del 14 por ciento. Pero estas cifras encierran un universo heterogéneo, porque hubo sectores minoritarios con alto consumo y otros que se mantuvieron. O sea que aquellos que debieron disminuir sus compras, lo hicieron bastante más que los de esos índices.
 
La caída del consumo implicó cierre de comercios y de fábricas chicas, medianas y grandes y también despidos. Ese fenómeno estuvo representado por la caída del 18 por ciento en el consumo de energía en diciembre. No se trata del consumo familiar que incide poco en esa cifra, sino que la caída se constató en la industria.
 
La recaudación acompañó esa baja pero no es algo que le importe a un gobierno que canceló la obra pública y despidió médicos, psicólogos, enfermeros y otros trabajadores de direcciones especializadas en la atención de la tuberculosis o el VIH, y al punto de paralizar hospitales especializados como el Bonaparte en adicciones, el Sommer, en lepra, o el Instituto Nacional de Cáncer.
 
Los apagones en el Conurbano, en la ciudad de Buenos Aires y en Rosario, que dejaron sin luz a miles de personas no se entienden cuando el consumo de energía disminuyó con relación a eneros anteriores. 
 

 
El gobierno dolarizó las tarifas eléctricas y subió el precio 270 por ciento a lo largo del año, lo que es más del doble que la inflación. Con altas ganancias en dólares y caída del consumo, las empresas no invirtieron un solo peso para mejorar el servicio. Y el gobierno justificó los apagones hablando de picos de consumo que las mediciones dicen que no existieron.
 
Es fácil: las familias que no tuvieron para irse de vacaciones no van a "prender todos los aires acondicionados al mismo tiempo", como aseguró un funcionario. Solamente los ricos pueden afrontar las tarifas para pagar ese consumo.
 
Los despidos también se produjeron en el área de la Secretaría de Derechos Humanos que dirige el señor Alberto Baños. Si despiden nueve o diez trabajadores es un conflicto por ajuste. Pero si despiden 1400, el conflicto es contra la parálisis y el cierre. No se trata de ajustes sino del intento de eliminar esas áreas del gobierno nacional. Es una decisión política que tiene connotaciones en la salud de la población y en la base moral de los argentinos.
 
En el único rubro donde el gobierno invirtió ha sido en la represión. Javier Milei se ufana porque pudo hacer el "mayor ajuste de la historia" sin que se produjera una reacción popular del mismo volumen que el ajuste. Pero es consciente que ha generado una sociedad plena de tensiones, de injusticias y de una enorme desigualdad. Si no fuera consciente no se preocuparía tanto por organizar la represión.
 
Además de la represión sobredimensionada en las calles a manifestaciones pacíficas de protesta, el gobierno organizó cuadrillas de patotas digitales para atacar a sus críticos. Pero en la semana se produjo el ataque material a un dirigente gremial relacionado con el conflicto de los trabajadores de derechos humanos. Cuatro hombres incendiaron durante la madrugada del miércoles el automóvil del dirigente de ATE-Capital, Rubén López, integrante de la junta interna de ATE en el Ministerio de Justicia.
 
El festejo del gobierno se asienta en un hilo delgado que depende mucho de la suerte del dólar. Si se suelta, dispararía la inflación y se caería una parte del sustento al oficialismo. Los precios aumentan a pesar de la caída del consumo y el cese de emisión.
 
Por eso festejó tanto el triunfo de Trump que, de hecho, aceitó la disposición del FMI para otorgarle un préstamo de once mil millones de dólares, no para obras, sino para aguantar la divisa estadounidense hasta que empiecen a llegar los diez o quince mil millones de dólares que se esperan por la explotación de Vaca Muerta, un regalo que le dejaron los gobiernos kirchneristas.
 
Si este año se produce el crecimiento de cinco puntos del PBI que pronosticó el FMI gracias a las exportaciones de petróleo y gas, crecerá la fortuna de los millonarios. Pero sin políticas distributivas se profundizará la desigualdad. La sociedad que exalta el individualismo y la violencia contra los disidentes es poco sostenible en el tiempo. A las grandes empresas transnacionales parece no importarles mientras se les garanticen sus ganancias.
 
Pero en política esas tensiones llevadas a un punto extremo tienen consecuencias. Es difícil predecir de qué manera se expresará el descontento, una vez que caigan las ilusiones de un sector importante que respalda al gobierno y que ha perdido en este año pero al que han convencido de que se trata de un sacrificio necesario que será recompensado.
 
Además de sectores populares empobrecidos, esta sociedad acumuló tensiones con la pequeña y mediana empresa y con los productores y exportadores de granos cuyo negocio se arruinó con el dólar barato. Es una configuración altamente inflamable, aunque es difícil definir cómo y cuándo esos intereses confluirán en una propuesta alternativa.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página 12
 

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21-02-2026 / 10:02
Mundo desequilibrado. Discuten el futuro de Palestina para convertirla en una Miami del Medio Oriente, pero no consultan a los palestinos. En Argentina, el gobierno de Javier "el Loco" Milei organiza el trabajo como una Disneylandia para empresarios, y no consulta a los trabajadores. A diferente escala, porque en el primer caso se oculta un genocidio. Pero los argentinos trajinan sus propias tragedias con el cierre brutal de empresas y miles de trabajadores lanzados a la calle.
 
El jueves, cuando en Buenos Aires Diputados aprobaba la reforma laboral, en el marco de un paro nacional muy masivo, en Washington el cipayo Milei, se deshacía en elogios al mandatario estadounidense Donald Trump, que se autoproclamó presidente vitalicio del Consejo de la Paz. Trump habló de sus proyectos inmobiliarios de pacificación en Gaza, sin hablar de desmilitarizarla primero, al mismo tiempo que amenazaba, pacíficamente, con bombardear a Irán.
 
En este Occidente en decadencia y tan desigual y desequilibrado suceden cosas insólitas. En medio de su relajado discurso, en el que insistió que "no me interesa el premio Nobel de la Paz, me importa salvar vidas, que quede claro", Trump detuvo su alocución para piropear al presidente paraguayo, Santiago Peña: "un joven hermoso y apuesto, pero a mí no me gustan los hombres jóvenes y apuestos, a mí me gustan las mujeres".
 
Al Consejo de la Paz se unieron 27 países, aunque a la reunión del jueves asistieron también representantes de la mayoría de los latinoamericanos y europeos, que prefirieron mantenerse en calidad de observadores.
 
El martes, cuando Milei abandonó el país, la empresa FATE anunció que cerraba las puertas de su fábrica de neumáticos y dejaba en la calle a 920 obreros. La mayoría de ellos tenía varias décadas de antigüedad en una empresa que se fundó hace 80 años y ha exportado neumáticos a Estados Unidos y Europa, pero no pudo resistir la apertura de las importaciones.
 
La destrucción de la Argentina productiva avanzó a velocidad de la luz con Milei. Primero fue la industria textil, después la de electrodomésticos, y ahora tocó el turno a industrias más consolidadas, como Techint de Paolo Rocca, o Fate de los Madanes.
 
Techint se trasnacionalizó, pero el sesgo progresista distinguió el crecimiento de Fate, con Aluar. El ministro de Economía de Perón, José Ber Gelbard fue socio de los Madanes en Aluar, cuando la empresa acogió a científicos que habían sido expulsados de Ciencias Exactas e Ingeniería por la dictadura de Onganía, como Manuel Sadovsky, Carlos Varsavsky y el ingeniero Humberto Ciancaglini.
 
En ese momento los titulares de la empresa eran Adolfo y Manuel Madanes, quien impulsó la participación de Gelbard y después las de Sadovsky y Varsavsky. Adolfo se resistía a las implicancias políticas que tenía el proyecto de su hermano. El actual dueño, Javier Madanes, es hijo de Adolfo y sobrino de Manuel.
 
Desde la gerencia de Investigación y Desarrollo impulsada por Sadovsky y Varsavsky se crearon mecanismos propios para la producción de aluminio, y se convocó a un grupo de ingenieros que décadas más tarde formaría parte del que fue el emprendimiento privado más estratégico de innovación tecnológica.
 

20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
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