17:38 | Domingo 26 de Abril de 2013 | Entre Ríos

Por

“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Entre Ríos - 11-01-2025 / 10:01

SECRETARIO GENERAL DE UPCN ENTRE RÍOS

José Allende: Hay que sacar el contrato de obra porque jode a la Caja de Jubilaciones y perjudica a la obra social

El secretario general de UPCN José Allende, se manifestó en relación a la normativa del Gobierno provincial que elimina los contratos de obra, también se refirió al cruce radial entre Carina Domínguez y Daniel Koch.

En relación a la eliminación de los contratos de obra señaló: "Hoy se suman muchos al pedido de esto. Los únicos que firmamos paritaria condicionando a este acuerdo fuimos nosotros. Hoy nos subimos todos a la moto del triunfador, todos somos Colapinto".

"Lo importante es que ese contrato que tanto tiempo hemos peleado para que no exista más porque es para otro tipo de cosas, en el Estado son empleados administrativos, de servicios, depende la función que cumplen, entonces me parece que no tiene ninguna razón de ser el contrato de obra", dijo Allende.

En el Estado históricamente "los contrataban y como no querían aumentar la planta de personal, para no mostrar en la Nación que aumentaba la planta de personal, contrataba gente, tenían años de contratados y no regularizaban su situación, y en la cabeza de ninguno estaba echar a esos trabajadores, hasta que vino una vez un señor Moine y un señor Montiel que tomamos la decisión de echar a miles de trabajadores. Para que esto no pueda volver a ocurrir hay que regulizarlos y lo primero que hay que sacar es el contrato de obra porque jode a la Caja de Jubilaciones y perjudica también a la obra social".

"Hay algunos que quieren generar temores, nosotros vamos a ser celosos custodios de los que estaban trabajando. Se abre un paréntesis en una serie de contratados en un número bastante importante en la obra social, que también a nosotros nos preocupaba cuál iba a ser la decisión de la intervención".

Sobre el cruce entre Carina Domínguez y Daniel Koch dijo: "Si no me lo nombran a Koch ni me acuerdo que existe, así que no voy a opinar. Carina no necesita que nadie le escriba nada, yo si tengo que decir algo lo digo yo. Que se quede tranquilo, que viva su vida".

Con respecto a la intervención al IOSPER por parte del Poder Ejecutivo provincial señaló: "Este Gobierno no es peronista, yo soy peronista pero dirijo un gremio del Estado, tengo que hablar con el Gobierno, y hay que reconocer que nos ha abierto las puertas para el diálogo, en algunos casos con éxito en las negociaciones, en otros casos donde no nos hemos puesto de acuerdo. Con la intervención nosotros vamos a hablar porque es nuestra obra social, y si bien no estamos de acuerdo con ningún tipo de intervención en democracia, no por eso vamos a dejar de representar a nuestra gente y defender nuestra obra social. Lo que hemos hecho es trasladarle al Gobierno la propuesta que le hicimos a Cañete, que nunca la aplicaron".

Consideró que "ante cualquier amparo el Juez debe pedir un dictamen de una comisión de notables, tienen que ser prestigiosos profesionales de la medicina, y ellos tienen que dictaminar rápidamente, entonces el juez tiene argumentos científicos para decir sí o no al amparo; mientras no hagamos eso no hay ningún juez que se va a transformar en médico para decir que no a un amparo, porque corre riesgo de equivocarse y es la vida de la gente".

"Por más que intervengan, por más que hagan lo que quieran, si no tenés los recursos o das un mal servicio o terminás endeudado. Eso es lo que estamos charlando. La obra social, al margen de quién la conduzca es de los trabajadores y tiene que darle un buen servicio a los trabajadores".

Fuente: Radio La Voz

26-04-2026 / 10:04

La crisis económica empuja a trabajadores estatales entrerrianos a la quiebra personal

El colapso económico que pregonan Milei y Frigerio ha dejado de ser una estadística para convertirse en una tragedia humanitaria que empuja a los trabajadores estatales de Entre Ríos al abismo de la quiebra judicial. Mientras el gobierno nacional asfixia las provincias con un ajuste salvaje, la administración de Rogelio Frigerio ha decidido abandonar a su suerte a los empleados públicos, condenándolos a sueldos de miseria que ni siquiera cubren la canasta básica. Este escenario es el resultado directo de una política de "motosierra" que utiliza el hambre de las familias entrerrianas como variable de ajuste fiscal. El resultado judicial es mas quiebras de trabajadores.

La proliferación de resoluciones judiciales que declaran la quiebra de agentes estatales es la prueba obscena de un modelo que quebró el contrato social. Con salarios pulverizados por la inflación y una inacción total por parte del gobierno provincial para recomponer el poder adquisitivo, los trabajadores se ven atrapados en una espiral de sobreendeudamiento simplemente para sobrevivir. Frigerio, alineado al plan economíco de Milei, observa con indiferencia cómo quienes sostienen el funcionamiento de la provincia caen en el despojo patrimonial, demostrando que para este modelo, la dignidad del trabajador es un gasto prescindible en el altar del déficit cero.

Lo más alarmante es que, lejos de haber tocado fondo, el panorama bajo el modelo de Milei y la anuencia de Frigerio amenaza con profundizarse hacia niveles de exclusión nunca vistos. La combinación de una inflación que no da tregua a los artículos de primera necesidad y una política salarial que utiliza el congelamiento como ancla fiscal, proyecta un efecto dominó de ruina económica sobre el resto de la planta estatal. Sin un cambio de rumbo que priorice la subsistencia de quienes garantizan la salud, la educación y la seguridad en Entre Ríos, la provincia se encamina a una parálisis sistémica donde el trabajador, despojado de su presente y su futuro, termina siendo la principal víctima de un experimento ideológico que desprecia la vida humana y los derechos de los entrerrianos.

De la Opinión Popular

26-04-2026 / 09:04

El Tribunal de Disciplina del PJ expulsó a Rossi y Reggiardo y suspendió a otros referentes

El Tribunal de Disciplina del Partido Justicialista de Entre Ríos, emitió una serie de resoluciones vinculada a las denuncias por inconducta partidaria de varios dirigentes en los últimos comicios electorales. En ese marco, resolvió recomendar la expulsión de los afiliados Domingo Daniel Rossi (actual intendente de Santa Elena) y Carlos Guillermo Reggiardo (asesor de Rossi), al considerar acreditadas conductas de “deslealtad manifiesta” y graves violaciones a la Carta Orgánica partidaria.

También se adoptaron otras medidas para el caso de Ana Carolina Gaillard, Luna Valentina González, Héctor María Maya, Gustavo Raúl Guzmán, María Rosa Vergara, Graciela Beatriz Trinidad y Claudia Daniela Quiróz y Verónica Paola Rubattino, el Tribunal de Disciplina del PJ analizó la denuncia por “inconducta partidaria, la comisión de actos de deslealtad manifiesta, conductas incompatibles con los deberes de lealtad partidaria y quebrantamiento de la unidad orgánica, vulnerando con ello, en forma directa, los deberes establecidos en el artículo 10° y concordantes de la Carta Orgánica partidaria”.

23-04-2026 / 14:04

Gran marcha contra la Reforma Previsional de Frigerio: Los jubilados no son una variable de ajuste

¡Basta de ajuste sobre las espaldas de nuestros viejos! El gobierno de Rogelio Frigerio ha decidido avanzar con una reforma previsional que no es más que una declaración de guerra contra los trabajadores activos y jubilados de Entre Ríos. Bajo el paraguas de un supuesto "déficit" que ellos mismos alimentan, el Ejecutivo provincial pretende rifar la Caja de Jubilaciones y Pensiones, el patrimonio histórico de quienes sostuvieron la provincia durante décadas.

La ofensiva de Rogelio Frigerio contra la Caja de Jubilaciones no es un hecho aislado, sino la ejecución provincial del manual de ajuste que Javier Milei digita desde la Rosada. Bajo el disfraz de una "emergencia" fabricada, el oficialismo entrerriano pretende que los trabajadores y jubilados paguen con sus derechos el bache financiero que la política no está dispuesta a resignar, rompiendo el pacto histórico de protección social que caracteriza a nuestra provincia.

Mientras la economía real se desploma y el hambre golpea las puertas de los barrios, el Gobierno elige profundizar la angustia de quienes dedicaron su vida al servicio público. Esta reforma no busca la eficiencia, sino el despojo: es la entrega del 82% móvil y la precarización del futuro de miles de familias en nombre de una "armonización" que solo beneficia a las planillas de Excel y castiga a los de carne y hueso.

De la redacción de La Opinión Popular

17-04-2026 / 16:04

Gustavo Bordet: "El circo mediático y el escarnio público no son justicia"

El exgobernador y actual diputado nacional Gustavo Bordet cargó con dureza contra el fiscal José Arias (Concordia) tras el allanamiento a su vivienda en Concordia. Denunció una maniobra de persecución política orientada a dañar su imagen y cuestionó la falta de sustento jurídico de la medida.

El clima político en Entre Ríos se recalienta. Luego del operativo policial dispuesto en su domicilio particular, Gustavo Bordet salió al cruce de lo que considera una "puesta en escena" judicial con fines puramente electorales y de desprestigio personal. En sintonía con el comunicado del Partido Justicialista, el dirigente entrerriano apuntó a la figura del fiscal interviniente como el brazo ejecutor de una maniobra de "animosidad manifiesta".

De la redacción de La Opinión Popular

17-04-2026 / 16:04

El PJ de Entre Ríos denunció "ensañamiento" y "uso mediático" del allanamiento a Gustavo Bordet

A través de un duro comunicado, el Partido Justicialista de Entre Ríos cuestionó la actuación del fiscal Arias de Concordia y advirtió sobre la difusión intencional de medidas judiciales sin imputaciones previas.

Del mismo modo expresó su "profunda preocupación" por la espectacularidad de los operativos contra el exgobernador y actual diputado nacional. Apuntaron contra la falta de prudencia de la fiscalía de Concordia, señalando que el dirigente siempre estuvo a derecho y que el procedimiento busca "afectar la alta consideración pública" de su figura en un contexto de clara intencionalidad política.