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Entre Ríos - 11-01-2025 / 10:01
SECRETARIO GENERAL DE UPCN ENTRE RÍOS

José Allende: Hay que sacar el contrato de obra porque jode a la Caja de Jubilaciones y perjudica a la obra social

José Allende: Hay que sacar el contrato de obra porque jode a la Caja de Jubilaciones y perjudica a la obra social
El secretario general de UPCN José Allende, se manifestó en relación a la normativa del Gobierno provincial que elimina los contratos de obra, también se refirió al cruce radial entre Carina Domínguez y Daniel Koch.
 
El secretario general de UPCN José Allende, se manifestó en relación a la normativa del Gobierno provincial que elimina los contratos de obra, también se refirió al cruce radial entre Carina Domínguez y Daniel Koch.
 
En relación a la eliminación de los contratos de obra señaló: "Hoy se suman muchos al pedido de esto. Los únicos que firmamos paritaria condicionando a este acuerdo fuimos nosotros. Hoy nos subimos todos a la moto del triunfador, todos somos Colapinto".
 
"Lo importante es que ese contrato que tanto tiempo hemos peleado para que no exista más porque es para otro tipo de cosas, en el Estado son empleados administrativos, de servicios, depende la función que cumplen, entonces me parece que no tiene ninguna razón de ser el contrato de obra", dijo Allende.
 
En el Estado históricamente "los contrataban y como no querían aumentar la planta de personal, para no mostrar en la Nación que aumentaba la planta de personal, contrataba gente, tenían años de contratados y no regularizaban su situación, y en la cabeza de ninguno estaba echar a esos trabajadores, hasta que vino una vez un señor Moine y un señor Montiel que tomamos la decisión de echar a miles de trabajadores. Para que esto no pueda volver a ocurrir hay que regulizarlos y lo primero que hay que sacar es el contrato de obra porque jode a la Caja de Jubilaciones y perjudica también a la obra social".
 
"Hay algunos que quieren generar temores, nosotros vamos a ser celosos custodios de los que estaban trabajando. Se abre un paréntesis en una serie de contratados en un número bastante importante en la obra social, que también a nosotros nos preocupaba cuál iba a ser la decisión de la intervención".
 
Sobre el cruce entre Carina Domínguez y Daniel Koch dijo: "Si no me lo nombran a Koch ni me acuerdo que existe, así que no voy a opinar. Carina no necesita que nadie le escriba nada, yo si tengo que decir algo lo digo yo. Que se quede tranquilo, que viva su vida".
 
Con respecto a la intervención al IOSPER por parte del Poder Ejecutivo provincial señaló: "Este Gobierno no es peronista, yo soy peronista pero dirijo un gremio del Estado, tengo que hablar con el Gobierno, y hay que reconocer que nos ha abierto las puertas para el diálogo, en algunos casos con éxito en las negociaciones, en otros casos donde no nos hemos puesto de acuerdo. Con la intervención nosotros vamos a hablar porque es nuestra obra social, y si bien no estamos de acuerdo con ningún tipo de intervención en democracia, no por eso vamos a dejar de representar a nuestra gente y defender nuestra obra social. Lo que hemos hecho es trasladarle al Gobierno la propuesta que le hicimos a Cañete, que nunca la aplicaron".
 
Consideró que "ante cualquier amparo el Juez debe pedir un dictamen de una comisión de notables, tienen que ser prestigiosos profesionales de la medicina, y ellos tienen que dictaminar rápidamente, entonces el juez tiene argumentos científicos para decir sí o no al amparo; mientras no hagamos eso no hay ningún juez que se va a transformar en médico para decir que no a un amparo, porque corre riesgo de equivocarse y es la vida de la gente".
 
"Por más que intervengan, por más que hagan lo que quieran, si no tenés los recursos o das un mal servicio o terminás endeudado. Eso es lo que estamos charlando. La obra social, al margen de quién la conduzca es de los trabajadores y tiene que darle un buen servicio a los trabajadores".
 
Fuente: Radio La Voz
 
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El porteño Rogelio Frigerio y buena parte de los gobernadores escucharon al presidente Javier Milei, quien celebró la supuesta mejora macroeconómica, el control político pleno que La Libertad Avanza logró en el Congreso pese a no tener mayoría, las reformas que él considera irreversibles y el avance de las ideas libertarias, que parecen irrefrenables. Frigerio y los gobernadores escucharon un relato triunfal mientras afrontan la complejidad creciente de sus administraciones provinciales, de la economía real, del derrumbe de los sectores regionales industriales y de la grave situación social.
 
Esa parte de la realidad, dolorosamente territorial y expulsiva, radica en el interior federal, aunque dependa casi exclusivamente de decisiones que toma Milei. El desfinanciamiento cada vez más pronunciado de las administraciones provinciales les resta posibilidades de acción territorial y política. No obstante, los diputados y senadores de las provincias votan a favor de las leyes de Milei. El oficialismo entrerriano, entre ellos.
 
El posicionamiento político de Frigerio es cada vez más difícil de clasificar. Intenta calmar los reproches del pueblo, pero en simultáneo avala la reforma laboral. Apoya la macroeconomía de puertas abiertas de par en par, con importaciones indiscriminadas, pero reclama igualdad de condiciones para la golpeada industria provincial. Los diagnósticos son tenebrosos en materia de empleo y de condiciones sociales del amplio sector asalariado entrerriano que desde hace décadas vive de industrias que van perdiendo competitividad, y que el proyecto libertario ha venido a liquidar. Milei lo hace sin complejos: celebra el cierre de empresas, trata de delincuentes a los principales empresarios del país y jamás habla de producción ni de empleo.
 
Cuando se observa el posicionamiento de Frigerio, su margen político se evidencia dramáticamente reducido. Y las consecuencias en la propia administración son crecientes. Frigerio sostiene el ajuste en los sueldos públicos y en las jubilaciones pese al malestar gremial en alza; intenta amortiguar la caída generalizada de recursos con mayor endeudamiento, con refinanciamiento caro y sobre costos. Mientras, subsiste gracias al intercambio de votos en el Congreso por algún ATN. Se balancea al borde del abismo y la conflictividad se incrementa en todo el territorio provincial.
 
En ese marco, Nadia Burgos, dirigente del MST en el FIT-U y delegada gremial del Ministerio de Salud se expresó: "La paritaria estatal en Entre Ríos volvió a mostrar el mismo esquema de siempre: el gobierno presenta una oferta que no recompone el salario real y pretende cerrar el conflicto con el aval de UPCN, mientras miles de trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y en su mayoría con salario de pobreza". La miserable propuesta de Frigerio, del 15,8% sobre sueldo básico de junio 2025, no cubre la inflación acumulada ni garantiza una recuperación del salario, sumado a los 9 meses de salarios congelado junto a los recortes de ingreso de junio 2025. Las sumas fijas, tramos diferidos y promesas de revisión no resuelven el problema de fondo: los sueldos estatales están por debajo de lo necesario para vivir. Frigerio está muy alejado de lo que se vive en los lugares de trabajo: el salario no llega, las condiciones laborales se deterioran y el ajuste se descarga sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado y los jubilados.
 
Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que venían percibiendo de $40.000. Aumento real: $35.000. Una miseria. Las cifras establecidas están muy debajo de la inflación real y en la mitad de los índices truchos del gobierno de Milei. Y no recomponen el poder de compra de los trabajadores. El Consejo Provincial del Partido Justicialista expresó su "profunda preocupación y rechazo ante el reciente anuncio del gobierno provincial de otorgar incrementos salariales bajo la modalidad de sumas no remunerativas y no bonificables". Resulta contradictorio e injustificable que, en un contexto donde el propio oficialismo impulsa una reforma previsional que afectará directamente a trabajadores activos y jubilados, se dispongan mecanismos salariales que reducen aportes, debilitan el financiamiento del sistema previsional y deterioran el salario real de los empleados públicos.
 

01-03-2026 / 10:03
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