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Nacionales - 08-01-2025 / 11:01
UN QUILOMBO: LIBERTARIOS Y MACRISTAS EN UNA INTERNA EXPLOSIVA

Javier “el Loco” Milei buscó instalar sin éxito que la AFIP de Mauricio Macri protegía a peronistas

Javier “el Loco” Milei buscó instalar sin éxito que la AFIP de Mauricio Macri protegía a peronistas
Tras la revelación de que los nombres de la lista difundida por el Gobierno anarco capitalista de Javier “el Loco” Milei, de supuestos “protegidos K” en la AFIP desde 2016, en realidad eran perseguidos ilegalmente por el gobierno de Mauricio Macri, estalló el escándalo alrededor de la burda operación. La pelea entre los libertarios y el PRO llegó a su punto máximo y la onda expansiva impactó de lleno en la interna oficial.
Tras la revelación de que los nombres de la lista difundida por el Gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, de supuestos "protegidos K" en la AFIP desde 2016, en realidad eran perseguidos ilegalmente por el gobierno de Mauricio Macri, estalló el escándalo alrededor de la burda operación. La pelea entre los libertarios y el PRO llegó a su punto máximo y la onda expansiva impactó de lleno en la interna oficial.
 
La operación desatada por la Casa Rosada este lunes derivó en un escándalo. Los voceros de Milei, difundieron una lista de 51 dirigentes y empresarios supuestamente protegidos por la AFIP a partir de 2016 y que estaban vinculados al kirchnerismo y al peronismo. Sobre esa base, el gobierno instaló una hipótesis insólita: que el macrismo protegió al kirchnerismo.
 
Tal como se anticipó este martes, la lista no era de protegidos sino todo lo contrario: los que el macrismo sometió a persecución, armando causas falsas que llevaron a prisión a algunos de los que figuran en la nómina. En otros casos, la justicia intervino las empresas y en otros los dueños tuvieron que vendérselas a amigos de la cúpula macrista.
 
O sea, se probó otra vez la guerra desatada por el macrismo contra opositores tal como se había publicado el 15 de diciembre de 2020. Pero más allá del análisis, el episodio del listado derivó en internas de todo tipo.
 
Los libertarios acusaron a ex funcionarios macristas de tener un pacto de impunidad con el peronismo y los macristas afirmaron sentirse orgullosos de haber perseguido peronistas o sea, que tácitamente confirmaron que irregularmente entraban al sistema de la AFIP y que armaban grupos de tareas (así los llamaron, como en la dictadura) para ir contra dirigentes -entre ellos Cristina Fernández de Kirchner- y distintos empresarios.
 
En el camino se sumaron internas calientes de la AFIP, con peleas y más peleas dentro del gobierno libertario y con el grupo macrista dentro de la AFIP que quiere retomar el poder y volver a perseguir.
 
El extitular de la AFIP durante el gobierno de Alberto Fernández, Carlos Castagneto, puso blanco sobre negro y recordó las auditorías que se hicieron en el organismo recaudador durante su gestión y la de Mercedes Marcó del Pont. En ambos casos, se denunciaron a la justicia una increíble cantidad de irregularidades y delitos cometidos por las administraciones macrista de Alberto Abad y Leandro Cuccioli, entre 2016 y 2019.
 
"La supuesta red de protección por parte de AFIP a empresarios kirchneristas -describió Castgneto- no es más que la descripción de la actuación que llevaron adelante funcionarios alineados a la gestión macrista, que usó al organismo como laboratorio y usina de espionaje y acopio de datos protegidos y tutelados por el secreto fiscal con el único fin de armar causas penales contra los que pensaban diferente". La causa 4262/2016 (hoy bajo la órbita del juez Julián Ercolini) donde el organismo se constituyó como querellante, pinta de cuerpo entero el accionar. 
 

 
EL GOBIERNO DE MILEI BUSCÓ OPERAR SIN ÉXITO QUE LA AFIP DE MACRI PROTEGÍA A PERONISTAS
 
Libertarios y macristas en una interna explosiva
 
Página/12 reveló la movida libertaria y los exfuncionarios del PRO terminaron confirmando que usaron el organismo para acosar a dirigentes y empresarios cercanos al peronismo y kirchnerismo.
 
En esta causa obran los cientos de miles de accesos indebidos a información sensible y protegida de jueces, fiscales, periodistas, empresarios, políticos, figuras públicas. Todo por orden y armado de los macristas. Nosotros denunciamos, aportamos las pruebas y en la justicia no hay avance alguno".
 
* Se constató, por ejemplo, que entraron 700 veces por semana al sistema para indagar sobre datos fiscales de dirigentes y empresarios. Se hacía sin fundamento, sin que medie un expediente y sin notificar, como corresponde, al contribuyente.
 
* En buena parte de los ingresos irregulares al sistema, se borraron después los registros, porque no tenían forma de explicar el espionaje sobre los supuestos opositores.
 
* Hicieron un simulacro de notificaciones. Es decir que no notificaban a los investigados al domicilio fiscal sino en domicilios inexistentes. Así seguían el expediente, acusaban y negaron el derecho a la defensa.
 
* "Usaron todo para perseguir -detalló Castagneto-. La AFIP, la Unidad de Información Financiera, el Banco Central y, por supuesto, la trama se completó con fiscales, jueces e incluso periodistas".
 
* "El objetivo no fue sólo perseguir. También quedarse con empresas, amedrentar".
 
 
No los protegimos, los perseguimos
  
Ante la acusación emitida desde la Casa Rosada de que la lista se hizo para proteger peronistas, salieron a la cancha algunos exfuncionarios de Mauricio Macri. "Es un insulto que me digan que yo establecí una red de protección de empresarios kirchneristas -afirmó Alberto Abad, uno de los dos titulares de la AFIP durante el macrismo-. Nosotros los investigamos. Es insólito que desde la Casa Rosada sostengan que se buscó proteger a exfuncionarios y empresarios kirchneristas". Como se ve, Abad no negó la existencia de la lista.
 
Los voceros mileístas redoblaron la apuesta durante el día, siempre utilizando sus cuentas de X. A la exfuncionaria y ultra macrista, María Eugenia Talarico, le enrostraron: "si la lista secreta de la AFIP que vos manejabas no era para encubrir a los empresarios kirchneristas ¿para qué era? ¿Estás confesando que elaboraron una lista de persecución en la AFIP? Es un escándalo esto".
 
La acusación provino de una cuenta adjudicada al asesor presidencial, Santiago Caputo. "Es imperativo que las autoridades de la AFIP del período 2016-2019 aclaren si la lista secreta que se conoció de empresarios kirchneristas era para garantizarles impunidad o para perseguirlos. ¡La Patria se los demanda! ¡Esto es un escándalo nacional!".
 
La exnúmero dos de la AFIP durante el macrismo, Jimena De la Torre, contestó casi a los gritos: "jamás hubo pacto de impunidad con los K. Todo fue denunciado". O sea, no desmintió la existencia de la lista, sólo argumentó que no fue para proteger. Es decir que la lista fue para perseguir.
 
En su momento, Marcó Del Pont, ante la justicia, había señalado que la AFIP tiene un deber de neutralidad, o sea de considerar que todos los contribuyentes son iguales y las investigaciones deben abarcar a todos, no a quienes se considera opositores. Por lo tanto, la lista exhibe en sí misma una ilegalidad.
  
  
La interna está que arde
  
La difusión de la lista de 51 empresas es interpretada como una denuncia contra el macrismo y también un mensaje en la interna del ente recaudador. Desde la Casa Rosada, indisimuladamente, mencionan a los exfuncionarios de Mauricio Macri como los que armaron la nómina: este lunes lo filtraron haciendo un show y diciendo que fue para proteger kirchneristas, pero en X mostraron lo que verdaderamente todos saben, que fue para perseguir opositores.
 
De manera que la lista es realmente un episodio más en la confrontación Milei-Macri. Son tiempos en que los libertarios están en una fuerte ofensiva para quedarse con todo lo que puedan del PRO.
 
Pero en el escándalo también hay vínculos con lo que está sucediendo ahora en el organismo recaudador. El mensaje fue "ahora que nosotros, los libertarios, estamos en la ARCA (el nuevo nombre de la AFIP) las cosas son diferentes a cuando estaban los macristas. Somos rectos y ordenados".
 
El tiro por elevación, en la interna del ente recaudador, es contra Juan Pazo, el titular de ARCA, que según señalan está aliado a lo que queda del aparato macrista dentro de lo que era la AFIP. Todos dicen que Pazo está en línea con Luis "Toto" Caputo, el ministro de Economía, que ya estuvo en ese cargo con Macri, y que estaría pactando -dicen los libertarios puros- con los exfuncionarios macristas. En la otra vereda se ubicarían, justamente, los libertarios puros, acaudillados por el número 2 de ARCA, Andrés Vázquez, quien fue respaldado por Milei ante la acusación de que ascendió a su esposa dentro del organismo. Entre aliados de Pazo y de Vázquez vuelan las acusaciones, sobre todo poniendo énfasis en que tienen bienes no declarados en la Argentina y en el exterior. Es otra interna que arde.
 
 
La justicia no
  
A última hora de este martes, en el gobierno hicieron saber que no habría denuncia judicial de ARCA por la lista, sino una especie de sumario interno. Eso exhibe que todo se trata de internas, contra el macrismo y dentro de la propia ARCA, contra lo que queda del equipo de Macri.
 
No obstante, esta especie de todos contra todos termina echando luz sobre lo que fue el uso de del aparato del estado para perseguir opositores. Nuevamente aparece sobre la superficie que tenían listas, grupos de tareas que entraban clandestinamente al sistema, que espiaban y, lo más grave, apuntaron con todos los cañones a meter a opositores presos y a quitarles las empresas si las tenían. En la superficie posaban de republicanos.
 
Por Raúl Kollmann
 
Fuente: Página 12
 

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20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

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