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Nacionales - 08-01-2025 / 11:01
UN QUILOMBO: LIBERTARIOS Y MACRISTAS EN UNA INTERNA EXPLOSIVA

Javier “el Loco” Milei buscó instalar sin éxito que la AFIP de Mauricio Macri protegía a peronistas

Javier “el Loco” Milei buscó instalar sin éxito que la AFIP de Mauricio Macri protegía a peronistas
Tras la revelación de que los nombres de la lista difundida por el Gobierno anarco capitalista de Javier “el Loco” Milei, de supuestos “protegidos K” en la AFIP desde 2016, en realidad eran perseguidos ilegalmente por el gobierno de Mauricio Macri, estalló el escándalo alrededor de la burda operación. La pelea entre los libertarios y el PRO llegó a su punto máximo y la onda expansiva impactó de lleno en la interna oficial.
Tras la revelación de que los nombres de la lista difundida por el Gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, de supuestos "protegidos K" en la AFIP desde 2016, en realidad eran perseguidos ilegalmente por el gobierno de Mauricio Macri, estalló el escándalo alrededor de la burda operación. La pelea entre los libertarios y el PRO llegó a su punto máximo y la onda expansiva impactó de lleno en la interna oficial.
 
La operación desatada por la Casa Rosada este lunes derivó en un escándalo. Los voceros de Milei, difundieron una lista de 51 dirigentes y empresarios supuestamente protegidos por la AFIP a partir de 2016 y que estaban vinculados al kirchnerismo y al peronismo. Sobre esa base, el gobierno instaló una hipótesis insólita: que el macrismo protegió al kirchnerismo.
 
Tal como se anticipó este martes, la lista no era de protegidos sino todo lo contrario: los que el macrismo sometió a persecución, armando causas falsas que llevaron a prisión a algunos de los que figuran en la nómina. En otros casos, la justicia intervino las empresas y en otros los dueños tuvieron que vendérselas a amigos de la cúpula macrista.
 
O sea, se probó otra vez la guerra desatada por el macrismo contra opositores tal como se había publicado el 15 de diciembre de 2020. Pero más allá del análisis, el episodio del listado derivó en internas de todo tipo.
 
Los libertarios acusaron a ex funcionarios macristas de tener un pacto de impunidad con el peronismo y los macristas afirmaron sentirse orgullosos de haber perseguido peronistas o sea, que tácitamente confirmaron que irregularmente entraban al sistema de la AFIP y que armaban grupos de tareas (así los llamaron, como en la dictadura) para ir contra dirigentes -entre ellos Cristina Fernández de Kirchner- y distintos empresarios.
 
En el camino se sumaron internas calientes de la AFIP, con peleas y más peleas dentro del gobierno libertario y con el grupo macrista dentro de la AFIP que quiere retomar el poder y volver a perseguir.
 
El extitular de la AFIP durante el gobierno de Alberto Fernández, Carlos Castagneto, puso blanco sobre negro y recordó las auditorías que se hicieron en el organismo recaudador durante su gestión y la de Mercedes Marcó del Pont. En ambos casos, se denunciaron a la justicia una increíble cantidad de irregularidades y delitos cometidos por las administraciones macrista de Alberto Abad y Leandro Cuccioli, entre 2016 y 2019.
 
"La supuesta red de protección por parte de AFIP a empresarios kirchneristas -describió Castgneto- no es más que la descripción de la actuación que llevaron adelante funcionarios alineados a la gestión macrista, que usó al organismo como laboratorio y usina de espionaje y acopio de datos protegidos y tutelados por el secreto fiscal con el único fin de armar causas penales contra los que pensaban diferente". La causa 4262/2016 (hoy bajo la órbita del juez Julián Ercolini) donde el organismo se constituyó como querellante, pinta de cuerpo entero el accionar. 
 

 
EL GOBIERNO DE MILEI BUSCÓ OPERAR SIN ÉXITO QUE LA AFIP DE MACRI PROTEGÍA A PERONISTAS
 
Libertarios y macristas en una interna explosiva
 
Página/12 reveló la movida libertaria y los exfuncionarios del PRO terminaron confirmando que usaron el organismo para acosar a dirigentes y empresarios cercanos al peronismo y kirchnerismo.
 
En esta causa obran los cientos de miles de accesos indebidos a información sensible y protegida de jueces, fiscales, periodistas, empresarios, políticos, figuras públicas. Todo por orden y armado de los macristas. Nosotros denunciamos, aportamos las pruebas y en la justicia no hay avance alguno".
 
* Se constató, por ejemplo, que entraron 700 veces por semana al sistema para indagar sobre datos fiscales de dirigentes y empresarios. Se hacía sin fundamento, sin que medie un expediente y sin notificar, como corresponde, al contribuyente.
 
* En buena parte de los ingresos irregulares al sistema, se borraron después los registros, porque no tenían forma de explicar el espionaje sobre los supuestos opositores.
 
* Hicieron un simulacro de notificaciones. Es decir que no notificaban a los investigados al domicilio fiscal sino en domicilios inexistentes. Así seguían el expediente, acusaban y negaron el derecho a la defensa.
 
* "Usaron todo para perseguir -detalló Castagneto-. La AFIP, la Unidad de Información Financiera, el Banco Central y, por supuesto, la trama se completó con fiscales, jueces e incluso periodistas".
 
* "El objetivo no fue sólo perseguir. También quedarse con empresas, amedrentar".
 
 
No los protegimos, los perseguimos
  
Ante la acusación emitida desde la Casa Rosada de que la lista se hizo para proteger peronistas, salieron a la cancha algunos exfuncionarios de Mauricio Macri. "Es un insulto que me digan que yo establecí una red de protección de empresarios kirchneristas -afirmó Alberto Abad, uno de los dos titulares de la AFIP durante el macrismo-. Nosotros los investigamos. Es insólito que desde la Casa Rosada sostengan que se buscó proteger a exfuncionarios y empresarios kirchneristas". Como se ve, Abad no negó la existencia de la lista.
 
Los voceros mileístas redoblaron la apuesta durante el día, siempre utilizando sus cuentas de X. A la exfuncionaria y ultra macrista, María Eugenia Talarico, le enrostraron: "si la lista secreta de la AFIP que vos manejabas no era para encubrir a los empresarios kirchneristas ¿para qué era? ¿Estás confesando que elaboraron una lista de persecución en la AFIP? Es un escándalo esto".
 
La acusación provino de una cuenta adjudicada al asesor presidencial, Santiago Caputo. "Es imperativo que las autoridades de la AFIP del período 2016-2019 aclaren si la lista secreta que se conoció de empresarios kirchneristas era para garantizarles impunidad o para perseguirlos. ¡La Patria se los demanda! ¡Esto es un escándalo nacional!".
 
La exnúmero dos de la AFIP durante el macrismo, Jimena De la Torre, contestó casi a los gritos: "jamás hubo pacto de impunidad con los K. Todo fue denunciado". O sea, no desmintió la existencia de la lista, sólo argumentó que no fue para proteger. Es decir que la lista fue para perseguir.
 
En su momento, Marcó Del Pont, ante la justicia, había señalado que la AFIP tiene un deber de neutralidad, o sea de considerar que todos los contribuyentes son iguales y las investigaciones deben abarcar a todos, no a quienes se considera opositores. Por lo tanto, la lista exhibe en sí misma una ilegalidad.
  
  
La interna está que arde
  
La difusión de la lista de 51 empresas es interpretada como una denuncia contra el macrismo y también un mensaje en la interna del ente recaudador. Desde la Casa Rosada, indisimuladamente, mencionan a los exfuncionarios de Mauricio Macri como los que armaron la nómina: este lunes lo filtraron haciendo un show y diciendo que fue para proteger kirchneristas, pero en X mostraron lo que verdaderamente todos saben, que fue para perseguir opositores.
 
De manera que la lista es realmente un episodio más en la confrontación Milei-Macri. Son tiempos en que los libertarios están en una fuerte ofensiva para quedarse con todo lo que puedan del PRO.
 
Pero en el escándalo también hay vínculos con lo que está sucediendo ahora en el organismo recaudador. El mensaje fue "ahora que nosotros, los libertarios, estamos en la ARCA (el nuevo nombre de la AFIP) las cosas son diferentes a cuando estaban los macristas. Somos rectos y ordenados".
 
El tiro por elevación, en la interna del ente recaudador, es contra Juan Pazo, el titular de ARCA, que según señalan está aliado a lo que queda del aparato macrista dentro de lo que era la AFIP. Todos dicen que Pazo está en línea con Luis "Toto" Caputo, el ministro de Economía, que ya estuvo en ese cargo con Macri, y que estaría pactando -dicen los libertarios puros- con los exfuncionarios macristas. En la otra vereda se ubicarían, justamente, los libertarios puros, acaudillados por el número 2 de ARCA, Andrés Vázquez, quien fue respaldado por Milei ante la acusación de que ascendió a su esposa dentro del organismo. Entre aliados de Pazo y de Vázquez vuelan las acusaciones, sobre todo poniendo énfasis en que tienen bienes no declarados en la Argentina y en el exterior. Es otra interna que arde.
 
 
La justicia no
  
A última hora de este martes, en el gobierno hicieron saber que no habría denuncia judicial de ARCA por la lista, sino una especie de sumario interno. Eso exhibe que todo se trata de internas, contra el macrismo y dentro de la propia ARCA, contra lo que queda del equipo de Macri.
 
No obstante, esta especie de todos contra todos termina echando luz sobre lo que fue el uso de del aparato del estado para perseguir opositores. Nuevamente aparece sobre la superficie que tenían listas, grupos de tareas que entraban clandestinamente al sistema, que espiaban y, lo más grave, apuntaron con todos los cañones a meter a opositores presos y a quitarles las empresas si las tenían. En la superficie posaban de republicanos.
 
Por Raúl Kollmann
 
Fuente: Página 12
 

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07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
La Opinión Popular
 

04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
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