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Nacionales - 08-01-2025 / 11:01
UN QUILOMBO: LIBERTARIOS Y MACRISTAS EN UNA INTERNA EXPLOSIVA

Javier “el Loco” Milei buscó instalar sin éxito que la AFIP de Mauricio Macri protegía a peronistas

Javier “el Loco” Milei buscó instalar sin éxito que la AFIP de Mauricio Macri protegía a peronistas
Tras la revelación de que los nombres de la lista difundida por el Gobierno anarco capitalista de Javier “el Loco” Milei, de supuestos “protegidos K” en la AFIP desde 2016, en realidad eran perseguidos ilegalmente por el gobierno de Mauricio Macri, estalló el escándalo alrededor de la burda operación. La pelea entre los libertarios y el PRO llegó a su punto máximo y la onda expansiva impactó de lleno en la interna oficial.
Tras la revelación de que los nombres de la lista difundida por el Gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, de supuestos "protegidos K" en la AFIP desde 2016, en realidad eran perseguidos ilegalmente por el gobierno de Mauricio Macri, estalló el escándalo alrededor de la burda operación. La pelea entre los libertarios y el PRO llegó a su punto máximo y la onda expansiva impactó de lleno en la interna oficial.
 
La operación desatada por la Casa Rosada este lunes derivó en un escándalo. Los voceros de Milei, difundieron una lista de 51 dirigentes y empresarios supuestamente protegidos por la AFIP a partir de 2016 y que estaban vinculados al kirchnerismo y al peronismo. Sobre esa base, el gobierno instaló una hipótesis insólita: que el macrismo protegió al kirchnerismo.
 
Tal como se anticipó este martes, la lista no era de protegidos sino todo lo contrario: los que el macrismo sometió a persecución, armando causas falsas que llevaron a prisión a algunos de los que figuran en la nómina. En otros casos, la justicia intervino las empresas y en otros los dueños tuvieron que vendérselas a amigos de la cúpula macrista.
 
O sea, se probó otra vez la guerra desatada por el macrismo contra opositores tal como se había publicado el 15 de diciembre de 2020. Pero más allá del análisis, el episodio del listado derivó en internas de todo tipo.
 
Los libertarios acusaron a ex funcionarios macristas de tener un pacto de impunidad con el peronismo y los macristas afirmaron sentirse orgullosos de haber perseguido peronistas o sea, que tácitamente confirmaron que irregularmente entraban al sistema de la AFIP y que armaban grupos de tareas (así los llamaron, como en la dictadura) para ir contra dirigentes -entre ellos Cristina Fernández de Kirchner- y distintos empresarios.
 
En el camino se sumaron internas calientes de la AFIP, con peleas y más peleas dentro del gobierno libertario y con el grupo macrista dentro de la AFIP que quiere retomar el poder y volver a perseguir.
 
El extitular de la AFIP durante el gobierno de Alberto Fernández, Carlos Castagneto, puso blanco sobre negro y recordó las auditorías que se hicieron en el organismo recaudador durante su gestión y la de Mercedes Marcó del Pont. En ambos casos, se denunciaron a la justicia una increíble cantidad de irregularidades y delitos cometidos por las administraciones macrista de Alberto Abad y Leandro Cuccioli, entre 2016 y 2019.
 
"La supuesta red de protección por parte de AFIP a empresarios kirchneristas -describió Castgneto- no es más que la descripción de la actuación que llevaron adelante funcionarios alineados a la gestión macrista, que usó al organismo como laboratorio y usina de espionaje y acopio de datos protegidos y tutelados por el secreto fiscal con el único fin de armar causas penales contra los que pensaban diferente". La causa 4262/2016 (hoy bajo la órbita del juez Julián Ercolini) donde el organismo se constituyó como querellante, pinta de cuerpo entero el accionar. 
 

 
EL GOBIERNO DE MILEI BUSCÓ OPERAR SIN ÉXITO QUE LA AFIP DE MACRI PROTEGÍA A PERONISTAS
 
Libertarios y macristas en una interna explosiva
 
Página/12 reveló la movida libertaria y los exfuncionarios del PRO terminaron confirmando que usaron el organismo para acosar a dirigentes y empresarios cercanos al peronismo y kirchnerismo.
 
En esta causa obran los cientos de miles de accesos indebidos a información sensible y protegida de jueces, fiscales, periodistas, empresarios, políticos, figuras públicas. Todo por orden y armado de los macristas. Nosotros denunciamos, aportamos las pruebas y en la justicia no hay avance alguno".
 
* Se constató, por ejemplo, que entraron 700 veces por semana al sistema para indagar sobre datos fiscales de dirigentes y empresarios. Se hacía sin fundamento, sin que medie un expediente y sin notificar, como corresponde, al contribuyente.
 
* En buena parte de los ingresos irregulares al sistema, se borraron después los registros, porque no tenían forma de explicar el espionaje sobre los supuestos opositores.
 
* Hicieron un simulacro de notificaciones. Es decir que no notificaban a los investigados al domicilio fiscal sino en domicilios inexistentes. Así seguían el expediente, acusaban y negaron el derecho a la defensa.
 
* "Usaron todo para perseguir -detalló Castagneto-. La AFIP, la Unidad de Información Financiera, el Banco Central y, por supuesto, la trama se completó con fiscales, jueces e incluso periodistas".
 
* "El objetivo no fue sólo perseguir. También quedarse con empresas, amedrentar".
 
 
No los protegimos, los perseguimos
  
Ante la acusación emitida desde la Casa Rosada de que la lista se hizo para proteger peronistas, salieron a la cancha algunos exfuncionarios de Mauricio Macri. "Es un insulto que me digan que yo establecí una red de protección de empresarios kirchneristas -afirmó Alberto Abad, uno de los dos titulares de la AFIP durante el macrismo-. Nosotros los investigamos. Es insólito que desde la Casa Rosada sostengan que se buscó proteger a exfuncionarios y empresarios kirchneristas". Como se ve, Abad no negó la existencia de la lista.
 
Los voceros mileístas redoblaron la apuesta durante el día, siempre utilizando sus cuentas de X. A la exfuncionaria y ultra macrista, María Eugenia Talarico, le enrostraron: "si la lista secreta de la AFIP que vos manejabas no era para encubrir a los empresarios kirchneristas ¿para qué era? ¿Estás confesando que elaboraron una lista de persecución en la AFIP? Es un escándalo esto".
 
La acusación provino de una cuenta adjudicada al asesor presidencial, Santiago Caputo. "Es imperativo que las autoridades de la AFIP del período 2016-2019 aclaren si la lista secreta que se conoció de empresarios kirchneristas era para garantizarles impunidad o para perseguirlos. ¡La Patria se los demanda! ¡Esto es un escándalo nacional!".
 
La exnúmero dos de la AFIP durante el macrismo, Jimena De la Torre, contestó casi a los gritos: "jamás hubo pacto de impunidad con los K. Todo fue denunciado". O sea, no desmintió la existencia de la lista, sólo argumentó que no fue para proteger. Es decir que la lista fue para perseguir.
 
En su momento, Marcó Del Pont, ante la justicia, había señalado que la AFIP tiene un deber de neutralidad, o sea de considerar que todos los contribuyentes son iguales y las investigaciones deben abarcar a todos, no a quienes se considera opositores. Por lo tanto, la lista exhibe en sí misma una ilegalidad.
  
  
La interna está que arde
  
La difusión de la lista de 51 empresas es interpretada como una denuncia contra el macrismo y también un mensaje en la interna del ente recaudador. Desde la Casa Rosada, indisimuladamente, mencionan a los exfuncionarios de Mauricio Macri como los que armaron la nómina: este lunes lo filtraron haciendo un show y diciendo que fue para proteger kirchneristas, pero en X mostraron lo que verdaderamente todos saben, que fue para perseguir opositores.
 
De manera que la lista es realmente un episodio más en la confrontación Milei-Macri. Son tiempos en que los libertarios están en una fuerte ofensiva para quedarse con todo lo que puedan del PRO.
 
Pero en el escándalo también hay vínculos con lo que está sucediendo ahora en el organismo recaudador. El mensaje fue "ahora que nosotros, los libertarios, estamos en la ARCA (el nuevo nombre de la AFIP) las cosas son diferentes a cuando estaban los macristas. Somos rectos y ordenados".
 
El tiro por elevación, en la interna del ente recaudador, es contra Juan Pazo, el titular de ARCA, que según señalan está aliado a lo que queda del aparato macrista dentro de lo que era la AFIP. Todos dicen que Pazo está en línea con Luis "Toto" Caputo, el ministro de Economía, que ya estuvo en ese cargo con Macri, y que estaría pactando -dicen los libertarios puros- con los exfuncionarios macristas. En la otra vereda se ubicarían, justamente, los libertarios puros, acaudillados por el número 2 de ARCA, Andrés Vázquez, quien fue respaldado por Milei ante la acusación de que ascendió a su esposa dentro del organismo. Entre aliados de Pazo y de Vázquez vuelan las acusaciones, sobre todo poniendo énfasis en que tienen bienes no declarados en la Argentina y en el exterior. Es otra interna que arde.
 
 
La justicia no
  
A última hora de este martes, en el gobierno hicieron saber que no habría denuncia judicial de ARCA por la lista, sino una especie de sumario interno. Eso exhibe que todo se trata de internas, contra el macrismo y dentro de la propia ARCA, contra lo que queda del equipo de Macri.
 
No obstante, esta especie de todos contra todos termina echando luz sobre lo que fue el uso de del aparato del estado para perseguir opositores. Nuevamente aparece sobre la superficie que tenían listas, grupos de tareas que entraban clandestinamente al sistema, que espiaban y, lo más grave, apuntaron con todos los cañones a meter a opositores presos y a quitarles las empresas si las tenían. En la superficie posaban de republicanos.
 
Por Raúl Kollmann
 
Fuente: Página 12
 

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17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
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