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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 06-01-2025 / 10:01
398 EMPRESAS, VARIAS DE ELLAS HASTA AHORA DESCONOCIDAS Y ALGUNAS EN PARAÍSOS FISCALES

El tesoro oculto del pirata Mauricio Macri: Una fortuna imposible de determinar

El tesoro oculto del pirata Mauricio Macri: Una fortuna imposible de determinar
Alejandra Macri, hermana de Mauricio Macri, presentó ante la Justicia un listado de 398 empresas, varias de ellas hasta ahora desconocidas y algunas en paraísos fiscales, que formarían parte del patrimonio de la familia Macri y que el expresidente y sus otros hermanos se repartieron entre ellos para dejarla fuera de la herencia de su padre Franco.
Alejandra Macri, hermana de Mauricio Macri, presentó ante la Justicia un listado de 398 empresas, varias de ellas hasta ahora desconocidas y algunas en paraísos fiscales, que formarían parte del patrimonio de la familia Macri y que el expresidente y sus otros hermanos se repartieron entre ellos para dejarla fuera de la herencia de su padre Franco.
 
Entre las empresas enumeradas por Alejandra Macri en su presentación judicial se incluyen Fleg Trading Ltda y Karter Trading LTD, firmas offshore que aparecen en la megafiltración de los Panama Papers y Kagemusha S.A., que aparece en el Registro Público de Panamá.
 
Alejandra Macri es hija de María Esther De Menech, quien fuera recepcionista de la primera empresa fundada por Franco Macri, la constructora Vimac. En el 2005 le ganó un juicio por filiación al padre del ex presidente y la cara de Alejandra apareció en la tapa de la revista Noticias.
 
Aún así, Franco nunca la reconoció como hija. Ni Mauricio la trató de hermana. Al menos así estaban las cosas cuando Alejandra escribió una carta al diario La Nación, en enero de 2020, que entre otras cosas dice: "Aclaro que no he sostenido conversación telefónica alguna con mi hermano, el entonces presidente, señor Mauricio Macri, y no he mantenido ningún tipo de contacto personal con él."
 
Mientras busca establecer cuál es el patrimonio de su padre, fallecido en marzo de 2019, Alejandra Macri inició una acción ante la justicia civil para reclamar a futuro sus derechos hereditarios. En su presentación judicial la hermana del expresidente informa que para determinar dicho patrimonio, más allá de los bienes declarados en el juicio de sucesión, "se encuentra en proceso de recabar la totalidad de la información" respecto de casi 400 sociedades que estarían vinculadas al grupo Macri, "ya que en este estado resulta imposible... determinar el monto del reclamo".
 
Al ser seis hermanos y al no estar casado Franco Macri al momento de morir, por ley a Alejandra Macri le correspondería un sexto del patrimonio de su padre. Alejandra Macri dice en su escrito que inició la demanda para interrumpir la prescripción porque se iba a cumplir el plazo para hacer el reclamo.
 
Antes de presentar su demanda en el Juzgado Civil 14 a cargo del magistrado Federico Causse,  que maneja la sucesión, Alejandra Macri citó a sus cuatro hermanos vivos y a los de herederos de su hermana Sandra para una mediación, pero ninguno de los otros herederos, incluyendo Mauricio Macri, concurrió a la audiencia.
 
Mauricio Macri fue consultado a través de su jefe de prensa Gustavo Gómez Repetto. Luego de un breve intercambio de mensajes se le envió un cuestionario para el expresidente pero Gómez Repetto no se volvió a comunicar. Al cierre de esa edición una nueva consulta no obtuvo respuesta.
 

 
UNA FORTUNA "IMPOSIBLE DE DETERMINAR"
 
El tesoro oculto de Macri: su hermana Alejandra reclama su parte de casi 400 empresas de la familia
 
Alejandra Macri, hermana no reconocida por el expresidente, presentó un listado ante la justicia con 398 firmas vinculadas al grupo. Entre ellas aparecen varias offshore que salieron a la luz en las distintas filtraciones desde Panamá. Mauricio la había excluído del reparto de la herencia tras la muerte de Franco.
 
Una hermana de Mauricio Macri presentó ante la justicia un listado de 398 empresas, algunas hasta ahora desconocidas, algunas con base en paraísos fiscales, que formarían parte del patrimonio de la familia del expresidente.
 
En el documento judicial Alejandra Macri dice que quiere que se le reconozca la paridad como heredera junto con sus hermanos a través de una herramienta jurídica llamada "acción de colación". La demandante señala que Franco Macri podría haber realizado "transmisiones gratuitas de acciones" a distintas sociedades vinculadas al grupo Macri que deberían incluirse en la herencia a repartirse entre los hermanos.
 
En febrero de 2021 Pagina/12 reveló que el 14 de septiembre de 2007 el entonces jefe de gobierno Mauricio Macri y cuatro de sus hermanos se repartieron gran parte de la herencia en vida de su papá a través un acuerdo secreto. Según el acuerdo, ellos y sólo ellos se quedarían con las acciones y el dinero que les legaba Franco Macri. Nada menos que dos tercios de su fortuna. Cerca de veinte millones de dólares en efectivo para cada hijo por la venta de una autopista en Brasil, según estimó Mariano Macri, más un quinto del imperio de empresas, terrenos, emprendimientos e inversiones alojadas bajo el paraguas del holding familiar Socma, tenencias de un valor difícil de calcular.
 
El acuerdo se hizo a espaldas de Alejandra, la segunda hija de Franco Macri. No solo eso. Mauricio Macri y sus hermanos pusieron como condición para recibir los bienes de Franco que en caso de que Alejandra Macri hiciera un reclamo económico por sus derechos hereditarios, Franco tendría que pagar el reclamo. Sabían que estaban dejando afuera del adelanto de herencia a una legítima heredera.
 
En su escrito ante la justicia Alejandra Macri parece referirse a este acuerdo al señalar que sus hermanos participaron en la "gestión" de los bienes de Franco y se niegan a compartir dicha información con ella: "A partir del silencio de los coherederos demandados con respecto a la denuncia de bienes que integran el haber relicto (siendo que ellos fueron siempre los hijos cercanos al causante y que participaron conjuntamente con su progenitor en la gestión de todos sus bienes), mi representada se vio en la obligación, durante estos años, de tratar de averiguar cómo se integra este patrimonio".
 
Según el escrito, el reclamo de Alejandra Macri se basa en "la literatura publicada acerca de la familia, tanto sea por periodistas de investigación como por el causante, y otros coherederos, de las acciones iniciadas por la AFIP a los efectos del cobro de tributos adeudados, de la acción iniciada por la IGJ por su ex Director, Dr. Ricardo Nissen, por las acciones judiciales existentes entre los coherederos MACRI, MARIANO C/ SOCMA S.A. S/ ORDINARIO, en trámite ante el Juzgado Nacional de 1a. Instancia en lo Comercial Nro. 26, y otra acción tramitada ante el Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio, la sucesión de la coheredera Sandra MACRI, el sitio de consulta pública de registro de sociedades de Londres, Inglaterra, más versiones periodísticas y publicaciones de todo tipo, entre otras fuentes consultadas."
 
A continuación, la demandante nombra una por una 398 firmas locales y extranjeras que estarían vinculadas a Franco Macri y agrega: "el presente listado tiene efecto meramente enunciativo, y no taxativo en tanto que en el futuro podrán descubrirse otras sociedades vinculadas."
 
Para Alejandra Macri, a través de los expedientes judiciales que nombra e investigaciones periodísticas que no cita, "se deja expresada la existencia de transmisiones gratuitas de inmuebles existentes en la República Argentina y en la República Oriental del Uruguay (que se describirán oportunamente), de donaciones de créditos y de donaciones manuales dinerarias, y de otros bienes (muebles registrables o no), con más sus acreencias, que resulten de las investigaciones que está realizando la heredera preterida, que hayan existido al tiempo del fallecimiento del causante con independencia o no de su conocimiento actual por la accionante."
 
Las revelaciones periodísticas acerca de la existencia de las firmas offshore Fleg y Kagemgusha en la primera semana de abril de 2016 dieron inicio a una denuncia del fiscal federal Federico Delgado contra Mauricio Macri, que había asumido la presidencia cuatro meses antes, el 10 de diciembre de 2015. Delgado imputó a Mauricio Macri por omisión maliciosa, ya que figuraba como directivo de Fleg y Kagemusha pero esas firmas no aparecían en las declaraciones juradas del entonces presidente. 
 
El 8 de abril de 2016,  después una autodenuncia de Franco Macri, que se adjudicó la titularidad de ambas empresas, Mauricio Macri presentó ante el juez civil Andrés Guillermo Fraga un pedido de acción declarativa con respecto a Fleg Trading y Kagemusha.
 
O sea, le pidió al juez que diga si había cometido algún delito o irregularidad en relación a esas firmas alojadas en los paraísos fiscales de Bahamas y Panamá, respectivamente. Apenas ocho meses después Fraga desvinculó a Mauricio Macri de esas offshore, al fallar que "sólo aceptó el cargo de director (de Fleg Trading) para el que fue asignado por Franco Macri al sólo y único efecto de designar un reemplazante y renunciar" y que "no fue socio de Franco Macri ni accionista" de Kagemusha.
 
En abril de 2017 el juez Casanello se declaró incompetente en la causa por omisión maliciosa. Al hacerlo trasladó la denuncia al juzgado correccional donde Mauricio Macri era investigado por presunto enriquecimiento ilícito. También remitió el expediente al fuero penal económico para que se investigue si las firmas offshore fueron usadas por Mauricio Macri y sus hermanos para evadir impuestos o lavar dinero.
 
En octubre de 2018 la jueza criminal y correccional Elizabeth Paisan sobreseyó a Mauricio Macri en la causa de enriquecimiento ilícito. En diciembre de 2019 el juez federal en lo Penal y Económico Diego Amarante sobreseyó a Mauricio Macri en la causa Panamá Papers pero aclaró que continúa investigando a sus hermanos Mariano y Gianfranco por presunta evasión impositiva.
 
En octubre de 2020 el entonces titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, realizó una presentación judicial en la que pidió la nulidad del fallo express del juez civil Fraga, argumentando que la sentencia "fue redactada con la única intención de crear un blindaje jurídico al mandatario de la manera más rápida, expedita y segura posible". Y agregó: "resulta absolutamente evidente que todo el proceso judicial de marras ha sido -cuanto menos- una mise en scene de padre e hijo para evitar daños mayores a la carrera política de este último".
 
A su vez, a instancias de las autoridades impositivas, entonces lideradas por Mercedes Marcó del Pont, la IGJ abrió su propia investigación sobre el origen de esas empresas offshore y las transferencias de dinero que se hicieron a través de ellas. La investigación de la IGJ permanece abierta.
 
Consultada Alejandra Macri a través de su abogada Adriana Minniti, la letrada señaló que la hermana del expresidente "entiende que una declaración periodística ahora no es oportuna."
 
Por Santiago ODonnell
 
Fuente: Página 12
 

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19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
La Opinión Popular
 

18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
La Opinión Popular
 

17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
La Opinión Popular
 

14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
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