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Nacionales - 06-01-2025 / 10:01
398 EMPRESAS, VARIAS DE ELLAS HASTA AHORA DESCONOCIDAS Y ALGUNAS EN PARAÍSOS FISCALES

El tesoro oculto del pirata Mauricio Macri: Una fortuna imposible de determinar

El tesoro oculto del pirata Mauricio Macri: Una fortuna imposible de determinar
Alejandra Macri, hermana de Mauricio Macri, presentó ante la Justicia un listado de 398 empresas, varias de ellas hasta ahora desconocidas y algunas en paraísos fiscales, que formarían parte del patrimonio de la familia Macri y que el expresidente y sus otros hermanos se repartieron entre ellos para dejarla fuera de la herencia de su padre Franco.
Alejandra Macri, hermana de Mauricio Macri, presentó ante la Justicia un listado de 398 empresas, varias de ellas hasta ahora desconocidas y algunas en paraísos fiscales, que formarían parte del patrimonio de la familia Macri y que el expresidente y sus otros hermanos se repartieron entre ellos para dejarla fuera de la herencia de su padre Franco.
 
Entre las empresas enumeradas por Alejandra Macri en su presentación judicial se incluyen Fleg Trading Ltda y Karter Trading LTD, firmas offshore que aparecen en la megafiltración de los Panama Papers y Kagemusha S.A., que aparece en el Registro Público de Panamá.
 
Alejandra Macri es hija de María Esther De Menech, quien fuera recepcionista de la primera empresa fundada por Franco Macri, la constructora Vimac. En el 2005 le ganó un juicio por filiación al padre del ex presidente y la cara de Alejandra apareció en la tapa de la revista Noticias.
 
Aún así, Franco nunca la reconoció como hija. Ni Mauricio la trató de hermana. Al menos así estaban las cosas cuando Alejandra escribió una carta al diario La Nación, en enero de 2020, que entre otras cosas dice: "Aclaro que no he sostenido conversación telefónica alguna con mi hermano, el entonces presidente, señor Mauricio Macri, y no he mantenido ningún tipo de contacto personal con él."
 
Mientras busca establecer cuál es el patrimonio de su padre, fallecido en marzo de 2019, Alejandra Macri inició una acción ante la justicia civil para reclamar a futuro sus derechos hereditarios. En su presentación judicial la hermana del expresidente informa que para determinar dicho patrimonio, más allá de los bienes declarados en el juicio de sucesión, "se encuentra en proceso de recabar la totalidad de la información" respecto de casi 400 sociedades que estarían vinculadas al grupo Macri, "ya que en este estado resulta imposible... determinar el monto del reclamo".
 
Al ser seis hermanos y al no estar casado Franco Macri al momento de morir, por ley a Alejandra Macri le correspondería un sexto del patrimonio de su padre. Alejandra Macri dice en su escrito que inició la demanda para interrumpir la prescripción porque se iba a cumplir el plazo para hacer el reclamo.
 
Antes de presentar su demanda en el Juzgado Civil 14 a cargo del magistrado Federico Causse,  que maneja la sucesión, Alejandra Macri citó a sus cuatro hermanos vivos y a los de herederos de su hermana Sandra para una mediación, pero ninguno de los otros herederos, incluyendo Mauricio Macri, concurrió a la audiencia.
 
Mauricio Macri fue consultado a través de su jefe de prensa Gustavo Gómez Repetto. Luego de un breve intercambio de mensajes se le envió un cuestionario para el expresidente pero Gómez Repetto no se volvió a comunicar. Al cierre de esa edición una nueva consulta no obtuvo respuesta.
 

 
UNA FORTUNA "IMPOSIBLE DE DETERMINAR"
 
El tesoro oculto de Macri: su hermana Alejandra reclama su parte de casi 400 empresas de la familia
 
Alejandra Macri, hermana no reconocida por el expresidente, presentó un listado ante la justicia con 398 firmas vinculadas al grupo. Entre ellas aparecen varias offshore que salieron a la luz en las distintas filtraciones desde Panamá. Mauricio la había excluído del reparto de la herencia tras la muerte de Franco.
 
Una hermana de Mauricio Macri presentó ante la justicia un listado de 398 empresas, algunas hasta ahora desconocidas, algunas con base en paraísos fiscales, que formarían parte del patrimonio de la familia del expresidente.
 
En el documento judicial Alejandra Macri dice que quiere que se le reconozca la paridad como heredera junto con sus hermanos a través de una herramienta jurídica llamada "acción de colación". La demandante señala que Franco Macri podría haber realizado "transmisiones gratuitas de acciones" a distintas sociedades vinculadas al grupo Macri que deberían incluirse en la herencia a repartirse entre los hermanos.
 
En febrero de 2021 Pagina/12 reveló que el 14 de septiembre de 2007 el entonces jefe de gobierno Mauricio Macri y cuatro de sus hermanos se repartieron gran parte de la herencia en vida de su papá a través un acuerdo secreto. Según el acuerdo, ellos y sólo ellos se quedarían con las acciones y el dinero que les legaba Franco Macri. Nada menos que dos tercios de su fortuna. Cerca de veinte millones de dólares en efectivo para cada hijo por la venta de una autopista en Brasil, según estimó Mariano Macri, más un quinto del imperio de empresas, terrenos, emprendimientos e inversiones alojadas bajo el paraguas del holding familiar Socma, tenencias de un valor difícil de calcular.
 
El acuerdo se hizo a espaldas de Alejandra, la segunda hija de Franco Macri. No solo eso. Mauricio Macri y sus hermanos pusieron como condición para recibir los bienes de Franco que en caso de que Alejandra Macri hiciera un reclamo económico por sus derechos hereditarios, Franco tendría que pagar el reclamo. Sabían que estaban dejando afuera del adelanto de herencia a una legítima heredera.
 
En su escrito ante la justicia Alejandra Macri parece referirse a este acuerdo al señalar que sus hermanos participaron en la "gestión" de los bienes de Franco y se niegan a compartir dicha información con ella: "A partir del silencio de los coherederos demandados con respecto a la denuncia de bienes que integran el haber relicto (siendo que ellos fueron siempre los hijos cercanos al causante y que participaron conjuntamente con su progenitor en la gestión de todos sus bienes), mi representada se vio en la obligación, durante estos años, de tratar de averiguar cómo se integra este patrimonio".
 
Según el escrito, el reclamo de Alejandra Macri se basa en "la literatura publicada acerca de la familia, tanto sea por periodistas de investigación como por el causante, y otros coherederos, de las acciones iniciadas por la AFIP a los efectos del cobro de tributos adeudados, de la acción iniciada por la IGJ por su ex Director, Dr. Ricardo Nissen, por las acciones judiciales existentes entre los coherederos MACRI, MARIANO C/ SOCMA S.A. S/ ORDINARIO, en trámite ante el Juzgado Nacional de 1a. Instancia en lo Comercial Nro. 26, y otra acción tramitada ante el Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio, la sucesión de la coheredera Sandra MACRI, el sitio de consulta pública de registro de sociedades de Londres, Inglaterra, más versiones periodísticas y publicaciones de todo tipo, entre otras fuentes consultadas."
 
A continuación, la demandante nombra una por una 398 firmas locales y extranjeras que estarían vinculadas a Franco Macri y agrega: "el presente listado tiene efecto meramente enunciativo, y no taxativo en tanto que en el futuro podrán descubrirse otras sociedades vinculadas."
 
Para Alejandra Macri, a través de los expedientes judiciales que nombra e investigaciones periodísticas que no cita, "se deja expresada la existencia de transmisiones gratuitas de inmuebles existentes en la República Argentina y en la República Oriental del Uruguay (que se describirán oportunamente), de donaciones de créditos y de donaciones manuales dinerarias, y de otros bienes (muebles registrables o no), con más sus acreencias, que resulten de las investigaciones que está realizando la heredera preterida, que hayan existido al tiempo del fallecimiento del causante con independencia o no de su conocimiento actual por la accionante."
 
Las revelaciones periodísticas acerca de la existencia de las firmas offshore Fleg y Kagemgusha en la primera semana de abril de 2016 dieron inicio a una denuncia del fiscal federal Federico Delgado contra Mauricio Macri, que había asumido la presidencia cuatro meses antes, el 10 de diciembre de 2015. Delgado imputó a Mauricio Macri por omisión maliciosa, ya que figuraba como directivo de Fleg y Kagemusha pero esas firmas no aparecían en las declaraciones juradas del entonces presidente. 
 
El 8 de abril de 2016,  después una autodenuncia de Franco Macri, que se adjudicó la titularidad de ambas empresas, Mauricio Macri presentó ante el juez civil Andrés Guillermo Fraga un pedido de acción declarativa con respecto a Fleg Trading y Kagemusha.
 
O sea, le pidió al juez que diga si había cometido algún delito o irregularidad en relación a esas firmas alojadas en los paraísos fiscales de Bahamas y Panamá, respectivamente. Apenas ocho meses después Fraga desvinculó a Mauricio Macri de esas offshore, al fallar que "sólo aceptó el cargo de director (de Fleg Trading) para el que fue asignado por Franco Macri al sólo y único efecto de designar un reemplazante y renunciar" y que "no fue socio de Franco Macri ni accionista" de Kagemusha.
 
En abril de 2017 el juez Casanello se declaró incompetente en la causa por omisión maliciosa. Al hacerlo trasladó la denuncia al juzgado correccional donde Mauricio Macri era investigado por presunto enriquecimiento ilícito. También remitió el expediente al fuero penal económico para que se investigue si las firmas offshore fueron usadas por Mauricio Macri y sus hermanos para evadir impuestos o lavar dinero.
 
En octubre de 2018 la jueza criminal y correccional Elizabeth Paisan sobreseyó a Mauricio Macri en la causa de enriquecimiento ilícito. En diciembre de 2019 el juez federal en lo Penal y Económico Diego Amarante sobreseyó a Mauricio Macri en la causa Panamá Papers pero aclaró que continúa investigando a sus hermanos Mariano y Gianfranco por presunta evasión impositiva.
 
En octubre de 2020 el entonces titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, realizó una presentación judicial en la que pidió la nulidad del fallo express del juez civil Fraga, argumentando que la sentencia "fue redactada con la única intención de crear un blindaje jurídico al mandatario de la manera más rápida, expedita y segura posible". Y agregó: "resulta absolutamente evidente que todo el proceso judicial de marras ha sido -cuanto menos- una mise en scene de padre e hijo para evitar daños mayores a la carrera política de este último".
 
A su vez, a instancias de las autoridades impositivas, entonces lideradas por Mercedes Marcó del Pont, la IGJ abrió su propia investigación sobre el origen de esas empresas offshore y las transferencias de dinero que se hicieron a través de ellas. La investigación de la IGJ permanece abierta.
 
Consultada Alejandra Macri a través de su abogada Adriana Minniti, la letrada señaló que la hermana del expresidente "entiende que una declaración periodística ahora no es oportuna."
 
Por Santiago ODonnell
 
Fuente: Página 12
 

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07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
La Opinión Popular
 

04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
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