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Nacionales - 06-01-2025 / 10:01
398 EMPRESAS, VARIAS DE ELLAS HASTA AHORA DESCONOCIDAS Y ALGUNAS EN PARAÍSOS FISCALES

El tesoro oculto del pirata Mauricio Macri: Una fortuna imposible de determinar

El tesoro oculto del pirata Mauricio Macri: Una fortuna imposible de determinar
Alejandra Macri, hermana de Mauricio Macri, presentó ante la Justicia un listado de 398 empresas, varias de ellas hasta ahora desconocidas y algunas en paraísos fiscales, que formarían parte del patrimonio de la familia Macri y que el expresidente y sus otros hermanos se repartieron entre ellos para dejarla fuera de la herencia de su padre Franco.
Alejandra Macri, hermana de Mauricio Macri, presentó ante la Justicia un listado de 398 empresas, varias de ellas hasta ahora desconocidas y algunas en paraísos fiscales, que formarían parte del patrimonio de la familia Macri y que el expresidente y sus otros hermanos se repartieron entre ellos para dejarla fuera de la herencia de su padre Franco.
 
Entre las empresas enumeradas por Alejandra Macri en su presentación judicial se incluyen Fleg Trading Ltda y Karter Trading LTD, firmas offshore que aparecen en la megafiltración de los Panama Papers y Kagemusha S.A., que aparece en el Registro Público de Panamá.
 
Alejandra Macri es hija de María Esther De Menech, quien fuera recepcionista de la primera empresa fundada por Franco Macri, la constructora Vimac. En el 2005 le ganó un juicio por filiación al padre del ex presidente y la cara de Alejandra apareció en la tapa de la revista Noticias.
 
Aún así, Franco nunca la reconoció como hija. Ni Mauricio la trató de hermana. Al menos así estaban las cosas cuando Alejandra escribió una carta al diario La Nación, en enero de 2020, que entre otras cosas dice: "Aclaro que no he sostenido conversación telefónica alguna con mi hermano, el entonces presidente, señor Mauricio Macri, y no he mantenido ningún tipo de contacto personal con él."
 
Mientras busca establecer cuál es el patrimonio de su padre, fallecido en marzo de 2019, Alejandra Macri inició una acción ante la justicia civil para reclamar a futuro sus derechos hereditarios. En su presentación judicial la hermana del expresidente informa que para determinar dicho patrimonio, más allá de los bienes declarados en el juicio de sucesión, "se encuentra en proceso de recabar la totalidad de la información" respecto de casi 400 sociedades que estarían vinculadas al grupo Macri, "ya que en este estado resulta imposible... determinar el monto del reclamo".
 
Al ser seis hermanos y al no estar casado Franco Macri al momento de morir, por ley a Alejandra Macri le correspondería un sexto del patrimonio de su padre. Alejandra Macri dice en su escrito que inició la demanda para interrumpir la prescripción porque se iba a cumplir el plazo para hacer el reclamo.
 
Antes de presentar su demanda en el Juzgado Civil 14 a cargo del magistrado Federico Causse,  que maneja la sucesión, Alejandra Macri citó a sus cuatro hermanos vivos y a los de herederos de su hermana Sandra para una mediación, pero ninguno de los otros herederos, incluyendo Mauricio Macri, concurrió a la audiencia.
 
Mauricio Macri fue consultado a través de su jefe de prensa Gustavo Gómez Repetto. Luego de un breve intercambio de mensajes se le envió un cuestionario para el expresidente pero Gómez Repetto no se volvió a comunicar. Al cierre de esa edición una nueva consulta no obtuvo respuesta.
 

 
UNA FORTUNA "IMPOSIBLE DE DETERMINAR"
 
El tesoro oculto de Macri: su hermana Alejandra reclama su parte de casi 400 empresas de la familia
 
Alejandra Macri, hermana no reconocida por el expresidente, presentó un listado ante la justicia con 398 firmas vinculadas al grupo. Entre ellas aparecen varias offshore que salieron a la luz en las distintas filtraciones desde Panamá. Mauricio la había excluído del reparto de la herencia tras la muerte de Franco.
 
Una hermana de Mauricio Macri presentó ante la justicia un listado de 398 empresas, algunas hasta ahora desconocidas, algunas con base en paraísos fiscales, que formarían parte del patrimonio de la familia del expresidente.
 
En el documento judicial Alejandra Macri dice que quiere que se le reconozca la paridad como heredera junto con sus hermanos a través de una herramienta jurídica llamada "acción de colación". La demandante señala que Franco Macri podría haber realizado "transmisiones gratuitas de acciones" a distintas sociedades vinculadas al grupo Macri que deberían incluirse en la herencia a repartirse entre los hermanos.
 
En febrero de 2021 Pagina/12 reveló que el 14 de septiembre de 2007 el entonces jefe de gobierno Mauricio Macri y cuatro de sus hermanos se repartieron gran parte de la herencia en vida de su papá a través un acuerdo secreto. Según el acuerdo, ellos y sólo ellos se quedarían con las acciones y el dinero que les legaba Franco Macri. Nada menos que dos tercios de su fortuna. Cerca de veinte millones de dólares en efectivo para cada hijo por la venta de una autopista en Brasil, según estimó Mariano Macri, más un quinto del imperio de empresas, terrenos, emprendimientos e inversiones alojadas bajo el paraguas del holding familiar Socma, tenencias de un valor difícil de calcular.
 
El acuerdo se hizo a espaldas de Alejandra, la segunda hija de Franco Macri. No solo eso. Mauricio Macri y sus hermanos pusieron como condición para recibir los bienes de Franco que en caso de que Alejandra Macri hiciera un reclamo económico por sus derechos hereditarios, Franco tendría que pagar el reclamo. Sabían que estaban dejando afuera del adelanto de herencia a una legítima heredera.
 
En su escrito ante la justicia Alejandra Macri parece referirse a este acuerdo al señalar que sus hermanos participaron en la "gestión" de los bienes de Franco y se niegan a compartir dicha información con ella: "A partir del silencio de los coherederos demandados con respecto a la denuncia de bienes que integran el haber relicto (siendo que ellos fueron siempre los hijos cercanos al causante y que participaron conjuntamente con su progenitor en la gestión de todos sus bienes), mi representada se vio en la obligación, durante estos años, de tratar de averiguar cómo se integra este patrimonio".
 
Según el escrito, el reclamo de Alejandra Macri se basa en "la literatura publicada acerca de la familia, tanto sea por periodistas de investigación como por el causante, y otros coherederos, de las acciones iniciadas por la AFIP a los efectos del cobro de tributos adeudados, de la acción iniciada por la IGJ por su ex Director, Dr. Ricardo Nissen, por las acciones judiciales existentes entre los coherederos MACRI, MARIANO C/ SOCMA S.A. S/ ORDINARIO, en trámite ante el Juzgado Nacional de 1a. Instancia en lo Comercial Nro. 26, y otra acción tramitada ante el Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio, la sucesión de la coheredera Sandra MACRI, el sitio de consulta pública de registro de sociedades de Londres, Inglaterra, más versiones periodísticas y publicaciones de todo tipo, entre otras fuentes consultadas."
 
A continuación, la demandante nombra una por una 398 firmas locales y extranjeras que estarían vinculadas a Franco Macri y agrega: "el presente listado tiene efecto meramente enunciativo, y no taxativo en tanto que en el futuro podrán descubrirse otras sociedades vinculadas."
 
Para Alejandra Macri, a través de los expedientes judiciales que nombra e investigaciones periodísticas que no cita, "se deja expresada la existencia de transmisiones gratuitas de inmuebles existentes en la República Argentina y en la República Oriental del Uruguay (que se describirán oportunamente), de donaciones de créditos y de donaciones manuales dinerarias, y de otros bienes (muebles registrables o no), con más sus acreencias, que resulten de las investigaciones que está realizando la heredera preterida, que hayan existido al tiempo del fallecimiento del causante con independencia o no de su conocimiento actual por la accionante."
 
Las revelaciones periodísticas acerca de la existencia de las firmas offshore Fleg y Kagemgusha en la primera semana de abril de 2016 dieron inicio a una denuncia del fiscal federal Federico Delgado contra Mauricio Macri, que había asumido la presidencia cuatro meses antes, el 10 de diciembre de 2015. Delgado imputó a Mauricio Macri por omisión maliciosa, ya que figuraba como directivo de Fleg y Kagemusha pero esas firmas no aparecían en las declaraciones juradas del entonces presidente. 
 
El 8 de abril de 2016,  después una autodenuncia de Franco Macri, que se adjudicó la titularidad de ambas empresas, Mauricio Macri presentó ante el juez civil Andrés Guillermo Fraga un pedido de acción declarativa con respecto a Fleg Trading y Kagemusha.
 
O sea, le pidió al juez que diga si había cometido algún delito o irregularidad en relación a esas firmas alojadas en los paraísos fiscales de Bahamas y Panamá, respectivamente. Apenas ocho meses después Fraga desvinculó a Mauricio Macri de esas offshore, al fallar que "sólo aceptó el cargo de director (de Fleg Trading) para el que fue asignado por Franco Macri al sólo y único efecto de designar un reemplazante y renunciar" y que "no fue socio de Franco Macri ni accionista" de Kagemusha.
 
En abril de 2017 el juez Casanello se declaró incompetente en la causa por omisión maliciosa. Al hacerlo trasladó la denuncia al juzgado correccional donde Mauricio Macri era investigado por presunto enriquecimiento ilícito. También remitió el expediente al fuero penal económico para que se investigue si las firmas offshore fueron usadas por Mauricio Macri y sus hermanos para evadir impuestos o lavar dinero.
 
En octubre de 2018 la jueza criminal y correccional Elizabeth Paisan sobreseyó a Mauricio Macri en la causa de enriquecimiento ilícito. En diciembre de 2019 el juez federal en lo Penal y Económico Diego Amarante sobreseyó a Mauricio Macri en la causa Panamá Papers pero aclaró que continúa investigando a sus hermanos Mariano y Gianfranco por presunta evasión impositiva.
 
En octubre de 2020 el entonces titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, realizó una presentación judicial en la que pidió la nulidad del fallo express del juez civil Fraga, argumentando que la sentencia "fue redactada con la única intención de crear un blindaje jurídico al mandatario de la manera más rápida, expedita y segura posible". Y agregó: "resulta absolutamente evidente que todo el proceso judicial de marras ha sido -cuanto menos- una mise en scene de padre e hijo para evitar daños mayores a la carrera política de este último".
 
A su vez, a instancias de las autoridades impositivas, entonces lideradas por Mercedes Marcó del Pont, la IGJ abrió su propia investigación sobre el origen de esas empresas offshore y las transferencias de dinero que se hicieron a través de ellas. La investigación de la IGJ permanece abierta.
 
Consultada Alejandra Macri a través de su abogada Adriana Minniti, la letrada señaló que la hermana del expresidente "entiende que una declaración periodística ahora no es oportuna."
 
Por Santiago ODonnell
 
Fuente: Página 12
 

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20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

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