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Nacionales - 06-01-2025 / 10:01
398 EMPRESAS, VARIAS DE ELLAS HASTA AHORA DESCONOCIDAS Y ALGUNAS EN PARAÍSOS FISCALES

El tesoro oculto del pirata Mauricio Macri: Una fortuna imposible de determinar

El tesoro oculto del pirata Mauricio Macri: Una fortuna imposible de determinar
Alejandra Macri, hermana de Mauricio Macri, presentó ante la Justicia un listado de 398 empresas, varias de ellas hasta ahora desconocidas y algunas en paraísos fiscales, que formarían parte del patrimonio de la familia Macri y que el expresidente y sus otros hermanos se repartieron entre ellos para dejarla fuera de la herencia de su padre Franco.
Alejandra Macri, hermana de Mauricio Macri, presentó ante la Justicia un listado de 398 empresas, varias de ellas hasta ahora desconocidas y algunas en paraísos fiscales, que formarían parte del patrimonio de la familia Macri y que el expresidente y sus otros hermanos se repartieron entre ellos para dejarla fuera de la herencia de su padre Franco.
 
Entre las empresas enumeradas por Alejandra Macri en su presentación judicial se incluyen Fleg Trading Ltda y Karter Trading LTD, firmas offshore que aparecen en la megafiltración de los Panama Papers y Kagemusha S.A., que aparece en el Registro Público de Panamá.
 
Alejandra Macri es hija de María Esther De Menech, quien fuera recepcionista de la primera empresa fundada por Franco Macri, la constructora Vimac. En el 2005 le ganó un juicio por filiación al padre del ex presidente y la cara de Alejandra apareció en la tapa de la revista Noticias.
 
Aún así, Franco nunca la reconoció como hija. Ni Mauricio la trató de hermana. Al menos así estaban las cosas cuando Alejandra escribió una carta al diario La Nación, en enero de 2020, que entre otras cosas dice: "Aclaro que no he sostenido conversación telefónica alguna con mi hermano, el entonces presidente, señor Mauricio Macri, y no he mantenido ningún tipo de contacto personal con él."
 
Mientras busca establecer cuál es el patrimonio de su padre, fallecido en marzo de 2019, Alejandra Macri inició una acción ante la justicia civil para reclamar a futuro sus derechos hereditarios. En su presentación judicial la hermana del expresidente informa que para determinar dicho patrimonio, más allá de los bienes declarados en el juicio de sucesión, "se encuentra en proceso de recabar la totalidad de la información" respecto de casi 400 sociedades que estarían vinculadas al grupo Macri, "ya que en este estado resulta imposible... determinar el monto del reclamo".
 
Al ser seis hermanos y al no estar casado Franco Macri al momento de morir, por ley a Alejandra Macri le correspondería un sexto del patrimonio de su padre. Alejandra Macri dice en su escrito que inició la demanda para interrumpir la prescripción porque se iba a cumplir el plazo para hacer el reclamo.
 
Antes de presentar su demanda en el Juzgado Civil 14 a cargo del magistrado Federico Causse,  que maneja la sucesión, Alejandra Macri citó a sus cuatro hermanos vivos y a los de herederos de su hermana Sandra para una mediación, pero ninguno de los otros herederos, incluyendo Mauricio Macri, concurrió a la audiencia.
 
Mauricio Macri fue consultado a través de su jefe de prensa Gustavo Gómez Repetto. Luego de un breve intercambio de mensajes se le envió un cuestionario para el expresidente pero Gómez Repetto no se volvió a comunicar. Al cierre de esa edición una nueva consulta no obtuvo respuesta.
 

 
UNA FORTUNA "IMPOSIBLE DE DETERMINAR"
 
El tesoro oculto de Macri: su hermana Alejandra reclama su parte de casi 400 empresas de la familia
 
Alejandra Macri, hermana no reconocida por el expresidente, presentó un listado ante la justicia con 398 firmas vinculadas al grupo. Entre ellas aparecen varias offshore que salieron a la luz en las distintas filtraciones desde Panamá. Mauricio la había excluído del reparto de la herencia tras la muerte de Franco.
 
Una hermana de Mauricio Macri presentó ante la justicia un listado de 398 empresas, algunas hasta ahora desconocidas, algunas con base en paraísos fiscales, que formarían parte del patrimonio de la familia del expresidente.
 
En el documento judicial Alejandra Macri dice que quiere que se le reconozca la paridad como heredera junto con sus hermanos a través de una herramienta jurídica llamada "acción de colación". La demandante señala que Franco Macri podría haber realizado "transmisiones gratuitas de acciones" a distintas sociedades vinculadas al grupo Macri que deberían incluirse en la herencia a repartirse entre los hermanos.
 
En febrero de 2021 Pagina/12 reveló que el 14 de septiembre de 2007 el entonces jefe de gobierno Mauricio Macri y cuatro de sus hermanos se repartieron gran parte de la herencia en vida de su papá a través un acuerdo secreto. Según el acuerdo, ellos y sólo ellos se quedarían con las acciones y el dinero que les legaba Franco Macri. Nada menos que dos tercios de su fortuna. Cerca de veinte millones de dólares en efectivo para cada hijo por la venta de una autopista en Brasil, según estimó Mariano Macri, más un quinto del imperio de empresas, terrenos, emprendimientos e inversiones alojadas bajo el paraguas del holding familiar Socma, tenencias de un valor difícil de calcular.
 
El acuerdo se hizo a espaldas de Alejandra, la segunda hija de Franco Macri. No solo eso. Mauricio Macri y sus hermanos pusieron como condición para recibir los bienes de Franco que en caso de que Alejandra Macri hiciera un reclamo económico por sus derechos hereditarios, Franco tendría que pagar el reclamo. Sabían que estaban dejando afuera del adelanto de herencia a una legítima heredera.
 
En su escrito ante la justicia Alejandra Macri parece referirse a este acuerdo al señalar que sus hermanos participaron en la "gestión" de los bienes de Franco y se niegan a compartir dicha información con ella: "A partir del silencio de los coherederos demandados con respecto a la denuncia de bienes que integran el haber relicto (siendo que ellos fueron siempre los hijos cercanos al causante y que participaron conjuntamente con su progenitor en la gestión de todos sus bienes), mi representada se vio en la obligación, durante estos años, de tratar de averiguar cómo se integra este patrimonio".
 
Según el escrito, el reclamo de Alejandra Macri se basa en "la literatura publicada acerca de la familia, tanto sea por periodistas de investigación como por el causante, y otros coherederos, de las acciones iniciadas por la AFIP a los efectos del cobro de tributos adeudados, de la acción iniciada por la IGJ por su ex Director, Dr. Ricardo Nissen, por las acciones judiciales existentes entre los coherederos MACRI, MARIANO C/ SOCMA S.A. S/ ORDINARIO, en trámite ante el Juzgado Nacional de 1a. Instancia en lo Comercial Nro. 26, y otra acción tramitada ante el Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio, la sucesión de la coheredera Sandra MACRI, el sitio de consulta pública de registro de sociedades de Londres, Inglaterra, más versiones periodísticas y publicaciones de todo tipo, entre otras fuentes consultadas."
 
A continuación, la demandante nombra una por una 398 firmas locales y extranjeras que estarían vinculadas a Franco Macri y agrega: "el presente listado tiene efecto meramente enunciativo, y no taxativo en tanto que en el futuro podrán descubrirse otras sociedades vinculadas."
 
Para Alejandra Macri, a través de los expedientes judiciales que nombra e investigaciones periodísticas que no cita, "se deja expresada la existencia de transmisiones gratuitas de inmuebles existentes en la República Argentina y en la República Oriental del Uruguay (que se describirán oportunamente), de donaciones de créditos y de donaciones manuales dinerarias, y de otros bienes (muebles registrables o no), con más sus acreencias, que resulten de las investigaciones que está realizando la heredera preterida, que hayan existido al tiempo del fallecimiento del causante con independencia o no de su conocimiento actual por la accionante."
 
Las revelaciones periodísticas acerca de la existencia de las firmas offshore Fleg y Kagemgusha en la primera semana de abril de 2016 dieron inicio a una denuncia del fiscal federal Federico Delgado contra Mauricio Macri, que había asumido la presidencia cuatro meses antes, el 10 de diciembre de 2015. Delgado imputó a Mauricio Macri por omisión maliciosa, ya que figuraba como directivo de Fleg y Kagemusha pero esas firmas no aparecían en las declaraciones juradas del entonces presidente. 
 
El 8 de abril de 2016,  después una autodenuncia de Franco Macri, que se adjudicó la titularidad de ambas empresas, Mauricio Macri presentó ante el juez civil Andrés Guillermo Fraga un pedido de acción declarativa con respecto a Fleg Trading y Kagemusha.
 
O sea, le pidió al juez que diga si había cometido algún delito o irregularidad en relación a esas firmas alojadas en los paraísos fiscales de Bahamas y Panamá, respectivamente. Apenas ocho meses después Fraga desvinculó a Mauricio Macri de esas offshore, al fallar que "sólo aceptó el cargo de director (de Fleg Trading) para el que fue asignado por Franco Macri al sólo y único efecto de designar un reemplazante y renunciar" y que "no fue socio de Franco Macri ni accionista" de Kagemusha.
 
En abril de 2017 el juez Casanello se declaró incompetente en la causa por omisión maliciosa. Al hacerlo trasladó la denuncia al juzgado correccional donde Mauricio Macri era investigado por presunto enriquecimiento ilícito. También remitió el expediente al fuero penal económico para que se investigue si las firmas offshore fueron usadas por Mauricio Macri y sus hermanos para evadir impuestos o lavar dinero.
 
En octubre de 2018 la jueza criminal y correccional Elizabeth Paisan sobreseyó a Mauricio Macri en la causa de enriquecimiento ilícito. En diciembre de 2019 el juez federal en lo Penal y Económico Diego Amarante sobreseyó a Mauricio Macri en la causa Panamá Papers pero aclaró que continúa investigando a sus hermanos Mariano y Gianfranco por presunta evasión impositiva.
 
En octubre de 2020 el entonces titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, realizó una presentación judicial en la que pidió la nulidad del fallo express del juez civil Fraga, argumentando que la sentencia "fue redactada con la única intención de crear un blindaje jurídico al mandatario de la manera más rápida, expedita y segura posible". Y agregó: "resulta absolutamente evidente que todo el proceso judicial de marras ha sido -cuanto menos- una mise en scene de padre e hijo para evitar daños mayores a la carrera política de este último".
 
A su vez, a instancias de las autoridades impositivas, entonces lideradas por Mercedes Marcó del Pont, la IGJ abrió su propia investigación sobre el origen de esas empresas offshore y las transferencias de dinero que se hicieron a través de ellas. La investigación de la IGJ permanece abierta.
 
Consultada Alejandra Macri a través de su abogada Adriana Minniti, la letrada señaló que la hermana del expresidente "entiende que una declaración periodística ahora no es oportuna."
 
Por Santiago ODonnell
 
Fuente: Página 12
 

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22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
La Opinión Popular
 

18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
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