La Opinión Popular
                  19:09  |  Jueves 19 de Febrero de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná

Por
“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
Recomendar Imprimir
Nacionales - 01-01-2025 / 13:01
CAQUISTOCRACIA LIBERTARIA: EL GOBIERNO DE LOS PEORES

El 2025 del Loco Milei viene con aumentos de luz, agua, gas, prepagas, telefonía y otros servicios

El 2025 del Loco Milei viene con aumentos de luz, agua, gas, prepagas, telefonía y otros servicios
La caquistocracia (kakistos en griego es peor), es un término utilizado en análisis y crítica política para designar a un gobierno del Estado controlado por las personas más ineptas, incompetentes y cínicas. En enero, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei habilitó nuevos aumentos de precios regulados de servicios públicos, combustibles, prepagas, telecomunicaciones y alquileres, poniendo más presión al bolsillo de las familias trabajadoras. Incluso muchos aumentos serán superiores a la "pauta" del 2% que estableció el propio gobierno.
La caquistocracia (kakistos en griego es peor), es un término utilizado en análisis y crítica política para designar a un gobierno del Estado controlado por las personas más ineptas, incompetentes y cínicas. En enero, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei habilitó nuevos aumentos de precios regulados de servicios públicos, combustibles, prepagas, telecomunicaciones y alquileres, poniendo más presión al bolsillo de las familias trabajadoras. Incluso muchos aumentos serán superiores a la "pauta" del 2% que estableció el propio gobierno.
 
Un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que no recibe subsidios necesitó en diciembre $143.819 para afrontar el pago de las tarifas de luz, gas, agua y transporte, según un relevamiento del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), de UBA y Conicet. El costo de esa canasta de servicios públicos muestra un aumento del 402% respecto al mismo mes del año pasado, coincidiendo con el año de gestión de Milei.
 
El próximo mes el servicio de gas subirá 1,82% y la electricidad, 1,6%. Además, la Secretaría de Energía quiere avanzar con la reducción de subsidios e implementará a partir de febrero diferenciaciones para los consumos "en pico" o "en valle", que establece precios distintos según el horario del día en que se consume.
 
Los incrementos previstos para el próximo mes implican una suba de 2,5% para las empresas distribuidoras y transportistas de gas, y de 4% para las de electricidad. También habrá un aumento del precio del gas en punto de ingreso al sistema de transporte (PIST). Siguen los aumentos de tarifas mientras no se recupera el poder de compra de salarios, jubilaciones. Festejan las empresas privatizadas que se benefician con los incrementos de tarifas. En promedio, durante 2024 las boletas de electricidad y gas subieron 268% y 531% respectivamente.
 
Los precios que componen el rubro "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles" son uno de los que más afectan los bolsillos de las familias, subieron 230,7% entre enero y noviembre de 2024, mientras el incremento promedio de precios del IPC acumulado es menos de la mitad: 112%.
 
El primer año de gestión libertaria de Milei termina con 838.466 hogares sin subsidios aplicados a sus tarifas de electricidad y 292.612 en el caso del gas natural, según el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Según la Secretaría de Energía, los usuarios de altos ingresos (N1) pagan el 93% del costo de generación eléctrica, al tiempo que los de bajos ingresos (N2), el 26%, y los hogares de medios ingresos (N3), el 41%.
 
En el caso del gas, los usuarios de altos ingresos (N1) pagan el 85% del costo, mientras que los de ingresos bajos (N2) abonan el 31%, y los hogares de ingresos medios (N3), el 38%.
 
La Opinión Popular
 

 
Aumentan los combustibles
 
Según Isabelino Rodríguez, presidente de CECHA, el incremento está por debajo del crawling peg y no genera una recuperación de la rentabilidad para las petroleras.
 
El primer aumento en los precios de los combustibles de 2025 se ubicará en torno al 1,75% según Isabelino Rodríguez, presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA).
 
"El aumento que se está manejando es del orden del 1,75% y según nuestra información, eso sería a partir del viernes 3 de enero, de acuerdo a lo que ha expresado por YPF", comentó Rodríguez, en declaraciones radiales. Se estima que el resto de las firmas repliquen la decisión de la líder del mercado.    
 
Este lunes, el Gobierno oficializó el aumento de los impuestos a los combustibles. Para el presidente de CECHA, el incremento "está por debajo del crawling peg y no hay en las petroleras una recuperación de rentabilidad, por lo tanto no creo que sea una mala noticia para los consumidores dentro del ámbito macroeconómico que vivimos".
 
En relación con la equiparación de los precios locales de los combustibles con los valores que rigen a nivel internacional, el titular de CECHA indicó que "esa era la política macro que tenía el gobierno al asumir y de alguna manera con algunas particularidades ha ido hacia ese camino", lo que se ve con "este acercamiento del litro de combustible al dólar establecido para los hidrocarburos".
 
Con el aumento estimado, los precios del litro de combustibles YPF en CABA así quedarían:
 
Súper: $1.127
Premium: 1.394
Gasoil: $1.142
Precio Nafta
 
 
Los aumentos que vienen
 
Con respecto a futuros aumentos, Rodríguez sostuvo que "está ligado a variables macroeconómicas, porque el Gobierno a través de la petrolera YPF de alguna forma ha anclado el precio del combustible por debajo de la inflación, como un mecanismo desinflacionario, que también se ha visto en los servicios públicos" y prevé que "en la medida en que la inflación se mantenga controlada y a la baja, los combustibles también van a ir estabilizando su precio".
 
En ese sentido, no garantizó que dicha estabilización suceda de acá en más, ya que "hay otras variables como son el precio del crudo a nivel internacional, que Argentina importa algo de combustibles determinados, y sobre todo la variable impositiva, que el gobierno durante todo este año la ha diferido y que hay que ver si se aprueba o no el presupuesto del año que viene que contenía, entre otras cosas, la actualización de ese impuesto".
 
De cara al año entrante, apuntó a la necesidad de que se recupere el consumo en el sector a partir de "una reactivación de la economía, porque muchos sectores como el nuestro, al correr los precios debajo de la inflación, su rentabilidad como negocio se ve cercenada".
 
En esa línea, manifestó que "para nosotros el augurio y lo que esperamos y lo que deseamos es que el próximo año tenga una fuerte reactivación económica en todos los sectores y no en forma selectiva de modo tal de que los argentinos podamos vivir mejor".
 
 
Servicio de agua potable
 
Otro de los rubros de precios regulados es en el servicio de agua potable para los usuarios de la empresa AySA, con una suba de 1% en el mes de enero.
 
Según la entidad del Estado, se trata de una posibilidad gracias al "equilibrio operativo y la desaceleración inflacionaria registrada en los últimos meses", lo cual generó un "ajuste tarifario excepcional" de ese porcentaje a partir de enero 2024. Es que durante este año ya hubo un ajuste de precios brutal, con un incremento promedio de la factura de AySA de 317 %.
 
De acuerdo a la empresa proveedora de agua, la factura media mensual sin impuestos quedará para los usuarios del nivel zonal alto en $ 26.277; para aquellos del nivel zonal medio en $ 23.863, y para los del nivel zonal bajo baja en $ 19.175.
 
 
Alquileres
 
Por su parte, para todos los contratos de alquiler que se rigen por la legislación previa a la derogación que realizó Javier Milei con el Mega DNU, y que sigue siendo utilizados por muchos contratos entre particulares aún con la ley derogada, el Índice de Contratos de Locación (ICL) prevé un incremento anual de 190,69% el primer mes de 2025. Este índice se compone de un promedio entre la inflación medida por IPC y la evolución de los salarios.
 
Los contratos de alquiler sin legislación implican todo tipo de condiciones perjudiciales para los inquilinos, con renovaciones trimestrales, contratos de corto plazo a veces inferiores al año, precios atados al dólar o a la inflación, exigencias de ingreso muy elevadas, entre otras.
 
Te puede interesar: Alquilar en la era Milei: uno de cada cuatro inquilinos tuvo que mudarse por no poder pagar
 
 
Prepagas de medicina privada
 
Las entidades de medicina prepaga informaron a sus afiliados incrementos de entre un 3% y 3,9%, de acuerdo al plan. Entre 2022 y 2024, las cuotas de las prepagas aumentaron un 435% en promedio, mientras que los aranceles de los prestadores de salud solo crecieron entre 160% y 224%. Un sector desregulado en donde solo ganan los empresarios.
 
 
Telecomunicaciones
 
Otro de los rubros con fuertes aumentos son las facturas de las compañías de telefonía móvil, internet y televisión por cable. Las subas estarán entre el 3,6% y 8% en enero próximo.
 
 
Alumbrado, Barrido y Limpieza en CABA (ABL)
  
En la Ciudad de Buenos Aires, los cambios del presupuesto 2025 que aprobó la legislatura implican que para el pago del Alumbrado, Barrido y Limpieza habrá una tabla con diez escalas en lugar de las siete actuales, con un esquema progresivo basado en la valuación fiscal homogénea (VFH).
 
Según la normativa, los inmuebles se dividirán en tres zonas geográficas:
 
Zona I (Sur): aumento del 2%.
Zona II (Centro): aumento del 3%.
Zona III (Norte): aumento del 4%.
 
A su vez, los inmuebles con una VFH menor o igual a $26,6 millones tendrán un tope de 20% en la actualización del impuesto anual.
 
Las propiedades con valores entre $26,6 millones y $38 millones no podrán superar un aumento del 35%, mientras que aquellos con VFH superiores a $38 millones tendrán actualizaciones según la inflación.
 
Fuentes: Perfil y la Izquierda Diario
 

Agreganos como amigo a Facebook
18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
La Opinión Popular
 

NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar