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Nacionales - 01-01-2025 / 13:01
CAQUISTOCRACIA LIBERTARIA: EL GOBIERNO DE LOS PEORES

El 2025 del Loco Milei viene con aumentos de luz, agua, gas, prepagas, telefonía y otros servicios

El 2025 del Loco Milei viene con aumentos de luz, agua, gas, prepagas, telefonía y otros servicios
La caquistocracia (kakistos en griego es peor), es un término utilizado en análisis y crítica política para designar a un gobierno del Estado controlado por las personas más ineptas, incompetentes y cínicas. En enero, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei habilitó nuevos aumentos de precios regulados de servicios públicos, combustibles, prepagas, telecomunicaciones y alquileres, poniendo más presión al bolsillo de las familias trabajadoras. Incluso muchos aumentos serán superiores a la "pauta" del 2% que estableció el propio gobierno.
La caquistocracia (kakistos en griego es peor), es un término utilizado en análisis y crítica política para designar a un gobierno del Estado controlado por las personas más ineptas, incompetentes y cínicas. En enero, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei habilitó nuevos aumentos de precios regulados de servicios públicos, combustibles, prepagas, telecomunicaciones y alquileres, poniendo más presión al bolsillo de las familias trabajadoras. Incluso muchos aumentos serán superiores a la "pauta" del 2% que estableció el propio gobierno.
 
Un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que no recibe subsidios necesitó en diciembre $143.819 para afrontar el pago de las tarifas de luz, gas, agua y transporte, según un relevamiento del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), de UBA y Conicet. El costo de esa canasta de servicios públicos muestra un aumento del 402% respecto al mismo mes del año pasado, coincidiendo con el año de gestión de Milei.
 
El próximo mes el servicio de gas subirá 1,82% y la electricidad, 1,6%. Además, la Secretaría de Energía quiere avanzar con la reducción de subsidios e implementará a partir de febrero diferenciaciones para los consumos "en pico" o "en valle", que establece precios distintos según el horario del día en que se consume.
 
Los incrementos previstos para el próximo mes implican una suba de 2,5% para las empresas distribuidoras y transportistas de gas, y de 4% para las de electricidad. También habrá un aumento del precio del gas en punto de ingreso al sistema de transporte (PIST). Siguen los aumentos de tarifas mientras no se recupera el poder de compra de salarios, jubilaciones. Festejan las empresas privatizadas que se benefician con los incrementos de tarifas. En promedio, durante 2024 las boletas de electricidad y gas subieron 268% y 531% respectivamente.
 
Los precios que componen el rubro "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles" son uno de los que más afectan los bolsillos de las familias, subieron 230,7% entre enero y noviembre de 2024, mientras el incremento promedio de precios del IPC acumulado es menos de la mitad: 112%.
 
El primer año de gestión libertaria de Milei termina con 838.466 hogares sin subsidios aplicados a sus tarifas de electricidad y 292.612 en el caso del gas natural, según el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Según la Secretaría de Energía, los usuarios de altos ingresos (N1) pagan el 93% del costo de generación eléctrica, al tiempo que los de bajos ingresos (N2), el 26%, y los hogares de medios ingresos (N3), el 41%.
 
En el caso del gas, los usuarios de altos ingresos (N1) pagan el 85% del costo, mientras que los de ingresos bajos (N2) abonan el 31%, y los hogares de ingresos medios (N3), el 38%.
 
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Aumentan los combustibles
 
Según Isabelino Rodríguez, presidente de CECHA, el incremento está por debajo del crawling peg y no genera una recuperación de la rentabilidad para las petroleras.
 
El primer aumento en los precios de los combustibles de 2025 se ubicará en torno al 1,75% según Isabelino Rodríguez, presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA).
 
"El aumento que se está manejando es del orden del 1,75% y según nuestra información, eso sería a partir del viernes 3 de enero, de acuerdo a lo que ha expresado por YPF", comentó Rodríguez, en declaraciones radiales. Se estima que el resto de las firmas repliquen la decisión de la líder del mercado.    
 
Este lunes, el Gobierno oficializó el aumento de los impuestos a los combustibles. Para el presidente de CECHA, el incremento "está por debajo del crawling peg y no hay en las petroleras una recuperación de rentabilidad, por lo tanto no creo que sea una mala noticia para los consumidores dentro del ámbito macroeconómico que vivimos".
 
En relación con la equiparación de los precios locales de los combustibles con los valores que rigen a nivel internacional, el titular de CECHA indicó que "esa era la política macro que tenía el gobierno al asumir y de alguna manera con algunas particularidades ha ido hacia ese camino", lo que se ve con "este acercamiento del litro de combustible al dólar establecido para los hidrocarburos".
 
Con el aumento estimado, los precios del litro de combustibles YPF en CABA así quedarían:
 
Súper: $1.127
Premium: 1.394
Gasoil: $1.142
Precio Nafta
 
 
Los aumentos que vienen
 
Con respecto a futuros aumentos, Rodríguez sostuvo que "está ligado a variables macroeconómicas, porque el Gobierno a través de la petrolera YPF de alguna forma ha anclado el precio del combustible por debajo de la inflación, como un mecanismo desinflacionario, que también se ha visto en los servicios públicos" y prevé que "en la medida en que la inflación se mantenga controlada y a la baja, los combustibles también van a ir estabilizando su precio".
 
En ese sentido, no garantizó que dicha estabilización suceda de acá en más, ya que "hay otras variables como son el precio del crudo a nivel internacional, que Argentina importa algo de combustibles determinados, y sobre todo la variable impositiva, que el gobierno durante todo este año la ha diferido y que hay que ver si se aprueba o no el presupuesto del año que viene que contenía, entre otras cosas, la actualización de ese impuesto".
 
De cara al año entrante, apuntó a la necesidad de que se recupere el consumo en el sector a partir de "una reactivación de la economía, porque muchos sectores como el nuestro, al correr los precios debajo de la inflación, su rentabilidad como negocio se ve cercenada".
 
En esa línea, manifestó que "para nosotros el augurio y lo que esperamos y lo que deseamos es que el próximo año tenga una fuerte reactivación económica en todos los sectores y no en forma selectiva de modo tal de que los argentinos podamos vivir mejor".
 
 
Servicio de agua potable
 
Otro de los rubros de precios regulados es en el servicio de agua potable para los usuarios de la empresa AySA, con una suba de 1% en el mes de enero.
 
Según la entidad del Estado, se trata de una posibilidad gracias al "equilibrio operativo y la desaceleración inflacionaria registrada en los últimos meses", lo cual generó un "ajuste tarifario excepcional" de ese porcentaje a partir de enero 2024. Es que durante este año ya hubo un ajuste de precios brutal, con un incremento promedio de la factura de AySA de 317 %.
 
De acuerdo a la empresa proveedora de agua, la factura media mensual sin impuestos quedará para los usuarios del nivel zonal alto en $ 26.277; para aquellos del nivel zonal medio en $ 23.863, y para los del nivel zonal bajo baja en $ 19.175.
 
 
Alquileres
 
Por su parte, para todos los contratos de alquiler que se rigen por la legislación previa a la derogación que realizó Javier Milei con el Mega DNU, y que sigue siendo utilizados por muchos contratos entre particulares aún con la ley derogada, el Índice de Contratos de Locación (ICL) prevé un incremento anual de 190,69% el primer mes de 2025. Este índice se compone de un promedio entre la inflación medida por IPC y la evolución de los salarios.
 
Los contratos de alquiler sin legislación implican todo tipo de condiciones perjudiciales para los inquilinos, con renovaciones trimestrales, contratos de corto plazo a veces inferiores al año, precios atados al dólar o a la inflación, exigencias de ingreso muy elevadas, entre otras.
 
Te puede interesar: Alquilar en la era Milei: uno de cada cuatro inquilinos tuvo que mudarse por no poder pagar
 
 
Prepagas de medicina privada
 
Las entidades de medicina prepaga informaron a sus afiliados incrementos de entre un 3% y 3,9%, de acuerdo al plan. Entre 2022 y 2024, las cuotas de las prepagas aumentaron un 435% en promedio, mientras que los aranceles de los prestadores de salud solo crecieron entre 160% y 224%. Un sector desregulado en donde solo ganan los empresarios.
 
 
Telecomunicaciones
 
Otro de los rubros con fuertes aumentos son las facturas de las compañías de telefonía móvil, internet y televisión por cable. Las subas estarán entre el 3,6% y 8% en enero próximo.
 
 
Alumbrado, Barrido y Limpieza en CABA (ABL)
  
En la Ciudad de Buenos Aires, los cambios del presupuesto 2025 que aprobó la legislatura implican que para el pago del Alumbrado, Barrido y Limpieza habrá una tabla con diez escalas en lugar de las siete actuales, con un esquema progresivo basado en la valuación fiscal homogénea (VFH).
 
Según la normativa, los inmuebles se dividirán en tres zonas geográficas:
 
Zona I (Sur): aumento del 2%.
Zona II (Centro): aumento del 3%.
Zona III (Norte): aumento del 4%.
 
A su vez, los inmuebles con una VFH menor o igual a $26,6 millones tendrán un tope de 20% en la actualización del impuesto anual.
 
Las propiedades con valores entre $26,6 millones y $38 millones no podrán superar un aumento del 35%, mientras que aquellos con VFH superiores a $38 millones tendrán actualizaciones según la inflación.
 
Fuentes: Perfil y la Izquierda Diario
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
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18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
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17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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