La Opinión Popular
                  19:30  |  Jueves 26 de Febrero de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná

Por
“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
Recomendar Imprimir
Nacionales - 01-01-2025 / 13:01
CAQUISTOCRACIA LIBERTARIA: EL GOBIERNO DE LOS PEORES

El 2025 del Loco Milei viene con aumentos de luz, agua, gas, prepagas, telefonía y otros servicios

El 2025 del Loco Milei viene con aumentos de luz, agua, gas, prepagas, telefonía y otros servicios
La caquistocracia (kakistos en griego es peor), es un término utilizado en análisis y crítica política para designar a un gobierno del Estado controlado por las personas más ineptas, incompetentes y cínicas. En enero, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei habilitó nuevos aumentos de precios regulados de servicios públicos, combustibles, prepagas, telecomunicaciones y alquileres, poniendo más presión al bolsillo de las familias trabajadoras. Incluso muchos aumentos serán superiores a la "pauta" del 2% que estableció el propio gobierno.
La caquistocracia (kakistos en griego es peor), es un término utilizado en análisis y crítica política para designar a un gobierno del Estado controlado por las personas más ineptas, incompetentes y cínicas. En enero, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei habilitó nuevos aumentos de precios regulados de servicios públicos, combustibles, prepagas, telecomunicaciones y alquileres, poniendo más presión al bolsillo de las familias trabajadoras. Incluso muchos aumentos serán superiores a la "pauta" del 2% que estableció el propio gobierno.
 
Un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que no recibe subsidios necesitó en diciembre $143.819 para afrontar el pago de las tarifas de luz, gas, agua y transporte, según un relevamiento del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), de UBA y Conicet. El costo de esa canasta de servicios públicos muestra un aumento del 402% respecto al mismo mes del año pasado, coincidiendo con el año de gestión de Milei.
 
El próximo mes el servicio de gas subirá 1,82% y la electricidad, 1,6%. Además, la Secretaría de Energía quiere avanzar con la reducción de subsidios e implementará a partir de febrero diferenciaciones para los consumos "en pico" o "en valle", que establece precios distintos según el horario del día en que se consume.
 
Los incrementos previstos para el próximo mes implican una suba de 2,5% para las empresas distribuidoras y transportistas de gas, y de 4% para las de electricidad. También habrá un aumento del precio del gas en punto de ingreso al sistema de transporte (PIST). Siguen los aumentos de tarifas mientras no se recupera el poder de compra de salarios, jubilaciones. Festejan las empresas privatizadas que se benefician con los incrementos de tarifas. En promedio, durante 2024 las boletas de electricidad y gas subieron 268% y 531% respectivamente.
 
Los precios que componen el rubro "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles" son uno de los que más afectan los bolsillos de las familias, subieron 230,7% entre enero y noviembre de 2024, mientras el incremento promedio de precios del IPC acumulado es menos de la mitad: 112%.
 
El primer año de gestión libertaria de Milei termina con 838.466 hogares sin subsidios aplicados a sus tarifas de electricidad y 292.612 en el caso del gas natural, según el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Según la Secretaría de Energía, los usuarios de altos ingresos (N1) pagan el 93% del costo de generación eléctrica, al tiempo que los de bajos ingresos (N2), el 26%, y los hogares de medios ingresos (N3), el 41%.
 
En el caso del gas, los usuarios de altos ingresos (N1) pagan el 85% del costo, mientras que los de ingresos bajos (N2) abonan el 31%, y los hogares de ingresos medios (N3), el 38%.
 
La Opinión Popular
 

 
Aumentan los combustibles
 
Según Isabelino Rodríguez, presidente de CECHA, el incremento está por debajo del crawling peg y no genera una recuperación de la rentabilidad para las petroleras.
 
El primer aumento en los precios de los combustibles de 2025 se ubicará en torno al 1,75% según Isabelino Rodríguez, presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA).
 
"El aumento que se está manejando es del orden del 1,75% y según nuestra información, eso sería a partir del viernes 3 de enero, de acuerdo a lo que ha expresado por YPF", comentó Rodríguez, en declaraciones radiales. Se estima que el resto de las firmas repliquen la decisión de la líder del mercado.    
 
Este lunes, el Gobierno oficializó el aumento de los impuestos a los combustibles. Para el presidente de CECHA, el incremento "está por debajo del crawling peg y no hay en las petroleras una recuperación de rentabilidad, por lo tanto no creo que sea una mala noticia para los consumidores dentro del ámbito macroeconómico que vivimos".
 
En relación con la equiparación de los precios locales de los combustibles con los valores que rigen a nivel internacional, el titular de CECHA indicó que "esa era la política macro que tenía el gobierno al asumir y de alguna manera con algunas particularidades ha ido hacia ese camino", lo que se ve con "este acercamiento del litro de combustible al dólar establecido para los hidrocarburos".
 
Con el aumento estimado, los precios del litro de combustibles YPF en CABA así quedarían:
 
Súper: $1.127
Premium: 1.394
Gasoil: $1.142
Precio Nafta
 
 
Los aumentos que vienen
 
Con respecto a futuros aumentos, Rodríguez sostuvo que "está ligado a variables macroeconómicas, porque el Gobierno a través de la petrolera YPF de alguna forma ha anclado el precio del combustible por debajo de la inflación, como un mecanismo desinflacionario, que también se ha visto en los servicios públicos" y prevé que "en la medida en que la inflación se mantenga controlada y a la baja, los combustibles también van a ir estabilizando su precio".
 
En ese sentido, no garantizó que dicha estabilización suceda de acá en más, ya que "hay otras variables como son el precio del crudo a nivel internacional, que Argentina importa algo de combustibles determinados, y sobre todo la variable impositiva, que el gobierno durante todo este año la ha diferido y que hay que ver si se aprueba o no el presupuesto del año que viene que contenía, entre otras cosas, la actualización de ese impuesto".
 
De cara al año entrante, apuntó a la necesidad de que se recupere el consumo en el sector a partir de "una reactivación de la economía, porque muchos sectores como el nuestro, al correr los precios debajo de la inflación, su rentabilidad como negocio se ve cercenada".
 
En esa línea, manifestó que "para nosotros el augurio y lo que esperamos y lo que deseamos es que el próximo año tenga una fuerte reactivación económica en todos los sectores y no en forma selectiva de modo tal de que los argentinos podamos vivir mejor".
 
 
Servicio de agua potable
 
Otro de los rubros de precios regulados es en el servicio de agua potable para los usuarios de la empresa AySA, con una suba de 1% en el mes de enero.
 
Según la entidad del Estado, se trata de una posibilidad gracias al "equilibrio operativo y la desaceleración inflacionaria registrada en los últimos meses", lo cual generó un "ajuste tarifario excepcional" de ese porcentaje a partir de enero 2024. Es que durante este año ya hubo un ajuste de precios brutal, con un incremento promedio de la factura de AySA de 317 %.
 
De acuerdo a la empresa proveedora de agua, la factura media mensual sin impuestos quedará para los usuarios del nivel zonal alto en $ 26.277; para aquellos del nivel zonal medio en $ 23.863, y para los del nivel zonal bajo baja en $ 19.175.
 
 
Alquileres
 
Por su parte, para todos los contratos de alquiler que se rigen por la legislación previa a la derogación que realizó Javier Milei con el Mega DNU, y que sigue siendo utilizados por muchos contratos entre particulares aún con la ley derogada, el Índice de Contratos de Locación (ICL) prevé un incremento anual de 190,69% el primer mes de 2025. Este índice se compone de un promedio entre la inflación medida por IPC y la evolución de los salarios.
 
Los contratos de alquiler sin legislación implican todo tipo de condiciones perjudiciales para los inquilinos, con renovaciones trimestrales, contratos de corto plazo a veces inferiores al año, precios atados al dólar o a la inflación, exigencias de ingreso muy elevadas, entre otras.
 
Te puede interesar: Alquilar en la era Milei: uno de cada cuatro inquilinos tuvo que mudarse por no poder pagar
 
 
Prepagas de medicina privada
 
Las entidades de medicina prepaga informaron a sus afiliados incrementos de entre un 3% y 3,9%, de acuerdo al plan. Entre 2022 y 2024, las cuotas de las prepagas aumentaron un 435% en promedio, mientras que los aranceles de los prestadores de salud solo crecieron entre 160% y 224%. Un sector desregulado en donde solo ganan los empresarios.
 
 
Telecomunicaciones
 
Otro de los rubros con fuertes aumentos son las facturas de las compañías de telefonía móvil, internet y televisión por cable. Las subas estarán entre el 3,6% y 8% en enero próximo.
 
 
Alumbrado, Barrido y Limpieza en CABA (ABL)
  
En la Ciudad de Buenos Aires, los cambios del presupuesto 2025 que aprobó la legislatura implican que para el pago del Alumbrado, Barrido y Limpieza habrá una tabla con diez escalas en lugar de las siete actuales, con un esquema progresivo basado en la valuación fiscal homogénea (VFH).
 
Según la normativa, los inmuebles se dividirán en tres zonas geográficas:
 
Zona I (Sur): aumento del 2%.
Zona II (Centro): aumento del 3%.
Zona III (Norte): aumento del 4%.
 
A su vez, los inmuebles con una VFH menor o igual a $26,6 millones tendrán un tope de 20% en la actualización del impuesto anual.
 
Las propiedades con valores entre $26,6 millones y $38 millones no podrán superar un aumento del 35%, mientras que aquellos con VFH superiores a $38 millones tendrán actualizaciones según la inflación.
 
Fuentes: Perfil y la Izquierda Diario
 

Agreganos como amigo a Facebook
26-02-2026 / 11:02
En una de las marchas más convocantes del año, los jubilados volvieron a alzar la voz frente al Congreso de la Nación, como acostumbran a hacerlo cada miércoles. En esta ocasión contaron con el apoyo de organizaciones gremiales, con vistas a una nueva marcha en rechazo al proyecto de reforma laboral que debatirá el Senado el próximo viernes. Advirtieron sobre el impacto del funesto Fondo de Asistencia Laboral (FAL) en el financiamiento de las jubilaciones.
 
El gobierno de Javier "el Loco" Milei avanza con la aprobada reforma laboral y, en el centro del proyecto, aparece el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Bajo la promesa de "aliviar" a las empresas, el esquema permitirá distribuir el costo de las desvinculaciones a lo largo de la relación laboral. El Fondo de Asistencia Laboral reducirá aportes patronales y restará 0,37 por ciento del PBI a la Anses, superando lo destinado a ciencia, salud y discapacidad.
 
En los hechos, implicará un recorte anual de 2.600 millones de dólares a la Anses, equivalente al 0,37 por ciento del PBI. El mecanismo es sencillo: las empresas deberán destinar un 2,5 por ciento del salario en el caso de pymes y un 1 por ciento en grandes firmas a un fondo individual.
 
Pero esa erogación será compensada con una reducción equivalente en las cargas patronales. Resultado: el despido queda virtualmente a costo cero para el empleador y el agujero lo absorbe el sistema previsional. Según el Instituto Argentina Grande, con datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, la pérdida supera ampliamente partidas que el Ejecutivo consideró inviables por falta de recursos.
 
Este proyecto, redactado por los abogados de las grandes empresas, es nefasto si se lo compara con que el Presupuesto 2026 prevé 1.107 millones de dólares para ciencia, tecnología e innovación, apenas 0,16 por ciento del PBI. Para el Hospital Garrahan asigna 162 millones de dólares, 0,023 por ciento del producto.
 
La comparación se vuelve más áspera al recordar que el Presidente vetó el aumento del 7,2 por ciento a jubilados, la suba del bono a 110.000 pesos y la extensión de la moratoria, con impactos fiscales muy inferiores. También rechazó la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuyo costo estimado oscilaba entre 0,25 por ciento y 0,45 por ciento del PBI.
 
La apuesta oficial sostiene la falsedad que la reforma generará más empleo formal y fortalecerá el sistema jubilatorio. Sin embargo, la economía acumula dos meses de caída según el EMAE del Indec, y no hay señales de expansión que anticipen una compensación rápida del rojo previsional.
 
¿Y cómo se detiene esta agresividad del gobierno libertario? Seguir dándole pelea, saliendo a la calle, llenando las plazas, protestando, con los partidos populares, con los movimientos sociales, que tienen que hacerles temblar el piso a los dueños del poder y del dinero. La calle a coro, plena, con las voces de la valentía civil.
 
La Opinión Popular
 

25-02-2026 / 11:02
Mientras el Gobierno de Javier "el Loco" Milei apura el tratamiento de la reforma laboral en el Senado en el tramo final de las sesiones extraordinarias, el Gobierno libertario ya deja expuesto el próximo frente de conflicto que pretende abrir en el Congreso: un recorte al régimen de licencias médicas, bajo el argumento de combatir supuestos abusos. Insiste en recortar salarios y derechos laborales bajo el argumento de combatir "abusos" en las licencias médicas.
 
El anticipo llegó de boca del presidente provisional del Senado de la Nación Argentina, Bartolomé Abdala, quien confirmó que el Ejecutivo buscará impulsar durante el período ordinario una ley específica para modificar las licencias por enfermedad. Se trata del mismo capítulo que el Gobierno debió retirar de la reforma laboral original ante el rechazo generalizado de la oposición e incluso de sectores "dialoguistas" que suelen acompañar al oficialismo.
 
El eje de la polémica fue el artículo 44 del proyecto inicial, que introducía una rebaja en el pago de salarios durante licencias por enfermedades o accidentes no laborales. La redacción encendió alarmas por su impacto directo sobre los ingresos de los trabajadores y terminó siendo eliminada para evitar que naufragara el resto de la iniciativa.
 
Lejos de dar marcha atrás, Abdala admitió que la Casa Rosada planea retomar el tema más adelante. "Lo de las licencias es algo menor dentro de una ley mucho más amplia", intentó minimizar el senador puntano, al tiempo que defendió la reforma laboral que se votará el viernes 27 de febrero. Sin embargo, sus declaraciones dejaron en claro que el Gobierno no abandona la idea de avanzar sobre un derecho sensible, alineado con la lógica de ajuste y desregulación de la gestión libertaria.
 
Luego de que Patricia Bullrich admitiera que la retirada del cuestionado artículo 44 sirvió para "blindar" el FAL y otros puntos, el senador Abdalá adelantó que buscarán aprobar una ley en el período ordinario para recortar las licencias pagas. Según Abdala, en el oficialismo existe "preocupación" por licencias extensas, presuntos abusos y certificados médicos irregulares, tanto en el sector público como en el privado.
 
El artículo 44 que generó el escándalo proponía un esquema de pago diferenciado durante las licencias. Para enfermedades o accidentes no vinculados con el trabajo, el trabajador solo percibía una parte del salario. Si la dolencia era consecuencia de una acción considerada voluntaria y riesgosa -como una lesión deportiva-, el ingreso se reducía al 50 por ciento del sueldo por tres meses, o seis si tenía familiares a cargo. En el caso de enfermedades crónicas, además, se endurecían las condiciones para reconocer recaídas.
 
Cuando la causa no se atribuía a una conducta voluntaria, el porcentaje subía al 75 por ciento, aunque siempre con plazos limitados. El texto también aclaraba que eventuales suspensiones económicas o disciplinarias no interrumpían ese pago reducido, consolidando un esquema de menor protección para el trabajador enfermo.
 
Aunque el vergonzoso capítulo fue retirado del dictamen que llegará al recinto, el mensaje político es claro: el Gobierno de Milei solo postergó el conflicto. El debate por las licencias médicas volverá durante el período ordinario, como parte de una agenda que insiste en trasladar el costo del ajuste a los trabajadores, incluso cuando se trata de situaciones de enfermedad. Para el Loco Milei y su pandilla de explotadores, los trabajadores, no tienen derecho a enfermarse.
 
La Opinión Popular
 

24-02-2026 / 09:02
Por decisión unánime, el Comité Ejecutivo de la AFA suspendió la fecha 9 de La Liga Profesional, que va del 5 al 8 de marzo, en repudio a la denuncia de ARCA contra los dirigentes de la institución. La AFA sostiene que "está todo pago" y que, en realidad, el Gobierno del Loco Milei "le está declarando la guerra al fútbol para imponer las Sociedades Anónimas Deportivas que los clubes no quieren", y de la que el Gato Macri se quiere beneficiar. La Asociación refutó las acusaciones contra sus principales dirigentes y votó suspender las fechas que se iban a jugar entre el jueves 5 y el domingo 8. "Se está declarando una guerra contra el fútbol", expresó el presidente de Vélez.
 
El enfrentamiento entre el Gobierno libertario y la alta dirigencia del fútbol argentino se recalentó este lunes a partir de la decisión del Comité Ejecutivo de la AFA de suspender toda la actividad del fútbol local entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo en protesta por la acusación de evasión impositiva hacia las máximas autoridades de la casa madre del fútbol. El parate, de características inéditas en la historia del fútbol argentino, abarcará a la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional y a todas las restantes categorías, incluso formativas, que deberán ser reprogramadas oportunamente.
 
El jueves 5 de marzo, primero del cese de actividades futbolísticas, es el día en el que está prevista la declaración del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico en la causa abierta el 12 de diciembre pasado, a partir de una denuncia del ARCA, el ente recaudador a nivel nacional, por una presunta omisión sistemática en el pago de tributos y la retención de aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. El monto estimado superaría los 19 mil millones de pesos.
 
El cronograma de audiencias indagatorias comenzará el jueves 5 con la declaración de Tapia y proseguirá un día más tarde con las de Toviggino y Gustavo Lorenzo, director general de la AFA. Mientras que el lunes 9 deberán presentarse Víctor Blanco Rodríguez, expresidente de Racing y anterior secretario general de la entidad, y Cristian Malaspina, actual titular de Argentinos Juniors. La pelota estará parada mientras duren estas audiencias.
 
La decisión de la alta dirigencia del fútbol argentino se disparó en la reunión de Comité Ejecutivo desarrollada en la mañana de este lunes en el predio Lionel Messi de Ezeiza. En ese encuentro, Gustavo Lorenzo, director general de la AFA y uno de los acusados, presentó una captura de la página oficial de ARCA que, de acuerdo con sus palabras, demostraba que la AFA no registra deudas ni tiene declaraciones juradas pendientes.
 
A partir de este documento, los dirigentes sostuvieron que la deuda que motivó la causa judicial no existe. Por lo cual, los representantes de la Primera División resolvieron impulsar el paro como señal de respaldo institucional e iniciar una ronda de consultas con las mesas de las diferentes divisionales para que adhieran a la medida.
 
La Opinión Popular
 

23-02-2026 / 09:02
Como era de prever, el debate y votación por la reforma laboral ratificaron al Congreso en un rol de actor secundario frente a las ambiciones del gobierno de Javier "el Loco" Milei. Los tránsfugas del peronismo, sin siquiera sonrojarse, lo consiguieron nuevamente. Los cómplices -los que llegaron a la banca con discursos y valores opuestos- fueron claves para lograr el quórum que La Libertad Avanza no hubiera conseguido con el aporte de sus aliados tradicionales y, luego, para la media sanción.
 
La política, entre traidores y canallas, tras la votación de la reforma laboral libertaria. Fueron claves, primero, para lograr el quórum que La Libertad Avanza no hubiera conseguido con el aporte de sus aliados tradicionales. Diputados santacruceños, tucumanos, salteños, catamarqueños, misioneros, llegados a sus bancas en 2023 y 2025 gracias a pertenencias partidarias y/o discursos inversos a lo que sostuvieron, deberían acentuar el señalamiento acerca de la facilidad con que pasan de manos.
 
Myriam Bregman lo resaltó en su también destacada exposición, pero aportó cierto aditamento al remarcar que "cuando la conducta política se repite, cuando los de Tucumán y otras provincias estaban con Milei antes de las elecciones de octubre y vuelven a estar después, ¿no se aplica la reiterancia y reincidencia para la conducta política? ¿Por qué son traidores? Son canallas". Se preguntó qué pasaría "si a la clase política, a la casta política, les aplicaran lo mismo; a los que dicen que la vienen a combatir, y a los que les votan las leyes y la retroalimentan".
 
Traidores y canallas son términos complementarios, pero ese apunte de Bregman sirve para reforzar el cinismo "corporativo" (quizás sin comillas) de esos adefesios. Las bancas les pertenecen en su individualidad. Eso es correcto y debe quedar claro. Pero tal cosa no implica que la alianza o partido que les facilitó su acceso parlamentario no deba expulsarlos, sin más ni más.
 
¿Por qué no puede hacerlo? Porque, sin entrar a la discusión sobre cómo se conformaron Unión por la Patria y Fuerza Patria, ni tampoco a la de las contradicciones que surcan al peronismo, es objetivo que esa fuerza carece hoy de, casi, cualquier atisbo de conducción. Está virtualmente a la deriva y, como bien reconoció y advirtió Axel Kicillof una vez que se le ¿despejó? el camino de la interna bonaerense, lo que se (le) viene no es un año de campaña, sino de construcción. Pueden ir de la mano, pero no son lo mismo.
 
Hasta que eso no comience a suceder, es de una ingenuidad supina imaginar que pueda haber alguna decisión, unificada, así sea respecto de cuestiones estratégicas. Para reiterar, lo subrayó que el bloque de Fuerza Patria se partió casi exactamente al medio en la votación sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Esa ausencia conductiva, de lo que aspiraría a ser una oposición auténtica, se revela también en la facilidad con que los Milei imponen la agenda de su desorden hasta ahora bien ordenado. O bien ejecutivo.
 
Desde ya que tienen sus "fugas" o sobregiros, como los del coloso Sturzenegger mandado por las suyas a elogiar el voto sobre las licencias por enfermedad. Despertó la reacción de opositores ¡y oficialistas!, a quienes en el Senado no se les ocurrió leer lo que votaban. Este aspecto, el de quedar presos de la ofensiva gubernamental en todas las direcciones sin saber privilegiar cuáles son los ítems principales, abarca al debate sobre la reforma laboral.
 
Hubo firmeza y muy buenas intervenciones desde el bloque de Fuerza Patria (Germán Martínez, Julia Strada, Vanesa Siley, Máximo Kirchner, entre otros), pero no alcanzó ante los cómplices gubernamentales.
 

22-02-2026 / 09:02
Todavía falta para que el desastroso gobierno de Javier "el Loco" Milei haga todo el daño que su restauración conservadora pretende. Ni siquiera se ha llegado a la mitad del camino. La reforma laboral que sancionó la Cámara de Diputados esta semana y que volverá a debatirse en el Senado es un punto central, pero todavía falta.
 
Hay un encadenamiento en la demolición. Se van derribando uno por uno los pilares civilizatorios de la sociedad argentina y la justificación para hacerlo se repite en todos los casos. Las universidades públicas, se argumentó en su momento, se financian con el IVA que pagan los sectores populares al comprar un kilo de pan. Y a estudiar asisten sectores de clase media. El razonamiento es que los pobres financian a sectores más pudientes. Entonces hay desfinanciar las universidades. Para el INCA, motor de la industria del cine nacional, se utilizó un argumento similar.
 
Luego llegó el turno de los industriales. El sector textil está siendo arrasado por el combo de la política económica de Milei, dólar barato en base al endeudamiento, aumento de los servicios públicos, apertura de las importaciones. Es la tormenta perfecta. Ya se sabe. Ya se hizo. Ya fracasó. El argumento para justificar la situación crítica del sector es que no se puede sacrificar a 50 millones de argentinos a comprar ropa más cara para sostener una industria en la que trabajan 500 mil personas. Lo dijo, entre otros fundamentalistas del neoliberalismo, el economista Miguel Boggiano.
 
En los próximos días se aplicará la misma excusa para el sector del neumático, la industria automotriz, la del calzado, y la lista sigue. La pregunta es: ¿dónde van a trabajar los argentinos? Si el razonamiento es que se está defendiendo a los consumidores, ¿cómo van a consumir los que pierden el empleo? Es tan obvio que parece absurdo decirlo. Pero la argentina mileísta tiene una buena dosis de delirio así que hay que explicar lo obvio. Quieren destruir la clase media y latinoamericanizar la Argentina. 
 
Un breve desvío del tema: es habitual que entre los fundamentalistas del supuesto libre mercado haya muchos nenes de papás que fueron funcionarios de los lugares más privilegiados del sector público. En el caso de Boggiano su padre fue ministro de la Corte Suprema, el lugar más selecto de la casta estatal. Puede agregarse el ejemplo del exmarido de la modelo Pampita, Roberto García Moritán. Su padre tiene el mismo nombre y tuvo una larga carrera como diplomático. Fue embajador en Suiza hasta 1987. Se ve que es fácil jugar al neoliberalismo habiendo crecido en una casa donde papá recibía en su cuenta un sueldo de miles de dólares todos los meses pagado por los contribuyentes.
 
Volviendo al tema, todavía falta para que Milei alcance sus objetivos de destrucción, si se toma en cuenta los modelos de país que sus funcionarios tienen como ejemplo. El actual presidente del Banco Central, Santiago Bausili, dijo en el streaming Carajo que su modelo era Perú. El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, estaba sentado al lado de Bausili y asentía con risa cómplice.
 
Perú tiene 70,1% de trabajadores informales según las últimas estadísticas del INEI (el INDEC peruano). La Argentina tiene 43%. Creció desde que asumió Milei. Todavía faltan 27 puntos para llegar a la meta, unos 4 millones de trabajadores más deben pasar a la informalidad. Desde el punto de vista político la situación de Perú es caótica. Del 2016 a febrero de 2026 hubo 9 presidentes. Al último, José Jerí, lo removieron del cargo el martes de la semana pasada.
 
¿Qué es lo bueno? Desde la óptica clásica de la derecha argentina lo positivo es que la economía está centrada en los productos de exportación, principalmente la minería, que no hay desarrollo industrial y por lo tanto no hay sindicalismo que pueda generar una puja distributiva potente. Además, se cumplen las instrucciones del sistema financiero internacional. ¿Podría Perú disminuir ese 70% de informalidad? Con ese modelo parece imposible. Lo están aplicando los últimos 30 años y los resultados están a la vista.
 
Por Demián Verduga
 

NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar