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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 23-12-2024 / 10:12
PATRICIA BULLRICH VA DESDE ACUSAR DE TERRORISTA A UN PELUQUERO HASTA JUSTIFICAR EL GAS LACRIMÓGENO A UNA NENA

El ridículo show represivo de la Comandante Pato sólo cierra con denuncias falsas y papelones

El ridículo show represivo de la Comandante Pato sólo cierra con denuncias falsas y papelones
Llevaba pocos días en su segundo tiempo como ministra de Seguridad, esta vez del gobierno libertario, cuando Patricia "Comandante Pato" Bullrich hizo uno de sus primeros grandes anuncios: las fuerzas de seguridad habían desarmado una supuesta célula terrorista al detener a tres extranjeros sospechosos de haber ingresado al país para cometer un atentado. Difundió a viva voz que estaban vinculados entre sí, aseguró que llegaron en distintos vuelos, esperaban un paquete de Yemen e irían a un hotel a dos cuadras de la embajada de Israel. Todo era falso.
Llevaba pocos días en su segundo tiempo como ministra de Seguridad, esta vez del gobierno libertario, cuando Patricia "Comandante Pato" Bullrich hizo uno de sus primeros grandes anuncios: las fuerzas de seguridad habían desarmado una supuesta célula terrorista al detener a tres extranjeros sospechosos de haber ingresado al país para cometer un atentado. Difundió a viva voz que estaban vinculados entre sí, aseguró que llegaron en distintos vuelos, esperaban un paquete de Yemen e irían a un hotel a dos cuadras de la embajada de Israel. Todo era falso.
 
Uno es un profesor de ping-pong de origen sirio-libanés; otro, un peluquero de Avellaneda; y el otro es un excéntrico que se las daba de mercenario y agente de la embajada yanqui. Fue el primer papelón de Bullrich, para quien se volvió costumbre dar noticias truchas capaces, a menudo, de afectar la vida y la libertad de las personas.
 
Este viernes decidió cerrar el año en la misma tónica y a todo trapo: simuló la inauguración de una cárcel federal en Coronda, Santa Fe, que no está terminada. Para la puesta en escena llevó presos de otro lugar, que luego devolvió. En la semana había festejado un operativo brutal en Salta como si fuera un golpe de Gendarmería al narcotráfico pero fue escenario del asesinato de un bagayero. ¿Por qué lo hace? ¿Para qué? ¿No hay consecuencias? ¿Mejora la seguridad?
 
El acting del viernes en Santa Fe, epicentro de la agenda de seguridad que Bullrich aprovecha, tuvo todos los condimentos de las novedades falsas que suele multiplicar. Compartió en la red "X" un video con música de película de súper acción que exhibe a los presos ingresando esposados al penal. "Primer detenido que entra a la cárcel federal de Coronda", dice ella misma con una gorrita penitenciaria mientras le sostiene la puerta. Puede ser el primero que entra, pero no que se queda, porque el penal aún no está apto para funcionar.
 
El intendente Ricardo Ramírez deschavó: "Trajeron presos a las 6 AM, no sé bien de dónde, dicen que eran de Buenos Aires, los llevaron a las celdas y los sacaron. La ministra dice que habla con las autoridades locales, con nosotros jamás. Dijo que será una cárcel para presos de alto perfil, pero no tiene las condiciones. Tampoco hay reclutamiento de gente de la ciudad para trabajar ahí", dijo. Un dato no menor: el gobernador Maximiliano Pullaro no asistió al evento.
 
El historial de fake news de la ministra en su primer año mileísta evidencia su obsesión por rendir pleitesía y alinearse con Estados Unidos e Israel --algo ya conocido-- pero además fue marcando el camino para justificar lo que esta semana se decidió por decreto, sin discusión legislativa: que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en cuestiones de seguridad interior, con la excusa de la protección de sitios u "objetivos" que el Presidente u otros funcionarios consideren "de valor estratégico".
 
O sea, pueden militarizar lo que quieran --un gran retroceso en un país que logró un proceso de desmilitarización pos dictadura-- si alegan la existencia de algún peligro que atribuyan a "fuerzas, organismos, organizaciones o actores estatales, paraestatales o criminales de origen transfronterizo o nacional, durante períodos de paz, de guerra o conflicto armado y en situaciones de conmoción interior". Todo cabe en esa bolsa. El "cualquiercosismo" libertario.
 

 
Por descabellado que sea (y contrario a los estándares internacionales de derechos humanos) el Gobierno ha intentado calificar a la protesta social como terrorismo. Lo hizo abiertamente el día de que se votaba la Ley Bases en el Senado y hasta consiguió un fiscal, Carlos Stornelli, que se hizo eco. Bullrich usa el término "terrorismo" cada vez que puede y mezcla narcotráfico y narcoterrorismo, otro fenómeno con un fuerte componente violento ligado a los grandes capitales del país del norte.
 
Como parte de su marketing y el del gobierno quiere el endurecimiento de las normas bajo la idea nunca probada de que eso es lo que baja el delito y presiona por una ley "antimafia" que, si se llegara a votar con la letra del proyecto oficial, no contemplaría los circuitos financieros, de corrupción y lavado indispensables para desarmar organizaciones mafiosas, sino que --la historia de siempre-- apunta a las las pandillas y castiga a sus miembros por igual, sin importar su función en el grupo. También quiere justificar la compra de equipamiento para reprimir y espiar.
 
 
De larga data
  
Bullrich ya sobreactuaba la lucha contra el terrorismo en la época del gobierno de Mauricio Macri. Cuando faltaban pocos días para que empezara la reunión del G-20 en la Ciudad de Buenos Aires, hizo alarde de la detención de los hermanos Kevin Gamal y Axel Ezequiel Abraham Salomón, de la comunidad musulmana en Argentina que fueron acusados falsamente de pertenecer a Hezbollah.
 
La Policía Federal se los llevó después de hacer un allanamiento a toda orquesta en Flores el 13 de noviembre de 2018. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) había hecho una denuncia en la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal casi diez meses antes con un e-mail anónimo que vinculaba a los hermanos con un entrenamiento militar en el Líbano y la tenencia de un arma AK 47.
 
El exjuez Rodolfo Canicoba Corral descartó conexiones terroristas y mandó el expediente al fuero ordinario por posible tenencia ilegal de armas (guardaban, cual reliquia, un arma de un abuelo), pero fue devuelto a Comodoro Py.
 
El juez Sebastián Ramos los apresó y tardó 22 días en liberarlos y cinco meses en sobreseerlos. Los hermanos Abraham Salomón dijeron que les habían arruinado literalmente la vida. Al momento de la detención Bullrich decía tener "mucha información internacional de agencias de Estados Unidos, Inglaterra, Canadá", que quedaba en secreto.
 
Es el mismo argumento que usó para explicar la supuesta célula del profesor de tenis de mesa, el peluquero y el mercenario: que tenía "una conjunción de elementos tanto de Estados Unidos como de Israel como información que recibió un miembro de Gendarmería formado en antiterrorismo".
 
A los 15 días la jueza María Eugenia Capuchetti firmó un fallo donde decía no tener nada que incriminar al trío. El show de Bullrich había recibido felicitaciones del vocero presidencial Manuel Adorni. Contrariaba lo recomendable ante sospechas de terrorismo: mantener bajo perfil. La verdadera historia de los protagonistas fue contada por Raúl Kollman en este diario.
 
 
La niña gaseada
  
El 12 de junio el Ministerio de Seguridad mandó a atacar con ferocidad a quienes protestaban contra la Ley Bases invocando el Protocolo antiprotestas que convierte cualquier manifestación en delito. Fueron detenidas 33 personas. Nada más gráfico que la represión para aplicar ajuste y beneficiar a unos pocos. Aquí la fake salió de la cuenta de "X" de la Oficina del Presidente, que felicitó a las fuerzas por reprimir a quienes describió como "grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas" que "intentaron perpetrar un golpe de Estado". El dislate fue desarmado con el correr de los meses por la jueza María Servini. Quedó claro que la gran mayoría de los detenidos manifestaban tranquilos/as, o vendían empanadas o choripanes o no estaban haciendo nada.
 
Pero el daño estaba hecho. Bullrich defendió el operativo en términos insólitos: "Las fuerzas de seguridad estuvieron excelentes, con profesionalidad, con prudencia, pero también sin dudar cuando hay que ir a atacar y no dejar que te tomen el Congreso". "No hubo pasividad frente a una violencia inusitada", dijo en una entrevista. ¿Alguien vio una toma del Congreso? Es como cuando Javier Milei cuestiona al "comunismo", un enemigo imaginario, por inexistente, pero eficaz para su relato.
 
Esta ofensiva anti-protesta fue mutando. El 11 de septiembre Fabrizia, una niña de 10 años que estaba con su mamá en la movilización contra el veto presidencial a la ley de Movilidad Jubilatoria, fue rociada con gas pimienta en los ojos, a menos de un metro de distancia, por un policía federal. La imagen y el llanto de esa nena recorrieron redes, canales y portales. También el video del policía tirándole gas. Pero el gobierno difundió un video fake para decir que quien había gaseado a la nena era una manifestante vestida de naranja.
 
Bullrich le echó la culpa del video al jefe de la Policía Federal, Luis Rollé, y quedó expuesta su viceministra, Alejandra Monteoliva. Pero la ministra se paseó por estudios de televisión para repetir la falacia: que el gas había sido arrojado por "militantes", "un grupo de naranja que son kirchneristas".
 
Ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, insistió entre abucheos: "El policía no gasea a la niña, está mirando para otro lado, la niña ya estaba gaseada por un gas naranja". Otro recurso fue acusar a la mamá, Carla Pegoraro, quien hizo una denuncia penal y es querellante. Denunció al policía que habría rociado a su hija, al jefe del operativo y a Bullrich como presunta encubridora.
 
Esta semana dio su testimonio en el expediente. Gregorio Dalbón, su abogado, dijo que "es evidente que al prestarle los votos a Milei, Bullrich canjeó impunidad, si no, no podría mentir tanto a la sociedad argentina". "Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, represiones a jubilados", ejemplificó, y recordó que impulsa la demanda civil en su contra por adjudicar al gobierno de Alberto Fernández un pedido de coimas al laboratorio Pfizer por la vacuna contra el covid.
 
 
Narcos, asesinatos y terrorismo
  
En sus discursos, sus redes, donde puede, Bullrich mezcla narcos, terrorismo y repite el slogan "el que las hace las paga". El 6 de octubre celebró en "X": "Un hombre intentó burlar un control en Mendoza, llevando más de 2 kg de cocaína ocultos en envases de talco dentro de un micro de larga distancia.
 
Pero la Gendarmería rápidamente gracias a su nerviosismo y actitud sospechosa. ¡La seguridad de nuestro país va un paso adelante de los delincuentes! Las hace, las paga". El título del posteo era: "Mucho talco, poco Eficient-e". Sin embargo, un estudio forense reveló que la cocaína de Bullrich no era droga, era efectivamente talco para los pies y los gendarmes no eran ningunos genios. El marplatense Ariel Acosta pasó 21 días preso por la falsa acusación.
 
Esta semana siguió con sus peculiares festejos al aplaudir un operativo cerca de Orán, Salta, en el paso fronterizo con Bolivia: acusó a "narcos violentos" de "atacar a Gendarmería porque no soportan que se les terminó el negocio", tuiteó, y destacó que los efectivos incautaron "22 bultos sospechosos". Lo que no dijo es que en medio del procedimiento murió asesinado un bagayero de 27 años, Fernando Martín Gómez, un trabajador de frontera, pasador de hojas de coca, algo de lo que viven numerosas familias. Otros cuatro trabajadores fueron heridos.
 
Familiares y compañeros de Gómez cortaron la ruta 50 para pedir justicia y denunciar que las personas agredidas no son narcos. Con el espectáculo, la ministra camufla la violencia y el hecho de que este año al menos 39 gendarmes fueron imputados (varios de ellos detenidos) en Salta, Tucumán y Jujuy, por cobrar coimas para tours de compras tanto a Chile como Bolivia y contrabandear desde ropa hasta granos. También se investiga el tráfico de drogas.
 
Hay que sumar el extraño video que difundió sin investigación previa el Gobierno a principio de mes y que, según un comunicado, había llegado al Ministerio de Seguridad y al Gobierno de Santa Fe. Se veían cuatro personas encapuchadas, tres con trajes blancos, y armadas. Una de ellas hablaba: trataba a Bullrich y al gobernador Maximiliano Pullaro de mafiosos.
 
Los responsabilizaba por un "arreglo para que se calme Rosario" y asesinatos de "gente inocente". "Vamos a empezar a dejar muertos por toda la Capital de Buenos Aires y Santa Fe", advertía. Quienes investigan narcos en Rosario sostienen que la forma de hablar no se parece a las de las grandes bandas Los Monos y el clan Alvarado. En un tramo hacían un reclamo casi sofisticado: "haga algo para los chicos, que no salgan delincuentes, hagan trabajo, escuelas, dejen de hacer política con los presos".
 
El comunicado de la Casa Rosada aseveraba que era "una clara amenaza terrorista que pretende infundir terror en la población y en las autoridades electas democráticamente", que se trataba de una "organización narco terrorista no identificada". Agregaba que en Rosario bajaron un 80% los homicidios. La jueza María Servini ordenó la detención de tres sospechosos en Puerto San Martín, en Santa Fe. Hasta ahora, según fuentes judiciales, no se hallaron nexos con alguna organización.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página 12
 

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18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
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