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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 23-12-2024 / 10:12
PATRICIA BULLRICH VA DESDE ACUSAR DE TERRORISTA A UN PELUQUERO HASTA JUSTIFICAR EL GAS LACRIMÓGENO A UNA NENA

El ridículo show represivo de la Comandante Pato sólo cierra con denuncias falsas y papelones

El ridículo show represivo de la Comandante Pato sólo cierra con denuncias falsas y papelones
Llevaba pocos días en su segundo tiempo como ministra de Seguridad, esta vez del gobierno libertario, cuando Patricia "Comandante Pato" Bullrich hizo uno de sus primeros grandes anuncios: las fuerzas de seguridad habían desarmado una supuesta célula terrorista al detener a tres extranjeros sospechosos de haber ingresado al país para cometer un atentado. Difundió a viva voz que estaban vinculados entre sí, aseguró que llegaron en distintos vuelos, esperaban un paquete de Yemen e irían a un hotel a dos cuadras de la embajada de Israel. Todo era falso.
Llevaba pocos días en su segundo tiempo como ministra de Seguridad, esta vez del gobierno libertario, cuando Patricia "Comandante Pato" Bullrich hizo uno de sus primeros grandes anuncios: las fuerzas de seguridad habían desarmado una supuesta célula terrorista al detener a tres extranjeros sospechosos de haber ingresado al país para cometer un atentado. Difundió a viva voz que estaban vinculados entre sí, aseguró que llegaron en distintos vuelos, esperaban un paquete de Yemen e irían a un hotel a dos cuadras de la embajada de Israel. Todo era falso.
 
Uno es un profesor de ping-pong de origen sirio-libanés; otro, un peluquero de Avellaneda; y el otro es un excéntrico que se las daba de mercenario y agente de la embajada yanqui. Fue el primer papelón de Bullrich, para quien se volvió costumbre dar noticias truchas capaces, a menudo, de afectar la vida y la libertad de las personas.
 
Este viernes decidió cerrar el año en la misma tónica y a todo trapo: simuló la inauguración de una cárcel federal en Coronda, Santa Fe, que no está terminada. Para la puesta en escena llevó presos de otro lugar, que luego devolvió. En la semana había festejado un operativo brutal en Salta como si fuera un golpe de Gendarmería al narcotráfico pero fue escenario del asesinato de un bagayero. ¿Por qué lo hace? ¿Para qué? ¿No hay consecuencias? ¿Mejora la seguridad?
 
El acting del viernes en Santa Fe, epicentro de la agenda de seguridad que Bullrich aprovecha, tuvo todos los condimentos de las novedades falsas que suele multiplicar. Compartió en la red "X" un video con música de película de súper acción que exhibe a los presos ingresando esposados al penal. "Primer detenido que entra a la cárcel federal de Coronda", dice ella misma con una gorrita penitenciaria mientras le sostiene la puerta. Puede ser el primero que entra, pero no que se queda, porque el penal aún no está apto para funcionar.
 
El intendente Ricardo Ramírez deschavó: "Trajeron presos a las 6 AM, no sé bien de dónde, dicen que eran de Buenos Aires, los llevaron a las celdas y los sacaron. La ministra dice que habla con las autoridades locales, con nosotros jamás. Dijo que será una cárcel para presos de alto perfil, pero no tiene las condiciones. Tampoco hay reclutamiento de gente de la ciudad para trabajar ahí", dijo. Un dato no menor: el gobernador Maximiliano Pullaro no asistió al evento.
 
El historial de fake news de la ministra en su primer año mileísta evidencia su obsesión por rendir pleitesía y alinearse con Estados Unidos e Israel --algo ya conocido-- pero además fue marcando el camino para justificar lo que esta semana se decidió por decreto, sin discusión legislativa: que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en cuestiones de seguridad interior, con la excusa de la protección de sitios u "objetivos" que el Presidente u otros funcionarios consideren "de valor estratégico".
 
O sea, pueden militarizar lo que quieran --un gran retroceso en un país que logró un proceso de desmilitarización pos dictadura-- si alegan la existencia de algún peligro que atribuyan a "fuerzas, organismos, organizaciones o actores estatales, paraestatales o criminales de origen transfronterizo o nacional, durante períodos de paz, de guerra o conflicto armado y en situaciones de conmoción interior". Todo cabe en esa bolsa. El "cualquiercosismo" libertario.
 

 
Por descabellado que sea (y contrario a los estándares internacionales de derechos humanos) el Gobierno ha intentado calificar a la protesta social como terrorismo. Lo hizo abiertamente el día de que se votaba la Ley Bases en el Senado y hasta consiguió un fiscal, Carlos Stornelli, que se hizo eco. Bullrich usa el término "terrorismo" cada vez que puede y mezcla narcotráfico y narcoterrorismo, otro fenómeno con un fuerte componente violento ligado a los grandes capitales del país del norte.
 
Como parte de su marketing y el del gobierno quiere el endurecimiento de las normas bajo la idea nunca probada de que eso es lo que baja el delito y presiona por una ley "antimafia" que, si se llegara a votar con la letra del proyecto oficial, no contemplaría los circuitos financieros, de corrupción y lavado indispensables para desarmar organizaciones mafiosas, sino que --la historia de siempre-- apunta a las las pandillas y castiga a sus miembros por igual, sin importar su función en el grupo. También quiere justificar la compra de equipamiento para reprimir y espiar.
 
 
De larga data
  
Bullrich ya sobreactuaba la lucha contra el terrorismo en la época del gobierno de Mauricio Macri. Cuando faltaban pocos días para que empezara la reunión del G-20 en la Ciudad de Buenos Aires, hizo alarde de la detención de los hermanos Kevin Gamal y Axel Ezequiel Abraham Salomón, de la comunidad musulmana en Argentina que fueron acusados falsamente de pertenecer a Hezbollah.
 
La Policía Federal se los llevó después de hacer un allanamiento a toda orquesta en Flores el 13 de noviembre de 2018. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) había hecho una denuncia en la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal casi diez meses antes con un e-mail anónimo que vinculaba a los hermanos con un entrenamiento militar en el Líbano y la tenencia de un arma AK 47.
 
El exjuez Rodolfo Canicoba Corral descartó conexiones terroristas y mandó el expediente al fuero ordinario por posible tenencia ilegal de armas (guardaban, cual reliquia, un arma de un abuelo), pero fue devuelto a Comodoro Py.
 
El juez Sebastián Ramos los apresó y tardó 22 días en liberarlos y cinco meses en sobreseerlos. Los hermanos Abraham Salomón dijeron que les habían arruinado literalmente la vida. Al momento de la detención Bullrich decía tener "mucha información internacional de agencias de Estados Unidos, Inglaterra, Canadá", que quedaba en secreto.
 
Es el mismo argumento que usó para explicar la supuesta célula del profesor de tenis de mesa, el peluquero y el mercenario: que tenía "una conjunción de elementos tanto de Estados Unidos como de Israel como información que recibió un miembro de Gendarmería formado en antiterrorismo".
 
A los 15 días la jueza María Eugenia Capuchetti firmó un fallo donde decía no tener nada que incriminar al trío. El show de Bullrich había recibido felicitaciones del vocero presidencial Manuel Adorni. Contrariaba lo recomendable ante sospechas de terrorismo: mantener bajo perfil. La verdadera historia de los protagonistas fue contada por Raúl Kollman en este diario.
 
 
La niña gaseada
  
El 12 de junio el Ministerio de Seguridad mandó a atacar con ferocidad a quienes protestaban contra la Ley Bases invocando el Protocolo antiprotestas que convierte cualquier manifestación en delito. Fueron detenidas 33 personas. Nada más gráfico que la represión para aplicar ajuste y beneficiar a unos pocos. Aquí la fake salió de la cuenta de "X" de la Oficina del Presidente, que felicitó a las fuerzas por reprimir a quienes describió como "grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas" que "intentaron perpetrar un golpe de Estado". El dislate fue desarmado con el correr de los meses por la jueza María Servini. Quedó claro que la gran mayoría de los detenidos manifestaban tranquilos/as, o vendían empanadas o choripanes o no estaban haciendo nada.
 
Pero el daño estaba hecho. Bullrich defendió el operativo en términos insólitos: "Las fuerzas de seguridad estuvieron excelentes, con profesionalidad, con prudencia, pero también sin dudar cuando hay que ir a atacar y no dejar que te tomen el Congreso". "No hubo pasividad frente a una violencia inusitada", dijo en una entrevista. ¿Alguien vio una toma del Congreso? Es como cuando Javier Milei cuestiona al "comunismo", un enemigo imaginario, por inexistente, pero eficaz para su relato.
 
Esta ofensiva anti-protesta fue mutando. El 11 de septiembre Fabrizia, una niña de 10 años que estaba con su mamá en la movilización contra el veto presidencial a la ley de Movilidad Jubilatoria, fue rociada con gas pimienta en los ojos, a menos de un metro de distancia, por un policía federal. La imagen y el llanto de esa nena recorrieron redes, canales y portales. También el video del policía tirándole gas. Pero el gobierno difundió un video fake para decir que quien había gaseado a la nena era una manifestante vestida de naranja.
 
Bullrich le echó la culpa del video al jefe de la Policía Federal, Luis Rollé, y quedó expuesta su viceministra, Alejandra Monteoliva. Pero la ministra se paseó por estudios de televisión para repetir la falacia: que el gas había sido arrojado por "militantes", "un grupo de naranja que son kirchneristas".
 
Ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, insistió entre abucheos: "El policía no gasea a la niña, está mirando para otro lado, la niña ya estaba gaseada por un gas naranja". Otro recurso fue acusar a la mamá, Carla Pegoraro, quien hizo una denuncia penal y es querellante. Denunció al policía que habría rociado a su hija, al jefe del operativo y a Bullrich como presunta encubridora.
 
Esta semana dio su testimonio en el expediente. Gregorio Dalbón, su abogado, dijo que "es evidente que al prestarle los votos a Milei, Bullrich canjeó impunidad, si no, no podría mentir tanto a la sociedad argentina". "Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, represiones a jubilados", ejemplificó, y recordó que impulsa la demanda civil en su contra por adjudicar al gobierno de Alberto Fernández un pedido de coimas al laboratorio Pfizer por la vacuna contra el covid.
 
 
Narcos, asesinatos y terrorismo
  
En sus discursos, sus redes, donde puede, Bullrich mezcla narcos, terrorismo y repite el slogan "el que las hace las paga". El 6 de octubre celebró en "X": "Un hombre intentó burlar un control en Mendoza, llevando más de 2 kg de cocaína ocultos en envases de talco dentro de un micro de larga distancia.
 
Pero la Gendarmería rápidamente gracias a su nerviosismo y actitud sospechosa. ¡La seguridad de nuestro país va un paso adelante de los delincuentes! Las hace, las paga". El título del posteo era: "Mucho talco, poco Eficient-e". Sin embargo, un estudio forense reveló que la cocaína de Bullrich no era droga, era efectivamente talco para los pies y los gendarmes no eran ningunos genios. El marplatense Ariel Acosta pasó 21 días preso por la falsa acusación.
 
Esta semana siguió con sus peculiares festejos al aplaudir un operativo cerca de Orán, Salta, en el paso fronterizo con Bolivia: acusó a "narcos violentos" de "atacar a Gendarmería porque no soportan que se les terminó el negocio", tuiteó, y destacó que los efectivos incautaron "22 bultos sospechosos". Lo que no dijo es que en medio del procedimiento murió asesinado un bagayero de 27 años, Fernando Martín Gómez, un trabajador de frontera, pasador de hojas de coca, algo de lo que viven numerosas familias. Otros cuatro trabajadores fueron heridos.
 
Familiares y compañeros de Gómez cortaron la ruta 50 para pedir justicia y denunciar que las personas agredidas no son narcos. Con el espectáculo, la ministra camufla la violencia y el hecho de que este año al menos 39 gendarmes fueron imputados (varios de ellos detenidos) en Salta, Tucumán y Jujuy, por cobrar coimas para tours de compras tanto a Chile como Bolivia y contrabandear desde ropa hasta granos. También se investiga el tráfico de drogas.
 
Hay que sumar el extraño video que difundió sin investigación previa el Gobierno a principio de mes y que, según un comunicado, había llegado al Ministerio de Seguridad y al Gobierno de Santa Fe. Se veían cuatro personas encapuchadas, tres con trajes blancos, y armadas. Una de ellas hablaba: trataba a Bullrich y al gobernador Maximiliano Pullaro de mafiosos.
 
Los responsabilizaba por un "arreglo para que se calme Rosario" y asesinatos de "gente inocente". "Vamos a empezar a dejar muertos por toda la Capital de Buenos Aires y Santa Fe", advertía. Quienes investigan narcos en Rosario sostienen que la forma de hablar no se parece a las de las grandes bandas Los Monos y el clan Alvarado. En un tramo hacían un reclamo casi sofisticado: "haga algo para los chicos, que no salgan delincuentes, hagan trabajo, escuelas, dejen de hacer política con los presos".
 
El comunicado de la Casa Rosada aseveraba que era "una clara amenaza terrorista que pretende infundir terror en la población y en las autoridades electas democráticamente", que se trataba de una "organización narco terrorista no identificada". Agregaba que en Rosario bajaron un 80% los homicidios. La jueza María Servini ordenó la detención de tres sospechosos en Puerto San Martín, en Santa Fe. Hasta ahora, según fuentes judiciales, no se hallaron nexos con alguna organización.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página 12
 

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30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
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