La Opinión Popular
                  12:35  |  Domingo 08 de Febrero de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná

Por
“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
Recomendar Imprimir
Nacionales - 23-12-2024 / 10:12
PATRICIA BULLRICH VA DESDE ACUSAR DE TERRORISTA A UN PELUQUERO HASTA JUSTIFICAR EL GAS LACRIMÓGENO A UNA NENA

El ridículo show represivo de la Comandante Pato sólo cierra con denuncias falsas y papelones

El ridículo show represivo de la Comandante Pato sólo cierra con denuncias falsas y papelones
Llevaba pocos días en su segundo tiempo como ministra de Seguridad, esta vez del gobierno libertario, cuando Patricia "Comandante Pato" Bullrich hizo uno de sus primeros grandes anuncios: las fuerzas de seguridad habían desarmado una supuesta célula terrorista al detener a tres extranjeros sospechosos de haber ingresado al país para cometer un atentado. Difundió a viva voz que estaban vinculados entre sí, aseguró que llegaron en distintos vuelos, esperaban un paquete de Yemen e irían a un hotel a dos cuadras de la embajada de Israel. Todo era falso.
Llevaba pocos días en su segundo tiempo como ministra de Seguridad, esta vez del gobierno libertario, cuando Patricia "Comandante Pato" Bullrich hizo uno de sus primeros grandes anuncios: las fuerzas de seguridad habían desarmado una supuesta célula terrorista al detener a tres extranjeros sospechosos de haber ingresado al país para cometer un atentado. Difundió a viva voz que estaban vinculados entre sí, aseguró que llegaron en distintos vuelos, esperaban un paquete de Yemen e irían a un hotel a dos cuadras de la embajada de Israel. Todo era falso.
 
Uno es un profesor de ping-pong de origen sirio-libanés; otro, un peluquero de Avellaneda; y el otro es un excéntrico que se las daba de mercenario y agente de la embajada yanqui. Fue el primer papelón de Bullrich, para quien se volvió costumbre dar noticias truchas capaces, a menudo, de afectar la vida y la libertad de las personas.
 
Este viernes decidió cerrar el año en la misma tónica y a todo trapo: simuló la inauguración de una cárcel federal en Coronda, Santa Fe, que no está terminada. Para la puesta en escena llevó presos de otro lugar, que luego devolvió. En la semana había festejado un operativo brutal en Salta como si fuera un golpe de Gendarmería al narcotráfico pero fue escenario del asesinato de un bagayero. ¿Por qué lo hace? ¿Para qué? ¿No hay consecuencias? ¿Mejora la seguridad?
 
El acting del viernes en Santa Fe, epicentro de la agenda de seguridad que Bullrich aprovecha, tuvo todos los condimentos de las novedades falsas que suele multiplicar. Compartió en la red "X" un video con música de película de súper acción que exhibe a los presos ingresando esposados al penal. "Primer detenido que entra a la cárcel federal de Coronda", dice ella misma con una gorrita penitenciaria mientras le sostiene la puerta. Puede ser el primero que entra, pero no que se queda, porque el penal aún no está apto para funcionar.
 
El intendente Ricardo Ramírez deschavó: "Trajeron presos a las 6 AM, no sé bien de dónde, dicen que eran de Buenos Aires, los llevaron a las celdas y los sacaron. La ministra dice que habla con las autoridades locales, con nosotros jamás. Dijo que será una cárcel para presos de alto perfil, pero no tiene las condiciones. Tampoco hay reclutamiento de gente de la ciudad para trabajar ahí", dijo. Un dato no menor: el gobernador Maximiliano Pullaro no asistió al evento.
 
El historial de fake news de la ministra en su primer año mileísta evidencia su obsesión por rendir pleitesía y alinearse con Estados Unidos e Israel --algo ya conocido-- pero además fue marcando el camino para justificar lo que esta semana se decidió por decreto, sin discusión legislativa: que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en cuestiones de seguridad interior, con la excusa de la protección de sitios u "objetivos" que el Presidente u otros funcionarios consideren "de valor estratégico".
 
O sea, pueden militarizar lo que quieran --un gran retroceso en un país que logró un proceso de desmilitarización pos dictadura-- si alegan la existencia de algún peligro que atribuyan a "fuerzas, organismos, organizaciones o actores estatales, paraestatales o criminales de origen transfronterizo o nacional, durante períodos de paz, de guerra o conflicto armado y en situaciones de conmoción interior". Todo cabe en esa bolsa. El "cualquiercosismo" libertario.
 

 
Por descabellado que sea (y contrario a los estándares internacionales de derechos humanos) el Gobierno ha intentado calificar a la protesta social como terrorismo. Lo hizo abiertamente el día de que se votaba la Ley Bases en el Senado y hasta consiguió un fiscal, Carlos Stornelli, que se hizo eco. Bullrich usa el término "terrorismo" cada vez que puede y mezcla narcotráfico y narcoterrorismo, otro fenómeno con un fuerte componente violento ligado a los grandes capitales del país del norte.
 
Como parte de su marketing y el del gobierno quiere el endurecimiento de las normas bajo la idea nunca probada de que eso es lo que baja el delito y presiona por una ley "antimafia" que, si se llegara a votar con la letra del proyecto oficial, no contemplaría los circuitos financieros, de corrupción y lavado indispensables para desarmar organizaciones mafiosas, sino que --la historia de siempre-- apunta a las las pandillas y castiga a sus miembros por igual, sin importar su función en el grupo. También quiere justificar la compra de equipamiento para reprimir y espiar.
 
 
De larga data
  
Bullrich ya sobreactuaba la lucha contra el terrorismo en la época del gobierno de Mauricio Macri. Cuando faltaban pocos días para que empezara la reunión del G-20 en la Ciudad de Buenos Aires, hizo alarde de la detención de los hermanos Kevin Gamal y Axel Ezequiel Abraham Salomón, de la comunidad musulmana en Argentina que fueron acusados falsamente de pertenecer a Hezbollah.
 
La Policía Federal se los llevó después de hacer un allanamiento a toda orquesta en Flores el 13 de noviembre de 2018. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) había hecho una denuncia en la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal casi diez meses antes con un e-mail anónimo que vinculaba a los hermanos con un entrenamiento militar en el Líbano y la tenencia de un arma AK 47.
 
El exjuez Rodolfo Canicoba Corral descartó conexiones terroristas y mandó el expediente al fuero ordinario por posible tenencia ilegal de armas (guardaban, cual reliquia, un arma de un abuelo), pero fue devuelto a Comodoro Py.
 
El juez Sebastián Ramos los apresó y tardó 22 días en liberarlos y cinco meses en sobreseerlos. Los hermanos Abraham Salomón dijeron que les habían arruinado literalmente la vida. Al momento de la detención Bullrich decía tener "mucha información internacional de agencias de Estados Unidos, Inglaterra, Canadá", que quedaba en secreto.
 
Es el mismo argumento que usó para explicar la supuesta célula del profesor de tenis de mesa, el peluquero y el mercenario: que tenía "una conjunción de elementos tanto de Estados Unidos como de Israel como información que recibió un miembro de Gendarmería formado en antiterrorismo".
 
A los 15 días la jueza María Eugenia Capuchetti firmó un fallo donde decía no tener nada que incriminar al trío. El show de Bullrich había recibido felicitaciones del vocero presidencial Manuel Adorni. Contrariaba lo recomendable ante sospechas de terrorismo: mantener bajo perfil. La verdadera historia de los protagonistas fue contada por Raúl Kollman en este diario.
 
 
La niña gaseada
  
El 12 de junio el Ministerio de Seguridad mandó a atacar con ferocidad a quienes protestaban contra la Ley Bases invocando el Protocolo antiprotestas que convierte cualquier manifestación en delito. Fueron detenidas 33 personas. Nada más gráfico que la represión para aplicar ajuste y beneficiar a unos pocos. Aquí la fake salió de la cuenta de "X" de la Oficina del Presidente, que felicitó a las fuerzas por reprimir a quienes describió como "grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas" que "intentaron perpetrar un golpe de Estado". El dislate fue desarmado con el correr de los meses por la jueza María Servini. Quedó claro que la gran mayoría de los detenidos manifestaban tranquilos/as, o vendían empanadas o choripanes o no estaban haciendo nada.
 
Pero el daño estaba hecho. Bullrich defendió el operativo en términos insólitos: "Las fuerzas de seguridad estuvieron excelentes, con profesionalidad, con prudencia, pero también sin dudar cuando hay que ir a atacar y no dejar que te tomen el Congreso". "No hubo pasividad frente a una violencia inusitada", dijo en una entrevista. ¿Alguien vio una toma del Congreso? Es como cuando Javier Milei cuestiona al "comunismo", un enemigo imaginario, por inexistente, pero eficaz para su relato.
 
Esta ofensiva anti-protesta fue mutando. El 11 de septiembre Fabrizia, una niña de 10 años que estaba con su mamá en la movilización contra el veto presidencial a la ley de Movilidad Jubilatoria, fue rociada con gas pimienta en los ojos, a menos de un metro de distancia, por un policía federal. La imagen y el llanto de esa nena recorrieron redes, canales y portales. También el video del policía tirándole gas. Pero el gobierno difundió un video fake para decir que quien había gaseado a la nena era una manifestante vestida de naranja.
 
Bullrich le echó la culpa del video al jefe de la Policía Federal, Luis Rollé, y quedó expuesta su viceministra, Alejandra Monteoliva. Pero la ministra se paseó por estudios de televisión para repetir la falacia: que el gas había sido arrojado por "militantes", "un grupo de naranja que son kirchneristas".
 
Ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, insistió entre abucheos: "El policía no gasea a la niña, está mirando para otro lado, la niña ya estaba gaseada por un gas naranja". Otro recurso fue acusar a la mamá, Carla Pegoraro, quien hizo una denuncia penal y es querellante. Denunció al policía que habría rociado a su hija, al jefe del operativo y a Bullrich como presunta encubridora.
 
Esta semana dio su testimonio en el expediente. Gregorio Dalbón, su abogado, dijo que "es evidente que al prestarle los votos a Milei, Bullrich canjeó impunidad, si no, no podría mentir tanto a la sociedad argentina". "Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, represiones a jubilados", ejemplificó, y recordó que impulsa la demanda civil en su contra por adjudicar al gobierno de Alberto Fernández un pedido de coimas al laboratorio Pfizer por la vacuna contra el covid.
 
 
Narcos, asesinatos y terrorismo
  
En sus discursos, sus redes, donde puede, Bullrich mezcla narcos, terrorismo y repite el slogan "el que las hace las paga". El 6 de octubre celebró en "X": "Un hombre intentó burlar un control en Mendoza, llevando más de 2 kg de cocaína ocultos en envases de talco dentro de un micro de larga distancia.
 
Pero la Gendarmería rápidamente gracias a su nerviosismo y actitud sospechosa. ¡La seguridad de nuestro país va un paso adelante de los delincuentes! Las hace, las paga". El título del posteo era: "Mucho talco, poco Eficient-e". Sin embargo, un estudio forense reveló que la cocaína de Bullrich no era droga, era efectivamente talco para los pies y los gendarmes no eran ningunos genios. El marplatense Ariel Acosta pasó 21 días preso por la falsa acusación.
 
Esta semana siguió con sus peculiares festejos al aplaudir un operativo cerca de Orán, Salta, en el paso fronterizo con Bolivia: acusó a "narcos violentos" de "atacar a Gendarmería porque no soportan que se les terminó el negocio", tuiteó, y destacó que los efectivos incautaron "22 bultos sospechosos". Lo que no dijo es que en medio del procedimiento murió asesinado un bagayero de 27 años, Fernando Martín Gómez, un trabajador de frontera, pasador de hojas de coca, algo de lo que viven numerosas familias. Otros cuatro trabajadores fueron heridos.
 
Familiares y compañeros de Gómez cortaron la ruta 50 para pedir justicia y denunciar que las personas agredidas no son narcos. Con el espectáculo, la ministra camufla la violencia y el hecho de que este año al menos 39 gendarmes fueron imputados (varios de ellos detenidos) en Salta, Tucumán y Jujuy, por cobrar coimas para tours de compras tanto a Chile como Bolivia y contrabandear desde ropa hasta granos. También se investiga el tráfico de drogas.
 
Hay que sumar el extraño video que difundió sin investigación previa el Gobierno a principio de mes y que, según un comunicado, había llegado al Ministerio de Seguridad y al Gobierno de Santa Fe. Se veían cuatro personas encapuchadas, tres con trajes blancos, y armadas. Una de ellas hablaba: trataba a Bullrich y al gobernador Maximiliano Pullaro de mafiosos.
 
Los responsabilizaba por un "arreglo para que se calme Rosario" y asesinatos de "gente inocente". "Vamos a empezar a dejar muertos por toda la Capital de Buenos Aires y Santa Fe", advertía. Quienes investigan narcos en Rosario sostienen que la forma de hablar no se parece a las de las grandes bandas Los Monos y el clan Alvarado. En un tramo hacían un reclamo casi sofisticado: "haga algo para los chicos, que no salgan delincuentes, hagan trabajo, escuelas, dejen de hacer política con los presos".
 
El comunicado de la Casa Rosada aseveraba que era "una clara amenaza terrorista que pretende infundir terror en la población y en las autoridades electas democráticamente", que se trataba de una "organización narco terrorista no identificada". Agregaba que en Rosario bajaron un 80% los homicidios. La jueza María Servini ordenó la detención de tres sospechosos en Puerto San Martín, en Santa Fe. Hasta ahora, según fuentes judiciales, no se hallaron nexos con alguna organización.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página 12
 

Agreganos como amigo a Facebook
07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
La Opinión Popular
 

04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
La Opinión Popular
 

NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar