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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 22-12-2024 / 12:12
EL PRESIDENTE ACTUÓ DE FORMA LAXA, CUANDO NO ENCUBRIDORA

Milei, demasiado tolerante con las sospechas de corrupción en su gobierno anarco capitalista

Milei, demasiado tolerante con las sospechas de corrupción en su gobierno anarco capitalista
Ante una saga de denuncias y sospechas de corrupción que impactan al Gobierno en distinta medida, el Presidente Javier “el Loco” Milei actuó de forma laxa, cuando no encubridora. Milei cree que tiene carta blanca para hacer y decir cualquier cosa. Como mostrarse demasiado tolerante frente sospechas de corrupción que impactan a su gobierno, que parece un aguantadero de corruptos. Edgardo Kueider, Cristian Ritondo y el jefe de la DGI, Andrés Vázquez, tienen en común graves denuncias que Milei encubre.
Ante una saga de denuncias y sospechas de corrupción que impactan al Gobierno en distinta medida, el Presidente Javier "el Loco" Milei actuó de forma laxa, cuando no encubridora. Milei cree que tiene carta blanca para hacer y decir cualquier cosa. Como mostrarse demasiado tolerante frente sospechas de corrupción que impactan a su gobierno, que parece un aguantadero de corruptos. Edgardo Kueider, Cristian Ritondo y el jefe de la DGI, Andrés Vázquez, tienen en común graves denuncias que Milei encubre.
 
La saga comienza con la detención de Edgardo Kueider cuando trató de ingresar a Paraguay con US$200 mil en efectivo sin declarar. El entonces senador fue un aliado clave que le permitió al Gobierno sacar su Ley Ómnibus. Se convirtió a partir de allí en una figura cercana al poderoso asesor Santiago Caputo, que lo quiso al frente de la comisión bicameral que debe controlar a los organismos de Inteligencia, aunque no logró entronizarlo. También se le adjudica a Caputo un plan para que Kueider encabece una lista que le reste votos al PJ en su provincia, por lo que recibiría como contraprestación la embajada en Uruguay. Esa iniciativa quedó trunca.
 
La reacción de Milei ante el episodio en Paraguay fue desconocer cualquier vínculo con Kueider, endilgárselo al kirchnerismo y luego pedir que lo echen "a patadas" del Senado. Pero fueron ostensibles los intentos de la Casa Rosada por evitar ese destino.
 
Luego de los esfuerzos por Kueider, Milei intercedió en favor de Cristian Ritondo. El jefe de los diputados del PRO, un hombre de extrema confianza de Mauricio Macri, quedó envuelto en la sospecha de corrupción luego de que se revelara a través de documentación que su esposa, Romina Diago, está vinculada a un entramado de sociedades offshore que tiene a su nombre 3 departamentos en Florida, USA. La denuncia, que ya tiene un correlato en los tribunales de Comodoro Py, atormenta a Ritondo, que permanece en silencio desde incluso antes de la publicación de la investigación, cuando fue consultado para la misma y no respondió.

Eso vuelve más insólita la intervención de Milei, que hizo lo que no hizo ni el propio Ritondo ni nadie del PRO: afirmar que se trata de "una operación y una persecución" contra el diputado. 
El "cualquiercosismo" de Milei. Lo dijo luego de reconocer la ayuda del PRO al Gobierno en este primer año. ¿El gesto de Milei fue hacia Macri, que reprocha destratos a pesar de esa colaboración, o fue una invitación a Ritondo a saltar hacia "las fuerzas del cielo"?

 
Hay un tercer capítulo en la saga de laxitud de Milei con la corrupción. Este le pega directamente al Gobierno. De acuerdo a una investigación del diario La Nación, el titular de la DGI, Andrés Vázquez, adquirió 3 departamentos en Miami a través de sociedades en el exterior. Nada de esto figura en sus declaraciones juradas por lo que de diputados de la Coalición Cívica lo denunciaron penalmente.
 
Vázquez es el encargado de combatir la evasión de impuestos. Se trata de un viejo conocido de la AFIP (hoy ARCA) y un sobreviviente de varios escándalos que lo rodearon. Se le adjudica esa sobrevida a sus vínculos con los espías. No parece casual, entonces, que haya sido colocado en su actual cargo por Santiago Caputo, quien extendió sus múltiples tentáculos hacia el sector de la Inteligencia.  Claro que el asesor no puso la firma en la designación. Tampoco lo quiso hacer Florencia Misrahi, quien terminó desplazada de la jefatura de la ARCA. Cuando se reveló lo de los departamentos, Vázquez le llevó su renuncia no a Luis Caputo, ministro de Economía y su superior en los papeles, sino al otro Caputo, el que integra el "triángulo de hierro" del poder mileista. El asesor la rechazó y en el Gobierno libertario actuaron en consecuencia.
 

   

 
UxP fue por la expulsión de Kueider, mientras que el oficialismo presentó un proyecto para suspenderlo, con lo que podía bloquear el reemplazo que dejaría al bloque peronista más cerca del quorum propio. La iniciativa de LLA no prosperó y tras el giro de varios aliados que viraron hacia la expulsión, el oficialismo se vio empujado a seguir es dirección, justo cuando la situación de Kueider se complicó por el pedido de detención y desafuero que la justicia federal pidió contra él en una causa por coimas en la Argentina.
 
Consumada la expulsión por abrumadora mayoría, pudo leerse otro intento de Milei para que Kueider no perdiera la banca cuando consideró "inválida" la sesión en la que se lo destituyó y que, en todo caso, debía repetirse la votación.
 
Argumentó que Victoria Villarruel no debió presidir aquella reunión, ya que estaba al frente del Poder Ejecutivo en ese momento, en el que él se encontraba de viaje por Italia, y por lo tanto se estaba ante la intromisión de un poder del Estado sobre otro.
 
Es conmovedor el súbito republicanismo de Milei, muy adepto a tomar decisiones por decreto y a despreciar (hasta con insultos) al Congreso. Como sea, el Presidente le estaba prestando un favor a Kueider, quien había pedido una medida cautelar que lo reponga en su banca con ese mismo razonamiento. De hecho, en una ampliación incluyó esas expresiones del Presidente. No le sirvieron: un juez de primera instancia validó que la Vicepresidente presidiera la sesión.
 
El fallo del juez en lo contencioso administrativo Enrique Lavié Pico resultó un pequeño triunfo de Villerruel en medio del agravamiento de su relación con Milei. Está claro que además de querer salvar una vez más a Kueider, aquel comentario del Presidente sobre la legalidad de la sesión apuntaba a socavar a la Vice.
 
Milei volvió sobre el asunto en su discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba, cuando dijo irónicamente que viajaría menos porque "cada vez que me voy, alguna me hacen".
 
Villarruel tampoco evita escalar la polémica, y si bien pareció querer bajar los decibeles al remarcar que no está trabajando en un armado político propio, voló ese puente cuando deslizó una crítica a Patricia Bullrich por la detención del gendarme Nahuel Gallo en Venezuela, de la que poco se sabe . La ministra de Seguridad no dejó de responderle en duros términos. Bullrich es una de las favoritas de Milei, quien la elogió varias veces en su discurso en Córdoba.
 
Cabe recordar que apenas unos días antes el Gobierno anunció que incorporaba a Diego Kravetz, hasta entonces secretario de Seguridad porteño, como N°2 de Sergio Neiffert, hombre de Santiago Caputo, en la SIDE. Dicen que Jorge Macri se enteró del garrochazo mediante el tuit de Manuel Adorni. El episodio es sintomático de la cada vez más tensa relación entre el PRO y LLA.
 
En la Ciudad, los legisladores que responden a Karina Milei votaron en contra del proyecto de presupuesto. La posibilidad de un acuerdo electoral conjunto parece haber desaparecido. Mauricio anticipó que su espacio hará una "buena oferta" para las próximas elecciones y ni siquiera insinuó un armado con el oficialismo.
 
Mientras, su primo Jorge se apresta a desdoblar los comicios porteños de los nacionales. Bajo esa modalidad, estiman los Macri, hay mayores chances de consolidar su dominio en la legislatura cuando los Milei están sedientos de quedarse con todo.
 
¿Anticipó Karina su candidatura cuando dijo en un acto partidario el clásico "estaré donde me necesiten"? ¿Será Mauricio Macri candidato a senador? ¿Será Cristina Kirchner candidata a diputada? Si no hay acuerdo electoral entre LLA y el PRO en la Capital Federal, suena más difícil que haya uno de la provincia de Buenos Aires. Esto le da más posibilidades al peronismo, pero éste también está en crisis en el principal distrito electoral.
 
Manuel Adorni, quien asegura que "este gobierno no miente", defendió a Vázquez con una mentira. Dijo que ya el jefe de la DGI había sido sobreseído, por lo que no se le exigiría ninguna explicación. Adorni, en realidad, apeló a la confusión: Vázquez fue exculpado en otra causa que investigó si era titular de cuentas en el exterior no declaradas. La misma se cerró porque los paraísos fiscales en los que estaban radicadas las cuentas nunca respondieron los requerimientos de los jueces argentinos. Es lo que figura en los 2 autos de sobreseimiento de Vázquez.
 
El último es del juez Ariel Lijo, candidato de Javier Milei a la Corte Suprema. Lijo escribió en su sentencia de noviembre de 2022: "sigue presente la dificultad de determinar la existencia de estas cuentas por falta de cooperación internacional, como ya se dijo, este Juzgado intentó en varias oportunidades obtener información de Luxemburgo y Curazao, sin tener un resultado positivo". Pero Adorni contó otra historia.
 
"Se enviaron cuatro exhortos al exterior: a dos bancos, los dos bancos respondieron, en todas las ocasiones, que no existía ninguna cuenta que fuera propiedad de Vázquez. Así que, entendemos, que es un tema del pasado y que está sobreseído el mismo", dijo el vocero cuando fue consultado al respecto. Muchas mentiras para un gobierno que no miente.
 
Fuente: Urgente 24
 

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02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.
 
La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control jurisdiccional. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.
 
El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU).
 
Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
 
Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?
 
Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la militarización de la política de defensa; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

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