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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 20-12-2024 / 10:12
EL ESTREMECEDOR INFORME DE AMNISTÍA INTERNACIONAL ARGENTINA SOBRE LA VIOLENCIA LIBERTARIA

Espantosa represión en el primer año de Milei: Contabilizaron 1155 heridos, muchos graves, y más de 70 personas criminalizadas

Espantosa represión en el primer año de Milei: Contabilizaron 1155 heridos, muchos graves, y más de 70 personas criminalizadas
Amnistía Internacional reclamó por "las alarmantes cifras de la represión" en el primer año de Javier "el Loco" Milei. Contabilizaron 1155 heridos, muchos graves con impactos en el rostro y severos daños en la visión, y 73 personas criminalizadas. También fueron heridos 50 trabajadores de prensa. La organización urgió al Gobierno a "garantizar el respeto a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales".
Amnistía Internacional reclamó por "las alarmantes cifras de la represión" en el primer año de Javier "el Loco" Milei. Contabilizaron 1155 heridos, muchos graves con impactos en el rostro y severos daños en la visión, y 73 personas criminalizadas. También fueron heridos 50 trabajadores de prensa. La organización urgió al Gobierno a "garantizar el respeto a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales".
 
"Disenso en riesgo", así se llama el estremecedor informe de Amnistía Internacional Argentina sobre la represión a la protesta social durante el primer año de Milei y su ministra de Seguridad, la represora Patricia Bullrich. En doce meses se contabilizaron más de 1000 personas heridas en 15 manifestaciones, muchas de ellas con lesiones graves, algunas con impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro y con daños severos en la visión. "Son prácticas propias de gobiernos autoritarios", indicaron desde la organización y señalaron "las alarmantes cifras de la represión". 
 
La violencia que implementó el gobierno de La Libertad Avanza, a través del Protocolo Anti Piquetes, contra las manifestaciones opositoras marca un punto de inflexión con respecto a los últimos años por lo que la organización pidió "garantizar el respeto a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales". Todo en un marco de discursos criminalizantes de los funcionarios hacia los manifestantes, a los que llaman, entre otras cosas, "terroristas" que promueven "golpes de Estado".
 
En un nuevo aniversario del 19 y 20 de diciembre de 2001 -que dejaron 39 muertos en todo el país- las cifras del gobierno de Milei son tan brutales como contundentes: 1155 personas heridas, 33 con impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, 50 periodistas y trabajadores de prensa heridos mientras cubrían las manifestaciones y 73 personas criminalizadas por participar en las protestas.
 
Todo en menos de un año, todo en medio del "mayor ajuste de la historia", como lo define el Presidente. La represión y el miedo son parte del mecanismo de la motosierra para evitar que la gente salga a la calle a protestar. Balas de goma, camiones hidrantes, golpes con tonfas y bastones, detenciones arbitrarias e "incluso, en casos emblemáticos, niños y niñas afectados por la violencia represiva", es lo que detalla el relevamiento.
 
El informe también da cuenta del uso innecesario y desproporcionado de gases lacrimógenos por parte de las diferentes fuerzas policiales, incluida la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional (GN), Prefectura Naval Argentina y Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
 
Para Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, existe una violenta represión de la expresión del disenso en las calles. "Las autoridades nacionales han elegido la confrontación y la violencia, prácticas propias de gobiernos autoritarios, como estrategia para atacar a quienes piensan diferente", dijo Belski
 

EN UN AÑO LAS FUERZAS DE SEGURIDAD HIRIERON A 1155 PERSONAS, VARIAS DE ELLA CON HERIDAS GRAVES
 
Amnistía Internacional advirtió sobre las "alarmantes cifras de la represión" de Milei y Bullrich
 
Hay decenas que fueron agredidas en la cabeza con daños severos en la visión. "Son prácticas propias de gobiernos autoritarios", indicaron desde la organización.
 
Los gases lacrimógenos también fueron usados de manera indiscriminada para dispersar a los manifestantes. Se trata de un producto más nocivo: el gas pimienta MK9 que, según comentaron los médicos que atendieron a los heridos, es espeso y oleoso, lo que lo hace más agresivo y produce lesiones importantes no solo en las vías respiratorias y los ojos, sino también al contacto con la piel.
 
Todos los meses Milei y Bullrich reprimieron al menos una vez. Sin discriminación por franja etaria, los palos y gases también fueron para jubilados y jubiladas, inclusive hacia una niña. El acto inaugural del protocolo anti piquetes, oficializado cuatro días después de la asunción del gobierno libertario, fue a fines de enero y los primeros días de febrero, durante el tratamiento en el Congreso de la Ley Bases.
 
Allí se inició la estrategia para frenar el descontento creciente por las consecuencias de la motosierra. El protocolo fue señalado por Relatorías Especiales de Naciones Unidas, que le pidieron infructuosamente al Gobierno que revise la resolución.
 
El informe muestra que Milei y Bullrich hicieron un uso "desproporcionado" de las fuerzas de seguridad "como norma" y que se estableció "un patrón de represión y criminalización" para quienes se manifestaron contra el ajuste."Este patrón de represión es preocupante y evidencia una metodología sistemática para restringir el disenso", explicó Belski.
 
La metodología para aplacar el disenso necesitó de otras herramientas, además del Protocolo anti piquetes, como la creación del Comando Unificado Federal, y dos resoluciones: una que amplía el uso de armas letales -como pistolas de descargas eléctricas y gases irritantes- y otra que le cobra los gastos del operativo a las personas u organizaciones que participen de las protestas.
 
Sandra Pettovello también hizo su aporte al dispositivo de coerción: en abril, el Ministerio de Capital Humano implementó la suspensión de los planes sociales a quienes participen de las protestas. "Los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle; como dijo el Presidente: el que corta no cobra", declaró la ministra.
 
Las balas de goma y los gases estuvieron acompañadas de un discurso oficial que ayudó a instalar un sentido común que legitime la represión. Después de las 33 detenciones del 12 de junio, mientras se debatía la segunda versión de la Ley Bases, Milei y Bullrich buscaron instalar la idea de que se trató de un intento de golpe de Estado y que, quienes fueron detenidos, estaban llevando adelante "actos de terrorismo".
 
A pesar de que manifestarse es un derecho constitucional, el Gobierno felicitó en sus redes sociales "a las Fuerzas de Seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que, con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado".
 
En este punto, Belski encuentra una novedad, "no es solo la violencia documentada, sino también las narrativas criminalizantes, esta política ha sido un catalizador para la criminalización de la protesta social y ha puesto en riesgo a periodistas, trabajadores de prensa y manifestantes pacíficos", agregó.
 
Tal como sucedió en Chile durante las protestas estudiantiles de 2019 cuando cientos de personas perdieron un ojo por los disparos de los carabineros, en Argentina se empiezan a ver situaciones similares. Amnistía registró a 33 personas con impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, con daños severos en la visión.
 
El informe explica que las autoridades policiales provocaron "graves afectaciones a la integridad física y salud de las personas, con heridas en la cara, cabeza o mentón, dejando en evidencia que el uso de armas menos letales se alejó de los estándares de protección internacional de derechos humanos que establecen, entre otras cosas, que en caso de usar el arma, debe apuntarse a la parte inferior del cuerpo".
 
El dispositivo para aplacar la protesta social tuvo otro elemento: las detenciones arbitrarias. "La persecución penal a quienes se manifiestan es constante", indica Amnistía. Se reportaron 73 personas detenidas que, en la mayoría de los casos, fueron acusadas del delito de atentado o resistencia a la autoridad.
 
"El uso abusivo del derecho penal desplegado contra las personas que se manifestaron el 12 de junio en contra de la Ley Bases no tuvo precedentes, por la cantidad de individuos detenidos en un mismo día y por las graves acusaciones que pesaron sobre ellos", indicaron desde la organización. Uno de los detenidos, por ejemplo, fue un hombre de 64 años que vendía empanadas cerca del Congreso junto a su hija y su nieta, que también fueron llevadas por las fuerzas de seguridad.
 
Este informe se suma a otros producidos por diversos organismos de derechos humanos que también dieron cuenta de la brutalidad de este gobierno y que fueron replicados por Página/12. La Comisión Provincial por la Memoria indicó que, en estos 12 meses, 1216 personas resultaron heridas. En esa misma línea también fue el registro del CELS, que demostró que desde diciembre de 2023, al menos 104 personas fueron detenidas en operativos policiales en movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Rosario.
 
Por Celeste del Bianco
 
Fuente: Página 12
 

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29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
La Opinión Popular
 

24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
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