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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 18-12-2024 / 10:12
LA OPERACIÓN RONDABA LOS 700 MIL DÓLARES Y NO PUDO RESPALDAR EL ORIGEN DE LOS FONDOS

Kueider intentó comprar cinco departamentos en Paraguay días después de votar la Ley Bases

Kueider intentó comprar cinco departamentos en Paraguay días después de votar la Ley Bases
Pocos días después de la aprobación de la Ley Bases en el Senado, la secretaria “todo terreno” de Edgardo Kueider, que hoy está detenida junto a él en Paraguay, intentó comprar cinco departamentos en Asunción, en efectivo, por unos 700.000 dólares, más del triple de lo que les encontraron en la mochila. Justamente, conseguir el apoyo de Kueider fue decisivo para que el Gobierno lograra ganar esa votación.
Pocos días después de la aprobación de la Ley Bases en el Senado, la secretaria "todo terreno" de Edgardo Kueider, que hoy está detenida junto a él en Paraguay, intentó comprar cinco departamentos en Asunción, en efectivo, por unos 700.000 dólares, más del triple de lo que les encontraron en la mochila. Justamente, conseguir el apoyo de Kueider fue decisivo para que el Gobierno lograra ganar esa votación.
 
Su secretaria privada viajó a Asunción el 18 de junio, cinco días más tarde que el Senado aprobara el proyecto insignia de Javier "el Loco" Milei, en una sesión en la que el voto del entrerriano fue clave. Ofreció dinero en efectivo a la empresa constructora más importante de esa ciudad, pero le salió mal. El CEO de la firma dijo que desde el vamos todo fue "sospechoso". En tanto, la jueza Sandra Arroyo Salgado pidió la extradición.
 
Las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. El 18 de junio de este año, cinco días después de la aprobación de la Ley Bases en el Senado, la secretaria privada de Edgardo Kueider, Iara Magdalena Guinsel Costa, intentó comprar cinco departamentos en Asunción de Paraguay que, todos juntos, sumaban un valor de casi 700 mil dólares.
 
El monto es tres veces superior al que le encontraron en su mochila durante un control aduanero en Ciudad del Este el 4 de diciembre y cuyo origen Kueider no pudo explicar, razón por la sigue preso hasta el día de hoy. La revelación surgió del testimonio del empresario Carlos Guasti, CEO de Petra Urbana, una de las firmas Real Estate más importantes de aquel país.
 
Guasti relató, en diálogo con Mañana Sylvestre, que Guinsel Costa se presentó "a última hora" de ese día en las oficinas de la empresa y quiso hacer la operación "en efectivo y a las apuradas", lo que le resultó "sospechoso".
 
La operación se cayó porque la secretaria nunca aportó los papeles respaldatorios que pide la ley paraguaya para ese tipo de transacciones, de lo que se desprende que tampoco habría podido justificar de dónde salió ese dinero. En ese marco, la jueza federal de San Isidro Arroyo Salgado envió este martes un exhorto al Paraguay para que se concrete la extradición del senador destituido y de su empleada.
 
Según el testimonio del empresario, el intento de Guinsel Costa de comprar en cash cinco departamentos fue "algo muy inusual". En todo momento, los empleados de la firma notaron cierto "apuro" de la secretaria para concretar la operación, a pesar de no aportar los papeles que se le pedían.
 
"No le interesó la rentabilidad ni averiguar detalles típicos, como cada vez que se hace una compra. Eso nos pareció sospechoso", relató más tarde a C5N. "Quería comprar sí o sí, pero igualmente, cuando le pedíamos la documentación, nos respondía: «Sí, sí, mañana te los mando». Pero nunca lo hacía", agregó. 
 

 
Otros detalles aportados por Guasti ayudan a completar el panorama. Según dijo, la única documentación respiratoria que Kueider y su secretaria aportaron fue su DNI. También quisieron pasar por válido un recibo de sueldo, pero con eso no alcanzó para habilitar el procedimiento. Más tarde, la empresa pidió un informe a la aseguradora de riesgos internacional Dow Jones.
 
Según esos papeles, con fecha del 9 de diciembre, a los que accedió Página/12, el senador recientemente expulsado aparece --por obvias razones-- como "persona política expuesta" dado su carácter de funcionario público, pero también es señalado como "Trafficking", es decir como "traficante" --en este caso de divisas--. La operación, como explicó el empresario, "no se pudo concretar porque violaba los requisitos de la ley de nuestro país". Para Dow Jones, Kueider es un "traficante".
 
El monto total que la secretaria privada tenía previsto pagar trepaba hasta los 699.000 dólares. Esa suma se repartía entre cuatro departamentos de tres ambientes en construcción, valuados en 139 mil dólares cada uno. También sumó un quinto, ya a estrenar, de un valor un poco menor. Todos en Asunción, la ciudad elegida por el tándem para hacer sus negocios.
 
 
Tras el rastro de los viajes
  
La predilección por Paraguay de Kueider y su secretaria quedó a las claras luego de que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) inciara de oficio la primera investigación en argentina tras la caída de ambos, y revelara que los dos cruzaron la frontera hacia aquél país varias veces durante 2024, todas por la vía terrestre.
 
Juntos llegaron en cinco oportunidades: el 3 de marzo, el 16 y 21 de junio, el 13 de octubre y también el 4 de diciembre, el día que cayeron presos. Él viajó en solitario una vez, el 6 de marzo; y ella hizo lo propio el 18 de junio, el día que el empresario señala que quiso comprar los departamentos. 
 
La cronología de los días puede destapar una olla en el caso: si se las sigue con la suspicaz hipótesis de la oposición (en cabeza de la propia presidenta del PJ, Cristina Kirchner, quien deslizó que el origen de los fondos podrían estar vinculados al voto de Kueider a la Ley Bases) los rastros están ahí para quien los quiera ver.
 
--El senado aprobó, con modificaciones, el texto de la Ley Bases (luego obtuvo sanción definitiva en Diputados) en la madrugada del 13 de junio. El voto positivo de Kueider, en principio un senador peronista y por ende opositor a Milei, fue clave para que el resultado diera empate y que terminara definiendo la vicepresidenta Victoria Villarruel.
 
--El 16 de junio, tres días después, el senador y su secretaria hacen un viaje relámpago, juntos, hacia Paraguay.
 
--El 18 de junio, cinco días después de la sesión, ella aparece en la inmobiliaria de Asunción, con apuros y a última hora, queriendo pagar en efectivo cinco departamentos, cuatro en construcción y uno sólo terminado. No puede respaldar el origen de los fondos y la operación, meses después, se cae.
 
--El 4 de diciembre, ambos son detenidos en un control de frontera con 211 mil dólares, 646.000 pesos argentinos y 3.900.000 guaraníes sin declarar.
 
--El 13 de diciembre, el Senado lo expulsó con 60 votos a favor y apenas seis en contra. El propio Javier Milei declaró públicamente que la sesión debía anularse porque fue presidida por Villarruel mientras él estaba, según dijo, ya fuera del país. Kueider utilizó ese mismo argumento para presentar una cautelar que intente declararla nula.
 
 
Orden de extradición
  
Horas después del testimonio del empresario paraguayo, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado envió un exhorto solicitando la extradición de los dos detenidos en Paraguay. Fue en el marco de la causa por presunto delito de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La magistrada quiere apurar el regreso al país de ambos. Los tiempos corren: si logra concretarlo, podría aprovechar el desafuero de Kueider tras su expulsión para tomarle declaración indagatoria.
 
El juzgado pidió también el secuestro de todas las posesiones de Kueider al momento de ser detenido en Paraguay: computadoras, teléfonos celulares y demás equipos electrónicos. Tal como reveló Página/12, Kueider, pese a estar preso, sigue teniendo un celular a su disposición, y la justicia de aquél país, por ahora, no avanzó en el análisis del pendrive que le encontraron.
 
En la causa que lleva Arroyo Salgado se investiga si el destituido senador aliado de Milei es propietario de tres departamentos en una torre en la ciudad entrerriana de Concordia, que están a nombre de una sociedad "Betuil" y que tampoco podría justificar con sus ingresos en la función pública.
 
 
Un intento por salvarse
  
Para retener sus fueros y gambetear a la justicia, Kuieder necesita que la estrategia de declarar nula la sesión que lo expulsó del Senado tenga éxito. Este martes obtuvo un regalito del fiscal civil, comercial y contencioso administrativo federal Miguel Ángel Gilligan, que habilitó que la justicia federal de curso al amparo que el exsenador presentó la semana pasada.
 
Gilligan es el mismo fiscal que, en enero pasado, habilitó la feria en el fuero Contencioso Administrativo Federal --cercano al Gobierno-- para intentar voltear la cautelar de la CGT contra el DNU 70 con que Milei inició su gestión y que incluía la reforma laboral.
 
Por Matías Ferrari
 
Fuente: Página 12
 

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11-02-2026 / 11:02
La crisis policial volvió a estallar en Santa Fé, continúa también en la Federal y amenaza con extenderse a otras provincias y otras fuerzas. Se viene alertando sobre la situación desde hace 10 días. La base excluyente es la cuestión salarial -suboficiales que cobran 850.000 pesos-, pero deriva en un feroz endeudamiento y, casi de inmediato, en problemas psiquiátricos.
 
Los mayores dramas terminan en una oleada de suicidios, 2 en los últimos 8 días en Rosario. A esto se agregan los malos tratos y la corrupción. En Santa Fé, la mayoría de los policías son del norte provincial y deben viajar entre 200 y 600 kilómetros para prestar servicio en Rosario.
 
Para eso les ponen micros en estado deplorable y las travesías suelen tardar 8 horas. Los bajos salarios derivaron en que casi no se reclutan hombres y la mayoría de los policías son mujeres, que tienen que recorrer esas distancias para ver a sus hijos. La protesta masiva y explosiva era previsible. Este diario recibió una nueva denuncia judicial sobre las increíbles maniobras de los jefes de una Unidad Operativa de la Federal.
 
Los llaman "la corona" y esos superiores se quedan con dinero de las horas adicionales, informan de efectivos que no existen, "rodean una zona con un policía" (sic), desarman investigaciones para concentrarse en narcomenudeo y hacer estadísticas para conformar al Ministerio de Seguridad y hasta liberan vastas zonas en acuerdo con un jefe narco regional. "Sólo hay plata para los proyectiles antidisturbios", dicen los rebeldes.
 
Durante la semana pasada se produjo el encadenamiento a la reja de la Casa Rosada del cabo Miguel Ángel Montiel, de la Policía Federal. El efectivo reclamaba por la situación salarial y también por la corrupción en la Superintendencia de Transporte, que integran los policías que custodian el ferrocarril. Los jefes de la Federal filtraron que Montiel estuvo con carpeta psiquiátrica y que por eso realizaba la protesta.
 
Página/12 relató la trastienda de la crisis policial, con la cuestión salarial como punto clave -lo que le sucede a todos los estatales-, pero con tramas de ribetes escandalosos: destinos fantasmas, es decir jefes que les dan horas extras a unos y no a otros, efectivos que ni siquiera concurren y comparten lo que cobran con los superiores; brutales acosos a las mujeres y groseras trampas para no realizar investigaciones de narcotráfico.
 
La crisis policial se expandía de manera silenciosa en la Federal y en otras fuerzas. En Santa Fé se vio algo inédito: ya no protestaron las familias y los retirados, sino efectivos en actividad, con los patrulleros, las sirenas, las motos y hasta los micros. El movimiento en Santa Fé desnuda una situación que no se ve a simple vista. Los que protestan son policías de calle y de las comisarías, con sus patrulleros. Es decir, los que están en la seguridad cotidiana de los vecinos.
 
Del otro lado, los que mayoritariamente respondieron al gobierno de Pullaro fueron los cuerpos especiales, Operaciones Especiales, Asalto Táctico, Infantería, que reciben bonos y adicionales de manera masiva. Ellos constituyen la estructura más orientada a la represión de los jubilados o cualquier otra protesta. Eso va en línea con lo que señala una de las denuncias: "para lo único que hay dinero es para los proyectiles antidisturbios".
 

10-02-2026 / 11:02
El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.
 
La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.
 
La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.
 
El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.
 
"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".
 
Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.
 
La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.
 
La Opinión Popular
 

09-02-2026 / 09:02
Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.
 
Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.
 
Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.
 
"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.
 
Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.
 
La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.
 
Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.
 
 De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.
 
La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.
 
"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.
 
Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".
 

07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

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