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Nacionales - 18-12-2024 / 10:12
LA OPERACIÓN RONDABA LOS 700 MIL DÓLARES Y NO PUDO RESPALDAR EL ORIGEN DE LOS FONDOS

Kueider intentó comprar cinco departamentos en Paraguay días después de votar la Ley Bases

Kueider intentó comprar cinco departamentos en Paraguay días después de votar la Ley Bases
Pocos días después de la aprobación de la Ley Bases en el Senado, la secretaria “todo terreno” de Edgardo Kueider, que hoy está detenida junto a él en Paraguay, intentó comprar cinco departamentos en Asunción, en efectivo, por unos 700.000 dólares, más del triple de lo que les encontraron en la mochila. Justamente, conseguir el apoyo de Kueider fue decisivo para que el Gobierno lograra ganar esa votación.
Pocos días después de la aprobación de la Ley Bases en el Senado, la secretaria "todo terreno" de Edgardo Kueider, que hoy está detenida junto a él en Paraguay, intentó comprar cinco departamentos en Asunción, en efectivo, por unos 700.000 dólares, más del triple de lo que les encontraron en la mochila. Justamente, conseguir el apoyo de Kueider fue decisivo para que el Gobierno lograra ganar esa votación.
 
Su secretaria privada viajó a Asunción el 18 de junio, cinco días más tarde que el Senado aprobara el proyecto insignia de Javier "el Loco" Milei, en una sesión en la que el voto del entrerriano fue clave. Ofreció dinero en efectivo a la empresa constructora más importante de esa ciudad, pero le salió mal. El CEO de la firma dijo que desde el vamos todo fue "sospechoso". En tanto, la jueza Sandra Arroyo Salgado pidió la extradición.
 
Las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. El 18 de junio de este año, cinco días después de la aprobación de la Ley Bases en el Senado, la secretaria privada de Edgardo Kueider, Iara Magdalena Guinsel Costa, intentó comprar cinco departamentos en Asunción de Paraguay que, todos juntos, sumaban un valor de casi 700 mil dólares.
 
El monto es tres veces superior al que le encontraron en su mochila durante un control aduanero en Ciudad del Este el 4 de diciembre y cuyo origen Kueider no pudo explicar, razón por la sigue preso hasta el día de hoy. La revelación surgió del testimonio del empresario Carlos Guasti, CEO de Petra Urbana, una de las firmas Real Estate más importantes de aquel país.
 
Guasti relató, en diálogo con Mañana Sylvestre, que Guinsel Costa se presentó "a última hora" de ese día en las oficinas de la empresa y quiso hacer la operación "en efectivo y a las apuradas", lo que le resultó "sospechoso".
 
La operación se cayó porque la secretaria nunca aportó los papeles respaldatorios que pide la ley paraguaya para ese tipo de transacciones, de lo que se desprende que tampoco habría podido justificar de dónde salió ese dinero. En ese marco, la jueza federal de San Isidro Arroyo Salgado envió este martes un exhorto al Paraguay para que se concrete la extradición del senador destituido y de su empleada.
 
Según el testimonio del empresario, el intento de Guinsel Costa de comprar en cash cinco departamentos fue "algo muy inusual". En todo momento, los empleados de la firma notaron cierto "apuro" de la secretaria para concretar la operación, a pesar de no aportar los papeles que se le pedían.
 
"No le interesó la rentabilidad ni averiguar detalles típicos, como cada vez que se hace una compra. Eso nos pareció sospechoso", relató más tarde a C5N. "Quería comprar sí o sí, pero igualmente, cuando le pedíamos la documentación, nos respondía: «Sí, sí, mañana te los mando». Pero nunca lo hacía", agregó. 
 

 
Otros detalles aportados por Guasti ayudan a completar el panorama. Según dijo, la única documentación respiratoria que Kueider y su secretaria aportaron fue su DNI. También quisieron pasar por válido un recibo de sueldo, pero con eso no alcanzó para habilitar el procedimiento. Más tarde, la empresa pidió un informe a la aseguradora de riesgos internacional Dow Jones.
 
Según esos papeles, con fecha del 9 de diciembre, a los que accedió Página/12, el senador recientemente expulsado aparece --por obvias razones-- como "persona política expuesta" dado su carácter de funcionario público, pero también es señalado como "Trafficking", es decir como "traficante" --en este caso de divisas--. La operación, como explicó el empresario, "no se pudo concretar porque violaba los requisitos de la ley de nuestro país". Para Dow Jones, Kueider es un "traficante".
 
El monto total que la secretaria privada tenía previsto pagar trepaba hasta los 699.000 dólares. Esa suma se repartía entre cuatro departamentos de tres ambientes en construcción, valuados en 139 mil dólares cada uno. También sumó un quinto, ya a estrenar, de un valor un poco menor. Todos en Asunción, la ciudad elegida por el tándem para hacer sus negocios.
 
 
Tras el rastro de los viajes
  
La predilección por Paraguay de Kueider y su secretaria quedó a las claras luego de que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) inciara de oficio la primera investigación en argentina tras la caída de ambos, y revelara que los dos cruzaron la frontera hacia aquél país varias veces durante 2024, todas por la vía terrestre.
 
Juntos llegaron en cinco oportunidades: el 3 de marzo, el 16 y 21 de junio, el 13 de octubre y también el 4 de diciembre, el día que cayeron presos. Él viajó en solitario una vez, el 6 de marzo; y ella hizo lo propio el 18 de junio, el día que el empresario señala que quiso comprar los departamentos. 
 
La cronología de los días puede destapar una olla en el caso: si se las sigue con la suspicaz hipótesis de la oposición (en cabeza de la propia presidenta del PJ, Cristina Kirchner, quien deslizó que el origen de los fondos podrían estar vinculados al voto de Kueider a la Ley Bases) los rastros están ahí para quien los quiera ver.
 
--El senado aprobó, con modificaciones, el texto de la Ley Bases (luego obtuvo sanción definitiva en Diputados) en la madrugada del 13 de junio. El voto positivo de Kueider, en principio un senador peronista y por ende opositor a Milei, fue clave para que el resultado diera empate y que terminara definiendo la vicepresidenta Victoria Villarruel.
 
--El 16 de junio, tres días después, el senador y su secretaria hacen un viaje relámpago, juntos, hacia Paraguay.
 
--El 18 de junio, cinco días después de la sesión, ella aparece en la inmobiliaria de Asunción, con apuros y a última hora, queriendo pagar en efectivo cinco departamentos, cuatro en construcción y uno sólo terminado. No puede respaldar el origen de los fondos y la operación, meses después, se cae.
 
--El 4 de diciembre, ambos son detenidos en un control de frontera con 211 mil dólares, 646.000 pesos argentinos y 3.900.000 guaraníes sin declarar.
 
--El 13 de diciembre, el Senado lo expulsó con 60 votos a favor y apenas seis en contra. El propio Javier Milei declaró públicamente que la sesión debía anularse porque fue presidida por Villarruel mientras él estaba, según dijo, ya fuera del país. Kueider utilizó ese mismo argumento para presentar una cautelar que intente declararla nula.
 
 
Orden de extradición
  
Horas después del testimonio del empresario paraguayo, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado envió un exhorto solicitando la extradición de los dos detenidos en Paraguay. Fue en el marco de la causa por presunto delito de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La magistrada quiere apurar el regreso al país de ambos. Los tiempos corren: si logra concretarlo, podría aprovechar el desafuero de Kueider tras su expulsión para tomarle declaración indagatoria.
 
El juzgado pidió también el secuestro de todas las posesiones de Kueider al momento de ser detenido en Paraguay: computadoras, teléfonos celulares y demás equipos electrónicos. Tal como reveló Página/12, Kueider, pese a estar preso, sigue teniendo un celular a su disposición, y la justicia de aquél país, por ahora, no avanzó en el análisis del pendrive que le encontraron.
 
En la causa que lleva Arroyo Salgado se investiga si el destituido senador aliado de Milei es propietario de tres departamentos en una torre en la ciudad entrerriana de Concordia, que están a nombre de una sociedad "Betuil" y que tampoco podría justificar con sus ingresos en la función pública.
 
 
Un intento por salvarse
  
Para retener sus fueros y gambetear a la justicia, Kuieder necesita que la estrategia de declarar nula la sesión que lo expulsó del Senado tenga éxito. Este martes obtuvo un regalito del fiscal civil, comercial y contencioso administrativo federal Miguel Ángel Gilligan, que habilitó que la justicia federal de curso al amparo que el exsenador presentó la semana pasada.
 
Gilligan es el mismo fiscal que, en enero pasado, habilitó la feria en el fuero Contencioso Administrativo Federal --cercano al Gobierno-- para intentar voltear la cautelar de la CGT contra el DNU 70 con que Milei inició su gestión y que incluía la reforma laboral.
 
Por Matías Ferrari
 
Fuente: Página 12
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
La Opinión Popular
 

18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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