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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 13-12-2024 / 10:12
CAMBIARON SUS VOTOS A ÚLTIMO MOMENTO: ACORRALADOS, LOS LIBERTARIOS VOTARON CON EL PERONISMO Y EXPULSARON AL VALIJERO DEL SENADO

Que la cuenten como quieran: la expulsión exprés del coimero Kueider fue una derrota de Milei

Que la cuenten como quieran: la expulsión exprés del coimero Kueider fue una derrota de Milei
Chau, chau adiós. Una semana después de ser descubierto intentando pasar más de 200 mil dólares no declarados por la frontera con Paraguay, el presunto coimero Edgardo Kueider fue expulsado del Senado. Fue con 60 votos a favor, 6 en contra y una abstención: un escenario de unanimidad habilitado por el acompañamiento de último momento de la UCR y parte del PRO al pedido de expulsión del peronismo.
Chau, chau adiós. Una semana después de ser descubierto intentando pasar más de 200 mil dólares no declarados por la frontera con Paraguay, el presunto coimero Edgardo Kueider fue expulsado del Senado. Fue con 60 votos a favor, 6 en contra y una abstención: un escenario de unanimidad habilitado por el acompañamiento de último momento de la UCR y parte del PRO al pedido de expulsión del peronismo.

El oficialismo, después de hacer todo lo posible para evitar la destitución de su ex aliado, terminó plegándose a la mayoría, temeroso de quedar expuesto defendiendo en soledad a Kueider. Victoria Villarruel fracasó en el intento de suspenderlo y preparó, así, el terreno para la expulsión de un alfil de Casa Rosada en el Senado de la Nación. Su lugar, ahora, será ocupado por una dirigenta entrerriana de La Cámpora. Al final del día, surgió la versión de una eventual invalidez de la sesión porque, afirman, Villarruel debía estar a cargo del Ejecutivo por el viaje de Milei a Italia.

El pedido de desafuero y detención pedido por la jueza Sandra Arroyo Salgado fue el comienzo del fin para Kueider. Hasta la noche anterior, el Senado se encontraba en empate técnico, indeciso entre la suspensión, impulsada por el oficialismo, y la expulsión, impulsada por el peronismo. Villarruel había pergeñado la convocatoria con la convicción de que toda la oposición no kirchnerista se plegaría a la idea de suspender a Kueider hasta marzo, un castigo simulado que, en la práctica, no significaba más que unas vacaciones no pagas durante el verano.

La UCR había tenido una reunión de bloque la tarde anterior y había decidido ir por la suspensión. Y el PRO, conducido por Luis Juez, amagaba con adoptar la misma postura. Pero, al día siguiente,  Arroyo Salgado pidió la extradición de Kueider y el panorama cambió.

Fue Guadalupe Tagliaferri, senadora larretista de CABA, quien anticipó que la relación de fuerzas en el recinto había comenzado a mutar. "Este senador fue encontrado in fraganti y cuando sos encontrado in fraganti es causal de desafuero, y la suspensión que están proponiendo es que durante dos meses va a seguir teniendo fueros. Yo voy a votar por la expulsión de este senador", adelantó Tagliaferri.
 
El PRO, hasta entonces, venía sosteniendo una postura zigzagueante. Luis Juez había sido el primero en advertir que el bloque daría quórum a la sesión pedida por UxP, y fue por este motivo, según cuentan en el entorno de la vice, que Villarruel terminó viéndose obligada a convocar.
 
Entonces, Juez había firmado el proyecto de suspensión, pero, al momento de votar, terminó volcándose por la expulsión junto a Tagliaferri y gran parte de los senadores del PRO. "La única sanción que le corresponde es la expulsión. ¿En serio vamos a tener problema que esa banca sea ocupada por una dirigenta política que consiguió los mismos votos que Kueider? No venimos a entregarle nuestra honra a los chanchos. Esto no es un aguantadero", cuestionó.
 
Finalmente, solo Carmen Álvarez Rivero, Martín Goerling, Alfredo De Angeli y Andrea Cristina votarían, dentro del bloque PRO, en contra de la expulsión. De Angeli lo haría a pesar de que, horas antes, había tenido un discurso muy encendido a favor de expulsar a Kueider
 

 

 
EL SENADO LO EXPULSÓ CON 60 VOTOS A FAVOR Y APENAS SEIS EN CONTRA
 
A Kueider no lo salvaron ni sus socios libertarios
 
El oficialismo hizo todo lo posible para evitar la expulsión, pero, a medida que se desarrollaba la sesión, iban apareciendo discursos más y más duros contra Kueider. "Voy a modificar mi postura. Yo sostenía la suspensión, pero lo realizado por Kueider agravia al cuerpo. Voy a acompañar que lo echen", anunció, en un momento, Pablo Blanco, uno de los senadores radicales que había firmado el pedido de suspensión junto a Juez.
 
Blanco anticipaba así una postura que se había empezado a gestar por la mañana, luego de una nueva reunión bloque que terminó desautorizando lo decidido el día anterior: Kueider tenía que ser expulsado.
 
Los más mileístas en el bloque, como Eduardo Vischi y los mendocinos, habían quedado en offside. El pedido de Arroyo Salgado había calado hondo y, además, muchos habían quedado molestos luego de las palabras de Javier Milei en en el streaming libertario "La Misa" la noche anterior, donde había dicho que a Kueider había que "echarlo a patadas". "Bueno, lo vamos a echar a patadas entonces", afirmaba, irritado, un senador radical.
 
Finalmente, solo un radical votó en contra de la expulsión: el bonaerense Maximiliano Abad. El resto terminaría votando con Unión por la Patria. A pesar de todos los intentos desesperados por La Libertad Avanza de convencerlos de hacer lo contrario.
 
 
El fallido cuarto intermedio
  
Antes del desenlace fatal para Kueider, el jefe de bloque oficialista, Ezequiel Atauche, convocó a un cuarto intermedio para intentar evitar lo inevitable. Reunidos en el salón Gris, Villarruel gastó todas las municiones que tenía. Insistió en el principio de inocencia, la institucionalidad y el recurso de la suspensión. Cuando falló, sugirió ir por el desafuero en otra sesión, como resultado del pedido de Arroyo Salgado. Tampoco prendió. Finalmente, les pidió a los radicales abstenerse.
 
En el mientras tanto, los senadores hacían tiempo en sus bancas. "¿Y? ¿Qué van a hacer? Lo que tengan que hacer háganlo de una vez", le espetó Juliana Di Tullio a Eduardo Vischi, jefe de bloque radical, cuando entraba en el recinto a hablar con un senador y se volvía a retirar. UxP estaba nervioso: desde la noche anterior, los ánimos habían mutado de la convicción absoluta de ir a una batalla perdida a la realización de que podrían anotarse un verdadero triunfo. Sabían que parte del PRO acompañaría, pero desconfiaban de los radicales. Solo unos pocos se habían quedado en sus bancas, como Blanco, y temían que Villarruel lograra darlos vuelta a último momento.
 
Los discursos habían sido duros. "Si ustedes dicen que Kueider es kirchnerista bueno, acá venimos a pedir la expulsión. Salvo que se hayan convertido tan en casta que digan una cosa y hagan otra. O lo que es peor aún, sea el miedo de que se sepa cómo consiguieron los votos para la Ley Bases. O el miedo de que si no lo protegen cante más que Valeria Lynch", cuestionó, al principio, la mendocina Anabel Fernández Sagasti. El peronismo disputaría con el oficialismo (y la oposición dialoguista) la nacionalidad de Kueider: el objetivo era establecer que Kueider se había aliado al gobierno durante el debate de la Ley Bases y que su cambio de postura podía estar vinculado al pago de coimas.
 
José Mayans, presidente del bloque, apuntaría los cañones contra "Camau" Espínola, compañero de bloque de Kueider y quien el formoseño considera que es el "jefe de la banda". "A las 10 de la mañana del día de la votación de la Ley Bases, Kueider me decía que votaba conmigo. A las 11 qué votaba con ustedes. ¿Qué le ofrecieron? Él me decía que tenía que hablar con Camau que era su socio, su jefe, ¿qué quieren que yo piense de Camau?", cuestionó Mayans, durante el debate.
 
Mientras tanto, el malestar iba a creciendo a medida de que el cuarto intermedio se iba extendiendo. Después de casi una hora, Silvia Sapag (UxP) amagó con ocupar el lugar de la presidencia, atenta a la posibilidad de que el oficialismo intentara vaciar la sesión. LLA lo intentó y falló y, a cuenta gotas, los senadores fueron volviendo a sus bancas. Apenas se consiguió nuevamente el quórum, UxP empezó a pedir a los gritos que se retomara la sesión y se votara de una vez. Solo cuando la situación se volvió impostergable, Villarruel volvió.
 
Atauche intentó insistir con desaforar a Kueider, pero la batalla estaba perdida. El peronismo los había acolarralado y se vieron obligados a votar a favor de la expulsión para no quedar pegados defendiendo a Kueider. Solo los cuatro PRO, Abad y Espínola votaron en contra. El salteño Juan Carlos Romero se abstuvo. El castigo contra Kueider había sido ejemplar y devastador.
 
Desde Casa Rosada, a último momento, intentaron instalar que, como Milei había abandonado el país, Villarruel no debería estar habilitada para presidir la sesión. En el entorno de la vicepresidenta, sin embargo, lo negaron: "Estaba habilitada". La pelea se había perdido.
 
Por María Cafferata
 
Fuente: Página 12
 

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24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

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