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                  22:12  |  Jueves 01 de Enero de 2013  |  Entre Ríos
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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 06-12-2024 / 10:12
RESISTENCIA POPULAR: MASIVA MARCHA DE LAS DOS CTA, LOS GREMIOS COMBATIVOS, LOS CURAS VILLEROS Y LA UTEP

Otra Argentina es posible: Todos juntos en la calle contra el inhumano modelo anarco capitalista del Loco Milei

Otra Argentina es posible: Todos juntos en la calle contra el inhumano modelo anarco capitalista del Loco Milei
Numerosas columnas sindicales, de organizaciones sociales y de organismos de derechos humanos coparon este jueves la Plaza de Mayo. Denunciaron "la bicicleta financiera que enriquece más a los ricos, mientras se le niega el pan a los trabajadores", como postuló Hugo Yasky. La movilización mostró la unidad de distintos sectores que confrontan con el modelo neoliberal libertario de Javier "el Loco" Milei.
Numerosas columnas sindicales, de organizaciones sociales y de organismos de derechos humanos coparon este jueves la Plaza de Mayo. Denunciaron "la bicicleta financiera que enriquece más a los ricos, mientras se le niega el pan a los trabajadores", como postuló Hugo Yasky. La movilización mostró la unidad de distintos sectores que confrontan con el modelo neoliberal libertario de Javier "el Loco" Milei.
 
Con una jornada de protestas en todo el país, que en Buenos Aires consistió en una marcha a la Plaza de Mayo, las dos CTA junto a otras organizaciones sindicales, sociales y políticas repudiaron al cruel gobierno de Milei y llamaron a construir "un sujeto colectivo que tome en sus manos la movilización popular y enfrente al Gobierno".
 
A la convocatoria se sumaron los movimientos de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y de Territorios en Lucha. La CGT no participó, aunque sí fueron, desmigajados, algunos de sus sindicatos como los aceiteros, el Smata, La Bancaria y los gráficos. La izquierda también marchó, aunque con una columna independiente y con consignas diferenciadas.
 
Esta jornada de lucha fue el cierre de un proceso: estuvo precedida de tres meses de reuniones entre agrupaciones del campo nacional y popular que, aunque comparten su oposición al gobierno de Milei, enfrentan evidentes dificultades para encontrar cómo darle pelea.
 
Para las CTA, la marcha fue un paso más hacia su unificación. Los movimientos sociales se sumaron a la protesta sin dudarlo porque para ellos se trata de seguir calentando la calle (el próximo miércoles harán una jornada de cortes), aunque están conscientes de que no habrá cambios de fondo mientras que la cascoteada clase media no haga lo propio. Estuvieron también los organismos de derechos humanos.
 
El dato a buscar en esta marcha pasó a ser el de cuántos serían los cegetistas rebeldes. Hubo además otra novedad, la llegada de una columna de las agrupaciones políticas y sociales del peronismo bonaerense, referenciadas con el gobernador Axel Kicillof. Lo hicieron detrás de una enorme pancarta que anunciaba su procedencia, "Provincia de Buenos Aires", con cientos de banderines con el nombre del gobernador. Kicillof no fue a la plaza, pero sí estuvo su ministro de Trabajo, Walter Correa.
 
Desde el palco, Hugo Yasky le dedicó una mención especial: "Walter Correa -que es dirigente sindical- llegó a ser ministro de Trabajo de la gobernación bonaerense representando a los trabajadores, mientras que el secretario de Trabajo de la Nación (Julio Cordero) llegó a serlo representando a Techint. Esa es la diferencia que marca que hay otra Argentina posible".
 

 
La Casa Rosada y el poder económico
  
Los referentes de la jornada de lucha hablaron desde un escenario junto a la pirámide de Mayo. Los oradores principales fueron los dos referentes de las CTA, Hugo Godoy y Hugo Yasky. Los dos pusieron el foco sobre los grupos económicos que sostienen al gobierno de Milei, con un modelo que produce ganancias financieras y quiebras en el aparato productivo, y que aumentó la indigencia hasta llevarla al 18 por ciento.
 
"Días atrás los diarios publicaron las fotos de los empresarios más ricos de la Argentina: Marcos Galperín, Eduardo Eurnekián, Paolo Rocca... son los mismos que hoy gobiernan y le dan sustento a la bicicleta financiera con la que se llevan, a costa de nuestra angustia, la riqueza producida por los argentinos. Son esos ricos los que quieren gobernar", dijo Godoy.
 
"Los más ricos del país son los que dan sustento a la bicicleta financiera que generamos los argentinos, y quienes viven y trabajan en nuestra patria. Son esos ricos los que quieren gobernar y no solamente para ganar más, sino también para pasarle una motosierra a lo que queda del estado social de la Argentina", agregó Godoy.
 
Yasky, por su parte, apuntó que Milei "convirtió la riqueza de la Argentina en un banquete, en el festín de los dueños del poder económico, mientras le niega el pan a los trabajadores".
 
 
Sin represión, pero con verdugueo
  
Esta vez no hubo represión, aunque la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desplegó un operativo en las calles del centro, como diciendo "acá estoy". Sobre la 9 de Julio y avenida de Mayo se instaló la policía de la Ciudad, frente al edificio de Desarrollo Social se desplegaron fuerzas de la Prefectura, y acercándose a Constitución montaron guardia vehículos de Gendarmería.
 
Igual que en otras marchas, el verdugueo policial se concentró sobre columnas de las organizaciones sociales: los piqueteros y piqueteras (en su mayoría eran mujeres) fueron a la plaza por la Diagonal Sur, en ese camino la infantería los mantuvo encajonados contra el cordón, para que ocuparan un solo carril de la calle.
 
La ostentación de fuerzas no tenía otro sentido que el de meter miedo. Y, de hecho, hubo personas que en lugar de marchar se quedaron en la 9 de Julio por temor a caer en una encerrona represiva.
 
Pero una vez que se salía de esa zona, ya en la plaza, el panorama estaba tranquilo y sin uniformados. El clima de la concentración parecía el de las viejas épocas previas a Milei en las que se podía manifestar sin ser gaseado.
 
 
Los organismos, la iglesia y la izquierda
  
Los organismos de derechos humanos participaron activamente en la marcha. Adolfo Pérez Esquivel acompañó a los manifestantes, a pesar del sol del mediodía, hasta el lugar donde se realizó el acto, y más tarde Taty Almeida se acercó al palco. Terminado el acto, muchos manifestantes se quedaron en la Marcha de la Resistencia de las Madres de Plaza de Mayo (ver aparte).
 
"La Mesa de Organismos denunciamos a este gobierno que está arrasando con los derechos en muchos planos, y también en el de los derechos humanos vinculados a la memoria, verdad y justicia, ya que es un gobierno que busca la impunidad de los represores", señaló Ana María Careaga, militante por los derechos humanos, sobreviviente del centro clandestino de detención Club Atlético.
 
Otro sector movilizado fue el de los curas villeros y en opción por los pobres y las iglesias evangélicas que trabajan en los barrios, que hicieron una oración ecuménica. "Es un atropello quitarle la comida a los comedores comunitarios y los remedios a los jubilados", dijeron los oficiantes.
 
La izquierda fue a la plaza con una columna independiente, en la que planteó que la convocatoria de las CTA se quedó en lo simbólico. "Si no hay un paro nacional, no cambia nada", sostuvieron. Y de hecho, marcharon llevando en la cabecera una pancarta con la consigna "paro general y plan de lucha para derrotar a Milei".
 
 
Un mosaico de afectados
  
En cuanto a la diversidad de sectores, se podía encontrar en la calle al muestrario de los afectados por las políticas de Milei: trabajadores estatales, docentes, PyMEs, estudiantes universitarios, jubilados, productores de la agricultura familiar, clubes de barrios, trabajadoras sociocomunitarias y de cooperativas, trabajadores del sector aeronáutico y de los hospitales.
 
Todos dieron sus luchas en este primer año de gobierno libertario; muy pocos la ganaron. "Yo no creo que haya habido poca resistencia" dijo consultado sobre el punto José Testoni, docente, titular de la CTA Autónoma de Santa Fe, que llegó a la marcha con una delegación de su provincia en la que estaban representados todos esos sectores. "Resistencia hubo mucha", opinó él, "lo que no hubo fue una salida política. Nos falta esa construcción. Y aún así, hay que salir igual, hay que darle un mensaje a la sociedad para que salga. No podemos darnos el lujo de que se instale la idea de la resignación".
 
Por Laura Vales
 
Fuente: Página 12
 

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01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

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