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Entre Ríos - 28-11-2024 / 12:11
COMUNICADO CON DURÍSIMAS CRÍTICAS A LOS JUECES ENTRERRIANOS QUE DICTARON LA PRISIÓN PREVENTIVA

Diputados nacionales de Unión por la Patria consideraron como persecución política a las detenciones de Urribarri, Báez y Aguilera

Diputados nacionales de Unión por la Patria consideraron como persecución política a las detenciones de Urribarri, Báez y Aguilera
Con un fuerte comunicado, publicado este miércoles, el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria formularon durísimas críticas a los jueces entrerrianos que dictaron la prisión preventiva de Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez, al tiempo que afirmaron que la condena por corrupción y la medida cautelar es una "persecución política".
 
Con un fuerte comunicado, publicado este miércoles, el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria formularon durísimas críticas a los jueces entrerrianos que dictaron la prisión preventiva de Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez, al tiempo que afirmaron que la condena por corrupción y la medida cautelar es una "persecución política".
 
En este sentido, macaron los argumentos que vienen planteando los defensores para cuestionar la medida, trazaron vínculos personales entre dirigentes de la oposición y magistrados, así como citaron precedentes que, sostienen, evidenciarían una situación de discriminación sobre los detenidos. Por ejemplo, el caso del exfuncionario Juan Ruiz Orrico, quien está libre pese a haber chocado y matado a cuatro trabajadores en la ruta 39, y el del radicar Humberto Ré, sobre quien su causa penal duerme en la Corte y sigue libre.
 
 
Comunicado
  
A continuación, el texto difundido por el bloque opositor:
 
"Repudio al accionar de la Justicia y y solidaridad con Urribarri, Aguilera y Báez ante la persecución política
 
Manifestamos nuestro más enérgico repudio a la decisión arbitraria adoptada por la Cámara de Casación Penal de Paraná, que dispuso la prisión preventiva del ex gobernador Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez, bajo el argumento de un supuesto "peligro de fuga", en circunstancia que no se encuentra corroborada. En tanto, cabe destacar que a lo largo de todas las instancias del proceso han demostrado su respeto por el Estado de Derecho, como así también permanecido a disposición de las autoridades judiciales.
 
Asimismo, es preciso resaltar el atropello de dicha resolución a saber que aún se encuentra pendiente un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La prisión preventiva no sólo vulnera derechos y garantías constitucionales fundamentales, como el debido proceso y la presunción de inocencia, sino que también revela una intención deliberada de exponer a los acusados al desprestigio público, comprometiendo la confianza en el sistema judicial y su capacidad para garantizar justicia de manera equitativa, libre de presiones y con plena independencia.
 
Esta situación indica un accionar sistemático que deja en evidencia el uso del sistema judicial como herramienta de persecución política hacia ciertos sectores de la política argentina. Además, marca la parcialidad de la justicia, que aplica criterios distintos según la pertenencia política de los involucrados. Un ejemplo claro es el caso de los cuatro jóvenes trabajadores de Basavilbaso fallecidos al ser atropellados por el entonces funcionario del actual gobierno de Entre Ríos, Juan Ruiz Orrico, que se encontraba manejando a alta velocidad en un vehículo oficial y con una extrema graduación alcohólica en sangre. A pesar de la gravedad de sus acciones y de negarse a presentarse ante los requerimientos de la justicia, se la ha otorgado un régimen de domiciliaria. Como si esto fuera poco, Orrico es el esposo de Evangelina Bruzzo, una de las tres juezas que integra el tribunal de Casación que resolvió la prisión preventiva de Urribarri.
 
Otro ejemplo de justicia selectiva es el caso de Humberto Re, ex legislador de la UCR Entre Ríos, a quien se le otorgó el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y aguarda la resolución en libertad desde hace ocho años. También el caso del cura Justo José Ilarraz, condenado a 25 años de prisión por corrupción y abuso de menores, a quien se le concedió el recurso extraordinario y aguarda el fallo de la Corte bajo prisión domiciliaria desde 2018.
 
La disparidad detallada da cuenta de una justicia selectiva, que socava los principios de igualdad ante la ley y el acceso imparcial.
 
La historia ha demostrado que el uso de estrategias judiciales para silenciar opositores o deslegitimar a figuras políticas termina por erosionar la legitimidad de quienes las promueven.
 
Finalmente, reafirmamos la importancia del respeto por los derechos fundamentales, el debido proceso y la igualdad ante la ley, como pilares de una sociedad democrática y plural.
 
Diputados Nacionales
Unión por la Patria"
 
Fuente: Análisis - Diputados Unión Por La Patria
 
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03-03-2026 / 11:03
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El porteño Rogelio Frigerio y buena parte de los gobernadores escucharon al presidente Javier Milei, quien celebró la supuesta mejora macroeconómica, el control político pleno que La Libertad Avanza logró en el Congreso pese a no tener mayoría, las reformas que él considera irreversibles y el avance de las ideas libertarias, que parecen irrefrenables. Frigerio y los gobernadores escucharon un relato triunfal mientras afrontan la complejidad creciente de sus administraciones provinciales, de la economía real, del derrumbe de los sectores regionales industriales y de la grave situación social.
 
Esa parte de la realidad, dolorosamente territorial y expulsiva, radica en el interior federal, aunque dependa casi exclusivamente de decisiones que toma Milei. El desfinanciamiento cada vez más pronunciado de las administraciones provinciales les resta posibilidades de acción territorial y política. No obstante, los diputados y senadores de las provincias votan a favor de las leyes de Milei. El oficialismo entrerriano, entre ellos.
 
El posicionamiento político de Frigerio es cada vez más difícil de clasificar. Intenta calmar los reproches del pueblo, pero en simultáneo avala la reforma laboral. Apoya la macroeconomía de puertas abiertas de par en par, con importaciones indiscriminadas, pero reclama igualdad de condiciones para la golpeada industria provincial. Los diagnósticos son tenebrosos en materia de empleo y de condiciones sociales del amplio sector asalariado entrerriano que desde hace décadas vive de industrias que van perdiendo competitividad, y que el proyecto libertario ha venido a liquidar. Milei lo hace sin complejos: celebra el cierre de empresas, trata de delincuentes a los principales empresarios del país y jamás habla de producción ni de empleo.
 
Cuando se observa el posicionamiento de Frigerio, su margen político se evidencia dramáticamente reducido. Y las consecuencias en la propia administración son crecientes. Frigerio sostiene el ajuste en los sueldos públicos y en las jubilaciones pese al malestar gremial en alza; intenta amortiguar la caída generalizada de recursos con mayor endeudamiento, con refinanciamiento caro y sobre costos. Mientras, subsiste gracias al intercambio de votos en el Congreso por algún ATN. Se balancea al borde del abismo y la conflictividad se incrementa en todo el territorio provincial.
 
En ese marco, Nadia Burgos, dirigente del MST en el FIT-U y delegada gremial del Ministerio de Salud se expresó: "La paritaria estatal en Entre Ríos volvió a mostrar el mismo esquema de siempre: el gobierno presenta una oferta que no recompone el salario real y pretende cerrar el conflicto con el aval de UPCN, mientras miles de trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y en su mayoría con salario de pobreza". La miserable propuesta de Frigerio, del 15,8% sobre sueldo básico de junio 2025, no cubre la inflación acumulada ni garantiza una recuperación del salario, sumado a los 9 meses de salarios congelado junto a los recortes de ingreso de junio 2025. Las sumas fijas, tramos diferidos y promesas de revisión no resuelven el problema de fondo: los sueldos estatales están por debajo de lo necesario para vivir. Frigerio está muy alejado de lo que se vive en los lugares de trabajo: el salario no llega, las condiciones laborales se deterioran y el ajuste se descarga sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado y los jubilados.
 
Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que venían percibiendo de $40.000. Aumento real: $35.000. Una miseria. Las cifras establecidas están muy debajo de la inflación real y en la mitad de los índices truchos del gobierno de Milei. Y no recomponen el poder de compra de los trabajadores. El Consejo Provincial del Partido Justicialista expresó su "profunda preocupación y rechazo ante el reciente anuncio del gobierno provincial de otorgar incrementos salariales bajo la modalidad de sumas no remunerativas y no bonificables". Resulta contradictorio e injustificable que, en un contexto donde el propio oficialismo impulsa una reforma previsional que afectará directamente a trabajadores activos y jubilados, se dispongan mecanismos salariales que reducen aportes, debilitan el financiamiento del sistema previsional y deterioran el salario real de los empleados públicos.
 

01-03-2026 / 10:03
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