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Entre Ríos - 28-11-2024 / 12:11
COMUNICADO CON DURÍSIMAS CRÍTICAS A LOS JUECES ENTRERRIANOS QUE DICTARON LA PRISIÓN PREVENTIVA

Diputados nacionales de Unión por la Patria consideraron como persecución política a las detenciones de Urribarri, Báez y Aguilera

Diputados nacionales de Unión por la Patria consideraron como persecución política a las detenciones de Urribarri, Báez y Aguilera
Con un fuerte comunicado, publicado este miércoles, el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria formularon durísimas críticas a los jueces entrerrianos que dictaron la prisión preventiva de Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez, al tiempo que afirmaron que la condena por corrupción y la medida cautelar es una "persecución política".
 
Con un fuerte comunicado, publicado este miércoles, el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria formularon durísimas críticas a los jueces entrerrianos que dictaron la prisión preventiva de Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez, al tiempo que afirmaron que la condena por corrupción y la medida cautelar es una "persecución política".
 
En este sentido, macaron los argumentos que vienen planteando los defensores para cuestionar la medida, trazaron vínculos personales entre dirigentes de la oposición y magistrados, así como citaron precedentes que, sostienen, evidenciarían una situación de discriminación sobre los detenidos. Por ejemplo, el caso del exfuncionario Juan Ruiz Orrico, quien está libre pese a haber chocado y matado a cuatro trabajadores en la ruta 39, y el del radicar Humberto Ré, sobre quien su causa penal duerme en la Corte y sigue libre.
 
 
Comunicado
  
A continuación, el texto difundido por el bloque opositor:
 
"Repudio al accionar de la Justicia y y solidaridad con Urribarri, Aguilera y Báez ante la persecución política
 
Manifestamos nuestro más enérgico repudio a la decisión arbitraria adoptada por la Cámara de Casación Penal de Paraná, que dispuso la prisión preventiva del ex gobernador Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez, bajo el argumento de un supuesto "peligro de fuga", en circunstancia que no se encuentra corroborada. En tanto, cabe destacar que a lo largo de todas las instancias del proceso han demostrado su respeto por el Estado de Derecho, como así también permanecido a disposición de las autoridades judiciales.
 
Asimismo, es preciso resaltar el atropello de dicha resolución a saber que aún se encuentra pendiente un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La prisión preventiva no sólo vulnera derechos y garantías constitucionales fundamentales, como el debido proceso y la presunción de inocencia, sino que también revela una intención deliberada de exponer a los acusados al desprestigio público, comprometiendo la confianza en el sistema judicial y su capacidad para garantizar justicia de manera equitativa, libre de presiones y con plena independencia.
 
Esta situación indica un accionar sistemático que deja en evidencia el uso del sistema judicial como herramienta de persecución política hacia ciertos sectores de la política argentina. Además, marca la parcialidad de la justicia, que aplica criterios distintos según la pertenencia política de los involucrados. Un ejemplo claro es el caso de los cuatro jóvenes trabajadores de Basavilbaso fallecidos al ser atropellados por el entonces funcionario del actual gobierno de Entre Ríos, Juan Ruiz Orrico, que se encontraba manejando a alta velocidad en un vehículo oficial y con una extrema graduación alcohólica en sangre. A pesar de la gravedad de sus acciones y de negarse a presentarse ante los requerimientos de la justicia, se la ha otorgado un régimen de domiciliaria. Como si esto fuera poco, Orrico es el esposo de Evangelina Bruzzo, una de las tres juezas que integra el tribunal de Casación que resolvió la prisión preventiva de Urribarri.
 
Otro ejemplo de justicia selectiva es el caso de Humberto Re, ex legislador de la UCR Entre Ríos, a quien se le otorgó el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y aguarda la resolución en libertad desde hace ocho años. También el caso del cura Justo José Ilarraz, condenado a 25 años de prisión por corrupción y abuso de menores, a quien se le concedió el recurso extraordinario y aguarda el fallo de la Corte bajo prisión domiciliaria desde 2018.
 
La disparidad detallada da cuenta de una justicia selectiva, que socava los principios de igualdad ante la ley y el acceso imparcial.
 
La historia ha demostrado que el uso de estrategias judiciales para silenciar opositores o deslegitimar a figuras políticas termina por erosionar la legitimidad de quienes las promueven.
 
Finalmente, reafirmamos la importancia del respeto por los derechos fundamentales, el debido proceso y la igualdad ante la ley, como pilares de una sociedad democrática y plural.
 
Diputados Nacionales
Unión por la Patria"
 
Fuente: Análisis - Diputados Unión Por La Patria
 
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18-05-2026 / 20:05
El reciente desplome en los indicadores de imagen de Rogelio Frigerio es, fundamentalmente, la traducción en números del costo de su disciplinamiento político ante la Casa Rosada. La gestión entrerriana ha pasado de ser un proyecto con llegó con sello propio a convertirse en el laboratorio del ajuste de Javier Milei, y los ciudadanos han comenzado a pasar la factura.
 
El informe publicado por Sociedad Política revela una erosión acelerada del capital político que Frigerio supo construir. Lo que antes era un activo —su perfil moderado y técnico— hoy se diluye ante la percepción de una gestión paralizada por su adhesión al gobierno nacional. Hoy, el diferencial de imagen en las encuestas es deficitario. La desaprobación ya supera a la aprobación, rompiendo el "piso de cristal" que el gobernador mantuvo desde que llegó a la gobernación. "Por primera vez, la imagen de Frigerio tiene saldo negativo. El relevamiento marca un punto de inflexión en la consideración pública del mandatario entrerriano".
 
La encuesta ramarca una caída en los sectores medios. El segmento que fue la base de su victoria en 2023 es el que más rápido le ha soltado la mano, agobiado por el aumento de precios, tarifas y la licuación de los salarios de estatales provinciales.
 
La caída de Frigerio es la consecuencia natural de un gobernador que ha decidido —por convicción o por asfixia financiera— ser un alumno aplicado del ajuste libertario. Al alinearse de forma casi incondicional con los proyectos legislativos de la Nación y aceptar sin mayores resistencias el recorte de transferencias, Frigerio está mimetizando su suerte con la de Milei.
 
De la redacción de La Opinión Popular 

17-05-2026 / 20:05
El gobierno de Rogelio Frigerio ha vuelto a cruzar una línea polémica en materia de preservación ambiental y ética pública. En una reciente entrevista que desató el rechazo de organizaciones socioambientales y de la ciudadanía entrerriana, el Ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, blindó la polémica habilitación de la temporada de caza menor en la provincia recurriendo a un argumento tan insólito como jurídicamente insostenible: “La Constitución lo permite, no lo podemos prohibir”.
 
El discurso de Bernaudo tiene un error técnico, pero también un polémico juicio ético y jurídico. Es un error dado que se pretende disfrazar de "derecho constitucional" lo que en realidad es una concesión a empresas que trabajan en buena parte con extranjeros.
 
Al invocar una supuesta protección legal para la matanza de fauna, el funcionario parece confundir la normativa entrerriana con la Segunda Enmienda estadounidense, importando una retórica libertaria que Milei utilizó en su campaña presidencial, la que prioriza el negocio extractivo por sobre el deber constitucional de preservar la biodiversidad y los derechos de los seres sintientes. 
 
Es cuestionable que se intente justificar el "turismo de caza" bajo la exagerada promesa de generación de empleo que, en la práctica, suele estar matizado por la precarización laboral en enclaves cerrados para extranjeros. Mientras el Estado admite su incapacidad de control mediante fiscalizaciones aleatorias, Entre Ríos queda expuesta como un territorio donde la vida silvestre se remata al mejor postor, ignorando el avance global hacia la protección animal y consolidando un modelo económico que deja ganancias en pocas manos. Es un tema que merece una profunda discusión. 
 
De la redacción de La Opinión Popular 

17-05-2026 / 14:05
En una reciente entrevista en el Programa Cuestión de Fondo, el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, dejó definiciones que sacudieron el tablero interno del Partido Justicialista de Entre Ríos. Con una mezcla de pragmatismo y firmeza discursiva, el dirigente no esquivó el bulto ante la polémica por las sanciones disciplinarias y apuntó directamente contra quienes, según su visión, utilizan al partido como una plataforma de "agresión permanente".

Al ser consultado sobre las sanciones que el Tribunal de Disciplina ha comenzado a aplicar, Fuertes fue tajante: "Sí, estoy de acuerdo. Por supuesto que estoy de acuerdo". Para el villaguayense, la libertad de participación no es un cheque en blanco para el ataque sistemático hacia la conducción o los pares. "En la vida hay límites. Si lo que hay es una permanente agresión a los dirigentes del peronismo, están las normativas de sanción", disparó Fuertes.
 
Uno de los puntos más álgidos de su alocución fue la mención al sector de Héctor María Maya. Fuertes denunció lo que considera una estrategia de "división" orquestada desde afuera. Acusó a este sector de no cumplir con la Carta Orgánica y, acto seguido, utilizar sellos de partidos vinculados al oficialismo provincial para competir contra el peronismo. La metáfora del zapallo: "Le dieron el sello como si le dieran un zapallo... tomá, usalo para dividir al peronismo", graficó con ironía. En un dardo al Socialismo, el intendente del PJ uestionó que una fuerza de la coalición gobernante actual "alquilara" su personería para intervenir en la interna peronista sin un proceso orgánico claro.

17-05-2026 / 13:05
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