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Nacionales - 28-11-2024 / 10:11
EL APURO DE MILEI PARA CONTROLAR A LA CORTE ES NULO DE NULIDAD ABSOLUTA

El Peronismo avisó que no aceptará la designación de Milei por decreto de jueces a la Corte Suprema

El Peronismo avisó que no aceptará la designación de Milei por decreto de jueces a la Corte Suprema
Para nombrar a un miembro de la Corte se necesitan 48 votos, es decir, una mayoría agravada, y el peronismo cuenta con 44 senadores. Por ese poder en el Senado, la aspiración de Milei de designar a dos nuevos cortesanos debe pasar por el tamiz de Cristina Kirchner.
Hace dos meses, Javier "el Loco" Milei envió al Senado los pliegos del juez federal Ariel Lijo, y del catedrático Manuel García-Mansilla para ser nombrados en la Corte Suprema. El polémico juez Lijo recibió una andanada de cuestionamientos de distintos sectores, incluido el propio oficialismo.
 
Hay senadores que son oficialistas o están cerca del Gobierno que adelantaron su rechazo a Lijo. Entre ellos, la propia vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó al juez federal. También el ahora exlibertario Francisco Paoltroni y el cordobés Luis Juez, presidente del bloque del PRO, entre otros.
 
Así, el Presidente no logra imponer al juez Lijo y al catedrático García-Mansilla. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que podrían nombrarlos por decreto. El verdadero motivo que impulsa a Milei a cambiar la conformación del alto tribunal, es poder controlarlo.
 
El senador de Unión por la Patria, José Mayans, le entregó a Francos una nota para rechazar la eventual designación por decreto de los jueces de la Corte Suprema y le solicitó al Gobierno nacional negociar las designaciones. Lo hizo al finalizar su discurso de cierre en el Senado de la Nación, luego de la exposición de Francos del tercer informe anual de gestión, en el que repasó el año del presidente Milei en la Casa Rosada.
 
"Le voy a entregar una nota para que usted considere el tema de la Corte, queremos hablar sobre la Justicia nacional, Procurador General, Defensor... Hagan un acuerdo con las fuerzas políticas", finalizó Mayans. La nota hace foco en la inconstitucionalidad de la accionar por decreto de los magistrados del tribunal supremo. Antes, el formoseño criticó la posibilidad que abrió Francos de nombrar a los jueces de la Corte por decreto.
 
En su discurso, Mayans dijo: "Está el tema de la Corte... No se puede hacer como si fuera un subalterno del Presidente. La Constitución por la que hoy usted es jefe de Gabinete... Menem dijo "yo quiero ser reelecto". Vamos a tener jefe de Gabinete, tercer senador, Consejo de la Magistratura y hoy esa es la Constitución que impera en el país".
 
"En eso consiste esto. Un poder del Estado es un sistema complejo. A propuesta del Poder Ejecutivo, el Senado interviene. Ahora, una persona que es nombrado por decreto, ¿Qué garantía tiene de estabilidad? ¿Qué garantía tiene de independencia?", continuó el senador.
 
Y remató: "Si no le gusta al Presidente, ahora quiere echar a la vicepresidenta... Ahora usted es la casta número uno, hace 50 años que vive del Estado (por Francos). Usted dice vamos a nombrar por decreto. ¡Nulo de nulidad absoluta!. ¿Qué les dice la Constitución? Negocien".
 
Para nombrar a un miembro de la Corte se necesitan 48 votos, es decir, una mayoría agravada, y el peronismo cuenta con 44 senadores. Por ese poder en el Senado, la aspiración de Milei de designar a dos nuevos cortesanos debe pasar por el tamiz de Cristina Kirchner.
 
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El apuro de Milei para controlar a la Corte Suprema
 
Con la salida del cordobés Juan Carlos Maqueda, la Corte Suprema quedará integrada por Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, su actual presidente. Lorenzetti fue quien propuso el nombre de Ariel Lijo para integrar el máximo tribunal, según admitió el propio ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
 
"El Presidente aún no tiene la decisión de nombrar a miembros de la Corte Suprema por decreto, pero no lo descarto. Si la Corte queda cercana de la acefalía, el Presidente pueda ejercer esa facultad que está establecida en la Constitución, de manera absolutamente transitoria, para designar a nuevos ministros de la Corte, que después deban ser ratificados por el Senado", sentenció este miércoles el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la presentación del informe de la gestión libertaria ante el Senado.
 
De este modo, el jefe de los ministros confirmó que, ante la realidad de que el oficialismo no cuenta con los votos para designar a dos nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Javier Milei analiza designaciones por decreto.
 
La senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) también lo rechazará, mientras que la peronista Alejandra Vigo dio indicios de oponerse a esa designación. La compañera de bancada de Juez fue tajante sobre la postulación de Lijo.
 
Por su parte, la esposa del exgobernador Juan Schiaretti no fue tan explícita, aunque dio a entender que no votaría a un hombre para suceder a Elena Highton de Nolasco. Milei propuso al juez Lijo para suceder a la mujer que renunció hace dos años.
 
Paradójicamente, pese a sus detractores, Lijo tendría los votos para el dictamen a favor en comisión, mientras que a García-Mansilla le faltarían entre tres y cinco avales de senadores para que su nombre se trate en el recinto.
 
No obstante, algunos senadores que integran el bloque de Unión por la Patria no responden a la expresidenta, pero alrededor de 30 son "incondicionales". Ese número del cristinismo hace inviable cualquier designación de jueces sin un acuerdo con la exvicepresidenta de Alberto Fernández.
 
El cristinismo le envió una señal a la Casa Rosada, cuando el viernes pasado la senadora Lucía Corpacci, muy cercana a Cristina Kirchner, puso la firma en el dictamen a favor de Lijo.
 
"Lo avalé, porque si no es Lijo, pueden proponer a otro peor", fue el llamativo argumento de la exgobernadora de Catamarca para apoyar a Lijo. En el Senado, todos tienen claro que Corpacci no habría firmado el dictamen sin una orden de la expresidenta.
 
Por su parte, José Mayans, titular del bloque cristinista, dio más pistas sobre una posible negociación con los libertarios. "Nosotros apoyaríamos a Lijo, un hombre del Presidente, pero la otra vacante debería ser una mujer, con una visión de Estado más cercano al nuestro", admitió el senador formoseño.
 
La propuesta del cristinismo a los libertarios fue muy concreta: uno para cada uno.
 
Desde la Casa Rosada, rechazaron de plano cualquier negociación con la expresidenta. Mantienen la postura sobre sus postulantes Lijo y García-Mansilla: "Los dos o ninguno".
 
Por ahora es ninguno. De allí que ahora cobra fuerza la posibilidad de la designación "temporaria" por decreto.
 
Una movida riesgosa, porque, si aplica el decreto, el cristinismo, junto con algunos aliados circunstanciales, lo podría voltear de un plumazo.
 
Mayans aseguró este miércoles que su bancada rechazará cualquier intento del Presidente de designaciones en la Corte por DNU por parte del jefe del Estado.
 
 
Urgencia oficialista
  
Más allá de las idas y vueltas por los dos postulantes de Milei, la pregunta del millón es por qué al Presidente le urge cambiar la actual conformación de la Corte Suprema.
 
Luego de la renuncia de Higthon de Nolasco, quien se jubiló, el máximo tribunal quedó conformado por cuatro jueces: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.
 
El cordobés Maqueda cumple 75 años el próximo 29 de diciembre, y el Poder Ejecutivo ya le comunicó que no enviará al Senado un pedido para extender su mandato.
 
La actual conformación marca que Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda integran una mayoría alejada del Gobierno, mientras que Lorenzetti quedó aislado como un hombre con diálogo con la Casa Rosada.
 
La fina sintonía entre los tres magistrados quedó reflejada en septiembre pasado, cuando Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda vinieron a Córdoba para recibir reconocimientos del Colegio de Abogados y de la Universidad Nacional de Córdoba (UCN).
 
Se mostraron juntos y no disimularon que integran una mayoría en el máximo tribunal, que genera suspicacias y temor en la Casa Rosada.
 
En este contexto, en un hecho inédito para las instituciones del país, el propio ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, admitió, en una entrevista al canal porteño TN, que Lorenzetti fue quien le propuso al presidente Milei el nombre de Lijo.
 
El funcionario libertario oficializó lo que era un secreto a voces: Lorenzetti juega para el Gobierno y está enfrentado con sus colegas del alto tribunal.
 
Si no hay designaciones antes de enero, la Corte quedará integrada por tres miembros, de los cuales sólo Lorenzetti responde al oficialismo.
 
El apuro del Presidente por modificar la actual conformación del máximo tribunal es por las causas que involucran al Gobierno.
 
Una fuente relevante de la Corte admitió que en el tribunal hay 24 causas presentadas por gobernadores en contra del Gobierno nacional.
 
La mayoría son reclamos de las 13 provincias que no transfirieron sus sistemas previsionales a la Nación.
 
Entre ellas, Córdoba, que el año pasado presentó dos demandas en contra de la Anses. Sólo los juicios cordobeses le costarían a la Nación -en caso de perderlos- más de $ 500 mil millones.
 
También hay juicios de mandatarios provinciales por reclamos como subsidios al transporte o el Fondo de Incentivo Docente (Fonid).
 
En todas esas demandas, el Gobierno nacional tiene muchas chances de perder, ya que se tratan de incumplimientos de leyes vigentes.
 
El caso más reciente es un juicio heredado por el gobierno anterior: la coparticipación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), juicio que la gestión libertaria comenzó a pagar.
 
En este contexto, las eventuales designaciones de Lijo y de García-Mansilla conformarían junto con Lorenzetti una nueva mayoría en la Corte, que podría traerle buenas noticias al gobierno libertario.
 
Milei, que llegó para terminar con la casta, tiene la misma aspiración que los presidentes tradicionales que lo antecedieron: tener el control de la cúpula del Poder Judicial.
 
Fuente: La Voz del Interior
 

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27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
La Opinión Popular
 

24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
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22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

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