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Nacionales - 28-11-2024 / 10:11
EL APURO DE MILEI PARA CONTROLAR A LA CORTE ES NULO DE NULIDAD ABSOLUTA

El Peronismo avisó que no aceptará la designación de Milei por decreto de jueces a la Corte Suprema

El Peronismo avisó que no aceptará la designación de Milei por decreto de jueces a la Corte Suprema
Para nombrar a un miembro de la Corte se necesitan 48 votos, es decir, una mayoría agravada, y el peronismo cuenta con 44 senadores. Por ese poder en el Senado, la aspiración de Milei de designar a dos nuevos cortesanos debe pasar por el tamiz de Cristina Kirchner.
Hace dos meses, Javier "el Loco" Milei envió al Senado los pliegos del juez federal Ariel Lijo, y del catedrático Manuel García-Mansilla para ser nombrados en la Corte Suprema. El polémico juez Lijo recibió una andanada de cuestionamientos de distintos sectores, incluido el propio oficialismo.
 
Hay senadores que son oficialistas o están cerca del Gobierno que adelantaron su rechazo a Lijo. Entre ellos, la propia vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó al juez federal. También el ahora exlibertario Francisco Paoltroni y el cordobés Luis Juez, presidente del bloque del PRO, entre otros.
 
Así, el Presidente no logra imponer al juez Lijo y al catedrático García-Mansilla. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que podrían nombrarlos por decreto. El verdadero motivo que impulsa a Milei a cambiar la conformación del alto tribunal, es poder controlarlo.
 
El senador de Unión por la Patria, José Mayans, le entregó a Francos una nota para rechazar la eventual designación por decreto de los jueces de la Corte Suprema y le solicitó al Gobierno nacional negociar las designaciones. Lo hizo al finalizar su discurso de cierre en el Senado de la Nación, luego de la exposición de Francos del tercer informe anual de gestión, en el que repasó el año del presidente Milei en la Casa Rosada.
 
"Le voy a entregar una nota para que usted considere el tema de la Corte, queremos hablar sobre la Justicia nacional, Procurador General, Defensor... Hagan un acuerdo con las fuerzas políticas", finalizó Mayans. La nota hace foco en la inconstitucionalidad de la accionar por decreto de los magistrados del tribunal supremo. Antes, el formoseño criticó la posibilidad que abrió Francos de nombrar a los jueces de la Corte por decreto.
 
En su discurso, Mayans dijo: "Está el tema de la Corte... No se puede hacer como si fuera un subalterno del Presidente. La Constitución por la que hoy usted es jefe de Gabinete... Menem dijo "yo quiero ser reelecto". Vamos a tener jefe de Gabinete, tercer senador, Consejo de la Magistratura y hoy esa es la Constitución que impera en el país".
 
"En eso consiste esto. Un poder del Estado es un sistema complejo. A propuesta del Poder Ejecutivo, el Senado interviene. Ahora, una persona que es nombrado por decreto, ¿Qué garantía tiene de estabilidad? ¿Qué garantía tiene de independencia?", continuó el senador.
 
Y remató: "Si no le gusta al Presidente, ahora quiere echar a la vicepresidenta... Ahora usted es la casta número uno, hace 50 años que vive del Estado (por Francos). Usted dice vamos a nombrar por decreto. ¡Nulo de nulidad absoluta!. ¿Qué les dice la Constitución? Negocien".
 
Para nombrar a un miembro de la Corte se necesitan 48 votos, es decir, una mayoría agravada, y el peronismo cuenta con 44 senadores. Por ese poder en el Senado, la aspiración de Milei de designar a dos nuevos cortesanos debe pasar por el tamiz de Cristina Kirchner.
 
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El apuro de Milei para controlar a la Corte Suprema
 
Con la salida del cordobés Juan Carlos Maqueda, la Corte Suprema quedará integrada por Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, su actual presidente. Lorenzetti fue quien propuso el nombre de Ariel Lijo para integrar el máximo tribunal, según admitió el propio ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
 
"El Presidente aún no tiene la decisión de nombrar a miembros de la Corte Suprema por decreto, pero no lo descarto. Si la Corte queda cercana de la acefalía, el Presidente pueda ejercer esa facultad que está establecida en la Constitución, de manera absolutamente transitoria, para designar a nuevos ministros de la Corte, que después deban ser ratificados por el Senado", sentenció este miércoles el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la presentación del informe de la gestión libertaria ante el Senado.
 
De este modo, el jefe de los ministros confirmó que, ante la realidad de que el oficialismo no cuenta con los votos para designar a dos nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Javier Milei analiza designaciones por decreto.
 
La senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) también lo rechazará, mientras que la peronista Alejandra Vigo dio indicios de oponerse a esa designación. La compañera de bancada de Juez fue tajante sobre la postulación de Lijo.
 
Por su parte, la esposa del exgobernador Juan Schiaretti no fue tan explícita, aunque dio a entender que no votaría a un hombre para suceder a Elena Highton de Nolasco. Milei propuso al juez Lijo para suceder a la mujer que renunció hace dos años.
 
Paradójicamente, pese a sus detractores, Lijo tendría los votos para el dictamen a favor en comisión, mientras que a García-Mansilla le faltarían entre tres y cinco avales de senadores para que su nombre se trate en el recinto.
 
No obstante, algunos senadores que integran el bloque de Unión por la Patria no responden a la expresidenta, pero alrededor de 30 son "incondicionales". Ese número del cristinismo hace inviable cualquier designación de jueces sin un acuerdo con la exvicepresidenta de Alberto Fernández.
 
El cristinismo le envió una señal a la Casa Rosada, cuando el viernes pasado la senadora Lucía Corpacci, muy cercana a Cristina Kirchner, puso la firma en el dictamen a favor de Lijo.
 
"Lo avalé, porque si no es Lijo, pueden proponer a otro peor", fue el llamativo argumento de la exgobernadora de Catamarca para apoyar a Lijo. En el Senado, todos tienen claro que Corpacci no habría firmado el dictamen sin una orden de la expresidenta.
 
Por su parte, José Mayans, titular del bloque cristinista, dio más pistas sobre una posible negociación con los libertarios. "Nosotros apoyaríamos a Lijo, un hombre del Presidente, pero la otra vacante debería ser una mujer, con una visión de Estado más cercano al nuestro", admitió el senador formoseño.
 
La propuesta del cristinismo a los libertarios fue muy concreta: uno para cada uno.
 
Desde la Casa Rosada, rechazaron de plano cualquier negociación con la expresidenta. Mantienen la postura sobre sus postulantes Lijo y García-Mansilla: "Los dos o ninguno".
 
Por ahora es ninguno. De allí que ahora cobra fuerza la posibilidad de la designación "temporaria" por decreto.
 
Una movida riesgosa, porque, si aplica el decreto, el cristinismo, junto con algunos aliados circunstanciales, lo podría voltear de un plumazo.
 
Mayans aseguró este miércoles que su bancada rechazará cualquier intento del Presidente de designaciones en la Corte por DNU por parte del jefe del Estado.
 
 
Urgencia oficialista
  
Más allá de las idas y vueltas por los dos postulantes de Milei, la pregunta del millón es por qué al Presidente le urge cambiar la actual conformación de la Corte Suprema.
 
Luego de la renuncia de Higthon de Nolasco, quien se jubiló, el máximo tribunal quedó conformado por cuatro jueces: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.
 
El cordobés Maqueda cumple 75 años el próximo 29 de diciembre, y el Poder Ejecutivo ya le comunicó que no enviará al Senado un pedido para extender su mandato.
 
La actual conformación marca que Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda integran una mayoría alejada del Gobierno, mientras que Lorenzetti quedó aislado como un hombre con diálogo con la Casa Rosada.
 
La fina sintonía entre los tres magistrados quedó reflejada en septiembre pasado, cuando Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda vinieron a Córdoba para recibir reconocimientos del Colegio de Abogados y de la Universidad Nacional de Córdoba (UCN).
 
Se mostraron juntos y no disimularon que integran una mayoría en el máximo tribunal, que genera suspicacias y temor en la Casa Rosada.
 
En este contexto, en un hecho inédito para las instituciones del país, el propio ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, admitió, en una entrevista al canal porteño TN, que Lorenzetti fue quien le propuso al presidente Milei el nombre de Lijo.
 
El funcionario libertario oficializó lo que era un secreto a voces: Lorenzetti juega para el Gobierno y está enfrentado con sus colegas del alto tribunal.
 
Si no hay designaciones antes de enero, la Corte quedará integrada por tres miembros, de los cuales sólo Lorenzetti responde al oficialismo.
 
El apuro del Presidente por modificar la actual conformación del máximo tribunal es por las causas que involucran al Gobierno.
 
Una fuente relevante de la Corte admitió que en el tribunal hay 24 causas presentadas por gobernadores en contra del Gobierno nacional.
 
La mayoría son reclamos de las 13 provincias que no transfirieron sus sistemas previsionales a la Nación.
 
Entre ellas, Córdoba, que el año pasado presentó dos demandas en contra de la Anses. Sólo los juicios cordobeses le costarían a la Nación -en caso de perderlos- más de $ 500 mil millones.
 
También hay juicios de mandatarios provinciales por reclamos como subsidios al transporte o el Fondo de Incentivo Docente (Fonid).
 
En todas esas demandas, el Gobierno nacional tiene muchas chances de perder, ya que se tratan de incumplimientos de leyes vigentes.
 
El caso más reciente es un juicio heredado por el gobierno anterior: la coparticipación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), juicio que la gestión libertaria comenzó a pagar.
 
En este contexto, las eventuales designaciones de Lijo y de García-Mansilla conformarían junto con Lorenzetti una nueva mayoría en la Corte, que podría traerle buenas noticias al gobierno libertario.
 
Milei, que llegó para terminar con la casta, tiene la misma aspiración que los presidentes tradicionales que lo antecedieron: tener el control de la cúpula del Poder Judicial.
 
Fuente: La Voz del Interior
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
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18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
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17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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