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Nacionales - 28-11-2024 / 10:11
EL APURO DE MILEI PARA CONTROLAR A LA CORTE ES NULO DE NULIDAD ABSOLUTA

El Peronismo avisó que no aceptará la designación de Milei por decreto de jueces a la Corte Suprema

El Peronismo avisó que no aceptará la designación de Milei por decreto de jueces a la Corte Suprema
Para nombrar a un miembro de la Corte se necesitan 48 votos, es decir, una mayoría agravada, y el peronismo cuenta con 44 senadores. Por ese poder en el Senado, la aspiración de Milei de designar a dos nuevos cortesanos debe pasar por el tamiz de Cristina Kirchner.
Hace dos meses, Javier "el Loco" Milei envió al Senado los pliegos del juez federal Ariel Lijo, y del catedrático Manuel García-Mansilla para ser nombrados en la Corte Suprema. El polémico juez Lijo recibió una andanada de cuestionamientos de distintos sectores, incluido el propio oficialismo.
 
Hay senadores que son oficialistas o están cerca del Gobierno que adelantaron su rechazo a Lijo. Entre ellos, la propia vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó al juez federal. También el ahora exlibertario Francisco Paoltroni y el cordobés Luis Juez, presidente del bloque del PRO, entre otros.
 
Así, el Presidente no logra imponer al juez Lijo y al catedrático García-Mansilla. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que podrían nombrarlos por decreto. El verdadero motivo que impulsa a Milei a cambiar la conformación del alto tribunal, es poder controlarlo.
 
El senador de Unión por la Patria, José Mayans, le entregó a Francos una nota para rechazar la eventual designación por decreto de los jueces de la Corte Suprema y le solicitó al Gobierno nacional negociar las designaciones. Lo hizo al finalizar su discurso de cierre en el Senado de la Nación, luego de la exposición de Francos del tercer informe anual de gestión, en el que repasó el año del presidente Milei en la Casa Rosada.
 
"Le voy a entregar una nota para que usted considere el tema de la Corte, queremos hablar sobre la Justicia nacional, Procurador General, Defensor... Hagan un acuerdo con las fuerzas políticas", finalizó Mayans. La nota hace foco en la inconstitucionalidad de la accionar por decreto de los magistrados del tribunal supremo. Antes, el formoseño criticó la posibilidad que abrió Francos de nombrar a los jueces de la Corte por decreto.
 
En su discurso, Mayans dijo: "Está el tema de la Corte... No se puede hacer como si fuera un subalterno del Presidente. La Constitución por la que hoy usted es jefe de Gabinete... Menem dijo "yo quiero ser reelecto". Vamos a tener jefe de Gabinete, tercer senador, Consejo de la Magistratura y hoy esa es la Constitución que impera en el país".
 
"En eso consiste esto. Un poder del Estado es un sistema complejo. A propuesta del Poder Ejecutivo, el Senado interviene. Ahora, una persona que es nombrado por decreto, ¿Qué garantía tiene de estabilidad? ¿Qué garantía tiene de independencia?", continuó el senador.
 
Y remató: "Si no le gusta al Presidente, ahora quiere echar a la vicepresidenta... Ahora usted es la casta número uno, hace 50 años que vive del Estado (por Francos). Usted dice vamos a nombrar por decreto. ¡Nulo de nulidad absoluta!. ¿Qué les dice la Constitución? Negocien".
 
Para nombrar a un miembro de la Corte se necesitan 48 votos, es decir, una mayoría agravada, y el peronismo cuenta con 44 senadores. Por ese poder en el Senado, la aspiración de Milei de designar a dos nuevos cortesanos debe pasar por el tamiz de Cristina Kirchner.
 
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El apuro de Milei para controlar a la Corte Suprema
 
Con la salida del cordobés Juan Carlos Maqueda, la Corte Suprema quedará integrada por Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, su actual presidente. Lorenzetti fue quien propuso el nombre de Ariel Lijo para integrar el máximo tribunal, según admitió el propio ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
 
"El Presidente aún no tiene la decisión de nombrar a miembros de la Corte Suprema por decreto, pero no lo descarto. Si la Corte queda cercana de la acefalía, el Presidente pueda ejercer esa facultad que está establecida en la Constitución, de manera absolutamente transitoria, para designar a nuevos ministros de la Corte, que después deban ser ratificados por el Senado", sentenció este miércoles el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la presentación del informe de la gestión libertaria ante el Senado.
 
De este modo, el jefe de los ministros confirmó que, ante la realidad de que el oficialismo no cuenta con los votos para designar a dos nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Javier Milei analiza designaciones por decreto.
 
La senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) también lo rechazará, mientras que la peronista Alejandra Vigo dio indicios de oponerse a esa designación. La compañera de bancada de Juez fue tajante sobre la postulación de Lijo.
 
Por su parte, la esposa del exgobernador Juan Schiaretti no fue tan explícita, aunque dio a entender que no votaría a un hombre para suceder a Elena Highton de Nolasco. Milei propuso al juez Lijo para suceder a la mujer que renunció hace dos años.
 
Paradójicamente, pese a sus detractores, Lijo tendría los votos para el dictamen a favor en comisión, mientras que a García-Mansilla le faltarían entre tres y cinco avales de senadores para que su nombre se trate en el recinto.
 
No obstante, algunos senadores que integran el bloque de Unión por la Patria no responden a la expresidenta, pero alrededor de 30 son "incondicionales". Ese número del cristinismo hace inviable cualquier designación de jueces sin un acuerdo con la exvicepresidenta de Alberto Fernández.
 
El cristinismo le envió una señal a la Casa Rosada, cuando el viernes pasado la senadora Lucía Corpacci, muy cercana a Cristina Kirchner, puso la firma en el dictamen a favor de Lijo.
 
"Lo avalé, porque si no es Lijo, pueden proponer a otro peor", fue el llamativo argumento de la exgobernadora de Catamarca para apoyar a Lijo. En el Senado, todos tienen claro que Corpacci no habría firmado el dictamen sin una orden de la expresidenta.
 
Por su parte, José Mayans, titular del bloque cristinista, dio más pistas sobre una posible negociación con los libertarios. "Nosotros apoyaríamos a Lijo, un hombre del Presidente, pero la otra vacante debería ser una mujer, con una visión de Estado más cercano al nuestro", admitió el senador formoseño.
 
La propuesta del cristinismo a los libertarios fue muy concreta: uno para cada uno.
 
Desde la Casa Rosada, rechazaron de plano cualquier negociación con la expresidenta. Mantienen la postura sobre sus postulantes Lijo y García-Mansilla: "Los dos o ninguno".
 
Por ahora es ninguno. De allí que ahora cobra fuerza la posibilidad de la designación "temporaria" por decreto.
 
Una movida riesgosa, porque, si aplica el decreto, el cristinismo, junto con algunos aliados circunstanciales, lo podría voltear de un plumazo.
 
Mayans aseguró este miércoles que su bancada rechazará cualquier intento del Presidente de designaciones en la Corte por DNU por parte del jefe del Estado.
 
 
Urgencia oficialista
  
Más allá de las idas y vueltas por los dos postulantes de Milei, la pregunta del millón es por qué al Presidente le urge cambiar la actual conformación de la Corte Suprema.
 
Luego de la renuncia de Higthon de Nolasco, quien se jubiló, el máximo tribunal quedó conformado por cuatro jueces: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.
 
El cordobés Maqueda cumple 75 años el próximo 29 de diciembre, y el Poder Ejecutivo ya le comunicó que no enviará al Senado un pedido para extender su mandato.
 
La actual conformación marca que Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda integran una mayoría alejada del Gobierno, mientras que Lorenzetti quedó aislado como un hombre con diálogo con la Casa Rosada.
 
La fina sintonía entre los tres magistrados quedó reflejada en septiembre pasado, cuando Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda vinieron a Córdoba para recibir reconocimientos del Colegio de Abogados y de la Universidad Nacional de Córdoba (UCN).
 
Se mostraron juntos y no disimularon que integran una mayoría en el máximo tribunal, que genera suspicacias y temor en la Casa Rosada.
 
En este contexto, en un hecho inédito para las instituciones del país, el propio ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, admitió, en una entrevista al canal porteño TN, que Lorenzetti fue quien le propuso al presidente Milei el nombre de Lijo.
 
El funcionario libertario oficializó lo que era un secreto a voces: Lorenzetti juega para el Gobierno y está enfrentado con sus colegas del alto tribunal.
 
Si no hay designaciones antes de enero, la Corte quedará integrada por tres miembros, de los cuales sólo Lorenzetti responde al oficialismo.
 
El apuro del Presidente por modificar la actual conformación del máximo tribunal es por las causas que involucran al Gobierno.
 
Una fuente relevante de la Corte admitió que en el tribunal hay 24 causas presentadas por gobernadores en contra del Gobierno nacional.
 
La mayoría son reclamos de las 13 provincias que no transfirieron sus sistemas previsionales a la Nación.
 
Entre ellas, Córdoba, que el año pasado presentó dos demandas en contra de la Anses. Sólo los juicios cordobeses le costarían a la Nación -en caso de perderlos- más de $ 500 mil millones.
 
También hay juicios de mandatarios provinciales por reclamos como subsidios al transporte o el Fondo de Incentivo Docente (Fonid).
 
En todas esas demandas, el Gobierno nacional tiene muchas chances de perder, ya que se tratan de incumplimientos de leyes vigentes.
 
El caso más reciente es un juicio heredado por el gobierno anterior: la coparticipación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), juicio que la gestión libertaria comenzó a pagar.
 
En este contexto, las eventuales designaciones de Lijo y de García-Mansilla conformarían junto con Lorenzetti una nueva mayoría en la Corte, que podría traerle buenas noticias al gobierno libertario.
 
Milei, que llegó para terminar con la casta, tiene la misma aspiración que los presidentes tradicionales que lo antecedieron: tener el control de la cúpula del Poder Judicial.
 
Fuente: La Voz del Interior
 

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20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
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18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
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17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
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