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Nacionales - 28-11-2024 / 10:11
EL APURO DE MILEI PARA CONTROLAR A LA CORTE ES NULO DE NULIDAD ABSOLUTA

El Peronismo avisó que no aceptará la designación de Milei por decreto de jueces a la Corte Suprema

El Peronismo avisó que no aceptará la designación de Milei por decreto de jueces a la Corte Suprema
Para nombrar a un miembro de la Corte se necesitan 48 votos, es decir, una mayoría agravada, y el peronismo cuenta con 44 senadores. Por ese poder en el Senado, la aspiración de Milei de designar a dos nuevos cortesanos debe pasar por el tamiz de Cristina Kirchner.
Hace dos meses, Javier "el Loco" Milei envió al Senado los pliegos del juez federal Ariel Lijo, y del catedrático Manuel García-Mansilla para ser nombrados en la Corte Suprema. El polémico juez Lijo recibió una andanada de cuestionamientos de distintos sectores, incluido el propio oficialismo.
 
Hay senadores que son oficialistas o están cerca del Gobierno que adelantaron su rechazo a Lijo. Entre ellos, la propia vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó al juez federal. También el ahora exlibertario Francisco Paoltroni y el cordobés Luis Juez, presidente del bloque del PRO, entre otros.
 
Así, el Presidente no logra imponer al juez Lijo y al catedrático García-Mansilla. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que podrían nombrarlos por decreto. El verdadero motivo que impulsa a Milei a cambiar la conformación del alto tribunal, es poder controlarlo.
 
El senador de Unión por la Patria, José Mayans, le entregó a Francos una nota para rechazar la eventual designación por decreto de los jueces de la Corte Suprema y le solicitó al Gobierno nacional negociar las designaciones. Lo hizo al finalizar su discurso de cierre en el Senado de la Nación, luego de la exposición de Francos del tercer informe anual de gestión, en el que repasó el año del presidente Milei en la Casa Rosada.
 
"Le voy a entregar una nota para que usted considere el tema de la Corte, queremos hablar sobre la Justicia nacional, Procurador General, Defensor... Hagan un acuerdo con las fuerzas políticas", finalizó Mayans. La nota hace foco en la inconstitucionalidad de la accionar por decreto de los magistrados del tribunal supremo. Antes, el formoseño criticó la posibilidad que abrió Francos de nombrar a los jueces de la Corte por decreto.
 
En su discurso, Mayans dijo: "Está el tema de la Corte... No se puede hacer como si fuera un subalterno del Presidente. La Constitución por la que hoy usted es jefe de Gabinete... Menem dijo "yo quiero ser reelecto". Vamos a tener jefe de Gabinete, tercer senador, Consejo de la Magistratura y hoy esa es la Constitución que impera en el país".
 
"En eso consiste esto. Un poder del Estado es un sistema complejo. A propuesta del Poder Ejecutivo, el Senado interviene. Ahora, una persona que es nombrado por decreto, ¿Qué garantía tiene de estabilidad? ¿Qué garantía tiene de independencia?", continuó el senador.
 
Y remató: "Si no le gusta al Presidente, ahora quiere echar a la vicepresidenta... Ahora usted es la casta número uno, hace 50 años que vive del Estado (por Francos). Usted dice vamos a nombrar por decreto. ¡Nulo de nulidad absoluta!. ¿Qué les dice la Constitución? Negocien".
 
Para nombrar a un miembro de la Corte se necesitan 48 votos, es decir, una mayoría agravada, y el peronismo cuenta con 44 senadores. Por ese poder en el Senado, la aspiración de Milei de designar a dos nuevos cortesanos debe pasar por el tamiz de Cristina Kirchner.
 
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El apuro de Milei para controlar a la Corte Suprema
 
Con la salida del cordobés Juan Carlos Maqueda, la Corte Suprema quedará integrada por Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, su actual presidente. Lorenzetti fue quien propuso el nombre de Ariel Lijo para integrar el máximo tribunal, según admitió el propio ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
 
"El Presidente aún no tiene la decisión de nombrar a miembros de la Corte Suprema por decreto, pero no lo descarto. Si la Corte queda cercana de la acefalía, el Presidente pueda ejercer esa facultad que está establecida en la Constitución, de manera absolutamente transitoria, para designar a nuevos ministros de la Corte, que después deban ser ratificados por el Senado", sentenció este miércoles el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la presentación del informe de la gestión libertaria ante el Senado.
 
De este modo, el jefe de los ministros confirmó que, ante la realidad de que el oficialismo no cuenta con los votos para designar a dos nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Javier Milei analiza designaciones por decreto.
 
La senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) también lo rechazará, mientras que la peronista Alejandra Vigo dio indicios de oponerse a esa designación. La compañera de bancada de Juez fue tajante sobre la postulación de Lijo.
 
Por su parte, la esposa del exgobernador Juan Schiaretti no fue tan explícita, aunque dio a entender que no votaría a un hombre para suceder a Elena Highton de Nolasco. Milei propuso al juez Lijo para suceder a la mujer que renunció hace dos años.
 
Paradójicamente, pese a sus detractores, Lijo tendría los votos para el dictamen a favor en comisión, mientras que a García-Mansilla le faltarían entre tres y cinco avales de senadores para que su nombre se trate en el recinto.
 
No obstante, algunos senadores que integran el bloque de Unión por la Patria no responden a la expresidenta, pero alrededor de 30 son "incondicionales". Ese número del cristinismo hace inviable cualquier designación de jueces sin un acuerdo con la exvicepresidenta de Alberto Fernández.
 
El cristinismo le envió una señal a la Casa Rosada, cuando el viernes pasado la senadora Lucía Corpacci, muy cercana a Cristina Kirchner, puso la firma en el dictamen a favor de Lijo.
 
"Lo avalé, porque si no es Lijo, pueden proponer a otro peor", fue el llamativo argumento de la exgobernadora de Catamarca para apoyar a Lijo. En el Senado, todos tienen claro que Corpacci no habría firmado el dictamen sin una orden de la expresidenta.
 
Por su parte, José Mayans, titular del bloque cristinista, dio más pistas sobre una posible negociación con los libertarios. "Nosotros apoyaríamos a Lijo, un hombre del Presidente, pero la otra vacante debería ser una mujer, con una visión de Estado más cercano al nuestro", admitió el senador formoseño.
 
La propuesta del cristinismo a los libertarios fue muy concreta: uno para cada uno.
 
Desde la Casa Rosada, rechazaron de plano cualquier negociación con la expresidenta. Mantienen la postura sobre sus postulantes Lijo y García-Mansilla: "Los dos o ninguno".
 
Por ahora es ninguno. De allí que ahora cobra fuerza la posibilidad de la designación "temporaria" por decreto.
 
Una movida riesgosa, porque, si aplica el decreto, el cristinismo, junto con algunos aliados circunstanciales, lo podría voltear de un plumazo.
 
Mayans aseguró este miércoles que su bancada rechazará cualquier intento del Presidente de designaciones en la Corte por DNU por parte del jefe del Estado.
 
 
Urgencia oficialista
  
Más allá de las idas y vueltas por los dos postulantes de Milei, la pregunta del millón es por qué al Presidente le urge cambiar la actual conformación de la Corte Suprema.
 
Luego de la renuncia de Higthon de Nolasco, quien se jubiló, el máximo tribunal quedó conformado por cuatro jueces: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.
 
El cordobés Maqueda cumple 75 años el próximo 29 de diciembre, y el Poder Ejecutivo ya le comunicó que no enviará al Senado un pedido para extender su mandato.
 
La actual conformación marca que Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda integran una mayoría alejada del Gobierno, mientras que Lorenzetti quedó aislado como un hombre con diálogo con la Casa Rosada.
 
La fina sintonía entre los tres magistrados quedó reflejada en septiembre pasado, cuando Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda vinieron a Córdoba para recibir reconocimientos del Colegio de Abogados y de la Universidad Nacional de Córdoba (UCN).
 
Se mostraron juntos y no disimularon que integran una mayoría en el máximo tribunal, que genera suspicacias y temor en la Casa Rosada.
 
En este contexto, en un hecho inédito para las instituciones del país, el propio ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, admitió, en una entrevista al canal porteño TN, que Lorenzetti fue quien le propuso al presidente Milei el nombre de Lijo.
 
El funcionario libertario oficializó lo que era un secreto a voces: Lorenzetti juega para el Gobierno y está enfrentado con sus colegas del alto tribunal.
 
Si no hay designaciones antes de enero, la Corte quedará integrada por tres miembros, de los cuales sólo Lorenzetti responde al oficialismo.
 
El apuro del Presidente por modificar la actual conformación del máximo tribunal es por las causas que involucran al Gobierno.
 
Una fuente relevante de la Corte admitió que en el tribunal hay 24 causas presentadas por gobernadores en contra del Gobierno nacional.
 
La mayoría son reclamos de las 13 provincias que no transfirieron sus sistemas previsionales a la Nación.
 
Entre ellas, Córdoba, que el año pasado presentó dos demandas en contra de la Anses. Sólo los juicios cordobeses le costarían a la Nación -en caso de perderlos- más de $ 500 mil millones.
 
También hay juicios de mandatarios provinciales por reclamos como subsidios al transporte o el Fondo de Incentivo Docente (Fonid).
 
En todas esas demandas, el Gobierno nacional tiene muchas chances de perder, ya que se tratan de incumplimientos de leyes vigentes.
 
El caso más reciente es un juicio heredado por el gobierno anterior: la coparticipación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), juicio que la gestión libertaria comenzó a pagar.
 
En este contexto, las eventuales designaciones de Lijo y de García-Mansilla conformarían junto con Lorenzetti una nueva mayoría en la Corte, que podría traerle buenas noticias al gobierno libertario.
 
Milei, que llegó para terminar con la casta, tiene la misma aspiración que los presidentes tradicionales que lo antecedieron: tener el control de la cúpula del Poder Judicial.
 
Fuente: La Voz del Interior
 

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18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
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