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Entre Ríos - 26-11-2024 / 12:11
LA SALA PENAL DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA REVISARÁ LAS PREVENTIVAS DE URRIBARRI Y AGUILERA

Prisión preventiva de Sergio Urribarri: La Cámara de Casación concedió la impugnación extraordinaria

Prisión preventiva de Sergio Urribarri: La Cámara de Casación concedió la impugnación extraordinaria
La Cámara de Casación Penal de Paraná, concedió la impugnación extraordinaria a los defensores del exgobernador Sergio Urribarri y su cuñado Juan Pablo Aguilera. Los abogados interpusieron un recurso el jueves pasado, contra la resolución de esa misma Cámara que ordenó la detención inmediata de ambos en la Unidad Penal N°1 de Paraná, en cumplimiento de prisiones preventivas (tras la confirmación de la condena a 8 y 6 años de prisión respectivamente). De modo que Urribarri y Aguilera llegan con este recurso a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
 
La Cámara de Casación Penal de  Paraná, concedió la impugnación extraordinaria a los defensores del exgobernador Sergio Urribarri y su cuñado Juan Pablo Aguilera. Los abogados interpusieron un recurso el jueves pasado, contra la resolución de esa misma Cámara que ordenó la detención inmediata de ambos en la Unidad Penal N°1 de Paraná, en cumplimiento de prisiones preventivas (tras la confirmación de la condena a 8 y 6 años de prisión respectivamente). De modo que Urribarri y Aguilera llegan con este recurso a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
 
La resolución está firmada por las vocales Marcela Davite y Evangelina Bruzzo, este lunes 25 de noviembre. En la misma se informó también que Marcela Badano no suscribió por encontrarse de licencia, pero participó de la deliberación y acordó con lo resuelto.  
 
"Encontramos configurado el supuesto habilitante del remedio intentado, por cuanto la impugnación extraordinaria fue prevista por el legislador provincial para salvaguardar el adecuado respeto de las garantías constitucionales de los justiciables y en el caso se denuncian y fundamentan causales contempladas en el art. 521 inc.1 del Código Procesal Penal", definieron las vocales.
 
Sobre el final del documento, las juezas se expresaron "respecto de algunas referencias de los Sres. Defensores, sobre la supuesta imposibilidad de dictado de una medida cautelar en relación a una sentencia no firme; y aún, respecto del planteo de supuesta incompetencia de este Tribunal (y de la justicia provincial) para continuar con incidencia alguna del proceso, por la concesión del Recurso Extraordinario Federal; circunstancias todas que fueron valoradas en un análisis por completo circunscripto a los riesgos procesales.
 
Dicha solución, con sus fundamentos, claro está, se mantienen y se consideran adecuadas; por lo que -más allá de las apreciaciones de los recurrentes-, no nos encontramos ante una resolución que pueda tildarse de arbitraria, en los términos de la consabida doctrina perfilada pretorianamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)".
 
La impugnación extraordinaria fue planteada por los abogados Leopoldo Cappa, Javier Baños y Fernando Burlando, quienes representan a Urribarri; y los abogados Miguel Ángel Cullen y Marcos Rodríguez Allende, que bregan por los intereses personales de Aguilera. Se trata de un recurso judicial utilizado comúnmente, en este caso en protesta de la resolución de la Cámara que ordenó la detención inmediata de los dos condenados por delitos de corrupción. El objetivo es que la medida cautelar (es decir las detenciones preventivas) sea revisada por un tribunal superior.
 
Por otro lado tramita el hábeas corpus, que sí es un recurso judicial que no se usa comúnmente y que también intentó, con un efecto inmediato, revertir las detenciones del exgobernador y su cuñado.
 
Además está la situación del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, que fue detenido el viernes tras el fallo del Tribunal de Juicios y Apelaciones. Hasta allí llegaron los fiscales que llevan el trámite de las causas, para reclamar porque los riesgos evaluados por Casación en el caso de Urribarri y Aguilera, son asimilables a la situación de Báez. Los defensores del exministro, José Velázquez e Ignacio Díaz, decidieron no interponer un hábeas corpus pero sí presentaron un recurso de Casación contra la decisión del Tribunal.
 
Los abogados de Urribarri, Aguilera y Báez presentaron, tiempo atrás, un Recurso Extraordinario Federal para que la Corte Suprema revise las condenas. Ese recurso fue concedido por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, pese a que antes, ese máximo órgano penal en Entre Ríos denegó una impugnación extraordinaria contra la confirmación de Casación y, de ese modo, confirmó nuevamente la sentencia pronunciada el 7 de abril de 2022. Eso es lo que, en términos jurídicos, llaman "doble conforme". Es decir, una sentencia condenatoria confirmada en Casación y una impugnación extraordinaria rechazada contra la confirmación de Casación.
 
Los otrora funcionarios políticos y encumbrados dirigentes kirchneristas en Entre Ríos fueron juzgados entre 2021 y 2022 por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la administración pública. Por aquellos meses se ventiló lo que en la provincia de Entre Ríos se conoció como "megajuicio por corrupción", un debate oral con cinco causas acumuladas. Se investigaron contrataciones irregulares y desvío de dinero de la administración pública para fines personales.
 
No son las únicas investigaciones por corrupción en la provincia que involucran a exfuncionarios kirchneristas. En efecto, el propio Urribarri tiene otros pendientes como la "causa Coimas" y el proceso por presunto enriquecimiento ilícito. El primero de los mencionados en este párrafo está en etapa de remisión a juicio en los próximos días habrá definiciones; sobre el segundo el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos presentó el requerimiento de elevación a juicio. 
 
Fuente: Análisis Digital
 
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El porteño Rogelio Frigerio y buena parte de los gobernadores escucharon al presidente Javier Milei, quien celebró la supuesta mejora macroeconómica, el control político pleno que La Libertad Avanza logró en el Congreso pese a no tener mayoría, las reformas que él considera irreversibles y el avance de las ideas libertarias, que parecen irrefrenables. Frigerio y los gobernadores escucharon un relato triunfal mientras afrontan la complejidad creciente de sus administraciones provinciales, de la economía real, del derrumbe de los sectores regionales industriales y de la grave situación social.
 
Esa parte de la realidad, dolorosamente territorial y expulsiva, radica en el interior federal, aunque dependa casi exclusivamente de decisiones que toma Milei. El desfinanciamiento cada vez más pronunciado de las administraciones provinciales les resta posibilidades de acción territorial y política. No obstante, los diputados y senadores de las provincias votan a favor de las leyes de Milei. El oficialismo entrerriano, entre ellos.
 
El posicionamiento político de Frigerio es cada vez más difícil de clasificar. Intenta calmar los reproches del pueblo, pero en simultáneo avala la reforma laboral. Apoya la macroeconomía de puertas abiertas de par en par, con importaciones indiscriminadas, pero reclama igualdad de condiciones para la golpeada industria provincial. Los diagnósticos son tenebrosos en materia de empleo y de condiciones sociales del amplio sector asalariado entrerriano que desde hace décadas vive de industrias que van perdiendo competitividad, y que el proyecto libertario ha venido a liquidar. Milei lo hace sin complejos: celebra el cierre de empresas, trata de delincuentes a los principales empresarios del país y jamás habla de producción ni de empleo.
 
Cuando se observa el posicionamiento de Frigerio, su margen político se evidencia dramáticamente reducido. Y las consecuencias en la propia administración son crecientes. Frigerio sostiene el ajuste en los sueldos públicos y en las jubilaciones pese al malestar gremial en alza; intenta amortiguar la caída generalizada de recursos con mayor endeudamiento, con refinanciamiento caro y sobre costos. Mientras, subsiste gracias al intercambio de votos en el Congreso por algún ATN. Se balancea al borde del abismo y la conflictividad se incrementa en todo el territorio provincial.
 
En ese marco, Nadia Burgos, dirigente del MST en el FIT-U y delegada gremial del Ministerio de Salud se expresó: "La paritaria estatal en Entre Ríos volvió a mostrar el mismo esquema de siempre: el gobierno presenta una oferta que no recompone el salario real y pretende cerrar el conflicto con el aval de UPCN, mientras miles de trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y en su mayoría con salario de pobreza". La miserable propuesta de Frigerio, del 15,8% sobre sueldo básico de junio 2025, no cubre la inflación acumulada ni garantiza una recuperación del salario, sumado a los 9 meses de salarios congelado junto a los recortes de ingreso de junio 2025. Las sumas fijas, tramos diferidos y promesas de revisión no resuelven el problema de fondo: los sueldos estatales están por debajo de lo necesario para vivir. Frigerio está muy alejado de lo que se vive en los lugares de trabajo: el salario no llega, las condiciones laborales se deterioran y el ajuste se descarga sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado y los jubilados.
 
Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que venían percibiendo de $40.000. Aumento real: $35.000. Una miseria. Las cifras establecidas están muy debajo de la inflación real y en la mitad de los índices truchos del gobierno de Milei. Y no recomponen el poder de compra de los trabajadores. El Consejo Provincial del Partido Justicialista expresó su "profunda preocupación y rechazo ante el reciente anuncio del gobierno provincial de otorgar incrementos salariales bajo la modalidad de sumas no remunerativas y no bonificables". Resulta contradictorio e injustificable que, en un contexto donde el propio oficialismo impulsa una reforma previsional que afectará directamente a trabajadores activos y jubilados, se dispongan mecanismos salariales que reducen aportes, debilitan el financiamiento del sistema previsional y deterioran el salario real de los empleados públicos.
 

01-03-2026 / 10:03
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