06:13 | Lunes 22 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Entre Ríos - 26-11-2024 / 12:11

LA SALA PENAL DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA REVISARÁ LAS PREVENTIVAS DE URRIBARRI Y AGUILERA

Prisión preventiva de Sergio Urribarri: La Cámara de Casación concedió la impugnación extraordinaria

La Cámara de Casación Penal de Paraná, concedió la impugnación extraordinaria a los defensores del exgobernador Sergio Urribarri y su cuñado Juan Pablo Aguilera. Los abogados interpusieron un recurso el jueves pasado, contra la resolución de esa misma Cámara que ordenó la detención inmediata de ambos en la Unidad Penal N°1 de Paraná, en cumplimiento de prisiones preventivas (tras la confirmación de la condena a 8 y 6 años de prisión respectivamente). De modo que Urribarri y Aguilera llegan con este recurso a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

La resolución está firmada por las vocales Marcela Davite y Evangelina Bruzzo, este lunes 25 de noviembre. En la misma se informó también que Marcela Badano no suscribió por encontrarse de licencia, pero participó de la deliberación y acordó con lo resuelto.

"Encontramos configurado el supuesto habilitante del remedio intentado, por cuanto la impugnación extraordinaria fue prevista por el legislador provincial para salvaguardar el adecuado respeto de las garantías constitucionales de los justiciables y en el caso se denuncian y fundamentan causales contempladas en el art. 521 inc.1 del Código Procesal Penal", definieron las vocales.

Sobre el final del documento, las juezas se expresaron "respecto de algunas referencias de los Sres. Defensores, sobre la supuesta imposibilidad de dictado de una medida cautelar en relación a una sentencia no firme; y aún, respecto del planteo de supuesta incompetencia de este Tribunal (y de la justicia provincial) para continuar con incidencia alguna del proceso, por la concesión del Recurso Extraordinario Federal; circunstancias todas que fueron valoradas en un análisis por completo circunscripto a los riesgos procesales.

Dicha solución, con sus fundamentos, claro está, se mantienen y se consideran adecuadas; por lo que -más allá de las apreciaciones de los recurrentes-, no nos encontramos ante una resolución que pueda tildarse de arbitraria, en los términos de la consabida doctrina perfilada pretorianamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)".

La impugnación extraordinaria fue planteada por los abogados Leopoldo Cappa, Javier Baños y Fernando Burlando, quienes representan a Urribarri; y los abogados Miguel Ángel Cullen y Marcos Rodríguez Allende, que bregan por los intereses personales de Aguilera. Se trata de un recurso judicial utilizado comúnmente, en este caso en protesta de la resolución de la Cámara que ordenó la detención inmediata de los dos condenados por delitos de corrupción. El objetivo es que la medida cautelar (es decir las detenciones preventivas) sea revisada por un tribunal superior.

Por otro lado tramita el hábeas corpus, que sí es un recurso judicial que no se usa comúnmente y que también intentó, con un efecto inmediato, revertir las detenciones del exgobernador y su cuñado.

Además está la situación del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, que fue detenido el viernes tras el fallo del Tribunal de Juicios y Apelaciones. Hasta allí llegaron los fiscales que llevan el trámite de las causas, para reclamar porque los riesgos evaluados por Casación en el caso de Urribarri y Aguilera, son asimilables a la situación de Báez. Los defensores del exministro, José Velázquez e Ignacio Díaz, decidieron no interponer un hábeas corpus pero sí presentaron un recurso de Casación contra la decisión del Tribunal.

Los abogados de Urribarri, Aguilera y Báez presentaron, tiempo atrás, un Recurso Extraordinario Federal para que la Corte Suprema revise las condenas. Ese recurso fue concedido por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, pese a que antes, ese máximo órgano penal en Entre Ríos denegó una impugnación extraordinaria contra la confirmación de Casación y, de ese modo, confirmó nuevamente la sentencia pronunciada el 7 de abril de 2022. Eso es lo que, en términos jurídicos, llaman "doble conforme". Es decir, una sentencia condenatoria confirmada en Casación y una impugnación extraordinaria rechazada contra la confirmación de Casación.

Los otrora funcionarios políticos y encumbrados dirigentes kirchneristas en Entre Ríos fueron juzgados entre 2021 y 2022 por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la administración pública. Por aquellos meses se ventiló lo que en la provincia de Entre Ríos se conoció como "megajuicio por corrupción", un debate oral con cinco causas acumuladas. Se investigaron contrataciones irregulares y desvío de dinero de la administración pública para fines personales.

No son las únicas investigaciones por corrupción en la provincia que involucran a exfuncionarios kirchneristas. En efecto, el propio Urribarri tiene otros pendientes como la "causa Coimas" y el proceso por presunto enriquecimiento ilícito. El primero de los mencionados en este párrafo está en etapa de remisión a juicio en los próximos días habrá definiciones; sobre el segundo el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos presentó el requerimiento de elevación a juicio.

Fuente: Análisis Digital

21-12-2025 / 19:12

El silencio cómplice de Frigerio con Milei perjudica a Entre Ríos

Lo que debía convertirse en el primer triunfo del nuevo Congreso libertario se transformó en una seria complicación y atenuó la euforia del gobierno de los Hermanos Milei, que pasó de celebrar con estrépito una victoria a advertir que había sufrido otra derrota, en ambas cámaras del Congreso y también en las calles. La media sanción que obtuvo en Diputados el proyecto de Presupuesto de ajuste resultó un tiro en el pie del programa económico, debido a que los legisladores rechazaron el Capítulo 11 que hacía caer una serie de gastos necesarios, incluidos áreas como educación, discapacidad y asignaciones familiares, pero incompatibles con la política libertaria. Rogelio Frigerio, el cómplice que apoyó todo, quedó helado.

La derrota fue consecuencia de una errónea estrategia parlamentaria. El proyecto fue aprobado en general, pero la votación fue negativa para el renglón que incluía la derogación del financiamiento universitario, fondos para atender la discapacidad, el recorte de subsidios energéticos (zona fría), el pago de compensaciones a Cammesa y el giro de la cuota de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires (añadido a último momento para salvar la votación).

Los diputados alineados con Frigerio y los sectores que acompañan la gestión de Milei votaron a favor del proyecto: Beltrán Benedit (La Libertad Avanza), Andrés Laumann (La Libertad Avanza), Alicia Fregonese (PRO) y Francisco Morchio (Encuentro Federal / PRO-ER), Estos legisladores votaron el Presupuesto 2026 sin decir una sola palabra en su defensa, siguiendo al gobernador en su apoyo total al anarco capitalista y su nefasto experimento económico. Un silencio cómplice que perjudica a Entre Ríos. Frigerio tendrá que gestionar la provincia con menores recursos, el PRO diluido y La Libertad Avanza al acecho de la gobernación en 2027, que de momento no piensan en compartir la fórmula.

Pero el bochorno mayor fue la compra de voluntades con los ATN previo a la votación. A lo Kueider. Pero los ATN no son un premio ni deben comprar nada; son de las provincias. El Presupuesto aprobado ha generado una fuerte controversia por su impacto negativo en las arcas provinciales. Aunque el Gobierno de Milei logró el apoyo de varios gobernadores a cambio de "limosnas" en ATN, el esquema general profundiza un modelo de saqueo fiscal que recae directamente sobre el interior federal. Veamos un detalle de los puntos por los cuales este presupuesto perjudica a las provincias:

- Continua el "cepo" a la Obra Pública. El presupuesto 2026 consolida la decisión de no iniciar nuevas obras públicas con fondos nacionales. La mayoría de las provincias dependen de los giros de la Nación para infraestructura (rutas, escuelas, cloacas). El nuevo esquema traslada esa responsabilidad financiera a las provincias o al sector privado, lo cual es inviable para muchas jurisdicciones del interior. Incluso el mantenimiento de rutas nacionales carece de partidas suficientes en términos reales, lo que se traduce en accidentes y muertes.

- Siguen las transferencias discrecionales como "Moneda de Cambio". Si bien las transferencias automáticas (ley de coparticipación) se mantienen, las transferencias no automáticas (fondos discrecionales y ATN) se han convertido en una herramienta de extorsión política. El presupuesto le da a Milei un amplio margen para decidir a quién enviar fondos extras (Aportes del Tesoro Nacional - ATN). Esto obliga a los gobernadores a negociar "voto a voto" y apoyar cada ley en el Congreso para obtener fondos que antes llegaban de forma regular.

- Se profundiza el desfinanciamiento de educación y salud. Aunque el Congreso logró rechazar el artículo que derogaba la Ley de Financiamiento Universitario, el presupuesto general mantiene techos de gasto muy bajos. La eliminación definitiva de fondos que antes cubría Nación obliga a las provincias a usar recursos propios para pagar salarios docentes si no quieren que los sueldos caigan mucho frente a la inflación. Además, varias provincias (incluida Entre Ríos) mantienen el reclamo por la falta de giro de fondos para cubrir los déficits de sus cajas de jubilaciones no transferidas, un punto que el presupuesto 2026 no resuelve de manera automática. Esto obligará a mayores ajustes provinciales.

Uno de los puntos más críticos, denunciado por el entrerriano Guillermo Michel, es la Reducción de la Coparticipación en la Reforma Laboral truculenta, que no tiene nada a favor de los trabajadores y que se trata en el Senado, y afecta al presupuesto. La reducción de contribuciones patronales y cambios en el Impuesto a las Ganancias de sociedades, para beneficiar a los más ricos, implica una caída en la recaudación nacional. Al ser impuestos coparticipables, cualquier baja en su recaudación reduce automáticamente la masa de dinero que la Nación envía a las provincias. Se estima que esta reforma podría costar cerca del 0,8% del PBI, afectando directamente los fondos que reciben las provincias.

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