01:08 | Martes 30 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Entre Ríos - 25-11-2024 / 11:11

LA JUNTA FEDERAL DE CORTES Y SUPERIORES TRIBUNALES DE JUSTICIA DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS Y CABA AFIRMÓ: “NO ES LA VÍA CONSTITUCIONAL”

Tribunales Superiores defienden a Gisela Schumacher ante la amenaza de juicio político

La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitió un comunicado este viernes en el que dan su parecer sobre el pedido de juicio político a la vocal del STJ, Gisela Schumacher.

"El juicio político no es la vía constitucional para la impugnación del contenido de las sentencias", afirmaron y agregaron: "el Estado de Derecho se fundamenta en el respeto a la división de poderes, la ley como expresión de la voluntad popular y la existencia de un poder judicial imparcial e independiente. Por lo tanto, es esencial que los jueces tengan estabilidad en su cargo y no estén sujetos a presiones políticas, para garantizar el cumplimiento de las garantías constitucionales y el ejercicio de su rol institucional".

Además, reafirmaron su "compromiso con la defensa de la independencia judicial y la protección de las garantías constitucionales".

El intendente Domingo Rossi había hecho el pedido de juicio político para Schumacher, pero la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, que preside Gabriela Lena, rechazó por unanimidad ese pedido.

El comunicado completo

El juicio político no es la vía constitucional para la impugnación del contenido de las sentencias

Ante los acontecimientos que se desarrollan en Entre Ríos, que llevan a cuestionar la actuación de integrantes del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia con el pedido de juicio político y simultáneo hostigamiento mediático, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reiteró que el juicio político no es la vía constitucional para la impugnación del contenido de las sentencias.

En el documento, JUFEJUS sostiene que el Estado de Derecho se fundamenta en el respeto a la división de poderes, la ley como expresión de la voluntad popular y la existencia de un poder judicial imparcial e independiente. Por lo tanto, es esencial que los jueces tengan estabilidad en su cargo y no estén sujetos a presiones políticas, para garantizar el cumplimiento de las garantías constitucionales y el ejercicio de su rol institucional.

En la realidad contemporánea, los principios y preceptos constitucionales interpretados de acuerdo a los Pactos Internacionales, la independencia del Poder Judicial expresamente consagrada por la Constitución Nacional en los arts. 18, 109, 110 y concordantes, no comporta un privilegio para los jueces.

Por el contrario, está instituido en beneficio de los ciudadanos, importando más que un derecho fundamental, en realidad, una garantía institucional. En este sentido, la Junta Federal reitera su compromiso con la defensa de la independencia judicial y la protección de las garantías constitucionales.

Fuente: SIC STJ

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Mientras Entre Ríos requiere de más recursos, Milei solo establece nuevos y brutales recortes

El Presupuesto Nacional 2026, sancionado por el Senado en diciembre de 2025, ha generado un fuerte debate sobre la transferencia del feroz ajuste fiscal libertario hacia las provincias. Aunque Javier Milei lo define como un "hito histórico" para consolidar el déficit cero, y el gobernador Rogelio Frigerio lo apoya totalmente, el texto aprobado contiene disposiciones que impactan negativamente en las arcas y responsabilidades provinciales. Los oficialistas Romina Almeida y Joaquín Benegas Lynch, votaron a favor del proyecto de Milei. Adán Bahl, representante de Más para Entre Ríos, votó en contra. El senador peronista por Entre Ríos afirmó que, con el Presupuesto 2026, se perdió la posibilidad de aprobar una Ley "que tienda al desarrollo federal y equilibrado de la Argentina", y advirtió: "Tiene inconsistencias, asigna facultades discrecionales y transfiere a las provincias un ajuste brutal". Nada para celebrar.

¿Cuáles son los puntos clave de cómo este presupuesto traslada el ajuste a las provincias? El principal es la eliminación de Pisos de Inversión (Artículo 30). Hasta la aprobación de este presupuesto, diversas leyes blindaban el presupuesto de sectores estratégicos, obligando a que la inversión subiera si la economía crecía. Con el Artículo 30, estos montos dejan de ser obligatorios y pasan a depender de la discrecionalidad de Milei y de la disponibilidad de recursos bajo la regla de déficit cero. Esto suspende los pisos mínimos de inversión que el Estado Nacional debía garantizar por ley en áreas sensibles. Esto obliga a las provincias a cubrir el bache financiero si desean mantener los estándares previos.

Bahl apuntó que el artículo 30, que sacó recursos del ámbito educativo "elimina una garantía que el Estado le asignó a la Educación. Justamente porque no puede ser la variable de ajuste para un Presupuesto. No fue de un partido, no son montos ideológicos, fue una construcción de más de 20 años para lograr un piso de financiamiento".

En Educación se eliminó la obligación de invertir el 6%$ del PBI, afectando el financiamiento de escuelas técnicas y programas de infraestructura escolar. En Ciencia y Tecnología, se suspenden las metas de incremento progresivo de recursos, dejando estos fondos sujetos a la discrecionalidad de Milei.

Durante las negociaciones, Milei ratificó, y Frigerio aceptó, que, ante la vigencia de ciertas leyes de gasto (como el financiamiento universitario que la oposición logró defender), el Ministerio de Economía deberá reasignar o recortar aproximadamente 7 billones de pesos (0,7%$ del PBI). Gran parte de este ahorro se obtendrá mediante el recorte de transferencias discrecionales (fondos no coparticipables) que la Nación enviaba históricamente a las provincias para obras públicas o asistencia financiera.

En la sesión en el Senado, Bahl explicó: "Nosotros que somos los senadores que representamos a las provincias tenemos que advertir que transfiere a las provincias un ajuste brutal". En ese marco, apuntó: "Cuando se habla del cálculo de recursos. Se incorpora un 5% de crecimiento del PBI, que está representado por el consumo, que explica el 70% de la demanda. Y todos vemos como el consumo está por el piso. El otro elemento es la inversión pública, en un presupuesto sin obras. El otro es la inversión privada, que está ausente en todo el país. El cuarto es el sector externo, que hoy está afectado por el tipo de cambio", indicó. Y agregó: "Estamos perdiendo la oportunidad de tener un presupuesto equilibrado". Y no dibujado.

Además, el Presupuesto 2026 mantiene la presión sobre las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias a la Nación, como Entre Ríos, limitando los giros de fondos para cubrir sus déficits. A lo que se agrega la Regla del "Déficit Cero". El presupuesto 2026 está diseñado bajo una premisa rígida: cualquier caída en la recaudación debe compensarse con una baja automática del gasto. Esto significa que si las proyecciones de crecimiento (estimado en 5%) no se cumplen, las provincias serán las primeras en ver recortados los fondos que aún dependen de la firma de Milei.