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Nacionales - 24-11-2024 / 09:11
EL GOBIERNO ANARCO CAPITALISTA EVIDENCIÓ SU PLAN PARA ELIMINAR AL PERONISMO DEL IMAGINARIO SOCIAL

Como en 1955, Javier “el Loco” Milei reedita el intento fallido de desperonización

Como en 1955, Javier “el Loco” Milei reedita el intento fallido de desperonización
Cambiar el nombre del CCK o del Gasoducto Néstor Kirchner, quitar su busto del Congreso o eliminar las imágenes de Eva Perón de las oficinas de ANSES son ejemplos. "Hay una política destinada a reescribir el pasado y el presente desde distintos ámbitos -explica Forster-. Milei lo hace desde lo económico, desde el neoliberalismo y desde el Estado; Villarruel desde la lógica del negacionismo".
Con la decisión de rebautizar edificios y descartar la simbología popular del peronismo y el kirchenrismo, ya con formato de plan sistemático, el gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei evidenció en estas últimas semanas su desvelo mayor: hacer "desaparecer" a Perón, a Evita y a Néstor Kirchner. "Fin", diría el posteo del vocero presidencial Manuel Adorni.
 
Estas acciones, hoy planificadas, lejos del rictus espasmódico de los primeros meses en el poder buscan borrarlos del imaginario social. Tal como en 1955 procedió la Revolución Libertadora contra el peronismo "con acciones planificadas, hoy es una política de Estado", explica el historiador Hernán Brienza.
 
El filósofo Ricardo Forster subraya que  es  algo "muy propio de las nuevas derechas que buscan transformar la subjetividad". Detrás, acecha un modelo económico y social totalitario y excluyente "cuya mayor expresión en la materialidad de lo público e institucional es el proceso judicial contra Cristina Kirchner como líder de este espacio político", completa la historiadora Araceli Bellota.
 
Los especialistas analizan el nuevo show del establishment y advierten sobre las enseñanzas de la historia que las huestes de La Libertad Avanza parecen no contemplar.
 
"Hay una cruel ingenuidad en creer que borrando un nombre borras a la persona y a la historia. Hay algo de censura también, y en la intención de hacer desaparecer al otro hay cierto grado de animismo histórico por creer que borrando el nombre, esto se logra", sentencia Brienza a propósito de la batalla cultural que ya ganó las calles tanto como las redes sociales.
 
"La batalla cultural es propia de las extremas derechas", explica Forster respecto de los totalitarismos que horadan la subjetividad. En este tipo de cruzada, como la que lleva adelante el gobierno de los Hermanos Milei y Victoria Villarruel "es esencial cambiar los nombres porque son algo importante, designan, marcan. Si cambio el nombre del CCK a Edificio Libertad hago un gesto hacia la sociedad. Si saco el busto de Néstor Kirchner de un lugar público también" señala el filósofo.
 
La línea histórica de esta serie de saqueos a la memoria popular remite a la proscripción del peronismo agrega Bellota. Y dispara: "La mal llamada Revolución Libertadora tenía entre sus propósitos desperonizar a la Argentina. Esto es un calco: sacar los monumentos, cambiar los nombres, perseguir a los dirigentes y al mismo tiempo, hambrear al pueblo". La historiadora, también concejala en el municipio de Moreno por Unión por la Patria, describe así el núcleo del conflicto.
 
Al principio, en la avanzada sobre lo simbólico donde se refleja la memoria social, hubo solo provocaciones aisladas. Cambiaron el nombre del Salón de las Mujeres en Casa de Gobierno justamente un 8M, Día internacional de la Mujer. Lo rebautizaron: Salón de los Próceres. Antes, y sin aspavientos, quitaron el busto de Néstor Kirchner del patio del ex Ministerio de Agricultura. Fue un anticipo de lo que pasó meses después cuando la ministra de Capital Humano, la inútil Sandra Pettovello, decidió retirar el busto del expresidente de la sede de ANSES y lo difundió en las redes.
 

 
Hoy lo sistematizan: cambiar el nombre del CCK o del Gasoducto Néstor Kirchner, quitar su busto del Congreso o eliminar las imágenes de Eva Perón de las oficinas de ANSES son ejemplos. "Hay una política destinada a reescribir el pasado y el presente desde distintos ámbitos -explica Forster-. Milei lo hace desde lo económico, desde el neoliberalismo y desde el Estado; Villarruel desde la lógica del negacionismo".
 
Y, además, agrega: "Las derechas en el mundo que han avanzado con mucha audacia y capacidad en el relato del pasado para rearmarlo, para cambiar una estructura simbólica, la del sentido común y buscan reescribir la historia".
 
Las provocaciones no cesan. Días atrás, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo que Pettovello analiza demoler el edificio del exministerio de Desarrollo Social, ubicado en la Avenida 9 de Julio, donde están las imágenes gigantes de Evita, un lugar emblemático para el peronismo porque fue allí donde Eva Perón renunció a su candidatura a la vicepresidencia en 1951.
 
 
Forzar un relato único
 
La estrategia del relato único "es una política de Estado que el liberalismo conservador lleva adelante en la historia desde el principio de los tiempos -aporta Brienza- si uno toma nota de lo que hicieron los vencedores de la batalla de Caseros (1852) con la quinta de Juan Manuel de Rosas, en Palermo". Allí destruyeron la propiedad y a esa calle la nombraron Avenida Sarmiento, el "gran adversario de Rosas".
 
"Con el peronismo hicieron lo mismo, el famoso Palacio Unzué donde vivieron Perón y Evita -continúa Brienza- fue demolido y allí se construyó la Biblioteca Nacional". El antiperonismo de la Libertadora asume en ese acto un reflejo de la demolición de la quinta de Rosas y avanza en la prohibición impuesta por el decreto de 1956, a toda alusión al peronismo.
 
"Prohíben nombrar a Perón y a Evita, cambian nombres de edificios, destruyen monumentos, abandonan obras públicas en curso como el hospital infantil que se transformó en el Warnes", recuerda el historiador. El hospital iba a ser modelo en Latinoamérica, con capacidad para internar mil pacientes. Tras el abandono de la obra a punto de terminarse, en el barrio porteño de La Paternal; las familias lo fueron ocupando y lo identificaron como Albergue Warnes.
 
Para Brienza, hoy se puede "hacer alguna lógica comparación" con estos otros periodos históricos bajo el común denominador de que "hay un otro que debe ser borrado, quitado, negado, porque no puede aportar nada a la historia que buscan instalar", afirma. Y estos símbolos, al permanecer, contradicen al poder, mantienen en lo colectivo la memoria de las conquistas conseguidas.     
 
 
La lógica del autoritarismo
 
Según Forster, lo que Milei hace es el gesto de borrar el pasado buscando eliminar a la Argentina de los derechos y del peronismo "para dar cuenta de una historia que es la estrategia ideológica de este gobierno de derecha que supone que no hay derecho a tener otras formas de posicionarse en la vida democrática. En esencia y como todo totalitarismo busca vaciar la vida democrática".
 
"Aquí, la idea de la unión nacional se basa en la extirpación del otro, del que no piensa como ellos", acuerda Brienza. "El propio Perón muestra otra actitud histórica cuando nacionaliza los ferrocarriles y les pone el nombre de quienes organizaron la Nación: Sarmiento, San Martin, Belgrano. ¡Hace lo contrario!", puntualiza el historiador en un alto en su viaje a General Pico, La Pampa, donde presentará su nuevo libro ¿Para que sirvió el Peronismo? (Planeta, 2024).
 
Como en el 55, cuando llegaron hasta robar el cadáver de Evita, hoy esta actitud expresa "un revanchismo que supone reescribir la historia, insiste Forster. "Entonces lo que no forma parte de los intereses del poder tiene que ser eliminado porque es espurio, corrupto y portador de todos los males".
 
Bajo la demonización de "los supuestos corruptos que arruinaron la Nación", lo que busca el dispositivo Milei, es anular la idea de justicia social, de igualdad, de soberanía política. "Todo el proceso clave de la vida política argentina que nace con el peronismo y continúa el kirchnerismo, el mileismo quiere destruirlo y para eso son literales: sacan las estatuas y quitan los nombres de los edificios", agrega el filósofo.
 
 
El legado histórico
 
"Siempre la historia es un campo de batalla y los símbolos y los nombres son parte de una disputa fundamental al momento de construir sentido común y consciencia política" subraya Forster. La dictadura buscó cerrar filas al demonizar al otro. Hoy buscan eliminar los relatos, la memoria y su presencia en la sociedad para eliminar la idea de justicia social. "El negacionismo de Villarruel además busca eliminar el papel genocida de la dictadura y anular la verdad histórica y su complejidad", define.
 
En el intento por reescribir la historia, la práctica se ejecuta con radicalidad y violencia. "Arrasar con la memoria del otro -detalla Forster-, va contra la memoria social, contra lo que constituye identidad, arrasan con los nombres y los monumentos y eso conlleva una gigantesca violencia hacia el otro, porque lo niega en la vida política y cultural".
 
"¿No aprenden que el efecto es el contrario?", se pregunta Bellota. "Si en la resistencia peronista el pueblo lograba rescatar lo que volteaban y se fortalecía la pertenencia a un movimiento, hoy, y aunque estamos bastante rotos, el efecto será el mismo", evalúa. Se fundamenta en la historia: "A Perón lo inhabilitan a perpetuidad, como quieren hacer con Cristina. Pero volvió después de mucha lucha, mucha resistencia del pueblo, y volvió con un plan de unidad nacional del que nadie volvió a hablar, salvo ahora Cristina: el Modelo argentino para el proyecto nacional, fruto de un largo trabajo de Perón con (Ricardo) Balbín, otro dirigente de un movimiento popular", repasa la autora de Perón, una biografía del siglo XXI (Planeta, 2024).
 
"¿O van a pensar que le vamos a dejar de decirle CCK?, ¿O creen que porque saquen las estatuas de Néstor la gente lo va a dejar de recordar con cariño y gratitud?", se pregunta. Para la historiadora es evidente que quieren "desperonizar otra vez" para implantar otro modelo socioeconómico.
 
Y lo explica: "Cuando derrocan a Perón, usan al Ejército. Hoy no hace falta, la última dictadura fue tan brutal que para desperonizar hizo desaparecer a 30.000 personas. Con el regreso de la democracia, Alfonsín hizo lo que pudo. A Menem no hizo falta hacerle la guerra porque estaba aplicando el consenso de Washington. Con Néstor y Cristina se da otra vuelta histórica. Por eso ahora usan a la justicia, inventan causas; el espíritu es el mismo: borrar al peronismo de la faz de la tierra. Hasta ahora no lo lograron, y espero que no lo puedan lograr".
 
Por Patricia Chaina
 
Fuente: Página 12
 

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07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
La Opinión Popular
 

04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
La Opinión Popular
 

03-02-2026 / 11:02
Tras la renuncia de Marco Lavagna al frente del Indec, porque Javier Milei se niega a medir bien la inflación, Luis "Toto" Caputo decidió postergar la publicación de la nueva canasta de medición de precios, que daría una inflación mucho mayor. "Con el Presidente siempre pensamos que había que cambiarlo una vez que el proceso de desinflación estuviera consolidado", afirmó. O sea, nunca. El Gobierno libertario oculta así el fracaso económico mientras los trabajadores del organismo alertan por intervención.
 
La decisión de Milei y Caputo de suspender sin límites la actualización del IPC solo una semana antes de su puesta en marcha fue demasiado hasta para Lavagna, que había aceptado retrasarla hasta ahora, además de hacer magia con los índices de la inflación y la pobreza. Presentó la renuncia al Indec y fue reemplazado por su segundo, incondicional de Caputo.
 
No hay eufemismos ni figuras simuladas que tapen lo que realmente pasó, a sólo 8 días de que se conozca un IPC que debería estar actualizado, tal como lo había prometido el Gobierno: Lavagna confió internamente que salió del ente estadístico, precisamente, porque Milei y el ministro de Economía, Caputo, se negaban a implementar la nueva medición de inflación por la que él venía peleando hacía más de dos años. Horas más tarde, Caputo se vio obligado a salir a confirmar los dichos de Lavagna.
 
Los dichos de Caputo son escandalosos y abren dudas peligrosas respecto a los números, porque los técnicos del INDEC ya tenían medidos precios con el nuevo IPC y se había anunciado la aplicación de ese índice para el próximo martes 10, cuando se sepa la inflación de enero. Esa medición daba arriba del 3 por ciento, pero a Lavagna le pedían que esté en torno al 2 por ciento. Además, es polémico porque Caputo no le pone fecha a la nueva medición. Es decir, Milei y Caputo se niegan, sin fecha cierta, a medir la inflación con la Encuesta de Hogares del 2018, para seguir haciéndolo con la del 2004.
 
Una medición que no refleja el costo de vida de las familias. Lo que el Gobierno hace evitando actualizarlos, es que no se vean reflejados en enero los aumentos de tarifas, en un escenario donde además los alimentos vienen subiendo. En pocas palabras, Milei está midiendo la inflación con los mismos parámetros de gastos familiares que había 22 años atrás.
 
Lo que eran sospechas terminaron siendo confirmadas por el propio gobierno. El viernes pasado el Banco Central difundió el Informe de Política Monetaria donde se admite abiertamente que si se hubiese utilizado el nuevo IPC la inflación hubiese sido más alta en los últimos dos años por la suba de los servicios públicos, que recién a partir de ahora tendrán más peso en la canasta del Indec. El propio Banco Central confirmó la manipulación del índice de inflación.
 
Mientras la población siente que los salarios se pulverizan y el pluriempleo crece, los datos oficiales truchos muestran un aumento inflacionario "moderado", utilizado por el Gobierno anarco capitalista también para planchar paritarias y jubilaciones. Esta brecha entre la realidad social y las estadísticas alimenta la desconfianza generalizada, incluso entre especialistas.
 
La Opinión Popular
 

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