20:36 | Miercoles 31 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos
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Nacionales - 16-11-2024 / 08:11
EL PARTIDO JUDICIAL Y EL LAWFARE REEMPLAZARON AL PARTIDO MILITAR Y A LA DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL
Una condena proscriptiva sin pruebas se convierte en una condena al sistema judicial corrupto controlado por el macrismo
Mostrar las cifras de la jubilación y de la pensión que le corresponden, tiene impacto y funcionó para muchas personas. Ninguno de los entrevistados por TN o La Nación+ pudieron mostrar las pruebas. Todo el fallo repite “quedó comprobado” y no dice por qué. Una condena proscriptiva sin pruebas se convierte en una condena a los jueces que la emiten. Es una condena al sistema judicial.
Al exhibir la jubilación de Cristina Kirchner y la pensión que recibe por su marido, el gobierno intentó ocultar la falta de pruebas y la vergonzosa connivencia con Mauricio Macri y el poder económico y mediático de casi todos los funcionarios judiciales que participaron en su condena.
Sin pruebas, la sentencia fue más el escarmiento a una opositora, un acto de proscripción. Las penas a los responsables de 39 crímenes durante la represión del 2001 fueron más leves y no los inhabilitaron en forma perpetua para la función pública como hicieron con la ex presidenta.
En el gobierno saben que no pueden retirar la jubilación y la pensión de la ex presidenta y viuda de un ex presidente. Sólo hubiera podido el Congreso, cuando ella estaba en funciones, a través de un juicio político para destituirla. Todo es una gran patraña, una jugada mugrienta, típica de los libertarios y/o del macrismo para impactar en la opinión pública, aunque no tenga consistencia institucional.
El mecanismo que usaron fue el mismo que el de las causas judiciales. Pero Cristina Kirchner no cobra un solo peso más de lo que establece la ley.
El impacto de la confirmación de la condena se sintió en las redes y en los medios que no están subordinados al gobierno y al macrismo. Circuló incluso un video donde el actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona cuestionaba en 2022 la condena de una Cámara Federal integrada por el juez Rodrigo Giménez Uriburu y el fiscal Diego Luciani que se juntaban a jugar al fútbol en la quinta de Mauricio Macri.
Las redes se llenaron de alusiones a los jueces del fuero federal Julián Ercolini, Gustavo Hornos, Mariano Llorens, Giménez Uriburu, Mariano Borinsky y el inefable y ya fallecido Claudio Bonadio. Todos ellos con vínculos personales con Mauricio Macri, el adversario político de Cristina Kirchner y uno de los dos principales contratistas del Estado. Hay fiscales que trabajaron en Boca Juniors cuando lo presidía Mauri.
El dispositivo judicial macrista no solamente funcionó para atacar a sus competidores políticos, sino también para frenar causas que comprometen al grupo familiar, como la del Correo, las autopistas o los parques eólicos. Es psicología inversa. Cuando el patotero va a golpear a un tipo, lo denuncia a los gritos de haber asesinado a su madre.
En cualquier parte del mundo, la figura más obvia de corrupción es la de un presidente que a la vez es uno de los dos principales contratistas del Estado. Los argentinos votaron eso, previamente atiborrados de denuncias de corrupción contra sus principales competidores.
Y funcionó para muchas personas. Mostrar las cifras de la jubilación y de la pensión que le corresponden, tiene impacto. Ninguno de los entrevistados por TN o La Nación+ pudieron mostrar las pruebas. Todo el fallo repite "quedó comprobado" y no dice por qué. Una condena proscriptiva sin pruebas se convierte en una condena a los jueces que la emiten. Es una condena al sistema judicial.
Sin pruebas, la sentencia fue más el escarmiento a una opositora, un acto de proscripción. Las penas a los responsables de 39 crímenes durante la represión del 2001 fueron más leves y no los inhabilitaron en forma perpetua para la función pública como hicieron con la ex presidenta.
En el gobierno saben que no pueden retirar la jubilación y la pensión de la ex presidenta y viuda de un ex presidente. Sólo hubiera podido el Congreso, cuando ella estaba en funciones, a través de un juicio político para destituirla. Todo es una gran patraña, una jugada mugrienta, típica de los libertarios y/o del macrismo para impactar en la opinión pública, aunque no tenga consistencia institucional.
El mecanismo que usaron fue el mismo que el de las causas judiciales. Pero Cristina Kirchner no cobra un solo peso más de lo que establece la ley.
El impacto de la confirmación de la condena se sintió en las redes y en los medios que no están subordinados al gobierno y al macrismo. Circuló incluso un video donde el actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona cuestionaba en 2022 la condena de una Cámara Federal integrada por el juez Rodrigo Giménez Uriburu y el fiscal Diego Luciani que se juntaban a jugar al fútbol en la quinta de Mauricio Macri.
Las redes se llenaron de alusiones a los jueces del fuero federal Julián Ercolini, Gustavo Hornos, Mariano Llorens, Giménez Uriburu, Mariano Borinsky y el inefable y ya fallecido Claudio Bonadio. Todos ellos con vínculos personales con Mauricio Macri, el adversario político de Cristina Kirchner y uno de los dos principales contratistas del Estado. Hay fiscales que trabajaron en Boca Juniors cuando lo presidía Mauri.
El dispositivo judicial macrista no solamente funcionó para atacar a sus competidores políticos, sino también para frenar causas que comprometen al grupo familiar, como la del Correo, las autopistas o los parques eólicos. Es psicología inversa. Cuando el patotero va a golpear a un tipo, lo denuncia a los gritos de haber asesinado a su madre.
En cualquier parte del mundo, la figura más obvia de corrupción es la de un presidente que a la vez es uno de los dos principales contratistas del Estado. Los argentinos votaron eso, previamente atiborrados de denuncias de corrupción contra sus principales competidores.
Y funcionó para muchas personas. Mostrar las cifras de la jubilación y de la pensión que le corresponden, tiene impacto. Ninguno de los entrevistados por TN o La Nación+ pudieron mostrar las pruebas. Todo el fallo repite "quedó comprobado" y no dice por qué. Una condena proscriptiva sin pruebas se convierte en una condena a los jueces que la emiten. Es una condena al sistema judicial.
Muchos de los empresarios que pagaron 25 mil dólares el cubierto en la cena del miércoles de la fundación FARO de los libertarios, en el Yacht Club, son los mismos que se rebelaron contra el impuesto a las grandes fortunas que se utilizó para atenuar el impacto del covid.
Es una condena a los jueces porque no tiene sustento judicial, sino que es una medida de proscripción política. Y es una condena al sistema porque puso en evidencia que esta democracia es apenas un simulacro que castigará a los presidentes que afecten los intereses del poder económico con políticas de justicia social.
Es probable que haya personas que no sean kirchneristas que no se dejen arrastrar por el odio o el revanchismo y puedan constatar que en toda la acusación no hay pruebas sino deducciones forzadas. "Los hechos gritan" sobreactuó el fiscal Luciani.
Pero ni han podido probar que hubo un delito, sobreprecios ni obras pagadas y no terminadas. Aunque piensen que Cristina Kirchner es culpable, tienen que reconocer que en una democracia, además hay que probarlo.
La experiencia latinoamericana corrobora la conformación del Partido Judicial y la estrategia de la guerra judicial que, además de la pata en la Justicia, tiene otras dos en los servicios de inteligencia y en los grandes medios hegemónicos.
El Partido Judicial reemplazó al Partido Militar, que había quedado anacrónico porque las dictaduras no ofrecían la suficiente garantía jurídica. Y el lawfare reemplazó a la Doctrina de la Seguridad Nacional.
Por la Escuela de las Américas que Estados Unidos utilizaba para cooptar y entrenar en la represión, pasaron 1500 militares latinoamericanos por año, entre ellos los dictadores argentinos Roberto Viola, Jorge Videla y Fortunato Galtieri.
En el gobierno de Néstor Kirchner se dejaron de enviar becarios argentinos a esa escuela de dictadores, también llamada "escuela de asesinos". La influencia de la Escuela de las Américas hizo que desde los años 50 hasta los 80, América Latina estuviera infestada de dictaduras militares. No fue un fenómeno argentino aislado.
En los años 80, Estados Unidos readaptó su estrategia para la región. La Seguridad Nacional quedó en un segundo plano y se priorizó la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en América Latina. Organizaron seminarios del Departamento de Justicia, visitas y becas.
El Partido Judicial y el lawfare infestaron el continente, sólo para perseguir a líderes populares. Cristina Kirchner fue condenada, Lula da Silva encarcelado, Rafael Correa debió exiliarse y Evo Morales se salvó del linchamiento. El objetivo ha sido muy claro. Tampoco es un fenómeno aislado en Argentina.
Pero la persecución a estos dirigentes sólo logró su permanencia a lo largo de los últimos veinte años. Los dirigentes de la derecha pierden vigencia, pero estos líderes populares la mantienen.
Mientras el gobierno de Javier Milei envió a la pobreza ocho millones de argentinos de clase media, los gobiernos de Néstor y Cristina, sacaron de la pobreza a 9,3 millones de personas que se convirtieron en clase media, según cifras del Banco Mundial.
Esa ha sido la razón principal de su vigencia, a la que contribuyó la persecución permanente, que los ha fortalecido ante una parte de la sociedad. Cristina Kirchner ha soportado que la hostiguen y afecten la salud de sus hijos, destruyan sus domicilios, incluso que gatillen una pistola en su cabeza. Y acaba de ser elegida presidenta del Partido Justicialista que, hasta ahora, ha sido el centro de la oposición.
Y no sería para descartar que incluso encabece las listas del año que viene en la provincia de Buenos Aires, donde mantiene un alto índice de imagen positiva, más aún que cualquiera de los posibles candidatos libertarios.
El perfil de Milei, más inclinado a la extorsión que al diálogo, con un discurso extremista que sólo reconoce privilegios de empresarios y banqueros y combate los derechos de los trabajadores, de las PYMEs y de las provincias, le impone a la oposición la instalación de una figura de mucha fuerza con una propuesta contundente.
Por Luis Bruschtein
Fuente: Página 12
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