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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 16-11-2024 / 08:11
EL PARTIDO JUDICIAL Y EL LAWFARE REEMPLAZARON AL PARTIDO MILITAR Y A LA DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL

Una condena proscriptiva sin pruebas se convierte en una condena al sistema judicial corrupto controlado por el macrismo

Una condena proscriptiva sin pruebas se convierte en una condena al sistema judicial corrupto controlado por el macrismo
Mostrar las cifras de la jubilación y de la pensión que le corresponden, tiene impacto y funcionó para muchas personas. Ninguno de los entrevistados por TN o La Nación+ pudieron mostrar las pruebas. Todo el fallo repite “quedó comprobado” y no dice por qué. Una condena proscriptiva sin pruebas se convierte en una condena a los jueces que la emiten. Es una condena al sistema judicial.
Al exhibir la jubilación de Cristina Kirchner y la pensión que recibe por su marido, el gobierno intentó ocultar la falta de pruebas y la vergonzosa connivencia con Mauricio Macri y el poder económico y mediático de casi todos los funcionarios judiciales que participaron en su condena.
 
Sin pruebas, la sentencia fue más el escarmiento a una opositora, un acto de proscripción. Las penas a los responsables de 39 crímenes durante la represión del 2001 fueron más leves y no los inhabilitaron en forma perpetua para la función pública como hicieron con la ex presidenta.
 
En el gobierno saben que no pueden retirar la jubilación y la pensión de la ex presidenta y viuda de un ex presidente. Sólo hubiera podido el Congreso, cuando ella estaba en funciones, a través de un juicio político para destituirla. Todo es una gran patraña, una jugada mugrienta, típica de los libertarios y/o del macrismo para impactar en la opinión pública, aunque no tenga consistencia institucional.
 
El mecanismo que usaron fue el mismo que el de las causas judiciales. Pero Cristina Kirchner no cobra un solo peso más de lo que establece la ley.
 
El impacto de la confirmación de la condena se sintió en las redes y en los medios que no están subordinados al gobierno y al macrismo. Circuló incluso un video donde el actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona cuestionaba en 2022 la condena de una Cámara Federal integrada por el juez Rodrigo Giménez Uriburu y el fiscal Diego Luciani que se juntaban a jugar al fútbol en la quinta de Mauricio Macri.
 
Las redes se llenaron de alusiones a los jueces del fuero federal Julián Ercolini, Gustavo Hornos, Mariano Llorens, Giménez Uriburu, Mariano Borinsky y el inefable y ya fallecido Claudio Bonadio. Todos ellos con vínculos personales con Mauricio Macri, el adversario político de Cristina Kirchner y uno de los dos principales contratistas del Estado. Hay fiscales que trabajaron en Boca Juniors cuando lo presidía Mauri.
 
El dispositivo judicial macrista no solamente funcionó para atacar a sus competidores políticos, sino también para frenar causas que comprometen al grupo familiar, como la del Correo, las autopistas o los parques eólicos. Es psicología inversa. Cuando el patotero va a golpear a un tipo, lo denuncia a los gritos de haber asesinado a su madre.
 
En cualquier parte del mundo, la figura más obvia de corrupción es la de un presidente que a la vez es uno de los dos principales contratistas del Estado. Los argentinos votaron eso, previamente atiborrados de denuncias de corrupción contra sus principales competidores.
 
Y funcionó para muchas personas. Mostrar las cifras de la jubilación y de la pensión que le corresponden, tiene impacto. Ninguno de los entrevistados por TN o La Nación+ pudieron mostrar las pruebas. Todo el fallo repite "quedó comprobado" y no dice por qué. Una condena proscriptiva sin pruebas se convierte en una condena a los jueces que la emiten. Es una condena al sistema judicial. 
 

 
Muchos de los empresarios que pagaron 25 mil dólares el cubierto en la cena del miércoles de la fundación FARO de los libertarios, en el Yacht Club, son los mismos que se rebelaron contra el impuesto a las grandes fortunas que se utilizó para atenuar el impacto del covid.
 
Es una condena a los jueces porque no tiene sustento judicial, sino que es una medida de proscripción política. Y es una condena al sistema porque puso en evidencia que esta democracia es apenas un simulacro que castigará a los presidentes que afecten los intereses del poder económico con políticas de justicia social.
 
Es probable que haya personas que no sean kirchneristas que no se dejen arrastrar por el odio o el revanchismo y puedan constatar que en toda la acusación no hay pruebas sino deducciones forzadas. "Los hechos gritan" sobreactuó el fiscal Luciani.
 
Pero ni han podido probar que hubo un delito, sobreprecios ni obras pagadas y no terminadas. Aunque piensen que Cristina Kirchner es culpable, tienen que reconocer que en una democracia, además hay que probarlo.
 
La experiencia latinoamericana corrobora la conformación del Partido Judicial y la estrategia de la guerra judicial que, además de la pata en la Justicia, tiene otras dos en los servicios de inteligencia y en los grandes medios hegemónicos.
 
El Partido Judicial reemplazó al Partido Militar, que había quedado anacrónico porque las dictaduras no ofrecían la suficiente garantía jurídica. Y el lawfare reemplazó a la Doctrina de la Seguridad Nacional.
 
Por la Escuela de las Américas que Estados Unidos utilizaba para cooptar y entrenar en la represión, pasaron 1500 militares latinoamericanos por año, entre ellos los dictadores argentinos Roberto Viola, Jorge Videla y Fortunato Galtieri.
 
En el gobierno de Néstor Kirchner se dejaron de enviar becarios argentinos a esa escuela de dictadores, también llamada "escuela de asesinos". La influencia de la Escuela de las Américas hizo que desde los años 50 hasta los 80, América Latina estuviera infestada de dictaduras militares. No fue un fenómeno argentino aislado.
 
En los años 80, Estados Unidos readaptó su estrategia para la región. La Seguridad Nacional quedó en un segundo plano y se priorizó la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en América Latina. Organizaron seminarios del Departamento de Justicia, visitas y becas.
 
El Partido Judicial y el lawfare infestaron el continente, sólo para perseguir a líderes populares. Cristina Kirchner fue condenada, Lula da Silva encarcelado, Rafael Correa debió exiliarse y Evo Morales se salvó del linchamiento. El objetivo ha sido muy claro. Tampoco es un fenómeno aislado en Argentina.
 
Pero la persecución a estos dirigentes sólo logró su permanencia a lo largo de los últimos veinte años. Los dirigentes de la derecha pierden vigencia, pero estos líderes populares la mantienen.
 
Mientras el gobierno de Javier Milei envió a la pobreza ocho millones de argentinos de clase media, los gobiernos de Néstor y Cristina, sacaron de la pobreza a 9,3 millones de personas que se convirtieron en clase media, según cifras del Banco Mundial.
 
Esa ha sido la razón principal de su vigencia, a la que contribuyó la persecución permanente, que los ha fortalecido ante una parte de la sociedad. Cristina Kirchner ha soportado que la hostiguen y afecten la salud de sus hijos, destruyan sus domicilios, incluso que gatillen una pistola en su cabeza. Y acaba de ser elegida presidenta del Partido Justicialista que, hasta ahora, ha sido el centro de la oposición.
 
Y no sería para descartar que incluso encabece las listas del año que viene en la provincia de Buenos Aires, donde mantiene un alto índice de imagen positiva, más aún que cualquiera de los posibles candidatos libertarios.
 
El perfil de Milei, más inclinado a la extorsión que al diálogo, con un discurso extremista que sólo reconoce privilegios de empresarios y banqueros y combate los derechos de los trabajadores, de las PYMEs y de las provincias, le impone a la oposición la instalación de una figura de mucha fuerza con una propuesta contundente.    
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página 12
 

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02-04-2026 / 18:04
01-04-2026 / 14:04
La Argentina de Javier Milei ha ingresado en una fase peligrosa: la de la construcción de una realidad paralela. Mientras las persianas de las pymes se bajan definitivamente, los comedores populares se desbordan y el consumo de leche cae a niveles históricos, el Gobierno nacional ha decidido que la mejor manera de combatir la pobreza no es con políticas públicas, sino con un lápiz y una goma de borrar en las oficinas del INDEC.


El reciente anuncio que sitúa la pobreza en un 28,2% para el segundo semestre de 2025 no es solo una provocación; es un insulto a la inteligencia de un pueblo que sobrevive en el ajuste más brutal de la historia argentina moderna. Estamos ante el "milagro estadístico" de un gobierno que pretende hacernos creer que, en medio de una recesión galopante y salarios de miseria, la pobreza ha retrocedido por arte de magia.



Javier Milei ha decidido abrazar el dogma por encima de la vida. Su gestión se ha convertido en una maquinaria de propaganda que utiliza la macroeconomía financiera para ocultar la microeconomía de la heladera vacía. Festejar un 28,2% de pobreza en un contexto de desguace del Estado, entrega de la soberanía y destrucción del mercado interno no es solo cinismo; es una declaración de guerra contra la realidad.



El Gobierno podrá seguir "dibujando" números y publicando gráficos en redes sociales, pero la calle tiene su propia estadística. Y en esa estadística, la que se mide en el boleto de colectivo, en el alquiler impagable y en el plato de comida que falta, el modelo de Milei solo ha demostrado ser un éxito en una sola cosa: en producir una miseria estructural que ningún comunicado oficial podrá ocultar por mucho tiempo. El despertar de este sueño estadístico será, lamentablemente, una pesadilla social de la que nos costará años recuperarnos.


De la redacción de La Opinión Popular

31-03-2026 / 16:03
29-03-2026 / 15:03
La gestión de Javier Milei atraviesa un momento muy complejo, atrapada en una tenaza que combina corrupción sistémica y degradación económica. La narrativa de austeridad se ha quebrado frente a pruebas judiciales contundentes: por un lado, el Caso $LIBRA, donde el peritaje técnico confirma un esquema de promoción de estafas piramidales que involucra directamente al Presidente y a Karina Milei por presuntos cobros millonarios; por otro, el escándalo de Manuel Adorni, cuya utilización de vuelos privados y un crecimiento patrimonial injustificado -que incluye mansiones y gastos de lujo- lo colocan como el nuevo emblema de los privilegios que el Gobierno prometió desterrar.

Sin embargo, el factor que transforma estos escándalos en un veneno letal para el oficialismo es el contexto de asfixia social. La paciencia popular, que hasta hace poco funcionaba como un cheque en blanco, se está agotando ante una realidad incontrastable marcada por la pobreza récord Con indicadores que ya superan el 55%, el ajuste ha dejado de caer sobre la política para ensañarse con la clase media y los sectores vulnerables; la inflación persistente, la cual, a pesar del discurso oficial, el costo de vida -especialmente en alimentos y servicios públicos- sigue demoliendo el poder adquisitivo de los salarios. A esto se le suma la crisis de expectativas: El contraste entre el "no hay plata" para comedores escolares y el despliegue de recursos en el entorno de Adorni ha roto el vínculo de confianza con su base electoral.


En definitiva, la caída en las encuestas no es solo producto de los tribunales; es el resultado de un modelo que pide sacrificios extremos a la población mientras sus máximos referentes se ven cercados por causas de corrupción que huelen a vieja política. La "libertad" parece haberse convertido, para el círculo íntimo del poder, en la libertad de gozar de privilegios mientras el resto del país cae en la indigencia.


De la redacción de La Opinión Popular

28-03-2026 / 07:03
La historia, caprichosa pero justa, suele poner las cosas en su lugar. El reciente fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que rechaza de plano la demanda de los fondos buitres contra la República Argentina por la recuperación de YPF, no es solo un alivio para las cuentas públicas; es la partida de nacimiento de una verdad que el relato libertario intentó asfixiar: la soberanía nacional no fue un error, sino el acierto estratégico más importante del siglo XXI.


Este veredicto no constituye únicamente una victoria jurídica, sino que representa una reivindicación política total para Axel Kicillof. En 2012, el entonces ministro de Economía comprendió que un país sin el control de su propia energía es un país sin destino. El tiempo, ese juez implacable, terminó por darle la razón: hoy, Vaca Muerta no es una entelequia, sino una realidad que bate récords de producción y sostiene el andamiaje de una Argentina que, de otro modo, estaría de rodillas.

 
En este escenario, es imperativo apelar a la memoria y desenmascarar el cinismo. El hoy presidente no fue un observador neutral en esta disputa; fue un militante activo y un lobbista desfachatado del bando buitre. Javier Milei, el mismo hombre que ahora intenta "caranchear" miserablemente un triunfo judicial ajeno, construyó su carrera mediática descalificando sistemáticamente la recuperación de YPF como un "robo" y un "atropello a la propiedad privada". Su alineamiento con el capital especulativo fue tan obsceno que llegó a proponer la creación de un humillante "Impuesto Kicillof": una tasa destinada a esquilmar al pueblo argentino para pagarle a los fondos buitres una deuda que, hoy lo sabemos, era ilegítima. Como bien señaló el gobernador bonaerense ante la contundencia del fallo: "Es lamentable que el presidente de la Nación haya defendido a los fondos buitres en lugar de defender los intereses del país".

 
La contundencia de la sentencia dictada en Nueva York se traduce en una victoria multidimensional. En el plano fiscal, la Argentina logra un alivio monumental al evitar el desembolso de una cifra astronómica fabricada por la voracidad especuladora. En lo estratégico, el fallo ratifica la legalidad internacional de la expropiación, blindando la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Finalmente, en el terreno político, el veredicto desmantela el relato de la "mala praxis" esgrimido por Milei, validando la solvencia técnica y el coraje de una defensa que priorizó el patrimonio nacional por sobre los dictados de los mercados financieros internacionales.


De la redacción de La Opinión Popular
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