19:40 | Miercoles 11 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 13-11-2024 / 08:11

EL OBJETIVO, ASEGURA CFK, ES SU SUPRESIÓN POLÍTICA, POR LO QUE “SI NO ME MATARON TENGO QUE ESTAR PRESA”

Copitos de Comodoro Py: Hornos, Borinsky y Barroetaveña, los tres íntimos de Macri, preparan el fallo proscriptivo contra Cristina

A horas de que Casación se pronuncie sobre su condena en la causa trucha de Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner calificó de Copitos, en alusión a los que atentaron contra su vida, a los jueces que sin prueba alguna pondrán su firma en el fallo: los camaristas Hornos, Borinsky y Barroetaveña, los tres íntimos de Mauricio Macri, el socio político de Javier “el Loco” Milei. El objetivo, asegura CFK, es su supresión política, por lo que “si no me mataron tengo que estar presa”.

A horas de que Casación se pronuncie sobre su condena en la causa trucha de Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner calificó de Copitos, en alusión a los que atentaron contra su vida, a los jueces que sin prueba alguna pondrán su firma en el fallo: los camaristas Hornos, Borinsky y Barroetaveña, los tres íntimos de Mauricio Macri, el socio político de Javier "el Loco" Milei. El objetivo, asegura CFK, es su supresión política, por lo que "si no me mataron tengo que estar presa".

"Son los Copitos de Comodoro Py". Con esta durísima definición, Cristina asimiló a los jueces de la Casación Federal con el grupito que intentó matarla el 1º de septiembre de 2022. La exmandataria hizo referencia a aquel título posterior al atentado "la bala que no salió y el fallo que sí saldrá", marcando que, tanto aquel grupo que vendía copitos de azúcar como estos magistrados, intentaron e intentan terminar con su vida física y política.

Cristina dio a conocer en las redes sociales un texto antes de la audiencia prevista para este miércoles. El escenario será ocupado, a las 11, por los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación, en lo que la mayoría de los habitúes de Comodoro Py consideran -irónicamente-, una sesión de fotos de los magistrados. Por lo que se sabe, se ratificará la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para la expresidenta, aunque CFK no irá presa dado que se presentará un recurso ante la Corte Suprema.

En su texto, Cristina describe a los jueces que denomina Los Copitos de Comodoro Py. "Son Mariano Borinsky, que jugaba al tenis con Mauricio Macri en Olivos; Gustavo Hornos, que visitaba a Macri en la Rosada y que está denunciado por acoso sexual y violación; y Diego Barroetaveña, dirigente de la lista macrista de los magistrados para el Consejo de la magistratura".

"Todos ellos van a confirmar la condena del Tribunal Oral integrado por otros miembros de la misma banda. Rodrigo Giménez Uriburu, el que junto al fiscal de la causa, Diego Luciani, tenían un equipo de fútbol llamado Liverpool que jugaba en un torneo organizado en la quinta privada de Mauricio Macri. La imparcialidad de los jueces... te la debo".

La expresidenta también hizo referencia a que un presidente no tiene, ni remotamente, facultades para intervenir en una licitación y adjudicación realizada en una provincia. "¿Por qué me condenan Los Copitos de Comodoro Py? --pregunta retóricamente CFK--. Por un delito que como Presidenta nunca pude haber cometido: el de administración fraudulenta en obras viales, aprobadas por el Parlamento en los presupuestos nacionales, licitadas, ejecutadas y pagadas por el gobierno de la Provincia de Santa Cruz y aprobada su rendición de cuentas por la Auditoria General de la Nación y el Congreso de la Nación desde 2003 al 2015".

"Tan es así, que ningún jefe de Gabinete de la Nación --constitucionalmente responsable de la ejecución del presupuesto y la administración del país-- fue acusado y que el propio ministro nacional responsable del área durante nuestros tres gobiernos, fue absuelto. Se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo", siguió Cristina.

CASACIÓN SE PREPARA PARA EL FALLO PROSCRIPTIVO CONTRA CFK EN LA CAUSA VIALIDAD

"Un zafarrancho judicial con el único objetivo de proscribirme"

En la víspera del fallo, la expresidenta denunció el montaje mediático y la persecución política detrás de la sentencia que leerán este miércoles los jueces Borinsky, Hornos y Barroetaveña. "Una vez más el peronismo y la proscripción. Nada nuevo bajo el sol", denunció. Y remató: "Hagan lo que hagan, no van a hacerme callar".

Además, subrayó que la causa "empezó como un show y va a terminar de la misma manera". Recordó que la primera audiencia del juicio tuvo lugar el 21 de mayo del 2019, "en perfecta sintonía con el cronograma electoral" de aquél año, y que los camaristas "estiraron el juicio" otros cuatro años para repetir el procedimiento hasta llegar a marzo del 2023 --otro turno electoral--, cuando leyeron "los fundamentos de la condena". CFK remató esa línea argumental subrayando que el "show" de este miércoles volverá a coincidir con un hecho político, esta vez con su llegada a la presidencia del Partido Justicialista. "Tanta puntería electoral no es casualidad y se nota mucho", apuntó.

En varios pasajes de la carta, CFK remarcó que el fallo busca proscribirla "de por vida" para ejercer cargos públicos. En uno de esos pasajes compara esa pena con la que recibieron los verdugos de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 que dejó un reguero de sangre. El entonces secretario de seguridad de Fernando de La Rúa, Enrique Mathov, y su jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, recibieron la inhabilitación por 9 años y medio y por 8, respectivamente. "O sea: a los responsables de 31 muertes en Plaza de Mayo les impusieron una pena muchísimo más leve que a mí", argumentó.

Esa comparación, dijo, "ilustra mejor que nada el zafarrancho judicial" del fallo de hoy y que "el verdadero objetivo" es proscribirla. "Una vez más el peronismo y la proscripción. Nada nuevo bajo el sol", remató. "Sepan que hagan lo que hagan, no van a hacerme callar. No fui ni seré nunca mascota del poder", concluyó.

Otro capítulo bochornoso

Este miércoles se cerrará otro capítulo bochornoso de esta historia que nació con toda la intención de perseguir a la ex presidenta. Poco después de llegar a la Casa Rosada, Mauricio Macri designó en Vialidad Nacional a un ultramacrista, Javier Iguacel. Su resolución número 1 fue ordenar una auditoría de las obras viales, no en todas las provincias ni en algunas, sólo en un distrito: Santa Cruz. El objetivo era, sin dudas, el kirchnerismo y Cristina en particular.

Los tres auditores designados por el macrismo llegaron a las siguientes conclusiones:

* "no se evidencias deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse..."

* "lo que figuraba como pagado estaba hecho".

* "si nos ceñimos estrictamente a los aspectos técnicos que formaron parte de la encomienda que me fue asignada, y observamos que los desajustes no fueron relevantes con relación a las respectivas obras, estamos hablando de desajustes del 0,1 por ciento".

O sea, la auditoría destrozó la publicidad puesta en marcha por Macri y los medios aliados: no hubo obras que no se hicieron; no se pagó nada que no estuviera construido; lo construido estuvo bien construido.

Denunciar, como sea

Pese a semejantes conclusiones, el propio Iguacel hizo la denuncia en enero de 2016, cambiando las acusaciones con el correr de los meses.

* Por ejemplo, sostuvo que a Santa Cruz se le habían adjudicado demasiadas rutas, cuando la realidad es que las obras -como señala CFK en su texto- se votaron en el Congreso Nacional. Más o menos se construyeron un 12 por ciento del total de kilómetros adjudicados en todo el país, proporción muy similar a la extensión de esa provincia: 12 por ciento del territorio nacional.

* Después el argumento central pasó a ser que el gobierno de CFK favoreció a Lázaro Báez porque éste ganó 51 de los 81 tramos que se licitaron en Santa Cruz, se adjudicaron en Santa Cruz y se controlaron en Santa Cruz. Como declararon varios empresarios en el juicio, incluyendo al primo de Macri, Angelo Calcaterra, era lógico que ganara Báez porque tenía el personal y las máquinas en Santa Cruz y porque contaba con el know how para trabajar en un terreno muy dificultoso. El mismo fenómeno se repetía en muchísimas provincias: las constructoras de la zona hegemonizan las obras, juegan de locales.

* En todo el proceso de la causa no se hizo ni una pericia. O sea, se llegó al juicio oral sosteniendo que había sobreprecios en las obras, pero en cuatro años no se había ordenado ni un solo estudio para sostener semejante acusación.

* Los fiscales sostuvieron que los Kirchner sacaban rédito de las obras, porque como le habían alquilado dos hoteles y oficinas a Lázaro Báez, esos alquileres eran una especie de coima que pagaba el constructor. El abogado de CFK ofreció que en el juicio oral se incluyera el expediente Hotesur-Los Sauces para tratar todo como un conjunto. Los jueces se negaron. Es que las proporciones no encajaban para nada: Báez hizo obras por 21.000 millones de pesos y los alquileres -concretados a precios de mercado- sumaron 10 millones de pesos, o sea el 0,04 por ciento. Obvio que no había proporción alguna.

*Un punto fundamental de la acusación contra Cristina es que la mandataria firmó el decreto 54 de 2009 que habilitaba a usar un fideicomiso, armado en función de un impuesto a los combustibles, para pagar las obras viales. En realidad, el decreto habilitó el mecanismo para las obras de todo el país: unas 500.

Pero el punto central es lo que marca CFK en su pronunciamiento: la mandataria de entonces no intervino en nada, no hay una firma -ni podría haberla- de la presidenta en ninguna de las licitaciones, adjudicaciones o pagos.

El juicio eterno

Las audiencias de la causa Vialidad se desarrollaron a lo largo de tres años y medio. Nada menos. En ese tiempo, el abogado Beraldi pidió el apartamiento del fiscal Diego Luciani y el presidente del tribunal Rodrigo Gimenez Uriburu porque jugaban al fútbol en la quinta de Mauricio Macri, Los Abrojos, y también recusó al juez Jorge Gorini por reuniones con la ministra de Macri, Patricia Bullrich. El letrado sostuvo que había fundadas sospechas para dudar de su imparcialidad.

*En todo el juicio no se pudieron demostrar sobreprecios en las obras. Los tres especialistas convocados no se pusieron de acuerdo y los dos peritos oficiales, del tribunal y la fiscalía, naufragaron de manera estrepitosa. De manera insólita, los propios jueces se constituyeron en peritos y dijeron que el estado fue perjudicado en 646.000 millones de pesos, un cálculo arbitrario que hicieron en base a cinco de las 81 obras viales de Santa Cruz. Nadie sabe cómo se hizo ese cálculo.

*A lo largo de todo el juicio, ni los fiscales ni los jueces pudieron explicar por qué los competidores de Báez, es decir otras empresas constructoras, no objetaron las licitaciones, no judicializaron las adjudicaciones. Los magistrados dijeron que todos fueron cómplices de la maniobra, algo imposible porque los demás empresarios, nucleados en la Cámara de la Construcción, odiaban a Báez. Por otra parte, nadie fue acusado de cómplice.

*Un punto central es que en los tres años y medio de audiencias -presenciadas por este cronista- ni un solo testigo nombró a Cristina, señaló alguna intervención de la entonces presidenta, no se presentó un correo electrónico, un mensaje algún elemento mediante el cual la mandataria indicara que se le de alguna ventaja a Báez.

*Al final del alegado, huérfanos de prueba, los fiscales Luciani y Diego Mola alegaron que en el celular de José López, aquel secretario de Obras Públicas sorprendido tirando millones de dólares en un convento, aparecieron mensajes en los que se pactó una reunión entre CFK y Báez, al final del mandato de Cristina, en noviembre de 2015. Se argumentó que en ese encuentro se pactó un pago a Báez de millones de pesos. La reunión no existió y no hubo pago alguno. Aun así, eso se llamó la operación Limpiar todo, antes de dejar el gobierno. Puro marketing persecutorio.

La trama de la persecución

El fallo del Tribunal Oral fue revisado por la Sala IV de la Casación. Los tres jueces fueron recusados por Beraldi y su socio, Ari LLernovoy. Como relata Cristina: Mariano Borinsky por haber estado 18 veces con Mauricio Macri, en algunas oportunidades jugando al tenis en Olivos. Gustavo Hornos porque fue seis veces a la Casa Rosada, siempre en vísperas de fallos importantes, y se encontró en esas visitas también con Macri. Barroetaveña porque ya había opinado contra Cristina en otra causa igualmente deplorable -la llamada Ruta del Dinero, donde no apareció nunca una cuenta o sociedad de los Kirchner- y, además, encabezó listas de magistrados alineadas con el macrismo. Respecto de Hornos pesan también las acusaciones por violencia de género de sus dos parejas, lo que incluye una violación. Cualquier juez con semejantes imputaciones se aparta de todas sus causas hasta que haya una definición. Lo cierto es que todas las recusaciones fueron rechazadas. Por lo tanto, lo que ocurrirá este miércoles, era previsible.

Finalmente, no deja de ser simbólico la impactante visita de funcionarios del Departamento de Justicia norteamericano a Comodoro Py en el mediodía de este martes. Todos saben desde hace dos meses que el fallo contra Cristina se dictaría el 13 de noviembre. La visita de la troupe de Washington a la Casación, un día antes, no deja de ser un respaldo público a una política -el lawfare, el uso de la justicia para la persecución- que no tiene un diseño original argentino: se usó contra Lula, en Brasil; contra Rafael Correa en Ecuador; contra Evo Morales en Bolivia; contra Fernando Lugo en Paraguay. El guion está dictado desde el norte y va contra cualquier mandatario o dirigente progresista.

Por Raúl Kollmann

Fuente: Página 12

11-02-2026 / 11:02

Rebelión policial en Santa Fe por salarios de miseria, corrupción y malos tratos

La crisis policial volvió a estallar en Santa Fé, continúa también en la Federal y amenaza con extenderse a otras provincias y otras fuerzas. Se viene alertando sobre la situación desde hace 10 días. La base excluyente es la cuestión salarial -suboficiales que cobran 850.000 pesos-, pero deriva en un feroz endeudamiento y, casi de inmediato, en problemas psiquiátricos.

Los mayores dramas terminan en una oleada de suicidios, 2 en los últimos 8 días en Rosario. A esto se agregan los malos tratos y la corrupción. En Santa Fé, la mayoría de los policías son del norte provincial y deben viajar entre 200 y 600 kilómetros para prestar servicio en Rosario.

Para eso les ponen micros en estado deplorable y las travesías suelen tardar 8 horas. Los bajos salarios derivaron en que casi no se reclutan hombres y la mayoría de los policías son mujeres, que tienen que recorrer esas distancias para ver a sus hijos. La protesta masiva y explosiva era previsible. Este diario recibió una nueva denuncia judicial sobre las increíbles maniobras de los jefes de una Unidad Operativa de la Federal.

Los llaman "la corona" y esos superiores se quedan con dinero de las horas adicionales, informan de efectivos que no existen, "rodean una zona con un policía" (sic), desarman investigaciones para concentrarse en narcomenudeo y hacer estadísticas para conformar al Ministerio de Seguridad y hasta liberan vastas zonas en acuerdo con un jefe narco regional. "Sólo hay plata para los proyectiles antidisturbios", dicen los rebeldes.

Durante la semana pasada se produjo el encadenamiento a la reja de la Casa Rosada del cabo Miguel Ángel Montiel, de la Policía Federal. El efectivo reclamaba por la situación salarial y también por la corrupción en la Superintendencia de Transporte, que integran los policías que custodian el ferrocarril. Los jefes de la Federal filtraron que Montiel estuvo con carpeta psiquiátrica y que por eso realizaba la protesta.

Página/12 relató la trastienda de la crisis policial, con la cuestión salarial como punto clave -lo que le sucede a todos los estatales-, pero con tramas de ribetes escandalosos: destinos fantasmas, es decir jefes que les dan horas extras a unos y no a otros, efectivos que ni siquiera concurren y comparten lo que cobran con los superiores; brutales acosos a las mujeres y groseras trampas para no realizar investigaciones de narcotráfico.

La crisis policial se expandía de manera silenciosa en la Federal y en otras fuerzas. En Santa Fé se vio algo inédito: ya no protestaron las familias y los retirados, sino efectivos en actividad, con los patrulleros, las sirenas, las motos y hasta los micros. El movimiento en Santa Fé desnuda una situación que no se ve a simple vista. Los que protestan son policías de calle y de las comisarías, con sus patrulleros. Es decir, los que están en la seguridad cotidiana de los vecinos.

Del otro lado, los que mayoritariamente respondieron al gobierno de Pullaro fueron los cuerpos especiales, Operaciones Especiales, Asalto Táctico, Infantería, que reciben bonos y adicionales de manera masiva. Ellos constituyen la estructura más orientada a la represión de los jubilados o cualquier otra protesta. Eso va en línea con lo que señala una de las denuncias: "para lo único que hay dinero es para los proyectiles antidisturbios".

10-02-2026 / 11:02

Contra la Reforma laboral esclavista de Milei, los trabajadores marchan al Congreso para exigir por sus derechos

El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.

La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.

La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.

El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.

"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".

Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.

La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.

La Opinión Popular

09-02-2026 / 09:02

¿Quién la votó?: Karina quiere el control total del gobierno y tensiona con Javier Milei

Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.

Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.

Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.

"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.

Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.

La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.

Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.

De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.

La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.

"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.

Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".

07-02-2026 / 19:02

Cero credibilidad por el escándalo del Indec que dejó a Javier Milei y a Toto Caputo con el culo al aire

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.

El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.

Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".

Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.

El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.

El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.

La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.

Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."

07-02-2026 / 11:02

Apertura comercial indiscriminada y sometimiento al imperialismo: Milei le entrega todo a Trump y no recibe nada a cambio

El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.

La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.

Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.

El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.

En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.

En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.

El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.