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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 13-11-2024 / 08:11
EL OBJETIVO, ASEGURA CFK, ES SU SUPRESIÓN POLÍTICA, POR LO QUE “SI NO ME MATARON TENGO QUE ESTAR PRESA”

Copitos de Comodoro Py: Hornos, Borinsky y Barroetaveña, los tres íntimos de Macri, preparan el fallo proscriptivo contra Cristina

Copitos de Comodoro Py: Hornos, Borinsky y Barroetaveña, los tres íntimos de Macri, preparan el fallo proscriptivo contra Cristina
A horas de que Casación se pronuncie sobre su condena en la causa trucha de Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner calificó de Copitos, en alusión a los que atentaron contra su vida, a los jueces que sin prueba alguna pondrán su firma en el fallo: los camaristas Hornos, Borinsky y Barroetaveña, los tres íntimos de Mauricio Macri, el socio político de Javier “el Loco” Milei. El objetivo, asegura CFK, es su supresión política, por lo que “si no me mataron tengo que estar presa”.
A horas de que Casación se pronuncie sobre su condena en la causa trucha de Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner calificó de Copitos, en alusión a los que atentaron contra su vida, a los jueces que sin prueba alguna pondrán su firma en el fallo: los camaristas Hornos, Borinsky y Barroetaveña, los tres íntimos de Mauricio Macri, el socio político de Javier "el Loco" Milei. El objetivo, asegura CFK, es su supresión política, por lo que "si no me mataron tengo que estar presa".
 
"Son los Copitos de Comodoro Py". Con esta durísima definición, Cristina asimiló a los jueces de la Casación Federal con el grupito que intentó matarla el 1º de septiembre de 2022. La exmandataria hizo referencia a aquel título posterior al atentado "la bala que no salió y el fallo que sí saldrá", marcando que, tanto aquel grupo que vendía copitos de azúcar como estos magistrados, intentaron e intentan terminar con su vida física y política.
 
Cristina dio a conocer en las redes sociales un texto antes de la audiencia prevista para este miércoles. El escenario será ocupado, a las 11, por los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación, en lo que la mayoría de los habitúes de Comodoro Py consideran -irónicamente-, una sesión de fotos de los magistrados. Por lo que se sabe, se ratificará la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para la expresidenta, aunque CFK no irá presa dado que se presentará un recurso ante la Corte Suprema.
  
En su texto, Cristina describe a los jueces que denomina Los Copitos de Comodoro Py. "Son Mariano Borinsky, que jugaba al tenis con Mauricio Macri en Olivos; Gustavo Hornos, que visitaba a Macri en la Rosada y que está denunciado por acoso sexual y violación; y Diego Barroetaveña, dirigente de la lista macrista de los magistrados para el Consejo de la magistratura".
 
"Todos ellos van a confirmar la condena del Tribunal Oral integrado por otros miembros de la misma banda. Rodrigo Giménez Uriburu, el que junto al fiscal de la causa, Diego Luciani, tenían un equipo de fútbol llamado Liverpool que jugaba en un torneo organizado en la quinta privada de Mauricio Macri. La imparcialidad de los jueces... te la debo".
 
La expresidenta también hizo referencia a que un presidente no tiene, ni remotamente, facultades para intervenir en una licitación y adjudicación realizada en una provincia. "¿Por qué me condenan Los Copitos de Comodoro Py? --pregunta retóricamente CFK--. Por un delito que como Presidenta nunca pude haber cometido: el de administración fraudulenta en obras viales, aprobadas por el Parlamento en los presupuestos nacionales, licitadas, ejecutadas y pagadas por el gobierno de la Provincia de Santa Cruz y aprobada su rendición de cuentas por la Auditoria General de la Nación y el Congreso de la Nación desde 2003 al 2015".
 
"Tan es así, que ningún jefe de Gabinete de la Nación --constitucionalmente responsable de la ejecución del presupuesto y la administración del país-- fue acusado y que el propio ministro nacional responsable del área durante nuestros tres gobiernos, fue absuelto. Se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo", siguió Cristina.
 

 
CASACIÓN SE PREPARA PARA EL FALLO PROSCRIPTIVO CONTRA CFK EN LA CAUSA VIALIDAD
 
"Un zafarrancho judicial con el único objetivo de proscribirme"
 
En la víspera del fallo, la expresidenta denunció el montaje mediático y la persecución política detrás de la sentencia que leerán este miércoles los jueces Borinsky, Hornos y Barroetaveña. "Una vez más el peronismo y la proscripción. Nada nuevo bajo el sol", denunció. Y remató: "Hagan lo que hagan, no van a hacerme callar".
 
Además, subrayó que la causa "empezó como un show y va a terminar de la misma manera". Recordó que la primera audiencia del juicio tuvo lugar el 21 de mayo del 2019, "en perfecta sintonía con el cronograma electoral" de aquél año, y que los camaristas "estiraron el juicio" otros cuatro años para repetir el procedimiento hasta llegar a marzo del 2023 --otro turno electoral--, cuando leyeron "los fundamentos de la condena". CFK remató esa línea argumental subrayando que el "show" de este miércoles volverá a coincidir con un hecho político, esta vez con su llegada a la presidencia del Partido Justicialista. "Tanta puntería electoral no es casualidad y se nota mucho", apuntó.
 
En varios pasajes de la carta, CFK remarcó que el fallo busca proscribirla "de por vida" para ejercer cargos públicos. En uno de esos pasajes compara esa pena con la que recibieron los verdugos de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 que dejó un reguero de sangre. El entonces secretario de seguridad de Fernando de La Rúa, Enrique Mathov, y su jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, recibieron la inhabilitación por 9 años y medio y por 8, respectivamente. "O sea: a los responsables de 31 muertes en Plaza de Mayo les impusieron una pena muchísimo más leve que a mí", argumentó.
 
Esa comparación, dijo, "ilustra mejor que nada el zafarrancho judicial" del fallo de hoy y que "el verdadero objetivo" es proscribirla. "Una vez más el peronismo y la proscripción. Nada nuevo bajo el sol", remató. "Sepan que hagan lo que hagan, no van a hacerme callar. No fui ni seré nunca mascota del poder", concluyó.
 
 
Otro capítulo bochornoso
  
Este miércoles se cerrará otro capítulo bochornoso de esta historia que nació con toda la intención de perseguir a la ex presidenta. Poco después de llegar a la Casa Rosada, Mauricio Macri designó en Vialidad Nacional a un ultramacrista, Javier Iguacel. Su resolución número 1 fue ordenar una auditoría de las obras viales, no en todas las provincias ni en algunas, sólo en un distrito: Santa Cruz. El objetivo era, sin dudas, el kirchnerismo y Cristina en particular.
 
Los tres auditores designados por el macrismo llegaron a las siguientes conclusiones:
 
* "no se evidencias deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse..."
 
* "lo que figuraba como pagado estaba hecho".
 
* "si nos ceñimos estrictamente a los aspectos técnicos que formaron parte de la encomienda que me fue asignada, y observamos que los desajustes no fueron relevantes con relación a las respectivas obras, estamos hablando de desajustes del 0,1 por ciento".
 
O sea, la auditoría destrozó la publicidad puesta en marcha por Macri y los medios aliados: no hubo obras que no se hicieron; no se pagó nada que no estuviera construido; lo construido estuvo bien construido.
 
 
Denunciar, como sea
  
Pese a semejantes conclusiones, el propio Iguacel hizo la denuncia en enero de 2016, cambiando las acusaciones con el correr de los meses.
 
* Por ejemplo, sostuvo que a Santa Cruz se le habían adjudicado demasiadas rutas, cuando la realidad es que las obras -como señala CFK en su texto- se votaron en el Congreso Nacional. Más o menos se construyeron un 12 por ciento del total de kilómetros adjudicados en todo el país, proporción muy similar a la extensión de esa provincia: 12 por ciento del territorio nacional.
 
* Después el argumento central pasó a ser que el gobierno de CFK favoreció a Lázaro Báez porque éste ganó 51 de los 81 tramos que se licitaron en Santa Cruz, se adjudicaron en Santa Cruz y se controlaron en Santa Cruz. Como declararon varios empresarios en el juicio, incluyendo al primo de Macri, Angelo Calcaterra, era lógico que ganara Báez porque tenía el personal y las máquinas en Santa Cruz y porque contaba con el know how para trabajar en un terreno muy dificultoso. El mismo fenómeno se repetía en muchísimas provincias: las constructoras de la zona hegemonizan las obras, juegan de locales.
 
* En todo el proceso de la causa no se hizo ni una pericia. O sea, se llegó al juicio oral sosteniendo que había sobreprecios en las obras, pero en cuatro años no se había ordenado ni un solo estudio para sostener semejante acusación.
 
* Los fiscales sostuvieron que los Kirchner sacaban rédito de las obras, porque como le habían alquilado dos hoteles y oficinas a Lázaro Báez, esos alquileres eran una especie de coima que pagaba el constructor. El abogado de CFK ofreció que en el juicio oral se incluyera el expediente Hotesur-Los Sauces para tratar todo como un conjunto. Los jueces se negaron. Es que las proporciones no encajaban para nada: Báez hizo obras por 21.000 millones de pesos y los alquileres -concretados a precios de mercado- sumaron 10 millones de pesos, o sea el 0,04 por ciento. Obvio que no había proporción alguna.
 
*Un punto fundamental de la acusación contra Cristina es que la mandataria firmó el decreto 54 de 2009 que habilitaba a usar un fideicomiso, armado en función de un impuesto a los combustibles, para pagar las obras viales. En realidad, el decreto habilitó el mecanismo para las obras de todo el país: unas 500.
 
Pero el punto central es lo que marca CFK en su pronunciamiento: la mandataria de entonces no intervino en nada, no hay una firma -ni podría haberla- de la presidenta en ninguna de las licitaciones, adjudicaciones o pagos.
 
 
El juicio eterno
  
Las audiencias de la causa Vialidad se desarrollaron a lo largo de tres años y medio. Nada menos. En ese tiempo, el abogado Beraldi pidió el apartamiento del fiscal Diego Luciani y el presidente del tribunal Rodrigo Gimenez Uriburu porque jugaban al fútbol en la quinta de Mauricio Macri, Los Abrojos, y también recusó al juez Jorge Gorini por reuniones con la ministra de Macri, Patricia Bullrich. El letrado sostuvo que había fundadas sospechas para dudar de su imparcialidad.
 
*En todo el juicio no se pudieron demostrar sobreprecios en las obras. Los tres especialistas convocados no se pusieron de acuerdo y los dos peritos oficiales, del tribunal y la fiscalía, naufragaron de manera estrepitosa. De manera insólita, los propios jueces se constituyeron en peritos y dijeron que el estado fue perjudicado en 646.000 millones de pesos, un cálculo arbitrario que hicieron en base a cinco de las 81 obras viales de Santa Cruz. Nadie sabe cómo se hizo ese cálculo.
 
*A lo largo de todo el juicio, ni los fiscales ni los jueces pudieron explicar por qué los competidores de Báez, es decir otras empresas constructoras, no objetaron las licitaciones, no judicializaron las adjudicaciones. Los magistrados dijeron que todos fueron cómplices de la maniobra, algo imposible porque los demás empresarios, nucleados en la Cámara de la Construcción, odiaban a Báez. Por otra parte, nadie fue acusado de cómplice.
 
*Un punto central es que en los tres años y medio de audiencias -presenciadas por este cronista- ni un solo testigo nombró a Cristina, señaló alguna intervención de la entonces presidenta, no se presentó un correo electrónico, un mensaje algún elemento mediante el cual la mandataria indicara que se le de alguna ventaja a Báez.
 
*Al final del alegado, huérfanos de prueba, los fiscales Luciani y Diego Mola alegaron que en el celular de José López, aquel secretario de Obras Públicas sorprendido tirando millones de dólares en un convento, aparecieron mensajes en los que se pactó una reunión entre CFK y Báez, al final del mandato de Cristina, en noviembre de 2015. Se argumentó que en ese encuentro se pactó un pago a Báez de millones de pesos. La reunión no existió y no hubo pago alguno. Aun así, eso se llamó la operación Limpiar todo, antes de dejar el gobierno. Puro marketing persecutorio.
 
 
La trama de la persecución
  
El fallo del Tribunal Oral fue revisado por la Sala IV de la Casación. Los tres jueces fueron recusados por Beraldi y su socio, Ari LLernovoy. Como relata Cristina: Mariano Borinsky por haber estado 18 veces con Mauricio Macri, en algunas oportunidades jugando al tenis en Olivos. Gustavo Hornos porque fue seis veces a la Casa Rosada, siempre en vísperas de fallos importantes, y se encontró en esas visitas también con Macri. Barroetaveña porque ya había opinado contra Cristina en otra causa igualmente deplorable -la llamada Ruta del Dinero, donde no apareció nunca una cuenta o sociedad de los Kirchner- y, además, encabezó listas de magistrados alineadas con el macrismo. Respecto de Hornos pesan también las acusaciones por violencia de género de sus dos parejas, lo que incluye una violación. Cualquier juez con semejantes imputaciones se aparta de todas sus causas hasta que haya una definición. Lo cierto es que todas las recusaciones fueron rechazadas. Por lo tanto, lo que ocurrirá este miércoles, era previsible.
 
Finalmente, no deja de ser simbólico la impactante visita de funcionarios del Departamento de Justicia norteamericano a Comodoro Py en el mediodía de este martes. Todos saben desde hace dos meses que el fallo contra Cristina se dictaría el 13 de noviembre. La visita de la troupe de Washington a la Casación, un día antes, no deja de ser un respaldo público a una política -el lawfare, el uso de la justicia para la persecución- que no tiene un diseño original argentino: se usó contra Lula, en Brasil; contra Rafael Correa en Ecuador; contra Evo Morales en Bolivia; contra Fernando Lugo en Paraguay. El guion está dictado desde el norte y va contra cualquier mandatario o dirigente progresista.
 
Por Raúl Kollmann
 
Fuente: Página 12
 

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06-01-2026 / 12:01
Efecto motosierra. Denuncian que el Ejecutivo despidió a los especialistas que coordinan el plan a nivel nacional. Unos 7.000 bebés nacen con malformaciones cardíacas cada año. El cruel gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei vació el Programa de Cardiopatías Congénitas y miles de niños luchan por sus vidas. En 2023, el desquiciado Milei había votado en contra de la ley.
 
Un repentino recorte en el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC) encendió las alarmas en el sector de salud en toda la Argentina. Sin aviso previo, el Gobierno de Milei instrumentó un fuerte ajuste sobre el plan, que cada año asiste a unos 7.000 bebés que nacen con malformaciones en el corazón, y despidió al equipo de especialistas que coordina el proyecto en el país. Médicos advierten por la "situación crítica" en el área.
 
En los últimos días, el Gobierno libertario ordenó el desmantelamiento del PNCC a través de una medida imprevista como parte de los recortes en la órbita del Ministerio de Salud. El Programa fue creado en 2008 y ayudó a reducir drásticamente la mortalidad por causas de cardiopatías congénitas, según informó la Federación Argentina de Cardiología (FAC) luego de que se diera a conocer la resolución.
 
En concreto, Milei autorizó la desvinculación de los profesionales especializados que conducen el plan a nivel nacional. En un comunicado publicado por la Asociación Argentina de Salud Pública, médicos y personal de salud denunciaron que "se procedió al despido de integrantes fundamentales para el sostén de las actividades" del área, lo que "desencadenó la dimisión del resto del equipo coordinador".
 
Dada esa situación, el PNCC quedó diezmado y ahora crece la preocupación por el futuro del Programa que ayuda a tratar tanto a niños como a adultos en todo el país. Cabe destacar que, en 2023, cuando todavía era diputado, Milei votó en contra de la Ley de Cardiopatías Congénitas ya que "implicaba más presencia del Estado" y "más gastos", y, principalmente, el proyecto "interfería en la vida de los individuos". Una ridiculez.
 
Organizaciones científicas, asociaciones médicas y organizaciones de familias se encuentran promoviendo acciones de divulgación y plan de lucha para revertir esta inhumana decisión del miserable Gobierno de Milei que una vez más afecta a los más débiles.
 
La Opinión Popular
 

05-01-2026 / 11:01
El Congreso de Estados Unidos planteó reparos al swap de 20 mil millones de dólares que la administración de Donald Trump le otorgó al gobierno argentino. Los congresistas estadounidenses advirtieron que la gestión de Javier Milei aún no puede garantizar la sostenibilidad de sus reformas, el pago de la deuda a tiempo ni la relevancia como socio comercial.
 
Estos planteos fueron plasmados por el Servicio de Investigación del Congreso (CRS) estadounidense en un informe. El mismo se centró en la asistencia financiera del gobierno de Estados Unidos a Argentina, y expone que el principal obstáculo para la política económica argentina es la limitada disponibilidad de divisas.
 
En este sentido, el documento destacó que el swap se implementó en un contexto de presión sobre el valor del peso y creciente oposición en el Congreso argentino. Además, advirtió que dicho instrumento financiero es la principal fuente de divisas de Argentina, ya que el país "no cuenta con un superávit comercial sólido".
 
Dicho esto, el análisis alertó que "con el peso cerca del techo de la banda y pagos de deuda en aumento para los próximos tres años, el Gobierno podría enfrentar nuevos obstáculos para profundizar las reformas".
 
Asimismo, proyectó que "si el Gobierno queda sin fondos suficientes para los pagos de deuda y para sostener la política cambiaria, podría enfrentar decisiones difíciles, como un décimo default o permitir una mayor flexibilidad en el valor del peso".
 
En ese escenario, señaló que "el gobierno podría buscar apoyo adicional de Estados Unidos, el FMI (Fondo Monetario Internacional) u otros organismos", al remarcar que "las perspectivas de obtener ese apoyo no son claras, dadas las dudas sobre la disposición del FMI para ampliar la asistencia, considerando su alta exposición a Argentina en comparación con otros países miembros".
 
Al mismo tiempo, el informe sostuvo que "también existen dudas sobre la importancia de Argentina como socio comercial para Estados Unidos, ya que sus crisis previas no han tenido efectos de contagio significativos para la economía estadounidense ni global".
 
El CRS repasó la "larga historia de turbulencia económica" argentina y lo calificó como un país con una alta dependencia del FMI e historial de defaults. Asimismo, si bien destacó las reformas implementadas por la gestión de Milei, señaló que se vienen dando resultados ambiguos.
 
El escrito también exhibe las críticas de algunos congresistas estadounidenses sobre el swap. Los mismos señalan que desfavorece a los exportadores estadounidenses que compiten con Argentina, que utiliza dinero de los contribuyentes para financiar a un país con un historial de incumplimiento de pagos, y que podría ejercer una influencia indebida en las elecciones democráticas extranjeras o beneficiar a inversores privados.
 
El CRS concluye que el futuro de la estabilidad económica y el pago de la deuda argentina sigue envuelto en un manto de "duda", y aún está por verse hasta qué punto el Congreso estadounidense apoyará las medidas de asistencia económica de Trump.
 
La Opinión Popular
 

04-01-2026 / 17:01
La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.
 
Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.
 
Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".
 
El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.
 
Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.
 
Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.
 
Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.
 
El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.
 
"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.
 
No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.
 

02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

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