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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 13-11-2024 / 08:11
EL OBJETIVO, ASEGURA CFK, ES SU SUPRESIÓN POLÍTICA, POR LO QUE “SI NO ME MATARON TENGO QUE ESTAR PRESA”

Copitos de Comodoro Py: Hornos, Borinsky y Barroetaveña, los tres íntimos de Macri, preparan el fallo proscriptivo contra Cristina

Copitos de Comodoro Py: Hornos, Borinsky y Barroetaveña, los tres íntimos de Macri, preparan el fallo proscriptivo contra Cristina
A horas de que Casación se pronuncie sobre su condena en la causa trucha de Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner calificó de Copitos, en alusión a los que atentaron contra su vida, a los jueces que sin prueba alguna pondrán su firma en el fallo: los camaristas Hornos, Borinsky y Barroetaveña, los tres íntimos de Mauricio Macri, el socio político de Javier “el Loco” Milei. El objetivo, asegura CFK, es su supresión política, por lo que “si no me mataron tengo que estar presa”.
A horas de que Casación se pronuncie sobre su condena en la causa trucha de Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner calificó de Copitos, en alusión a los que atentaron contra su vida, a los jueces que sin prueba alguna pondrán su firma en el fallo: los camaristas Hornos, Borinsky y Barroetaveña, los tres íntimos de Mauricio Macri, el socio político de Javier "el Loco" Milei. El objetivo, asegura CFK, es su supresión política, por lo que "si no me mataron tengo que estar presa".
 
"Son los Copitos de Comodoro Py". Con esta durísima definición, Cristina asimiló a los jueces de la Casación Federal con el grupito que intentó matarla el 1º de septiembre de 2022. La exmandataria hizo referencia a aquel título posterior al atentado "la bala que no salió y el fallo que sí saldrá", marcando que, tanto aquel grupo que vendía copitos de azúcar como estos magistrados, intentaron e intentan terminar con su vida física y política.
 
Cristina dio a conocer en las redes sociales un texto antes de la audiencia prevista para este miércoles. El escenario será ocupado, a las 11, por los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación, en lo que la mayoría de los habitúes de Comodoro Py consideran -irónicamente-, una sesión de fotos de los magistrados. Por lo que se sabe, se ratificará la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para la expresidenta, aunque CFK no irá presa dado que se presentará un recurso ante la Corte Suprema.
  
En su texto, Cristina describe a los jueces que denomina Los Copitos de Comodoro Py. "Son Mariano Borinsky, que jugaba al tenis con Mauricio Macri en Olivos; Gustavo Hornos, que visitaba a Macri en la Rosada y que está denunciado por acoso sexual y violación; y Diego Barroetaveña, dirigente de la lista macrista de los magistrados para el Consejo de la magistratura".
 
"Todos ellos van a confirmar la condena del Tribunal Oral integrado por otros miembros de la misma banda. Rodrigo Giménez Uriburu, el que junto al fiscal de la causa, Diego Luciani, tenían un equipo de fútbol llamado Liverpool que jugaba en un torneo organizado en la quinta privada de Mauricio Macri. La imparcialidad de los jueces... te la debo".
 
La expresidenta también hizo referencia a que un presidente no tiene, ni remotamente, facultades para intervenir en una licitación y adjudicación realizada en una provincia. "¿Por qué me condenan Los Copitos de Comodoro Py? --pregunta retóricamente CFK--. Por un delito que como Presidenta nunca pude haber cometido: el de administración fraudulenta en obras viales, aprobadas por el Parlamento en los presupuestos nacionales, licitadas, ejecutadas y pagadas por el gobierno de la Provincia de Santa Cruz y aprobada su rendición de cuentas por la Auditoria General de la Nación y el Congreso de la Nación desde 2003 al 2015".
 
"Tan es así, que ningún jefe de Gabinete de la Nación --constitucionalmente responsable de la ejecución del presupuesto y la administración del país-- fue acusado y que el propio ministro nacional responsable del área durante nuestros tres gobiernos, fue absuelto. Se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo", siguió Cristina.
 

 
CASACIÓN SE PREPARA PARA EL FALLO PROSCRIPTIVO CONTRA CFK EN LA CAUSA VIALIDAD
 
"Un zafarrancho judicial con el único objetivo de proscribirme"
 
En la víspera del fallo, la expresidenta denunció el montaje mediático y la persecución política detrás de la sentencia que leerán este miércoles los jueces Borinsky, Hornos y Barroetaveña. "Una vez más el peronismo y la proscripción. Nada nuevo bajo el sol", denunció. Y remató: "Hagan lo que hagan, no van a hacerme callar".
 
Además, subrayó que la causa "empezó como un show y va a terminar de la misma manera". Recordó que la primera audiencia del juicio tuvo lugar el 21 de mayo del 2019, "en perfecta sintonía con el cronograma electoral" de aquél año, y que los camaristas "estiraron el juicio" otros cuatro años para repetir el procedimiento hasta llegar a marzo del 2023 --otro turno electoral--, cuando leyeron "los fundamentos de la condena". CFK remató esa línea argumental subrayando que el "show" de este miércoles volverá a coincidir con un hecho político, esta vez con su llegada a la presidencia del Partido Justicialista. "Tanta puntería electoral no es casualidad y se nota mucho", apuntó.
 
En varios pasajes de la carta, CFK remarcó que el fallo busca proscribirla "de por vida" para ejercer cargos públicos. En uno de esos pasajes compara esa pena con la que recibieron los verdugos de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 que dejó un reguero de sangre. El entonces secretario de seguridad de Fernando de La Rúa, Enrique Mathov, y su jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, recibieron la inhabilitación por 9 años y medio y por 8, respectivamente. "O sea: a los responsables de 31 muertes en Plaza de Mayo les impusieron una pena muchísimo más leve que a mí", argumentó.
 
Esa comparación, dijo, "ilustra mejor que nada el zafarrancho judicial" del fallo de hoy y que "el verdadero objetivo" es proscribirla. "Una vez más el peronismo y la proscripción. Nada nuevo bajo el sol", remató. "Sepan que hagan lo que hagan, no van a hacerme callar. No fui ni seré nunca mascota del poder", concluyó.
 
 
Otro capítulo bochornoso
  
Este miércoles se cerrará otro capítulo bochornoso de esta historia que nació con toda la intención de perseguir a la ex presidenta. Poco después de llegar a la Casa Rosada, Mauricio Macri designó en Vialidad Nacional a un ultramacrista, Javier Iguacel. Su resolución número 1 fue ordenar una auditoría de las obras viales, no en todas las provincias ni en algunas, sólo en un distrito: Santa Cruz. El objetivo era, sin dudas, el kirchnerismo y Cristina en particular.
 
Los tres auditores designados por el macrismo llegaron a las siguientes conclusiones:
 
* "no se evidencias deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse..."
 
* "lo que figuraba como pagado estaba hecho".
 
* "si nos ceñimos estrictamente a los aspectos técnicos que formaron parte de la encomienda que me fue asignada, y observamos que los desajustes no fueron relevantes con relación a las respectivas obras, estamos hablando de desajustes del 0,1 por ciento".
 
O sea, la auditoría destrozó la publicidad puesta en marcha por Macri y los medios aliados: no hubo obras que no se hicieron; no se pagó nada que no estuviera construido; lo construido estuvo bien construido.
 
 
Denunciar, como sea
  
Pese a semejantes conclusiones, el propio Iguacel hizo la denuncia en enero de 2016, cambiando las acusaciones con el correr de los meses.
 
* Por ejemplo, sostuvo que a Santa Cruz se le habían adjudicado demasiadas rutas, cuando la realidad es que las obras -como señala CFK en su texto- se votaron en el Congreso Nacional. Más o menos se construyeron un 12 por ciento del total de kilómetros adjudicados en todo el país, proporción muy similar a la extensión de esa provincia: 12 por ciento del territorio nacional.
 
* Después el argumento central pasó a ser que el gobierno de CFK favoreció a Lázaro Báez porque éste ganó 51 de los 81 tramos que se licitaron en Santa Cruz, se adjudicaron en Santa Cruz y se controlaron en Santa Cruz. Como declararon varios empresarios en el juicio, incluyendo al primo de Macri, Angelo Calcaterra, era lógico que ganara Báez porque tenía el personal y las máquinas en Santa Cruz y porque contaba con el know how para trabajar en un terreno muy dificultoso. El mismo fenómeno se repetía en muchísimas provincias: las constructoras de la zona hegemonizan las obras, juegan de locales.
 
* En todo el proceso de la causa no se hizo ni una pericia. O sea, se llegó al juicio oral sosteniendo que había sobreprecios en las obras, pero en cuatro años no se había ordenado ni un solo estudio para sostener semejante acusación.
 
* Los fiscales sostuvieron que los Kirchner sacaban rédito de las obras, porque como le habían alquilado dos hoteles y oficinas a Lázaro Báez, esos alquileres eran una especie de coima que pagaba el constructor. El abogado de CFK ofreció que en el juicio oral se incluyera el expediente Hotesur-Los Sauces para tratar todo como un conjunto. Los jueces se negaron. Es que las proporciones no encajaban para nada: Báez hizo obras por 21.000 millones de pesos y los alquileres -concretados a precios de mercado- sumaron 10 millones de pesos, o sea el 0,04 por ciento. Obvio que no había proporción alguna.
 
*Un punto fundamental de la acusación contra Cristina es que la mandataria firmó el decreto 54 de 2009 que habilitaba a usar un fideicomiso, armado en función de un impuesto a los combustibles, para pagar las obras viales. En realidad, el decreto habilitó el mecanismo para las obras de todo el país: unas 500.
 
Pero el punto central es lo que marca CFK en su pronunciamiento: la mandataria de entonces no intervino en nada, no hay una firma -ni podría haberla- de la presidenta en ninguna de las licitaciones, adjudicaciones o pagos.
 
 
El juicio eterno
  
Las audiencias de la causa Vialidad se desarrollaron a lo largo de tres años y medio. Nada menos. En ese tiempo, el abogado Beraldi pidió el apartamiento del fiscal Diego Luciani y el presidente del tribunal Rodrigo Gimenez Uriburu porque jugaban al fútbol en la quinta de Mauricio Macri, Los Abrojos, y también recusó al juez Jorge Gorini por reuniones con la ministra de Macri, Patricia Bullrich. El letrado sostuvo que había fundadas sospechas para dudar de su imparcialidad.
 
*En todo el juicio no se pudieron demostrar sobreprecios en las obras. Los tres especialistas convocados no se pusieron de acuerdo y los dos peritos oficiales, del tribunal y la fiscalía, naufragaron de manera estrepitosa. De manera insólita, los propios jueces se constituyeron en peritos y dijeron que el estado fue perjudicado en 646.000 millones de pesos, un cálculo arbitrario que hicieron en base a cinco de las 81 obras viales de Santa Cruz. Nadie sabe cómo se hizo ese cálculo.
 
*A lo largo de todo el juicio, ni los fiscales ni los jueces pudieron explicar por qué los competidores de Báez, es decir otras empresas constructoras, no objetaron las licitaciones, no judicializaron las adjudicaciones. Los magistrados dijeron que todos fueron cómplices de la maniobra, algo imposible porque los demás empresarios, nucleados en la Cámara de la Construcción, odiaban a Báez. Por otra parte, nadie fue acusado de cómplice.
 
*Un punto central es que en los tres años y medio de audiencias -presenciadas por este cronista- ni un solo testigo nombró a Cristina, señaló alguna intervención de la entonces presidenta, no se presentó un correo electrónico, un mensaje algún elemento mediante el cual la mandataria indicara que se le de alguna ventaja a Báez.
 
*Al final del alegado, huérfanos de prueba, los fiscales Luciani y Diego Mola alegaron que en el celular de José López, aquel secretario de Obras Públicas sorprendido tirando millones de dólares en un convento, aparecieron mensajes en los que se pactó una reunión entre CFK y Báez, al final del mandato de Cristina, en noviembre de 2015. Se argumentó que en ese encuentro se pactó un pago a Báez de millones de pesos. La reunión no existió y no hubo pago alguno. Aun así, eso se llamó la operación Limpiar todo, antes de dejar el gobierno. Puro marketing persecutorio.
 
 
La trama de la persecución
  
El fallo del Tribunal Oral fue revisado por la Sala IV de la Casación. Los tres jueces fueron recusados por Beraldi y su socio, Ari LLernovoy. Como relata Cristina: Mariano Borinsky por haber estado 18 veces con Mauricio Macri, en algunas oportunidades jugando al tenis en Olivos. Gustavo Hornos porque fue seis veces a la Casa Rosada, siempre en vísperas de fallos importantes, y se encontró en esas visitas también con Macri. Barroetaveña porque ya había opinado contra Cristina en otra causa igualmente deplorable -la llamada Ruta del Dinero, donde no apareció nunca una cuenta o sociedad de los Kirchner- y, además, encabezó listas de magistrados alineadas con el macrismo. Respecto de Hornos pesan también las acusaciones por violencia de género de sus dos parejas, lo que incluye una violación. Cualquier juez con semejantes imputaciones se aparta de todas sus causas hasta que haya una definición. Lo cierto es que todas las recusaciones fueron rechazadas. Por lo tanto, lo que ocurrirá este miércoles, era previsible.
 
Finalmente, no deja de ser simbólico la impactante visita de funcionarios del Departamento de Justicia norteamericano a Comodoro Py en el mediodía de este martes. Todos saben desde hace dos meses que el fallo contra Cristina se dictaría el 13 de noviembre. La visita de la troupe de Washington a la Casación, un día antes, no deja de ser un respaldo público a una política -el lawfare, el uso de la justicia para la persecución- que no tiene un diseño original argentino: se usó contra Lula, en Brasil; contra Rafael Correa en Ecuador; contra Evo Morales en Bolivia; contra Fernando Lugo en Paraguay. El guion está dictado desde el norte y va contra cualquier mandatario o dirigente progresista.
 
Por Raúl Kollmann
 
Fuente: Página 12
 

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14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
La Opinión Popular
 

13-12-2025 / 09:12
El proyecto de país que perfila el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei tomó el aspecto de una sociedad sin derechos organizada por el mercado. El mercado elimina el concepto de soberanía y decidirá quién irá preso y quién se tomará vacaciones. A su vez, el mercado está organizado por una escala jerárquica según el poder económico.
 
O sea: la libertad de los libertarios es como la milanesa tucumana hecha con papel higiénico. Y de postre: inflación. Si alguno pensó que el esfuerzo valía la pena, el 2,5 de inflación -medido por un Indec que todo el mundo sabe trucho-- le dio una mala noticia: se quedó sin trabajo, se quedó sin empresa, y además tiene inflación.
 
En la misma semana asumió Joaquín Mogaburu como subsecretario de Derechos Humanos y se presentó el proyecto de reforma laboral en el Congreso. El nuevo funcionario es un personaje ligado a los represores y da cursos en los cuarteles sobre "memoria completa".
  
Mogaburu aboga por la conciliación y el perdón a los genocidas. El combo es coherente con el protocolo de seguridad que criminalizó la protesta social, el decreto que permitió a las fuerzas armadas intervenir en conflictos internos y la eliminación del derecho a huelga y otros derechos como lo estipula la reforma laboral enviada al Congreso.
 
Durante el mes hubo decenas de actos sobre derechos humanos en centros culturales, casas de la memoria y en plazas de todo el país. Y el jueves se realizó un festival en la Plaza de Mayo encabezado por Madres, Abuelas y el Serpaj de Adolfo Pérez Esquivel. Al mismo tiempo, la CGT anunciaba un acto público para oponerse al proyecto de ley enviado al Congreso.
 
No hay derechos humanos y no hay derechos laborales. No hay derecho a la protesta y no hay derecho que proteja contra la tortura y la violación como reclaman los que piden la libertad de torturadores y violadores que actuaron tras haber usurpado el Estado durante el golpe genocida. No hay sujetos de derecho en esta sociedad que conciben los libertarios y que ha sido votada por muchos que perderán los derechos que tenían.
 
Con el mercado se come, con el mercado se educa, con el mercado se cura. Si eso era difícil con la democracia, el mercado ni se lo plantea porque el único derecho que reconoce es el del que tiene más capital. El mercado habla de méritos, pero los derechos no se ganan. Los derechos implican también responsabilidades, pero no se ganan por méritos. Al menos la democracia reconoce que todos tienen derecho a comer, a la educación y a la salud. Después dependerá de los gobiernos proveer esos derechos.
 
Los libertarios inventaron una democracia con voto, pero sin derechos. Y los derechos son para todos porque son inherentes a la condición del ser humano. Si son para pocos, no califica. La democracia se construye sobre los derechos ciudadanos. Sin esos derechos básicos no hay sistema democrático. Este gobierno habla de democracia y libertad, pero cuando hace la milanesa, le pone papel higiénico en vez de libertad y democracia.
 

12-12-2025 / 10:12
El gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei mandó al Senado un proyecto de contrarreforma para eliminar derechos laborales, sindicales y de huelga que atrasa un siglo. Contra la Constitución desconoce hasta la jornada de 8 horas y el derecho a huelga. Redactado por los abogados de las grandes empresas, de Paolo Rocca, Galperin y Eurnekian, en cada rubro empeora la posición de los trabajadores. Perjudica también a monotributistas e informales y se propone financiar los despidos con la plata de los jubilados.
 
El gobierno libertario demoró la presentación de la contrareforma laboral, que no registra precedentes desde la dictadura genocida de 1976, para estirar los tiempos de negociación y definir cuán a fondo iría en su ofensiva contra los trabajadores y el sindicalismo. El proyecto que ingresó al Senado retoma lo peor de todas las versiones anteriores y lo condensa en 71 páginas y 191 artículos.
 
Enmascarada en una supuesta "modernización", la iniciativa retrocede más de un siglo y desconoce pilares básicos del derecho laboral como la jornada de ocho horas y restringe el derecho a huelga. Lejos de mejorar la vida de los trabajadores, crear empleo o incorporar a los informales al mercado formal, la reforma sólo busca abaratar costos para que el empleador pueda despedir y amplía la desprotección sobre el sector más débil.
 
Los especialistas coinciden en que "invierte la presunción de laborabilidad" perjudicando a monotributistas y trabajadores "independientes". El texto final del proyecto confirma la transferencia regresiva de los derechos de los trabajadores en favor del gran capital, debilita su capacidad de organización y faculta al empleador para modificar condiciones laborales según sus necesidades.
 
La reforma laboral, firmada por Milei, fue elevada al Congreso de manera errónea por parte de Gobierno. Legisladores opositores y abogados laboralistas cuestionaron el ingreso por el Senado, ya que la reforma laboral contiene un capítulo tributario que modifica impuestos centrales. Al respecto, la Constitución fija que toda ley de carácter impositivo debe originarse en Diputados.
 
La reforma laboral que impulsa Milei atrasa porque reinstala un modelo previo al propio nacimiento del derecho laboral. La abogada Natalia Salvo advierte que es "una novedad de museo que nos devuelve a un tiempo sin normas". El proyecto permite jornadas de hasta 12 horas, un retroceso a antes de la Ley 11.544, conquistada después de las huelgas y masacres de la Patagonia y la Semana Trágica.

También elimina ítems remunerativos para achicar aguinaldo y vacaciones, ahora fraccionadas como en etapas de precariedad anteriores a cualquier estándar moderno. Al mismo tiempo, remarca que la iniciativa desconoce los avances globales sobre las plataformas: mientras en Europa los tribunales y países como España o Portugal ya reconocen a esos trabajadores como dependientes, aquí se los deja en un limbo jurídico. Modernizar sería ampliar la protección, no recortarla. Con un 43 por ciento de informalidad, el proyecto empuja al país hacia un pasado sin resguardo, donde la relación laboral quedaba librada a la voluntad de la patronal.

Un Gobierno que miente en todo, presenta el argumento principal en la supuesta "creación de trabajo formal". Silogismo falaz, acaba de ser refutado por un hombre del gran capital, el abogado Julián de Diego. Dijo que "sin crecimiento, no habrá generación de empleo". Ese crecimiento se presenta, como promesa lejana, relato de un provenir etéreo, medido en décadas. Equiparada a Irlanda, Alemania, y otras naciones. Por ahora, lo que hay es recesión, inflación en alza y deuda. Cada vez más deuda.

La Opinión Popular


11-12-2025 / 10:12
Turismo "con la nuestra". Nuevo papelón internacional de Javier "el Loco" Milei que fue a perder el tiempo a Noruega disfrazado con el mameluco de YPF, viajó 25.000 kilómetros para sacarse una foto... y se volvió sin nada. María Corina Machado faltó a su premiación como Nobel de la Paz. Viajó con su hermana Karina a Oslo en el avión presidencial, en un viaje que cuesta 300 mil dólares, y se alojó en el Gran Hotel de Oslo, en donde una habitación cuesta mil euros por noche. "El Peluca" volvió a las apuradas y de inmediato puso su firma en el funesto proyecto que apunta contra la justicia social y modifica la regulación de horas extras, vacaciones e indemnizaciones.
 
El fugaz y costoso paseo de Milei por Noruega terminó en un traspié político que expuso improvisación y falta de estrategia. La salida apresurada dejó al libertario sin el rédito simbólico que buscaba y reforzó las críticas sobre un viaje reducido a gestos vacíos, sin resultados concretos ni agenda internacional consistente. Tenía una agenda que incluía reuniones con el primer ministro y con el rey, además de la posibilidad de un encuentro cara a cara con Corina Machado, y los dejó "de garpe". Cosa de loco.
 
Milei regresó de apuro para evitar que una interna ponga en riesgo el tratamiento de la reforma laboral. Las explicaciones oficiales, en off the record, hablaban de la necesidad de "firmar la ley de reforma laboral" después de hacer "algún ajuste de último momento", sin embargo, tanto los cambios como la firma se pueden gestionar de manera remota. Lo que sucedió en realidad es que una nueva interna en el gobierno casi hace volar por los aires la Ley Rifle. Lo más llamativo, en este caso, es que los que frenaron el proyecto son dos enemigos íntimos: Santiago Caputo y Martín Menem.
 
Ellos son los dos interlocutores más fluidos que tiene la CGT dentro de la estructura libertaria y vienen advirtiendo desde hace tiempo que así como la estaba planteando Federico Sturzenegger, la reforma laboral corre el riesgo de empantanarse en el Congreso y terminar siendo rechazada, modificada hasta volverla irreconocible o aprobada a un costo demasiado alto. El recuerdo de la reforma previsional de Mauricio Macri en 2017 está presente en todos los cálculos.
 
Las partes observadas son justamente las que apuntan contra el andamiaje financiero y normativo que sostiene a los sindicatos, los llamados "derechos colectivos" que la CGT prioriza antes que las condiciones de trabajo individuales. De hecho, este lunes Sturzenegger estuvo reunido con los diputados de LLA, en un encuentro del que Menem no participó, y ante las consultas sobre estos asuntos el ministro prometió una "versión light", más sencilla de aprobar.
 
Sin embargo, el anuncio que hizo el vocero con sueldo de jefe de gabinete, Manuel Adorni, al día siguiente, no contempla la mayoría de esos recortes e incluye cláusulas inaceptables para el más dialoguista de los líderes gremiales. Dicen en la Casa Rosada que la orden de ir a fondo la dio el mismo Milei. El proyecto ya estaba listo para ingresar al Senado cuando Caputo y los Menem lograron frenarlo. Ese fue el motivo por el que el presidente tuvo que volver de apuro.
 
Patricia Bullrich, en tanto, defiende la redacción de Stuzenegger pero reclama que la situación se destrabe porque cree que si la reforma no tiene un tratamiento express y media sanción antes de las fiestas, después puede empantanarse. Su plan original de dictaminar esta misma semana, incluso el viernes a última hora, se fue diluyendo con el correr de las horas. El escenario más optimista apunta a sesionar en vísperas de noche buena. Sería un verdadero milagro navideño, mientras la CGT y el peronismo se abroquelan contra la reforma laboral anti obrera y pro patronal de Milei.
 
La Opinión Popular
 

10-12-2025 / 09:12
La denuncia por la compra de chatarra militar suma un nuevo capítulo. A la venta por un euro de los F-16 a Rumania, se añade el inminente acuerdo entre Polonia y Estados Unidos para la comprar de 250 vehículos blindados Stryker por sólo el valor simbólico de un dólar.
 
Los Stryker forman parte del catálogo militar yanqui que fueron utilizados en Afganistán e Irak y están diseñados para el transporte ágil de tropas y equipamiento. Según versiones oficiales, la elección del modelo responde a una planificación que prioriza la movilidad, la protección y la capacidad de respuesta ante diversas situaciones operativas.
 
Se trata de unidades adaptadas a distintos escenarios urbanos y misiones, con posibilidad de implementación progresiva conforme a los requerimientos logísticos y de capacitación establecidos por el Ejército Argentino.
 
Ya en julio que había opciones mejores que estaban siendo barajadas como el Guaraní de Brasil, que son vehículos muy similares a los que se usan en Argentina con el aditamento que los componentes mecánicos son argentinos como el motor y transmisión de IVECO.
 
Según publicó el medio ecuatoriano El Universal en base a un informe de Interesting Engineering, con esta oferta se pretende que los Strykers, que actualmente están desplegados en Europa, no vuelvan a territorio estadounidense, sino que sean entregados directamente a Polonia como parte del proceso de disminución de presencia militar norteamericana en la región.
 
Un análisis de Breaking Defense detalla que los Strykers llegarían en condiciones deterioradas, lo que implicaría reparaciones costosas, modernización y la creación de un nuevo sistema de soporte y entrenamiento, especialmente complejo para una plataforma que Argentina nunca operó.
 
Por otra parte, sostiene el informe, también hay dudas sobre el impacto industrial que traería la llegada de estos blindados, ya que puede desplazar la demanda de vehículos de fabricación nacional, como el Rosomak. En efecto, como ocurre con los F-16, se confirma que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN están deshaciéndose de la buena parte de su material militar por considerarlo vetusto y desactualizado.
 
Por eso, en el Ejército argentino preferían El Guaraní brasileño dado no se impone límite de cantidad, son nuevos, se transfiere tecnología de fabricación de partes y es interoperable con Brasil.
 
"Los EEUU limitan la cantidad, nos entregan un lote de usados que Chile descartó oportunamente. No son anfibios y puede ser que venga una flota final heterogénea, con menor ciclo de vida útil y mayor costo de mantenimiento. Es relevante que no sean anfibios. No van a poder varear nuestros ríos", detalló un militar activo en ese momento.
 
Para armas, plata hay. De los 27 vehículos que el gobierno le compró a Estados Unidos el valor total fue de 100 millones de dólares. La propuesta de Brasil por los Guaraní era de 161 vehículos (156 + 5 de entrenamiento) por 400 millones de dólares, quedando cada unidad en valor de 2,5 millones de dólares cada uno contra los 3,7 de los Stryker. Es decir, si se hubiesen comprado la misma cantidad a Brasil, hubiera gastado 67 millones, 32 millones menos que lo que gastó ahora. ¿Aliados a EEUU? Las pelotas... A Milei, los yanquis lo toman de gil.

 

 

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