05:40 | Lunes 27 de Abril de 2013 | Entre Ríos

Por

“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Entre Ríos - 10-11-2024 / 17:11

EL EXGOBERNADOR FUE CONDENADO A OCHO AÑOS DE PRISIÓN

El expediente del megajuicio de Sergio Urribarri por corrupción ya está en poder de la Corte Suprema

La decisión de la Sala Penal se informó el martes 22. Dos días después, el jueves 24, el caso fue ingresado al sistema de la Corte. Este fallo de la Justicia provincial dejó abierta la resolución de la causa, lo cual implica que la sentencia no está firme y no deben comenzar a implementarse las sanciones.

Luego de que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos habilitara la vía federal para que la Corte revise la sentencia de los tribunales provinciales, el expediente fue remitido al cuarto piso de Talcahuano 550.

La decisión de la Sala Penal se informó el martes 22. Dos días después, el jueves 24, el caso fue ingresado al sistema de la Corte. Este fallo de la Justicia provincial dejó abierta la resolución de la causa, lo cual implica que la sentencia no está firme y no deben comenzar a implementarse las sanciones.

En el caso, el exgobernador Sergio Urribarri fue condenado en abril de 2022 a ocho años de prisión.

También recibieron penas de prisión:

* Pedro Báez (exministro de Cultura y Comunicación): seis años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.
* Juan Pablo Aguilera: seis años y seis meses de prisión efectiva.
* Gustavo Tamay: tres años de prisión condicional.
* Emiliano Giacopuzzi: dos años y seis meses de prisión condicional.
* Luciana Almada: dos años y seis meses de prisión condicional.
* Corina Cargnel: tres años de prisión condicional.
* Gerardo Caruso: tres años de prisión condicional.

Fuentes: El Entre Ríos

26-04-2026 / 10:04

La crisis económica empuja a trabajadores estatales entrerrianos a la quiebra personal

El colapso económico que pregonan Milei y Frigerio ha dejado de ser una estadística para convertirse en una tragedia humanitaria que empuja a los trabajadores estatales de Entre Ríos al abismo de la quiebra judicial. Mientras el gobierno nacional asfixia las provincias con un ajuste salvaje, la administración de Rogelio Frigerio ha decidido abandonar a su suerte a los empleados públicos, condenándolos a sueldos de miseria que ni siquiera cubren la canasta básica. Este escenario es el resultado directo de una política de "motosierra" que utiliza el hambre de las familias entrerrianas como variable de ajuste fiscal. El resultado judicial es mas quiebras de trabajadores.

La proliferación de resoluciones judiciales que declaran la quiebra de agentes estatales es la prueba obscena de un modelo que quebró el contrato social. Con salarios pulverizados por la inflación y una inacción total por parte del gobierno provincial para recomponer el poder adquisitivo, los trabajadores se ven atrapados en una espiral de sobreendeudamiento simplemente para sobrevivir. Frigerio, alineado al plan economíco de Milei, observa con indiferencia cómo quienes sostienen el funcionamiento de la provincia caen en el despojo patrimonial, demostrando que para este modelo, la dignidad del trabajador es un gasto prescindible en el altar del déficit cero.

Lo más alarmante es que, lejos de haber tocado fondo, el panorama bajo el modelo de Milei y la anuencia de Frigerio amenaza con profundizarse hacia niveles de exclusión nunca vistos. La combinación de una inflación que no da tregua a los artículos de primera necesidad y una política salarial que utiliza el congelamiento como ancla fiscal, proyecta un efecto dominó de ruina económica sobre el resto de la planta estatal. Sin un cambio de rumbo que priorice la subsistencia de quienes garantizan la salud, la educación y la seguridad en Entre Ríos, la provincia se encamina a una parálisis sistémica donde el trabajador, despojado de su presente y su futuro, termina siendo la principal víctima de un experimento ideológico que desprecia la vida humana y los derechos de los entrerrianos.

De la Opinión Popular

26-04-2026 / 09:04

El Tribunal de Disciplina del PJ expulsó a Rossi y Reggiardo y suspendió a otros referentes

El Tribunal de Disciplina del Partido Justicialista de Entre Ríos, emitió una serie de resoluciones vinculada a las denuncias por inconducta partidaria de varios dirigentes en los últimos comicios electorales. En ese marco, resolvió recomendar la expulsión de los afiliados Domingo Daniel Rossi (actual intendente de Santa Elena) y Carlos Guillermo Reggiardo (asesor de Rossi), al considerar acreditadas conductas de “deslealtad manifiesta” y graves violaciones a la Carta Orgánica partidaria.

También se adoptaron otras medidas para el caso de Ana Carolina Gaillard, Luna Valentina González, Héctor María Maya, Gustavo Raúl Guzmán, María Rosa Vergara, Graciela Beatriz Trinidad y Claudia Daniela Quiróz y Verónica Paola Rubattino, el Tribunal de Disciplina del PJ analizó la denuncia por “inconducta partidaria, la comisión de actos de deslealtad manifiesta, conductas incompatibles con los deberes de lealtad partidaria y quebrantamiento de la unidad orgánica, vulnerando con ello, en forma directa, los deberes establecidos en el artículo 10° y concordantes de la Carta Orgánica partidaria”.

23-04-2026 / 14:04

Gran marcha contra la Reforma Previsional de Frigerio: Los jubilados no son una variable de ajuste

¡Basta de ajuste sobre las espaldas de nuestros viejos! El gobierno de Rogelio Frigerio ha decidido avanzar con una reforma previsional que no es más que una declaración de guerra contra los trabajadores activos y jubilados de Entre Ríos. Bajo el paraguas de un supuesto "déficit" que ellos mismos alimentan, el Ejecutivo provincial pretende rifar la Caja de Jubilaciones y Pensiones, el patrimonio histórico de quienes sostuvieron la provincia durante décadas.

La ofensiva de Rogelio Frigerio contra la Caja de Jubilaciones no es un hecho aislado, sino la ejecución provincial del manual de ajuste que Javier Milei digita desde la Rosada. Bajo el disfraz de una "emergencia" fabricada, el oficialismo entrerriano pretende que los trabajadores y jubilados paguen con sus derechos el bache financiero que la política no está dispuesta a resignar, rompiendo el pacto histórico de protección social que caracteriza a nuestra provincia.

Mientras la economía real se desploma y el hambre golpea las puertas de los barrios, el Gobierno elige profundizar la angustia de quienes dedicaron su vida al servicio público. Esta reforma no busca la eficiencia, sino el despojo: es la entrega del 82% móvil y la precarización del futuro de miles de familias en nombre de una "armonización" que solo beneficia a las planillas de Excel y castiga a los de carne y hueso.

De la redacción de La Opinión Popular

17-04-2026 / 16:04

Gustavo Bordet: "El circo mediático y el escarnio público no son justicia"

El exgobernador y actual diputado nacional Gustavo Bordet cargó con dureza contra el fiscal José Arias (Concordia) tras el allanamiento a su vivienda en Concordia. Denunció una maniobra de persecución política orientada a dañar su imagen y cuestionó la falta de sustento jurídico de la medida.

El clima político en Entre Ríos se recalienta. Luego del operativo policial dispuesto en su domicilio particular, Gustavo Bordet salió al cruce de lo que considera una "puesta en escena" judicial con fines puramente electorales y de desprestigio personal. En sintonía con el comunicado del Partido Justicialista, el dirigente entrerriano apuntó a la figura del fiscal interviniente como el brazo ejecutor de una maniobra de "animosidad manifiesta".

De la redacción de La Opinión Popular

17-04-2026 / 16:04

El PJ de Entre Ríos denunció "ensañamiento" y "uso mediático" del allanamiento a Gustavo Bordet

A través de un duro comunicado, el Partido Justicialista de Entre Ríos cuestionó la actuación del fiscal Arias de Concordia y advirtió sobre la difusión intencional de medidas judiciales sin imputaciones previas.

Del mismo modo expresó su "profunda preocupación" por la espectacularidad de los operativos contra el exgobernador y actual diputado nacional. Apuntaron contra la falta de prudencia de la fiscalía de Concordia, señalando que el dirigente siempre estuvo a derecho y que el procedimiento busca "afectar la alta consideración pública" de su figura en un contexto de clara intencionalidad política.