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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 08-11-2024 / 09:11
EN LA POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA ESTÁN MOLESTOS POR LA ORDEN DE BULLRICH PARA QUE HAGAN DE CARNEROS DE LOS MALETEROS DE INTERCARGO

Milei considera terroristas y delincuentes a los trabajadores que reclaman por el derrumbe de sus salarios y los echa

Milei considera terroristas y delincuentes a los trabajadores que reclaman por el derrumbe de sus salarios y los echa
En su cruzada privatizadora del transporte aéreo, para entregarles la empresas a los "amigos" que aportaron en su campaña electoral, entre ellas Aeropuertos Argentina 2000, la empresa de la familia Eurnekian que supo tener a Javier "el Loco" Milei en su nómina salarial. Milei criminaliza a los trabajadores de Intercargo, la empresa estatal que brinda todos los servicios en los aeropuertos. Considera "terroristas" y "delincuentes" a los que resisten el derrumbe de sus salarios y provoca con despidos mientras amenaza con reemplazarlos con las fuerzas de seguridad. No conforme, anunció el desguace de la compañía.
En su cruzada privatizadora del transporte aéreo, para entregarles las empresas estatales a los "amigos" que aportaron en su campaña electoral, entre ellas Aeropuertos Argentina 2000, la empresa de la familia Eurnekian que supo tener a Javier "el Loco" Milei en su nómina salarial. Milei criminaliza a los trabajadores de Intercargo, la empresa estatal que brinda todos los servicios en los aeropuertos. Considera "terroristas" y "delincuentes" a los que resisten el derrumbe de sus salarios y provoca con despidos mientras amenaza con reemplazarlos con las fuerzas de seguridad. No conforme, anunció el desguace de la compañía.
 
En medio del conflicto por el anuncio del Gobierno libertario de la desregulación del servicio de rampas en los aeropuertos, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich dijo que instruyó "a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y, supletoriamente, al resto de las fuerzas federales de seguridad, a descargar de manera inmediata el equipaje de las aeronaves detenidas en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery". En la PSA están incómodos por la orden que bajó Bullrich para que hagan de carneros de los maleteros de Intercargo e indicaron que jamás se les había asignado una tarea semejante.
 
El gobierno anarco capitalista montó el escenario. El miércoles despiden a un trabajador de la empresa Intercargo, sus autoridades no atienden al gremio, se realizan asambleas, se producen demoras, el gobierno grita "rehenes" y presenta denuncias penales. Este jueves redoblan la apuesta, suspenden a 15 empleados más, avisan que van a desregular el servicio que presta Intercargo y en la Casa Rosada se corre el telón para una nueva puesta en escena: aparecen la encargada de la represión, la ministra de Seguridad, "Pato Criollo" Bullrich, el responsable de privatizar todo (Federico Sturzenegger) y el vocero presidencial, Manuel "Cara de Piedra" Adorni.
 
Acusan a los trabajadores de ser "terroristas", afirman que están dispuestos a terminar con "los piquetes aéreos" y que las fuerzas de seguridad van a reemplazar las tareas de maleteros de los trabajadores de rampa. Ninguno de los funcionarios recuerda la existencia de derechos laborales, los reclamos salariales, los protocolos de seguridad en los aeropuertos y lanzan un nuevo ataque, por enésima vez, contra el servicio estatal aerocomercial para justificar, en el fondo, la venta y desguace de una de las joyas del Estado: Aerolíneas Argentinas. Edgardo Llano, titular de la Asociación de Trabajadores Aeronáuticos (APA) que representa a los trabajadores de Intercargo, afirmó que todo forma parte de "una política extorsiva del Gobierno" y que con estas medidas "pone en riesgo la operación de rampa en todo el país".
 
Milei se niega a resolver este reclamo porque tiene como objetivo privatizar Aerolíneas y desmantelar todo lo que esté relacionado con el transporte aeronáutico. Para eso busca generar crisis con los sindicatos y así dar vuelta las voluntades en el Congreso para lograr que se declare la línea aérea de bandera como sujeta a privatización. Ahora amenazan con presentar un procedimiento preventivo de crisis que, a pesar de lo que declaran los funcionarios libertarios, no representa el cierre definitivo e inmediato de Aerolíneas. En todo caso, busca provocar la reducción del personal.
 
La Opinión Popular
 

 
POR LA PROTESTA DE INTERCARGO EL GOBIERNO USARÁ LA PSA PARA REEMPLAZAR A EMPLEADOS
 
Trabajador que reclama es potencial "terrorista"
 
La decisión de los gremios de pilotos y aeronavegantes de interactuar con los pasajeros para mostrar las razones del conflicto con el gobierno, llevó a la Rosada a cambiar la táctica. Primero evitó, con efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que continúen los gremios con este vínculo con los pasajeros, a la sazón las víctimas según la versión de la Rosada. Ahora, avanzaron con Intercargo, una empresa estatal que tiene un funcionamiento estratégico en el servicio aerocomercial: la carga y descarga de equipaje, la asistencia a los pasajeros y la manipulación de aeronaves en tierra.
 
El despido de un empleado de Intercargo tuvo como respuesta la realización de asambleas que demoraron los servicios que presta la empresa. Esto fue aprovechado por el gobierno que, a través de Bullrich, envió a efectivos de la PSA para "liberar" ese servicio. La idea de la ministra es que estos efectivos presten este servicio sin tener en cuenta los protocolos de seguridad que se implementan en los aeropuertos y que no es la simple entrega de valijas.
 
Por caso, Llano advirtió que si la PSA se ocupa, aunque sea de manera excepcional del servicio de rampas, eso representa "una violación a todas las normas nacionales e internacionales que dictan que para trabajar en rampas hay que tener calificación, una habilitación y cursos correspondientes, no es descargar valijas nada más". Incluso señaló que la Argentina "puede ser sancionada y puede bajarle la categoría al país, por lo que hay aerolíneas que no vendrían a volar".
 
"Terroristas sindicales"
Con rostros circunspectos. Adorni anunció que se va a desregular el servicio que presta Intercargo. Hasta ahí se podría decir que era un anuncio previsible. Lo preocupante vino después cuando calificó a los gremialistas y los trabajadores como "terroristas sindicales". En otros tiempos, una calificación de ese tipo representaba un futuro inmediato funesto para el o los destinatarios.
 
Adorni, que integra un gobierno negacionista, no solo lo dijo, sino que lo repitió: "Ningún terrorista sindical podrá tomar de rehén nuevamente un pasajero y arruinarles su viaje, sus vacaciones, su viaje laboral o por temas médicos, ni negarse a hacer su trabajo. El terrorismo sindical no tuvo prurito en secuestrar a más de 2000 pasajeros en 10 aviones", afirmó sin sonrojarse.
 
Trascartón indicó que "a esta gestión no le tiembla el pulso, no le tembló para sacarle los privilegios al sindicato de (Pablo) Biró y no le tiembla para sepultar las extorsiones de estos delincuentes. Es el fin de Intercargo tal y como lo conocíamos hasta ahora", indicó.
 
 
¿Negocio para Eurnekian?
  
Lo que se habla entre los dirigentes sindicales es que la maniobra ya tiene un beneficiario porque la desregulación del servicio de rampa de Intercargo no puede ser prestado por cualquier empresa. En ese sentido las miradas se posan sobre Aeropuertos Argentina 2000, la empresa de la familia Eurnekian que supo tener a Javier Milei en su nómina salarial.
 
Cuando le tocó hablar, Sturzenegger enmarcó esta decisión dentro del proceso de desregulación que comenzó el gobierno libertario. "Empezó el año pasado con una desregulación de precios ya que teníamos una regulación que impedía bajar los precios a los aerolíneas, no se podía cobrar más barato, y (desregulamos) rutas, habilitando la posibilidad de que muchas más aerolíneas puedan volar libremente por el país", dijo y afirmó que "ese proceso culmina con esta norma, que es la desregulación del servicio de rampas".
 
El secretario de Transporte, Franco Mogetta, dijo que la decisión "es un paso más en la desregulación del transporte en general, del aéreo en particular, y muy particularmente de los servicios de rampa".
 
 
Las mentiras de Bullrich
  
A su turno, Bullrich aseguró --con desparpajo-- que está dispuesta "a liberar a 46 millones de argentinos que pagan a los empleados de Intercargo sus sueldos y que le hacen la vida imposible". Luego dijo que la PSA y el resto de las fuerzas de seguridad bajo su mando "descargarán de manera inmediata el equipaje de las aeronaves detenidas en el Aeroparque".
 
Bullrich lo dijo este jueves, habló de demoras en vuelos y responsabilizó a APA. Sin embargo, Llano advirtió que el gremio no realizó medidas de fuerza a pesar de que hubo 15 suspensiones que el gobierno publicó como despidos. Es más, aclaró que los vuelos demorados corresponden a Fly Bondi por "un problema que tuvo con el servicio de Check-in y por eso los vuelos estaban demorados", explicó. Por otra parte, dijo que si bien esa low cost tiene servicio de rampa en Ezeiza, "siempre terminan pidiendo auxilio a Intercargo".
 
De todas maneras, para Bullrich este es el mejor escenario porque, como ella sostuvo, "Intercargo tiene que dejar de existir".
 
 
Crisis
  
Por lo pronto, este viernes gremios como pilotos, Aeronavegantes y APA, se volverán a reunir con la conducción libertaria de Aerolíneas Argentinas. El gobierno pretende que estos sindicatos presenten un plan para supuestamente sacar a Aerolíneas adelante. Para Llano,  ésta es la prueba de que el gobierno aplica una política extorsiva: "Nosotros no somos la gestión de Aerolíneas, somos representantes de los trabajadores. Esta es una política extorsiva del Gobierno que pretende hacernos responsables de la compañía", afirmó.
 
En cuanto a la intención de presentar ante la Secretaría de Trabajo un procedimiento preventivo de crisis de Aerolíneas, Llano consideró que es parte de la estrategia mediática del gobierno porque "este procedimiento habilita, por ejemplo, a la eliminación de los convenios o a la reducción de la indemnización en caso de despido, pero tiene que ser de común acuerdo con los gremios, de acuerdo a lo que marca la ley".
 
Por Felipe Yapur
 
Fuente; Página 12
 

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30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
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