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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 03-11-2024 / 11:11
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

De Trump a Milei: políticas neoliberales autocráticas bajo la fachada democrática

De Trump a Milei: políticas neoliberales autocráticas bajo la fachada democrática
Las nuevas camadas de la ultraderecha comprenden cabalmente el juego. Funcionan como un virus informático o una enfermedad autoinmune: ponen al sistema a trabajar en su autodestrucción. Las obras que se escribieron hace unos años para advertir sobre los peligros de una deriva autocrática se leen ahora como un manual de instrucciones. Y llegan, casi todas, a la misma conclusión: cuando el daño a la democracia se vuelve evidente suele ser demasiado tarde.
La llegada de Donald Trump al poder en 2016 marcó un punto de inflexión en la política global y dejó expuesto un malestar creciente hacia el sistema que se había gestado por años. Desde entonces, la extrema derecha ha sabido capitalizar un clima de descontento generalizado, erosionando los consensos básicos sobre realidad y democracia.
 
En este marco de posverdad, figuras como Trump, Javier Milei y megamillonarios como Musk y Thiel impulsan una narrativa que atenta contra las instituciones, promoviendo políticas autocráticas bajo la fachada democrática.
 
Los procesos históricos son complejos y rehúyen de explicaciones lineales pero algunos acontecimientos dejan un mojón reconocible que permite poner en perspectiva, desde un determinado punto fijo, ciertos fenómenos. En ese sentido, a la deriva de empoderamiento de la extrema derecha y erosión democrática que estamos viviendo se la puede rastrear, hacia atrás, hasta una fecha clave: el triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos en 2016.
 
Esa noche no fue el comienzo de nada pero sí el momento en que salió a la superficie un descontento profundo con el estado de las cosas, incubado durante un cuarto de siglo largo de políticas neoliberales y magnificado por la forma en la que se saldó la crisis financiera de 2008 y 2009. La ilusión obamista de que el capitalismo salvaje podía tener un rostro humano estalló en mil pedazos. Y lo que quedó en ese lugar es esto que estamos viviendo ahora.
 
Como señala el historiador italiano Steven Forti en su libro Extrema Derecha 2.0, no es casual que fue en 2016 que el diccionario de Oxford, autoridad en la lengua inglesa, eligió "post-truth" ("posverdad") como palabra del año. Según la definición que le dieron, se trata de las "circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de opinión pública que las referencias a emociones y a creencias personales". Cualquier semejanza con la realidad, etc.
 
Es importante entender, señala Forti, que la posverdad no se construye solamente con noticias falsas o fake news sino que se trata de un relativismo insidioso que cuestiona cualquier autoridad dotada de la capacidad de validar una versión de las cosas por sobre otras, en todos los ámbitos. Eso implica la destrucción de un mínimo común acuerdo sobre la realidad en la que estamos viviendo, como puede observarse en el boom de la ciencia falsa, los terraplanistas y los antivacunas.
 
Esa ruptura de los marcos de referencia que nos permiten coexistir en una sociedad mínimamente funcional también se atarea con una grotesca reescritura de la historia. Esta semana pudimos ser testigos. Primero Javier Milei, y tras él un scrum de funcionarios, políticos que pasaron hace mucho su mejor momento, agentes de inteligencia, influencers y comunicadores (no son categorías excluyentes), quisieron instalar la idea de que Fernando De La Rúa fue víctima de un golpe de Estado.
 
Esa versión de los hechos no es nueva pero nunca había levantado vuelo por el pequeño detalle de que es notoriamente falsa. Algunos periodistas que ahora abonan acaloradamente la teoría del golpe pedían la renuncia de De La Rúa en vivo por tevé la noche del 19 de diciembre de 2001. Lo pueden encontrar fácilmente en youtube. Si hubo un golpe, ellos mismos son cómplices. Pero no lo hubo. Fue el trágico y solitario final de un pésimo presidente y de una época terrible para el país.
 

 
Como colateral de estos retoques a la historia queda una lavada de cara a los protagonistas de aquel gobierno fallido que hoy están en la primera línea de la tropa de Milei. Patricia Bullrich salió en los medios a abonar la teoría del golpe, quizás para no tener que explicar los papelones cotidianos de sus fuerzas en la dizque lucha contra el narcotráfico. Federico Sturzenegger no dijo nada: está ocupado confeccionando una lista con más de diez mil despidos para fin de año.
 
La versión también le sirve al gobierno para volver a pararse frente al radicalismo y el peronismo, los dos enemigos que eligió para esta etapa, a quienes les cuelga el cartel de golpistas. Es una retórica reiterada (se ejecuta cada vez que hay una marcha crítica o una votación contraria al oficialismo en el Congreso, por ejemplo) que se utiliza para habilitar niveles extraordinarios de represión a la disidencia política en nombre de la estabilidad de las instituciones.
 
Pero el objetivo principal de estas operaciones es seguir retroalimentando el circuito de posverdad, que se ha convertido en una pieza clave, sino la más importante, de la estrategia que ha vuelto tan exitosas las propuestas de extrema derecha a partir de 2016. Fragmentación, relativismo y confusión. En una sociedad que no concibe, porque le quedó muy lejos, la idea de bien común, se debilitan las barreras que construyeron varias generaciones para frenar el regreso del fascismo.
 
Ocho años después de aquella noche que Trump ganó y se torció el rumbo de la historia, el magnate tiene por delante su tercera elección presidencial (es el primero desde Richard Nixon en llegar a tres). En el medio sufrió una ajustada derrota contra Joe Biden, que todavía no reconoció, y promovió un golpe de Estado fallido, que culminó con la toma del Capitolio. A pesar de eso, pudo superar todos los obstáculos judiciales para ser nuevamente candidato.
 
Existe temor de que las elecciones que se van a celebrar el martes signifiquen un nuevo punto de quiebre. Si gana, Trump promete profundizar su deriva autocrática, alentada por los megamillonarios que lo rodean, como Elon Musk, protagonista del tramo final de la campaña y dueño de la red social X, el foro más importante donde se exhiben y exponen todos los candidatos. La elección se celebra bajo el supuesto tácito de que Musk no hace nada indebido para beneficiar a su candidato. Jeje.
 
Si pierde es posible que veamos un nuevo intento de desconocer el resultado electoral, como en 2020 o en las últimas elecciones presidenciales de Brasil. Sólo que esta vez  los golpistas van a estar más organizados y cuentan con el respaldo de una Corte Suprema alineada. El escenario se volvería particularmente inestable, sin antecedentes en la historia norteamericana. En cualquiera de los dos casos las líneas que delimitan la democracia van a borronearse.
 
Musk es algo más que un apoyo a la candidatura de Trump. Es uno de sus principales impulsores y de sus más públicos defensores. El dueño de Tesla especuló públicamente, además, con asumir un rol en el futuro gobierno republicano. Estaría a cargo de un futuro Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE, por su acrónimo en inglés, el mismo nombre del perrito que protagoniza muchos memes y es la cara de una criptomoneda).
 
Es un eufemismo para proponer una reforma institucional que implica el vaciamiento de áreas completas del Estado y la expulsión de decenas de miles de empleados públicos que serían reemplazados por funcionarios afines o dejarían su lugar vacío. El plan está inspirado directamente en las ideas de Curtis Yarvin, el más influyente intelectual de la ultraderecha de Silicon Valley, que llama a despedir a todos los trabajadores públicos y reemplazar la burocracia estatal por un líder monárquico.
 
El ajuste de Musk encuentra su eco en algunos episodios del gobierno de Milei, desde la épica decadente que intenta ponerle Sturzenegger a su gris tarea de demolición metódica del Estado, los exabruptos imperiales de Santiago Caputo a través de sus múltiples cuentas anónimas en X o el anuncio de una purga de corte explícitamente fascista en el ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de detectar a quienes impulsen "agendas enemigas de la libertad".
 
Esta afinidad fue explicitada por el influencer de ultraderecha y asiduo visitante de la SIDE Daniel Parisini, el Gordo Dan. "Tenés en el Estado sobrevivientes del kirchnerismo, del macrismo, del radicalismo, de administraciones anteriores que literalmente son comunistas que siguen laburando. Es gente que no se ha logrado barrer o echar para poner a los propios. Hay que poner a los propios. Los propios a veces es un amigo, un conocido", dijo esta semana en su programa de stream.
 
En un segundo plano, con menos exposición que Musk, acompaña esta aventura de Trump Peter Thiel, otro megamillonario californiano con ideas muy particulares sobre la gobernanza. En un ensayo de 2009 escribió que ya no cree que "la libertad y la democracia sean compatibles" porque estamos "en una carrera mortal entre la política y la tecnología" que puede volver al futuro "mucho peor o mucho mejor". Donde dice tecnología debe leerse capital. Sacando ese detalle, no le falta razón.
 
En julio de este año contamos en El Destape que Thiel visitó a Milei dos veces en la Casa Rosada, en febrero y en mayo. La primera no dejó registro en la planilla de audiencias. Esta semana en una exclusiva conferencia en Miami, a la que no se puede acceder con cámaras ni con grabadoras, el megamillonario dio su opinión sobre la Argentina y sobre su presidente, según reportó desde el lugar de los hechos el periodista Andrés Fidanza.
 
"Hay muchos que son pesimistas sobre Argentina porque es un país que lleva 100 años de decadencia. En 1920 era un país muy rico. La pregunta es: ¿por qué nos interesa tanto lo que pasa en Argentina? Y la respuesta es que Argentina podría ser el futuro de Europa y de Estados Unidos. Un gobierno corrupto y enorme, ese peronismo con demasiados sectores ineficientes y corruptos y semi socialistas en educación y en salud", dijo Thiel.
 
"De alguna forma eso funcionó políticamente y ganaron elecciones por décadas, y le costó mucho a la sociedad desarmarlo. Siento que Argentina es una versión extrema de lo que está pasando lentamente en muchos de los países desarrollados. Sería muy bueno que a la Argentina le vaya bien y que acá no tengamos que pasar por los 100 años de declive argentino antes de tener nuestro propio Milei", agregó el fundador de Pay Pal, que no suele hablar en público, ante no más de 250 personas.
 
Thiel es, entre otras cosas, el patrón del candidato a vicepresidente de la tira republicana, J.D. Vance. Le dio al senador por Ohio su primer trabajo importante, donde comenzó a hacer fortuna. Luego financió su primera aventura empresarial y le dio los contactos necesarios para hacerla crecer. Cuando Vance quiso dar el salto a la política, Thiel pagó por su campaña. Fue la más onerosa en la historia del senado de los Estados Unidos. Se puede decir que le debe la vida sin exagerar.
 
La sintonía entre Milei y los plutócratas de Silicon Valley es tan explícita como el desprecio por la democracia que comparten. Lo que no es tan claro son las implicancias y ramificaciones que eso puede tener para la Argentina a partir de las elecciones de este martes si Trump gana, si Vance queda primero en la línea de sucesión de un hombre de 78 años sin posibilidad de reelección, si Musk y Thiel, y otros que impulsan esa agenda se ubican tan cerca del Salón Oval.
 
Aquí Milei seguirá gobernando con un Congreso virtualmente estéril, que no tiene como rechazar sus vetos, utilizando las herramientas excepcionales que le otorgan el DNU 70/23 y la ley de Bases, sin ley de presupuesto que le ponga límites a la asignación discrecional de recursos y con una Corte Suprema paralizada a partir de fin de año. La mayoría de los mecanismos de control republicano que establecen la Constitución y las leyes no funcionan o no pueden ponerle un límite.
 
Durante muchos años se estudió el deterioro de los procesos democráticos en el siglo XXI. La mayoría de los análisis coinciden en que el paso de un régimen democrático a uno que no lo es ya no sucede, casi nunca, con golpes de Estado clásicos, sino que se trata de líderes que llegan al poder mediante el voto y utilizan las herramientas institucionales que tienen a mano para ir socavando la democracia gradualmente. Como un topo infiltrado en las filas enemigas, digamos.
 
Las nuevas camadas de la ultraderecha comprenden cabalmente el juego. Funcionan como un virus informático o una enfermedad autoinmune: ponen al sistema a trabajar en su autodestrucción. Las obras que se escribieron hace unos años para advertir sobre los peligros de una deriva autocrática se leen ahora como un manual de instrucciones. Y llegan, casi todas, a la misma conclusión: cuando el daño a la democracia se vuelve evidente suele ser demasiado tarde.
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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04-01-2026 / 17:01
La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.
 
Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.
 
Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".
 
El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.
 
Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.
 
Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.
 
Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.
 
El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.
 
"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.
 
No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.
 

02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

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