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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Entre Ríos - 31-10-2024 / 11:10

DESIGNÓ A MAXIMILIANO RUIZ PARA QUE LO DEFIENDA EN LA INVESTIGACIÓN POR PRESUNTA PROPIEDAD DE BETAIL SA

Avanza en la Justicia Federal otra causa más contra el senador tránsfuga Kueider por enriquecimiento ilícito

El senador nacional Edgardo Kueider, ex peronista y actual libertario, se presentó este martes en el Juzgado Federal de San Isidro donde tramita otra causa en su contra por presunto enriquecimiento ilícito que se suma a la que se lleva adelante en los Tribunales de Concordia. El legajo se acumuló con la causa por asociación ilícita Enersa/Securitas por vinculaciones con los hermanos Tórtul.

En un escrito al que tuvo acceso ANÁLISIS, reseñó que Kueider fue denunciado por la presunta propiedad de la empresa Betail SA, poseedora de departamentos y cocheras en un edificio de en Paraná.

Luego de que la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, dispusiera en el mes de julio la apertura de la investigación contra Kueider tras la denuncia de un particular, el fiscal federal Fernando Domínguez pidió una serie de medidas de prueba.

El fiscal solicitó a la Inspección General de Justicia los contratos y estatutos de la empresa Betail SA, sus balances y estados contables. Kueider es señalado como propietario de la firma junto a Javier Rubel, un pariente suyo que es monotributista.

La compañía aparece como poseedora de tres departamentos y dos cocheras en un edificio de alta gama de calle Santiago del Estero en la capital entrerriana.

También pidió el fiscal a la Oficina Anticorrupción las declaraciones juradas de Kueider y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que elabore un informe sobre el senador con su actividad económica e ingresos, más un detalle de sus cuentas bancarias y bienes, propiedades muebles e inmuebles y sendos informes de los registros nacionales de buques y aeronaves.

Además, Domínguez pidió que se libre un oficio al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para que remita toda la información sobre Kueider y a la Caja de Valores SA que indique si es tenedor de acciones o bonos.

Con los informes en su poder, que abarcaban el período de 2017 a 2019, a principios de octubre el fiscal solicitó la ampliación de los mismos al lapso entre 2020 al 2023. También requirió información a entidades bancarias y que se disponga el levantamiento del secreto fiscal de Edgardo Darío Kueider.

La conexión con Enersa / Securitas

"Teniendo en cuenta que los hechos denunciados podrían guardar relación con aquéllos que conforman el objeto procesal de la causa FSM 3.084/2020, la cual se encuentra en etapa de investigación, considero que corresponde que se ordene la acumulación del presente expediente", requirió el fiscal Domínguez.

La conexión radica en que los departamentos adjudicados a Kueider están en un edificio cuyo grupo desarrollador estaría conformado por los hermanos Claudio y Marcelo Tórtul, procesados en la causa en la que se investigan un presunto esquema de coimas en la empresa Enersa. Y en los períodos investigados Kueider era miembro del Directorio de Enersa en representación del Estado provincial.

El senador Kueider se presentó este martes en el Juzgado Federal de San Isidro para designar abogado. Lo representa en esta causa el letrado porteño Maximiliano Ruiz.

Fuente: Análisis Digital

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Frigerio, el centralismo porteño y el saqueo inaceptable de fondos que son de las provincias

Una parte significativa del superávit fiscal que el gobierno centralista y porteño de Javier Milei afirma registrar desde diciembre de 2023 se basa en la retención indebida de fondos que, por ley, corresponden a las provincias y que se recaudan en ellas. Según un informe de la consultora Politikón Chaco, en los primeros once meses del año, la administración libertaria habría retenido recursos no distribuidos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por una cifra cercana a los $ 730 mil millones. Pese a esta situación, el gobernador Rogelio Frigerio jamás ha presentado un reclamo contundente.

Estos ATN se integran con fondos recaudados a través de impuestos que componen la masa de la Coparticipación Federal. El monto total a entregar rondaba los $ 850 mil millones, pero solo una parte ínfima fue distribuida a 15 provincias, sin un criterio de distribución igualitario. Este panorama se reconfigura constantemente a favor del Gobierno nacional, que apela al "método Kueider" y en detrimento de los intereses del interior federal, alumbrando nuevos desafíos.

El Gobierno de Milei utiliza estos recursos retenidos como una herramienta extorsiva para conseguir respaldo en el Congreso Nacional para la sanción de las leyes clave de su proyecto "anarcocapitalista". La debilidad de ciertos gobernadores, que se traslada a sus representantes legislativos, obedece a la urgente necesidad de contar con fondos para programas provinciales vitales. Esta presión se impone por encima de los convencimientos personales o las ideologías de los mandatarios.

Se les fuerza, mediante intimidación o amenazas, a actuar en contra de sus propias posiciones políticas para obtener un beneficio económico con recursos que legalmente les corresponden. La demanda de estos fondos es crítica para el sostenimiento de: programas de educación, salud y transporte, conclusión de viviendas paralizadas y mantenimiento de rutas nacionales, cuya prioridad fue abandonada por el Gobierno libertario.

La convalidación del superávit en las cuentas públicas se logra, en gran parte, mediante el saqueo de recursos legítimos que pertenecen a las provincias y el abandono de obligaciones que competen al Estado nacional en la organización del país. El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 contempla una partida de apenas $ 122.763 millones para atender estas transferencias, una cifra que los gobernadores han calificado de insuficiente. La exigencia mínima para cubrir los déficits reales de sus jurisdicciones asciende a $ 900.000 millones.

Además, Milei ha dejado claro que no piensa restituir las transferencias a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, desentendiéndose por completo de sus obligaciones. La Corte Suprema de Justicia ha adoptado una postura de espera, supeditando una definición sobre las cajas provinciales a que la Nación avance en la anunciada reforma previsional. Mientras tanto, el envío de fondos jubilatorios se ha paralizado, para asegurar que seremos la nación más grande y exitosa en la historia de la humanidad y el hogar de la libertad en el mundo, según Milei.

En concreto, el Gobierno nacional no garantiza los fondos para estas 13 Cajas de Jubilaciones. Entre Ríos, por ejemplo, recibe a cuentagotas el aporte para cubrir el déficit de su Caja, a pesar de que este compromiso fue asumido por la Nación en 1994, con la puesta en marcha del anterior esquema de jubilación privada. Por eso, hace 8 meses que no aumenta las jubilaciones. Esta situación se agrava con el accionar de Frigerio, en la incorporación de personal en modalidades informales con escasos o nulos aportes a la Caja, y el impacto de los bonos de aumento no bonificables que no llegan a los jubilados.

El actual esquema de reparto de recursos, con parches y distribución no automática, permite el manejo político de fondos por parte de la administración central libertaria, favorecen el clientelismo y perjudican la productividad regional. La tan anunciada reforma impositiva, que el Gobierno presentaría en febrero, debería corregir estas distorsiones. Es que ganaron 40 a 35, no 80 a 20.

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