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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Entre Ríos - 30-10-2024 / 11:10
¿APOLOGÍA DEL CRIMEN?

Beltran Benedit fue contra los juicios a represores, secuestradores, torturadores, apropiadores de niños y asesinos de la última dictadura

Beltran Benedit fue contra los juicios a represores, secuestradores, torturadores, apropiadores de niños y asesinos de la última dictadura
El diputado libertario Beltran Benedit volvió a salir en defensa de los represores, secuestradores, torturadores, apropiadores de niños y asesinos condenados por su participación en la dictadura cívico militar. A contracorriente de los juicios, afirmó que en Argentina "hubo una guerra", con lo que reiteró la polémica "teoría de los dos demonios". En las imágenes: Benedit y el siniestro Astiz
 
El diputado libertario Beltran Benedit volvió a salir en defensa de los represores, secuestradores, torturadores, apropiadores de niños y asesinos condenados por su participación en la dictadura cívico militar. A contracorriente de los juicios, afirmó que en Argentina "hubo una guerra", con lo que reiteró la polémica "teoría de los dos demonios".
 
Los militares condenados por la Justicia integraron un gobierno dictatorial que suprimió los derechos civiles de los ciudadanos y las libertades públicas, anuló las garantías constitucionales, suspendió la actividad política, vedó los derechos de los trabajadores, intervino los sindicatos y la CGT, prohibió las huelgas, disolvió el Congreso y los partidos políticos, y destituyó la Corte Suprema de Justicia.
 
La dictadura impuso el terrorismo de Estado como método sistemático, un régimen de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada y desaparición forzada de personas, en el que se violaron masivamente los derechos humanos y se produjeron, en un verdadero genocidio, decenas de miles de desaparecidos.
 
En la entrevista realizada esta mañana por Tiago Romero y Dalila Luquesi en el programa "GPS" (FM Litoral), el legislador libertario aseveró que "algunos jueces prevaricadores" usan la Justicia para "hacer prevalecer algún tipo de venganza o de ideología".
 
"Eso no está bien. Los derechos humanos son para todos. Tuvimos una guerra. Y no importa si era un terrorista que puso una bomba o un militar que le dieron una orden", apuntó.
 
Luego, fue más allá: "Si vamos a empezar a usar (la Justicia) a gusto y piacere de la ideología o de la identificación de cada uno, estamos mal", agregó.
 
"Fue triste lo que nos pasó. Tuve conocidos de ambos lados", consignó. Luego, aseveró: "Tenemos que superarlo, pero conociendo la verdad  y no permitiendo que instituciones sigan manteniendo estas heridas abiertas porque, entre otras cosas, es un gran negocio. Los juicios de lesa (humanidad) tienen un presupuesto enorme".
 
Sobre este punto, abundó: "Y cuando ya los principales actores, como las (conducciones de las) Fuerzas Armadas que impartieron órdenes que pudieran haberse prestado a que se cometieran excesos ya no están, porque fallecieron por un tema de edad, salen a buscar a alguien porque hay que seguir facturando. Eso es un espanto", afirmó.
 
El diputado libertario puso un ejemplo personal Sin dar mayores precisiones, contó que pidió a "uno de mis asesores, abogado, ex juez, que presenciara los juicios (de lesa humanidad) que se estaban llevando adelante en los Tribunales Orales Federales. Primero hubo resistencia a que participara, aunque después lo conseguimos. Ahí quedó claramente demostrado que sea lo que dijera el acusado, la sentencia ya estaba escrita. Duele que eso ocurra", sentenció.
 
La afirmación no se condice con la realidad. Según los datos de la Procuración de Crímenes contra la Humanidad, al 6 de diciembre del año, sobre un total de 3.744 personas investigadas por crímenes de lesa hubo: 1.173 condenadas, 184 absueltas, 394 continúan procesadas, a 146 se les dictó la falta de mérito, 94 fueron sobreseídas, 92 sólo han sido indagadas, 510 están imputadas y 1.151 han fallecido.
 
Benedit, sin embargo, redobló la apuesta y planteó: "Reveamos (si) los fallos están bien hechos o si no hay negocios atrás. Transparencia. Y que la verdad salga a la luz".
 
Fuente: Babel Digital
 

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09-12-2025 / 09:12
08-12-2025 / 20:12
Una parte significativa del superávit fiscal que el gobierno centralista y porteño de Javier Milei afirma registrar desde diciembre de 2023 se basa en la retención indebida de fondos que, por ley, corresponden a las provincias y que se recaudan en ellas. Según un informe de la consultora Politikón Chaco, en los primeros once meses del año, la administración libertaria habría retenido recursos no distribuidos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por una cifra cercana a los $ 730 mil millones. Pese a esta situación, el gobernador Rogelio Frigerio jamás ha presentado un reclamo contundente.

Estos ATN se integran con fondos recaudados a través de impuestos que componen la masa de la Coparticipación Federal. El monto total a entregar rondaba los $ 850 mil millones, pero solo una parte ínfima fue distribuida a 15 provincias, sin un criterio de distribución igualitario. Este panorama se reconfigura constantemente a favor del Gobierno nacional, que apela al "método Kueider" y en detrimento de los intereses del interior federal, alumbrando nuevos desafíos.

El Gobierno de Milei utiliza estos recursos retenidos como una herramienta extorsiva para conseguir respaldo en el Congreso Nacional para la sanción de las leyes clave de su proyecto "anarcocapitalista". La debilidad de ciertos gobernadores, que se traslada a sus representantes legislativos, obedece a la urgente necesidad de contar con fondos para programas provinciales vitales. Esta presión se impone por encima de los convencimientos personales o las ideologías de los mandatarios.

Se les fuerza, mediante intimidación o amenazas, a actuar en contra de sus propias posiciones políticas para obtener un beneficio económico con recursos que legalmente les corresponden. La demanda de estos fondos es crítica para el sostenimiento de: programas de educación, salud y transporte, conclusión de viviendas paralizadas y mantenimiento de rutas nacionales, cuya prioridad fue abandonada por el Gobierno libertario.

La convalidación del superávit en las cuentas públicas se logra, en gran parte, mediante el saqueo de recursos legítimos que pertenecen a las provincias y el abandono de obligaciones que competen al Estado nacional en la organización del país. El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 contempla una partida de apenas $ 122.763 millones para atender estas transferencias, una cifra que los gobernadores han calificado de insuficiente. La exigencia mínima para cubrir los déficits reales de sus jurisdicciones asciende a $ 900.000 millones.

Además, Milei ha dejado claro que no piensa restituir las transferencias a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, desentendiéndose por completo de sus obligaciones. La Corte Suprema de Justicia ha adoptado una postura de espera, supeditando una definición sobre las cajas provinciales a que la Nación avance en la anunciada reforma previsional. Mientras tanto, el envío de fondos jubilatorios se ha paralizado, para asegurar que seremos la nación más grande y exitosa en la historia de la humanidad y el hogar de la libertad en el mundo, según Milei.

En concreto, el Gobierno nacional no garantiza los fondos para estas 13 Cajas de Jubilaciones. Entre Ríos, por ejemplo, recibe a cuentagotas el aporte para cubrir el déficit de su Caja, a pesar de que este compromiso fue asumido por la Nación en 1994, con la puesta en marcha del anterior esquema de jubilación privada. 
Por eso, hace 8 meses que no aumenta las jubilaciones. Esta situación se agrava con el accionar de Frigerio, en  la incorporación de personal en modalidades informales con escasos o nulos aportes a la Caja, y el impacto de los bonos de aumento no bonificables que no llegan a los jubilados.


El actual esquema de reparto de recursos, con parches y distribución no automática, permite el manejo político de fondos por parte de la administración central libertaria, favorecen el clientelismo y perjudican la productividad regional. La tan anunciada reforma impositiva, que el Gobierno presentaría en febrero, debería corregir estas distorsiones. Es que ganaron 40 a 35, no 80 a 20.


08-12-2025 / 10:12
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