23:16 | Martes 28 de Abril de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Entre Ríos - 30-10-2024 / 11:10

¿APOLOGÍA DEL CRIMEN?

Beltran Benedit fue contra los juicios a represores, secuestradores, torturadores, apropiadores de niños y asesinos de la última dictadura

El diputado libertario Beltran Benedit volvió a salir en defensa de los represores, secuestradores, torturadores, apropiadores de niños y asesinos condenados por su participación en la dictadura cívico militar. A contracorriente de los juicios, afirmó que en Argentina "hubo una guerra", con lo que reiteró la polémica "teoría de los dos demonios".

Los militares condenados por la Justicia integraron un gobierno dictatorial que suprimió los derechos civiles de los ciudadanos y las libertades públicas, anuló las garantías constitucionales, suspendió la actividad política, vedó los derechos de los trabajadores, intervino los sindicatos y la CGT, prohibió las huelgas, disolvió el Congreso y los partidos políticos, y destituyó la Corte Suprema de Justicia.

La dictadura impuso el terrorismo de Estado como método sistemático, un régimen de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada y desaparición forzada de personas, en el que se violaron masivamente los derechos humanos y se produjeron, en un verdadero genocidio, decenas de miles de desaparecidos.

En la entrevista realizada esta mañana por Tiago Romero y Dalila Luquesi en el programa "GPS" (FM Litoral), el legislador libertario aseveró que "algunos jueces prevaricadores" usan la Justicia para "hacer prevalecer algún tipo de venganza o de ideología".

"Eso no está bien. Los derechos humanos son para todos. Tuvimos una guerra. Y no importa si era un terrorista que puso una bomba o un militar que le dieron una orden", apuntó.

Luego, fue más allá: "Si vamos a empezar a usar (la Justicia) a gusto y piacere de la ideología o de la identificación de cada uno, estamos mal", agregó.

"Fue triste lo que nos pasó. Tuve conocidos de ambos lados", consignó. Luego, aseveró: "Tenemos que superarlo, pero conociendo la verdad y no permitiendo que instituciones sigan manteniendo estas heridas abiertas porque, entre otras cosas, es un gran negocio. Los juicios de lesa (humanidad) tienen un presupuesto enorme".

Sobre este punto, abundó: "Y cuando ya los principales actores, como las (conducciones de las) Fuerzas Armadas que impartieron órdenes que pudieran haberse prestado a que se cometieran excesos ya no están, porque fallecieron por un tema de edad, salen a buscar a alguien porque hay que seguir facturando. Eso es un espanto", afirmó.

El diputado libertario puso un ejemplo personal Sin dar mayores precisiones, contó que pidió a "uno de mis asesores, abogado, ex juez, que presenciara los juicios (de lesa humanidad) que se estaban llevando adelante en los Tribunales Orales Federales. Primero hubo resistencia a que participara, aunque después lo conseguimos. Ahí quedó claramente demostrado que sea lo que dijera el acusado, la sentencia ya estaba escrita. Duele que eso ocurra", sentenció.

La afirmación no se condice con la realidad. Según los datos de la Procuración de Crímenes contra la Humanidad, al 6 de diciembre del año, sobre un total de 3.744 personas investigadas por crímenes de lesa hubo: 1.173 condenadas, 184 absueltas, 394 continúan procesadas, a 146 se les dictó la falta de mérito, 94 fueron sobreseídas, 92 sólo han sido indagadas, 510 están imputadas y 1.151 han fallecido.

Benedit, sin embargo, redobló la apuesta y planteó: "Reveamos (si) los fallos están bien hechos o si no hay negocios atrás. Transparencia. Y que la verdad salga a la luz".

Fuente: Babel Digital

26-04-2026 / 10:04

La crisis económica empuja a trabajadores estatales entrerrianos a la quiebra personal

El colapso económico que pregonan Milei y Frigerio ha dejado de ser una estadística para convertirse en una tragedia humanitaria que empuja a los trabajadores estatales de Entre Ríos al abismo de la quiebra judicial. Mientras el gobierno nacional asfixia las provincias con un ajuste salvaje, la administración de Rogelio Frigerio ha decidido abandonar a su suerte a los empleados públicos, condenándolos a sueldos de miseria que ni siquiera cubren la canasta básica. Este escenario es el resultado directo de una política de "motosierra" que utiliza el hambre de las familias entrerrianas como variable de ajuste fiscal. El resultado judicial es mas quiebras de trabajadores.

La proliferación de resoluciones judiciales que declaran la quiebra de agentes estatales es la prueba obscena de un modelo que quebró el contrato social. Con salarios pulverizados por la inflación y una inacción total por parte del gobierno provincial para recomponer el poder adquisitivo, los trabajadores se ven atrapados en una espiral de sobreendeudamiento simplemente para sobrevivir. Frigerio, alineado al plan economíco de Milei, observa con indiferencia cómo quienes sostienen el funcionamiento de la provincia caen en el despojo patrimonial, demostrando que para este modelo, la dignidad del trabajador es un gasto prescindible en el altar del déficit cero.

Lo más alarmante es que, lejos de haber tocado fondo, el panorama bajo el modelo de Milei y la anuencia de Frigerio amenaza con profundizarse hacia niveles de exclusión nunca vistos. La combinación de una inflación que no da tregua a los artículos de primera necesidad y una política salarial que utiliza el congelamiento como ancla fiscal, proyecta un efecto dominó de ruina económica sobre el resto de la planta estatal. Sin un cambio de rumbo que priorice la subsistencia de quienes garantizan la salud, la educación y la seguridad en Entre Ríos, la provincia se encamina a una parálisis sistémica donde el trabajador, despojado de su presente y su futuro, termina siendo la principal víctima de un experimento ideológico que desprecia la vida humana y los derechos de los entrerrianos.

De la Opinión Popular

26-04-2026 / 09:04

El Tribunal de Disciplina del PJ expulsó a Rossi y Reggiardo y suspendió a otros referentes

El Tribunal de Disciplina del Partido Justicialista de Entre Ríos, emitió una serie de resoluciones vinculada a las denuncias por inconducta partidaria de varios dirigentes en los últimos comicios electorales. En ese marco, resolvió recomendar la expulsión de los afiliados Domingo Daniel Rossi (actual intendente de Santa Elena) y Carlos Guillermo Reggiardo (asesor de Rossi), al considerar acreditadas conductas de “deslealtad manifiesta” y graves violaciones a la Carta Orgánica partidaria.

También se adoptaron otras medidas para el caso de Ana Carolina Gaillard, Luna Valentina González, Héctor María Maya, Gustavo Raúl Guzmán, María Rosa Vergara, Graciela Beatriz Trinidad y Claudia Daniela Quiróz y Verónica Paola Rubattino, el Tribunal de Disciplina del PJ analizó la denuncia por “inconducta partidaria, la comisión de actos de deslealtad manifiesta, conductas incompatibles con los deberes de lealtad partidaria y quebrantamiento de la unidad orgánica, vulnerando con ello, en forma directa, los deberes establecidos en el artículo 10° y concordantes de la Carta Orgánica partidaria”.

23-04-2026 / 14:04

Gran marcha contra la Reforma Previsional de Frigerio: Los jubilados no son una variable de ajuste

¡Basta de ajuste sobre las espaldas de nuestros viejos! El gobierno de Rogelio Frigerio ha decidido avanzar con una reforma previsional que no es más que una declaración de guerra contra los trabajadores activos y jubilados de Entre Ríos. Bajo el paraguas de un supuesto "déficit" que ellos mismos alimentan, el Ejecutivo provincial pretende rifar la Caja de Jubilaciones y Pensiones, el patrimonio histórico de quienes sostuvieron la provincia durante décadas.

La ofensiva de Rogelio Frigerio contra la Caja de Jubilaciones no es un hecho aislado, sino la ejecución provincial del manual de ajuste que Javier Milei digita desde la Rosada. Bajo el disfraz de una "emergencia" fabricada, el oficialismo entrerriano pretende que los trabajadores y jubilados paguen con sus derechos el bache financiero que la política no está dispuesta a resignar, rompiendo el pacto histórico de protección social que caracteriza a nuestra provincia.

Mientras la economía real se desploma y el hambre golpea las puertas de los barrios, el Gobierno elige profundizar la angustia de quienes dedicaron su vida al servicio público. Esta reforma no busca la eficiencia, sino el despojo: es la entrega del 82% móvil y la precarización del futuro de miles de familias en nombre de una "armonización" que solo beneficia a las planillas de Excel y castiga a los de carne y hueso.

De la redacción de La Opinión Popular

17-04-2026 / 16:04

Gustavo Bordet: "El circo mediático y el escarnio público no son justicia"

El exgobernador y actual diputado nacional Gustavo Bordet cargó con dureza contra el fiscal José Arias (Concordia) tras el allanamiento a su vivienda en Concordia. Denunció una maniobra de persecución política orientada a dañar su imagen y cuestionó la falta de sustento jurídico de la medida.

El clima político en Entre Ríos se recalienta. Luego del operativo policial dispuesto en su domicilio particular, Gustavo Bordet salió al cruce de lo que considera una "puesta en escena" judicial con fines puramente electorales y de desprestigio personal. En sintonía con el comunicado del Partido Justicialista, el dirigente entrerriano apuntó a la figura del fiscal interviniente como el brazo ejecutor de una maniobra de "animosidad manifiesta".

De la redacción de La Opinión Popular

17-04-2026 / 16:04

El PJ de Entre Ríos denunció "ensañamiento" y "uso mediático" del allanamiento a Gustavo Bordet

A través de un duro comunicado, el Partido Justicialista de Entre Ríos cuestionó la actuación del fiscal Arias de Concordia y advirtió sobre la difusión intencional de medidas judiciales sin imputaciones previas.

Del mismo modo expresó su "profunda preocupación" por la espectacularidad de los operativos contra el exgobernador y actual diputado nacional. Apuntaron contra la falta de prudencia de la fiscalía de Concordia, señalando que el dirigente siempre estuvo a derecho y que el procedimiento busca "afectar la alta consideración pública" de su figura en un contexto de clara intencionalidad política.