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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 26-10-2024 / 10:10
PORQUE LO IMPORTANTE VIENE DESPUÉS

La concurrencia de Cristina y Kicillof al acto de Abuelas, demostró que ambos son conscientes de que no se pueden romper puentes

La concurrencia de Cristina y Kicillof al acto de Abuelas, demostró que ambos son conscientes de que no se pueden romper puentes
Juntos por el Cambio se disolvió, el radicalismo se dividió y la interna al borde del abismo que sufre el peronismo han sido los sacudones en la superestructura de la política a partir de la movilización que provocó el brutal ajuste del gobierno anarco capitalista. Si la elección de Javier "el Loco" Milei --de "psicología especial" según su resbaloso amigo Mauricio Macri-- fue un dato de la crisis de representación, esta reconfiguración a partir de la protesta demuestra, al menos, síntomas de sensibilidad con la realidad.
Juntos por el Cambio se disolvió, el radicalismo se dividió y la interna al borde del abismo que sufre el peronismo han sido los sacudones en la superestructura de la política a partir de la movilización que provocó el brutal ajuste del gobierno anarco capitalista. Si la elección de Javier "el Loco" Milei --de "psicología especial" según su resbaloso amigo Mauricio Macri-- fue un dato de la crisis de representación, esta reconfiguración a partir de la protesta demuestra, al menos, síntomas de sensibilidad con la realidad.
 
La pregunta que surgió desde el primer día de gobierno de Milei ha sido hasta dónde aguantará la sociedad tanta devastación. Para muchos la respuesta parecía más cerca de lo que fueron las movilizaciones del 19 y 20 de diciembre del 2001 que enterraron al gobierno de Fernando de la Rua cuando apenas habían pasado dos años.
 
De hecho las movilizaciones contra el gobierno comenzaron mucho antes de que se cumpliera el tradicional "periodo de gracia" que se le concede a los que recién asumieron. Las movilizaciones por los derechos humanos, las convocadas por la CGT y los movimientos sociales fueron masivas, pero no inclinaron la balanza.
 
Cuando se sumaron los estudiantes y los jubilados, no se produjeron desbordes, aunque desde el gobierno hubo provocaciones para que se produjeran, y tampoco provocaron la caída del gobierno como en el 2001. No hubo helicóptero y a Milei sólo lo afecta la voz de los empresarios.
 
No hubo 2001, por lo menos hasta ahora, pero la suma de esas protestas fue cambiando la ecuación de fuerzas en la política. Gran parte del voto popular del oficialismo se desilusionó y comenzó a migrar.
 
A su vez, el voto del PRO fue ganado por el gobierno, pero a esta altura está en disputa entre las dos opciones de la derecha extrema. El radicalismo pagó caro su acompañamiento incondicional con el macrismo y, cuando esa opción se derechizó aún más, sufrió fuertes tensiones hasta la fractura reciente.
 
El peronismo y sus aliados pagaron a su vez el costo del gobierno de Alberto Fernández que desilusionó y enojó a gran parte de su sustento electoral. Sin preverlo, se encontró en una interna que incluyó una fractura en el camporismo, su agrupación más grande, y un debate en el seno del mismo kirchnerismo que como siempre pasa en el peronismo, corrió al borde de una ruptura, que en este caso sería fatal.
 
La explosión de Juntos por el Cambio y del PRO se produjo tras la interna que ganó Patricia Bullrich, su posterior derrota en las presidenciales y su deserción del PRO para integrarse al gobierno, dejando a Macri en una situación difícil. Horacio Rodríguez Larreta, el radicalismo y hasta la Coalición Cívica quedaron peor frente a la derechización total de sus aliados. Comenzó a perfilarse allí una opción de centroderecha a la que se sumaron algunos prófugos del peronismo. Es lo que ha sido el "opoficialismo".
 

Los socialistas santafesinos, los mismos radicales y la Coalición Cívica, tocaron un borde áspero con los ajustes a las provincias, a los jubilados y a la educación pública. En ese borde el opoficialismo dejó de ser funcional para un sector. Fue evidente que gran parte del radicalismo negoció el cambio de voto de cinco de sus 33 diputados. La negativa a sancionarlos demostró que si hubiera sido necesario, esos cinco hubieran sido más.
 
Esa negativa puso al descubierto que un sector importante, liderado por el titular del bloque, Rodrigo de Loredo, había negociado un respaldo encubierto al gobierno. Los sectores más consecuentes con la defensa de las universidades públicas, encabezados por Facundo Manes y Martín Lousteau decidieron romper el bloque.
 
Hay una confluencia de derecha extrema expresada por los libertarios, el macrismo PRO, el sector del radicalismo de De Loredo, gobernadores como el mendocino Alfredo Cornejo y el menemismo residual. Y hay otra confluencia de centroderecha entre los sectores del radicalismo de Manes y Lousteau, la Coalición Cívica, el socialismo santafesino y sectores del PRO con Rodríguez Larreta.
 
La opción nacional y popular que estuvo representada por Unión por la Patria no llegó a la ruptura, mantuvo sus alianzas con el Frente Renovador de Sergio Massa, con sectores socialistas y del radicalismo, pero, además de sufrir el panquecazo de dos de sus gobernadores, el catamarqueño Raúl Jalil y el tucumano Osvaldo Jaldo, fue sacudido por una fuerte e inesperada disputa que involucró a dos de sus principales figuras, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la ex presidenta Cristina Kirchner.
 
En realidad, la disputa es con el gobernador Ricardo Quintela quien, aunque reconoce su cercanía con el kirchnerismo, resolvió enfrentar a Cristina Kirchner por la presidencia del PJ y reunir al peronismo no kirchnerista, incluyendo a los dos gobernadores cuyos diputados rompieron la disciplina del bloque de Unión por la Patria.
 
En el marco de disputas que tiene en su distrito, Kicillof decidió no tomar partido en la interna, lo que disgustó a la expresidenta, quien respaldó fuertemente su campaña para gobernador. Es un debate donde los dos tienen parte de razón pero que fue muy tensionado por sectores de ambos lados.
 
Una interna sangrienta en este momento sería muy peligrosa para cualquier fuerza política porque sus propias bases están más preocupadas por sobrevivir al ajuste brutal de Milei. Y porque las internas constituyen una herramienta. El objetivo de una interna en este contexto para el peronismo es enfrentar al gobierno. Y una interna que divide, debilita en vez de fortalecer.
 
Al aniversario de las Abuelas de Plaza, el miércoles en el Teatro Argentino de La Plata, asistieron Cristina Kirchner y Axel Kicillof, invitados por Estela Carlotto. Hubo quienes destacaron la frialdad que hubo entre ambos. Echaron más leña al fuego de la confrontación.
 
Pero, más allá de la relación personal entre ambos dirigentes, unidos en otra época por un vínculo de afecto, si este encuentro fue cálido o frío resultó secundario. Lo más importante fue que ambos fueron conscientes de la necesidad de que esta interna no puede romper puentes, porque lo que importa es lo que viene después.
 
En sectores de la militancia se exacerbó el enfrentamiento. Pero sería un error desde el peronismo debilitar al gobernador peronista que confronta con Milei sobre la base de mucho esfuerzo, desde la provincia que tiene el 40 por ciento de los habitantes del país. Y también sería un error subestimar la importancia que tiene la existencia de un liderazgo popular como el que representa Cristina Kirchner.
 
Fomentar ese enfrentamiento es suicida. Ese liderazgo se mantiene como la carta más fuerte del peronismo frente a otras fuerzas, como lo demuestra la insistencia del sistema en tratar de destruirla a través del lawfare y del intento de asesinato.
 
En el texto Barajar y dar de nuevo Arturo Jauretche señaló que "lo esencial es evitar la confusión y que las divergencias que no hacen a esos objetivos inmediatos, no jueguen a favor de la oligarquía y el colonialismo como ha sucedido reiteradamente".
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página 12
 

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02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.
 
La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control jurisdiccional. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.
 
El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU).
 
Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
 
Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?
 
Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la militarización de la política de defensa; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

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